En una conversación informal con periodistas en el Congreso después de que el pleno aprobara definitivamente la reforma laboral, Zapatero ha estimado que hasta la semana previa al paro, convocado para el 29 de septiembre, no se pueden hacer estimaciones del seguimiento que tendrá.

Respecto a la reforma recién validada por el Parlamento, ha señalado que hasta dentro de unos meses no se conocerán sus efectos.

A su juicio, se requiere un periodo de aprendizaje de las nuevas normas del mercado laboral por parte de todos los sectores, desde los empresarios hasta los trabajadores.

Preguntado por el comunicado de ETA del pasado domingo, en el que anunciaba que no llevará a cabo "acciones armadas ofensivas", Caamaño ha recordado que la posición del Ejecutivo ha sido clara y rotunda y que su intención es que quienes no condenen claramente la violencia y no abandonen esa forma de actuar en Democracia no estén en los organismos democráticos.

Por tanto, ha agregado el ministro, "como hemos hecho otras veces aplicaremos con rigor la Ley para que se cumpla".

Además, si fuera necesario, ha agregado Caamaño, se abordarán modificaciones legislativas una vez más "para asegurar a la Democracia española que en los organismos de representación ciudadana sólo habrá demócratas".

Respecto al papel que puede jugar Eusko Alkartasuna, que tiene un acuerdo de colaboración con la izquierda abertzale, el ministro ha insistido en que el Gobierno utilizará todos los instrumentos que da la Ley.

Caamaño ha recordado, no obstante, que existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) como consecuencia de anteriores procesos electorales y que se está trabajando en el Congreso sobre ella para adecuar la legislación electoral.

"Creemos que lo vamos a poder hacer adecuadamente y mantener un equilibrio entre nuestra firmeza y el respeto al Estado de Derecho y a lo que ha dicho el Constitucional", ha señalado.

Si el pasado mes de junio ya levantó ampollas prohibiendo los honores militares en la fiesta del Corpus de Toledo –a raíz del nuevo reglamento–, ayer comparaba la cesión de una antigua fortaleza militar del Ministerio para las oraciones en la última semana  del Ramadán, con la cesión de instalaciones militares para las visitas del Papa. Esta fue la respuesta de la titular de Defensa, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a una pregunta del diputado popular Jorge Fernández Díaz, sobre la cesión del Castillo de San Fernando de la localidad gerundense de Figueras.

Tras matizar que no tiene «nada que objetar» a que se ceda suelo  para que los creyentes puedan ejercer su derecho fundamental de culto, el diputado popular aprovechó su intervención en la Cámara Baja para criticar a la ministra por el «trato» que está dispensando a la «presencia de la Iglesia católica» en las Fuerzas Armadas, aludiendo a la nueva regulación de la rendición de  honores.

Defensa «no ha participado»
En su turno de respuesta, Chacón afirmó que la decisión de ceder la fortaleza corresponde al director del consorcio –formado por las tres administraciones– y que Defensa «no ha participado en la decisión». «No es nuevo», agregó la ministra de Defensa, a la vez que añadió que es un asunto  que «lleva pasando diez años» y que la cesión de terreno militar para el culto seguirá produciéndose, como avanzó que volverá a ocurrir con  la visita del Papa en la base militar de Cuatro Vientos.

Chacón recordó que en el año 2003, con el Gobierno del PP, «se decidió ceder la gestión del castillo a un consorcio, cuyas decisiones toma el director». Además, comentó que en el año 2000 el Gobierno del PP en España y en Melilla decidió que se pudieran poner cada año a disposición de la comunidad musulmana para el rezo del Ramadán instalaciones militares. Esa fue su defensa: «Si no se lo pidió usted al señor Aznar, no me lo pida a mí y, sobre todo, no se lo pida a nadie en un Parlamento como éste».

Pero son muchos los molestos por la cesión de una sala de este castillo, al que cada noche acuden cerca de 200 personas a rezar. Los vecinos incluso han llegado a denunciar el caos que se produce en la zona a partir de las 21:00 horas y la inseguridad que palpan.

Así lo ha asegurado Rubalcaba en la sesión de control del Congreso al contestar al diputado del PP Ignacio Cosidó, quien le ha preguntado sobre lo que estaba haciendo el Gobierno ante el "descontento" que manifiestan los guardias civiles.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) están reivindicando mejoras laborales y profesionales: una jornada de trabajo similar a la de los policías nacionales, una reforma de la Ley de Personal, que se integren las escalas de oficiales y se desarrolle la Ley de Derechos y Deberes, aprobada en 2007.

Las dos asociaciones de guardias civiles han convocado una manifestación para el próximo día 18, a la que esperan que acudan unos 20.000 guardias civiles.

El titular de Interior ha explicado que su Ministerio está trabajando concretamente en una nueva orden de jornada con la que se incrementan los descansos semanales, se aumentan los días feriados para adecuar las jornadas a las de los funcionarios, se permite la acumulación de dos descansos semanales y se regula el régimen de turnos.

Se trata, según ha dicho, de un "conjunto de avances" para mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles y que son posibles cuando se modifiquen dieciocho aspectos de la orden actual.

"Estamos resolviendo los frutos de la incuria de ocho años de gobierno del PP; estamos subiendo las plantillas que ustedes bajaron; modernizando los cuarteles de los que ustedes se olvidaron; estamos dando derechos a los guardias civiles que ustedes les negaron y estamos mejorando la jornada laboral que ustedes sencillamente ignoraron", le ha dicho Rubalcaba a Cosidó.

Antes, el diputado popular le ha reprochado al ministro el "problema no resuelto que tiene" con el conflicto de la Guardia Civil, un asunto que a su entender "amenaza con convertirse en algo crónico".

Para soliviantarlo, Cosidó le ha pedido que dialogue con las asociaciones de guardias civiles y que "recupere" el liderazgo ante los agentes a su mando y que, a su juicio, ha perdido por estar ocupado en otras cuestiones que atañen a otros Ministerios.

"Si está aburrido o tiene otras ambiciones -le ha dicho Cosidó-, lo mejor es que deje a alguien que se ocupe de resolver los problemas".

El vicepresidente tercero ha insistido, en su respuesta en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso a una pregunta de ERC, en que tras la sentencia del Constitucional el Gobierno mantiene su voluntad de desarrollar todo el "potencial" del Estatuto.

Su intención, ha añadido, es que Cataluña tenga "más autogobierno, más competencias, más derechos y más instituciones".

La respuesta de Chaves no ha convencido al portavoz de ERC, Joan Ridao, quien quería saber si el Gobierno cree posible recuperar por otras vías los aspectos del Estatuto que han sido "desnaturalizados" por la sentencia.

El ministro de Política Territorial ha recordado que esta tarde se reúne la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, para fijar el "paquete de transferencias", y ha añadido que seguramente la próxima semana se celebrará en Barcelona la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat para hacer efectivo el traspaso.

El portavoz de ERC ha reprochado al Gobierno que "no sólo esté conforme" con el fallo del Constitucional, sino además que piense que el "malestar" del pueblo catalán es "pasajero" y busque "mitigarlo".

Ridao ha dicho que el interés del Ejecutivo por "recomponer algunos afectos y atemperar el malestar" en Cataluña se debe a que hay elecciones "a la vuelta de la esquina", y por ello "han puesto en marcha un plan de rescate de algunas de las piezas perdidas del Estatuto".

Un plan que ha rechazado al considerar que consiste en "algún traspaso pendiente desde la época del hombre de Cromagnon".

Para Ridao, la estrategia del Gobierno es "claramente de perdedores", porque el "vacío" que ha dejado la sentencia "no lo va a remendar ningún apaño".

Y es que, a su juicio, la sentencia ha dicho que "hay solo sujeto político en España" y a partir de ahí ha planteado una "disyuntiva clara: o sumisión o ruptura".

Por ello, según Ridao, en Cataluña madura el "sentimiento de ruptura", un debate que centrará, en su opinión, las próximas elecciones del 28 de noviembre.

Chaves ha respondido al diputado republicano que el Gobierno no tiene "la fe del converso" ni utiliza "retóricas oportunistas" por muy próximos que estén los citados comicios.

Ha reconocido que la sentencia ha generado inquietud en grandes sectores de la sociedad catalana y ha insistido en la voluntad del Ejecutivo de "ampliar el autogobierno" de la comunidad, para lo cual va a utilizar "todas las vías constitucionales" y va a promover un "diálogo fluido y de estrecha relación con la Generalitat".

Al presidente del Gobierno le ha cundido el verano. En el PSOE están convencidos de que su decisión de no tomar vacaciones en agosto y dedicarse en a planificar en La Moncloa el nuevo curso no sólo ha sido un acierto, sino que pronto dará sus resultados. Dicho de otro modo: el acuerdo para aprobar los Presupuestos para 2011 está prácticamente cerrado. Así que este año no habrá que aguardar a la víspera del 20 de octubre para saber si las cuentas públicas tendrán el aval de la Cámara Baja. Y es que Zapatero ha tejido en las últimas semanas la complicidad necesaria con Iñigo Urkullu para que el PNV le salve de su primer trance político, tras la huelga general. Las primeras pistas las dio durante su reciente gira asiática al afirmar que su deseo era ampliar la negociación con las nacionalistas más allá de los Presupuestos. Cuando dijo esto, el presidente ya sabía de las condiciones del PNV, que eran, además de la transferencia de las políticas activas de empleo e inversiones en I+D+I, participar en la gestión de toda decisión que tenga que ver con ETA y Batasuna si es que se produce alguna tras los últimos movimientos de la izquierda abertzale y ser los primeros en la lista de posibles aliados cuando se negocie la reforma de las pensiones y la Ley de Economía Sostenible.

«Mucho que decir»
Todo este prólogo es necesario para entender por dónde discurrió ayer la primera sesión de control al Gobierno tras el verano. Porque en ella el presidente pretendió al portavoz del PNV, Josu Erkoreka,  cuando éste le preguntó por las líneas generales de los Presupuestos. Zapatero no las desveló, pero sí afirmó  que el PNV «tiene mucho que decir» ante ellas. La respuesta fue previa a la pregunta de Mariano Rajoy, que tomó buena nota de la escena entre el presidente y Erkoreka, y le pidió a Zapatero que no hiciera más daño cambiando «votos por transferencias». A partir de ahí se repitió la lucha dialéctica con la que el Parlamento echó el cierre a finales de julio. Tanto que Zapatero acusó a Rajoy de falta de imaginación y propuestas en materia económica y de arrancar el curso  igual que cuando se fue de vacaciones: «Señor Rajoy, ha vuelto exactamente igual. Me parece que sus palabras, e incluso alguna de sus frases, son las mismas, exactas de las que formulaba en el debate del estado de la nación» el pasado julio. Así que lo que «no le puedo negar es su coherencia», ironizó.

Todo esto vino a cuento porque el líder del PP le reprobó el «despropósito» de su política económica, le acusó de haber hecho «mucho daño» a los españoles y le recordó que el paro sigue aumentando y la economía retrocediendo mientras Europa empieza la recuperación: «Ha pasado usted de no hacer nada a hacer una cosa; luego la contraria y después, la contraria de la contraria, amén de cambiar de opinión un sinfín de veces». El líder de la oposición tampoco quiso pasar por alto la situación de provisionalidad por la que atraviesa el Gobierno al mencionar que el «ministro de Trabajo ya no está y no sabemos cómo está la de Sanidad». Rajoy no mencionó expresamente el debate interno abierto en el PSOE por las primarias de Madrid, pero sí lo harían más tarde algunos de sus diputados en preguntas a varios ministros. Por lo demás la ausencia de Celestino Corbacho, ya metido de lleno en la precampaña de las elecciones catalanas y los corrillos de socialistas en el patio del Congreso hablando de primarias y de postzapaterismo fue lo más destacado de una jornada, en la que Zapatero dejó claro, a preguntas de Duran Lleida, de que no tiene intención de dar marcha atrás en su decisión de congelar las pensiones en 2011.  («por coherencia y en aras de la credibilidad de la economía», dijo).

IU pide paralizar el Congreso para poder ir a la huelga
- El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar   Llamazares, pedirá en la reunión de la Junta de Portavoces del próximo martes que la Cámara Baja suspenda la sesión de control prevista para el próximo 29 de septiembre por coincidir con la celebración de la huelga general que los sindicatos han convocado en   contra de la reforma laboral. Según explicó el propio Llamazares a Ep, su intención es que el contenido de esa sesión plenaria se traslade al día anterior y posterior al de la protesta y permitir así la asistencia a la misma a   aquellos diputados que quieran secundar el paro. Está misma petición ya la solicitó, sin éxito, el pasado 8 de junio, cuando se convocó la huelga de los funcionarios.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, de falta de imaginación y propuestas en materia económica y le indicó que ha vuelto igual que cuando se fue de vacaciones, "repitiendo las mismas frases que en el debate sobre el estado de la nación".

Así respondió Zapatero en la sesión de control en el Congreso a la pregunta de Rajoy sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo ante la grave situación que atraviesa la economía española.

El líder del PP le dijo a Zapatero que está haciendo mucho daño a los españoles y añadió que sigue igual que antes del verano "porque el paro sigue aumentando, el crecimiento económico disminuye y, mientras en Europa comienza la recuperación, aquí no".

Además, le recordó la huelga general y que tiene en contra a empresarios y a sindicatos y le pidió que no haga daño con los Presupuestos, "cambiando votos para mantenerse por unas transferencias" y que ponga "un mínimo de orden en su Gobierno".

Zapatero enumeró las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo como el "imprescindible" plan de austeridad y de reducción de déficit "que se está cumpliendo, como lo demuestran los datos de ejecución y del déficit que evolucionan favorablemente".

Además, subrayó que los Presupuestos Generales del Estado de 2011 prevén una reducción del gasto del 7,7% y que los ministerios reducirán una media del 15% sus partidas, "preservando las relativas a I+D+i y a educación".

Asimismo, destacó que el Gobierno también está llevando a cabo una importante agenda de reformas como las relativas al sistema financiero, al mercado laboral, a las pensiones y las vinculadas con la competitividad como la del sector servicios, la estrategia estatal de innovación, la ley de ciencia y tecnología o el plan integral de política industrial.

En este sentido, incidió en otras reformas previstas como la relacionada con las políticas activas de empleo "para que los servicios públicos de empleo sean mucho más eficaces en el grave y principal problema del paro".

Zapatero abogó por estabilizar la deuda pública y garantizar un crecimiento económico "que puede ser más o menos rápido, pero que va a ser sostenido".

El presidente del Gobierno le pidió a Rajoy antes de terminar su intervención dos cosas: que presente ya sus 50 medidas para salir de la crisis y que mantenga una actitud constructiva, "que le vendrá bien a la economía y a España".

Por su parte, Rajoy señaló que la política económica del Gobierno ha sido "un despropósito, ha pasado de no hacer nada a hacer una cosa, hacer la contraria y luego la contraria de la contraria".

Además, le indicó a Zapatero que ha cambiado de opinión un sinfín de veces en temas importantes, "con decisiones improvisadas, de un día para otro y en contra de su programa y de sus discursos".

El líder del PP le dijo al presidente del Gobierno que su labor ha generado una enorme desconfianza e incertidumbre.

Como muestra de que su grupo sí presenta iniciativas, Rajoy le emplazó al debate del jueves sobre la reforma laboral para que apoye las 70 enmiendas que su grupo presentó y el PSOE no aceptó y a que lleve a cabo la proposición del PP aprobada ayer en la que se pide que las pymes y los autónomos puedan aplazar el pago de impuestos para compensar la morosidad de las administraciones públicas.

Rajoy afirmó que no se sabe quién va a apoyar al Gobierno en los próximos debates y subrayó que el Ejecutivo está en situación de provisionalidad, "el ministro de Trabajo no está y no sabemos cómo está la de Sanidad".

El Partido Popular ha decidido llevar a la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso del nuevo curso político, que tendrá lugar este miércoles, sus críticas al Ejecutivo y, en concreto, los 'populares' han registrado una pregunta para la ministra de Defensa, Carme Chacón, en la que le piden que detalle por qué su departamento ha "permitido la cesión de instalaciones militares para actividades religiosas". 

El diputado del PP por Barcelona y vicepresidente tercero del Congreso, Jorge Fernández Díaz, quien formulará esta pregunta a Chacón, se hará eco de las informaciones que apuntan a que el Ayuntamiento de Figueras (Gerona) ha puesto a disposición de los musulmanes del municipio una parte del Castillo de San Fernando, antigua fortaleza militar dependiente del Ministerio de Defensa, para que organicen sus oraciones durante el Ramadán. 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy que el Gobierno no rectificará el decreto ley de medidas de ajuste aprobado en mayo, que recoge la 'congelación' de las pensiones en 2011, porque debe "mantener la coherencia" en aras de la "credibilidad" del compromiso de España con la reducción del déficit.

"No está en nuestros planes modificar dicho decreto", ha afirmado Zapatero en respuesta al portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que las medidas contenidas en esta norma, que prosperó en el Congreso gracias ala abstención de CiU y PNV, han contribuido a "estabilizar el mercado de deuda", facilitar el "flujo financiero".

Asimismo, ha insistido en que la pensión en enero del próximo año será "seguramente mayor" en 2011 que en 2010, en función de la evolución del IPC, y no será hasta noviembre del próximo ejercicio cuando se evaluará una posible pérdida de valor adquisitivo derivada   de la suspensión de la no revalorización automática de las prestaciones.

Mientras tanto, hagamos los deberes que tenemos que hacer," ha insistido Zapatero, quien ha remarcado su intención de abordar una reforma del sistema de pensiones "coherente" y que permita la viabilidad a largo plazo.

Duran ha insistido en que el Gobierno debe renunciar a la congelación de las pensiones "por justicia con los más débiles",respecto al Pacto de Toledo y porque así se lo ha reclamado toda la oposición del Parlamento en varias ocasiones.

Aunque admitió los "efectos positivos" de las medidas de ajuste, incidió en que el ahorro que supondría la medida concreta de las pensiones supondría un "ahorro mínimo" que pueden asumirse a través de otras medidas de austeridad que compensen el "despilfarro"   presupuestario del Gobierno.

Zapatero ha replicado con el "matiz" de que el supuesto "despilfarro" se ha centrado en medida sociales y, en especial, en una revalorización de las pensiones del 15% entre 2005 y 2009   mientras que las mínimas lo han hecho en un 25%, de 357 euros a 519 euros mensuales.     

A tres semanas de que las cuentas estatales de 2011, las más restrictivas en una década, entren en el Congreso de los Diputados, el equipo de confianza del presidente, encargado de lograr los avales necesarios para sacarlas adelante, no descarta atraerse para su causa al PNV. Para ello, el equipo de Zapatero, capitaneado por el titular de Interior, no cierra la puerta a un posible traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, aseguran a este diario fuentes de la negociación.

Ésta es la reivindicación estrella del PNV a cambio de su respaldo a los Presupuestos y de garantizar a Zapatero su continuidad en La Moncloa hasta marzo de 2012, fecha en la que tocan las generales. Para evitar posteriores situaciones delicadas, el Gobierno desea cerrar este acuerdo, que de alcanzarse se plasmará negro sobre blanco, antes de que las cuentas entren en la Cámara Baja, cuyo plazo para su remisión concluye el 30 de este mes.

Peaje impuesto
En esta ocasión, la fuerza liderada por Urkullu ha preferido dejar al margen su histórica demanda de la transferencia de prisiones. «Se trata de evitar elementos que distorsionen el debate», confirma a LA RAZÓN un destacado dirigente de esta formación. «Tampoco hemos planteado como requisito irrenunciable que el PSE apoye la lista más votada en las municipales ni, por supuesto, la cabeza de Patxi López». Eso sí, han impuesto como peaje para alcanzar un pacto un conjunto de medidas económicas, «recogidas en el Estatuto de Guernica», que «ayuden a los ciudadanos vascos a superar la actual crisis».

Además del traspaso de las políticas activas de empleo con un presupuesto de 480 millones de euros, en el paquete de medidas económicas  del PNV figura en un lugar destacado su histórica reivindicación de gestionar las pensiones, recogida en el artículo 18 del Estatuto vasco. Su redacción establece que «en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social...».

Transferencia progresiva
De momento, el Gobierno «no ha dicho ‘‘no”» a ceder la gestión de la Seguridad Social, revela un destacado dirigente del PNV. Consciente de la situación deficitaria del Estado, los nacionalistas proponen su traspaso progresivo. Es decir, al principio el Ejecutivo vasco tendría acceso a la gestión de una parte del montante total de las pensiones que cobran los vascos.
Pese a que el Estatuto de Guernica establece esta transferencia, la Constitución del 78 garantiza el cobro de la misma pensión ante las mismas circunstancias en cualquier parte del territorio español y con ello el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social, a la que cotiza por igual cualquier ciudadano, con independencia de dónde resida.

Pese a ello, en estos momentos existe ya una diferencia entre la nómina de un pensionista vasco con la de un andaluz, como consecuencia de una menor cotización por las circunstancias económicas de cada región. De hecho, la pensión media mensual en el País Vasco supera en 185,49 euros a los 772,57 euros de media nacional. Mientras, la nómina media mensual por jubilación se sitúa en 874,97 euros, frente a los 1.091,86 euros de media que cobran los vascos.

Esta brecha, fruto de una mayor cotización en esta autonomía, se podría ver incrementada si, al final, La Moncloa abre la puerta definitiva a que el Ejecutivo vasco gestione la competencia y, con ello, a romper la caja única de la Seguridad Social, consagrada en la Constitución.


Negociaciones por internet
Las negociaciones parlamentarias ya no son lo que eran. Las nuevas tecnologías han revolucionado la vida de sus señorías hasta el extremo de que hoy se cierran por correo electrónico los mayores acuerdos del Congreso. Por eso y tras unos cuantos encuentros entre el equipo de fontaneros de Zapatero –integrado por los ministros del Interior y Fomento, y el portavoz socialista en la Cámara Baja–, con la delegación del PNV –su presidente y su portavoz parlamentario– el bis a bis ha dado paso a la negociación por internet. En las ultimas semanas han intercambiado opiniones y exigencias vía mail. El móvil también tiene un papel destacado.

El objetivo: lograr que los partidos políticos fijen de una vez por todas quiénes serán sus cuatro candidatos para el Alto Tribunal. Y más concretamente, el PP. Así, después de un año de desencuentros entre los parlamentos autonómicos, ahora es el turno de los grupos políticos que conforman la Cámara Alta. Si no se llega a un consenso –todo apunta a que así será– serán los distintos partidos quienes designarán a los nuevos aspirantes, tal y como establece el Reglamento del Senado. Una situación que en nada parece haber aliviado la tensión en este proceso, especialmente tras saberse que el PP no tiene intención alguna de eliminar a los magistrados Enrique López y Francisco Hernando de su lista. Cierto es que desde la Cámara Alta, los populares optaron por no pronunciarse hasta la próxima reunión, sin embargo, desde el Congreso, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría manifestó ayer que en su formación «no habrá ninguna novedad», ya que se mantiene «en la defensa de los nombres presentados por las comunidades autónomas».

Jugar con la confusión
Y esta actitud provocó el enfado de los socialistas. Así, la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, acusó al PP de «anteponer sus intereses partidistas a la dignidad y estabilidad de las instituciones democráticas». Asimismo, destacó la «responsabilidad y generosidad» del resto de partidos con el PP que «juega a la ceremonia de la confusión» en la renovación. Así las cosas, la pelota está ahora en el tejado de los populares. Todos los grupos parlamentarios, exceptuando al PP, podrían designar a cuatro candidatos de entre los 20 que figuran en la lista actual. Motivo por el que no se descarta que la Comisión de Nombramientos lleve ante el Pleno a cuatro aspirantes sin contar con el apoyo del principal partido de la oposición. Pero la falta de consenso llevará al proceso a otro punto muerto

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado hoy el "máximo respeto" a la decisión del Supremo de juzgar al juez Baltasar Garzón y ha subrayado que "cualquier español está sometido al imperio de la ley" y debe cumplirla, con independencia de su profesión.
      

En rueda de prensa en el Congreso, Sáenz de Santamaría no ha querido hacer más valoraciones sobre la decisión del Supremo de abrir juicio contra Garzón por un presunto delito de prevaricación al investigar las desapariciones durante el franquismo.
      

Sí ha insistido en el respeto de su grupo a las decisiones judiciales, "que deben acatar aquellos a quienes afectan".
      

"Todos los españoles están sometidos al imperio de la ley, todos los españoles debemos cumplir la ley sin excepciones y debemos respetar las resoluciones judiciales", ha recalcado, incluyendo en ese "todos" a los jueces.

En la primera reunión del grupo parlamentario socialista del nuevo periodo de sesiones, celebrada en el Congreso, De la Vega ha presentado al PSOE como el partido "que está con la gente" y ha señalado que, en estos días, se encuentra especialmente cerca de las víctimas del terrorismo.
      

"El único comunicado, el único mensaje que nos sirve a todos es que ponga fin, fin aquí y ahora y para siempre" a la violencia, ha subrayado la vicepresidenta.
      

A su juicio, todo lo demás son cantos de sirena que ni el Gobierno ni la inmensa mayoría de los ciudadanos está dispuesta a escuchar.

Ayer mismo, una máquina excavadora, tal y como aparece en la fotografía que ilustra esta información, estaba empleada en estas tareas en una zona próxima al aeropuerto gibraltareño, en la prolongación de Water Garden.

El Partido Popular y plataformas ecologistas como Verdemar-Ecologistas en acción han pedido explicaciones a nivel autonómico, nacional y europeo sobre estos rellenos por el impacto que se produce en el lecho marítimo y por el «robo» a aguas de jurisdicción española. No obstante, las autoridades de La Roca han hecho oídos sordos. Y eso que, tal y como informó LA RAZÓN en su día, el Gobierno central aseguró en una carta remitida a Verdemar, tras firmar Gibraltar en 2005 el acuerdo comercial para el desarrollo urbanístico de la zona este del Peñón, que «no prosiguiesen los trabajos hasta que se cumplan las exigencias mediambientales». Posteriormente, el Gobierno central se limitó a argumentar a la oposición en el Congreso de los Diputados que los rellenos databa de finales de los 90 y que el Ejecutivo ya había hecho lo que estaba en sus manos: remitir las oportunas protestas ante las autoridades británicas y ante la Unión Europea.

En todo este tiempo, el PP y Verdemar han insistido en que el Ejecutivo prohiba el paso de camiones cargados con escombros para los rellenos por la carretera de acceso al Peñón, que es de titularidad estatal, pero este extremo, que abriría una lógica brecha diplomática con Gibraltar, no se ha producido. De ahí que la crítica principal sea la de la complicidad española con los deseos expansionistas del mandatario gibraltareño Peter Caruana.

Tratado de Utrecht
Precisamente, el elevado volumen de tránsito de estos camiones es una de las causas que esgrime el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción para imponer la polémica tasa de descongestión para los vehículos que acceden al Peñón y que ha caído como una bomba al otro lado de La Verja. Asimismo, hay que recordar que, según el Tratado de Utrecht (1713), las aguas que rodean al Peñón son españolas, mientras que los británicos tienen titularidad del puerto y las aguas interiores. Sin embargo, las autoridades británicas se arrogan un derecho de jurisdicción de tres millas al este, otras tres al sur y una y media en la Bahía de Algeciras, al oeste, un perimétro que incluso es holgadamente superado por efectivos policiales y para labores de avituallamiento marítimo.

MADRID-El PP ya tiene sobre la mesa su nuevo movimiento frente al veto que el PSOE ha conseguido promover en la Mesa del Senado contra la candidatura del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López para el Tribunal Constitucional (TC). La idea que se baraja es que las asambleas autonómicas con mayoría popular presenten una cascada de recursos de amparo contra ese veto, lo que, por de pronto, ralentizará el proceso.

El ideólogo y coordinador de esta estrategia es Federico Trillo, a quien Rajoy ha dado potestad para controlar directamente con mano férrea cada paso que el partido da en el ámbito jurídico o en los tribunales. Sólo los parlamentos regionales o el propio López están legitimados para presentar recurso, mientras que el PP, como formación, ya ha agotado su margen jurisdiccional con los dos recursos que en su día formalizó contra la decisión de la Mesa del Senado.

Sí le queda todavía campo político para actuar y lo utilizará el martes en la reunión de la Comisión de Nombramientos de la Cámara que el presidente del Senado, Javier Rojo, ha convocado para que los grupos presenten sus candidatos alternativos.

Los populares mantendrán en esa reunión la candidatura de López, junto con la del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Francisco Hernando. Y, asimismo, volverán a subrayar su malestar por lo que entienden que es una «falta de cumplimiento del acuerdo» alcanzado con el PSOE, por el que se excluían los vetos, así como un incumplimiento de los procedimientos institucionales impulsados «ad hoc» por los socialistas con la reforma legislativa por la que se modificó el sistema de elección de los magistrados del TC para atender la presión nacionalista para reforzar el poder de las autonomías. Éstas participan en la renovación del Alto Tribunal gracias a la reforma de la Ley Orgánica del TC, que en su día no contó con el apoyo del PP y que establece, en su artículo 16.1, que los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas de las comunidades «en los términos que determine el Reglamento de la Cámara».

Cruce de acusaciones
El PP considera que el hecho de que López tenga en su poder una ficha profesional le reconoce 19 años de ejercicio profesional otorgada por el actual CGPJ de mayoría progresista, es suficiente argumento para recurrir en amparo la decisión de la Mesa del Senado. Los magistrados del Constitucional «deberán ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función». 

Ayer, Soraya Sáenz de Santa-maría, portavoz del PP en el Congreso, instó al PSOE a respetar «los procedimientos y leyes que atribuyen nuevas facultades a las autonomías, en lugar de querer cambiar esos procedimientos cuando las cosas no salen como le gustan». También denunció que durante este verano su formación no ha recibido ni una sola llamada  del Gobierno o del Partido Socialista para empezar a negociar la renovación de los órganos constitucionales pendientes, entre ellos el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Su homólogo socialista, José Antonio Alonso, replicó con la acusación de que el Partido Popular «bloquea» la renovación del  Constitucional  porque su portavoz en el Senado, Pío García Escudero, «no se está poniendo al teléfono».

Otro duelo económico
Rajoy vuelve a la carga contra Zapatero  con la economía como arma dialéctica. En su primer «cara a cara» tras el verano, el jefe de la oposición reclamará unos Presupuestos para 2011 que incluyan un plan «anti crisis». La sesión de control del miércoles volverá a estar marcada por la crisis, según detalló ayer Soraya Sáenz de Santamaría. Curiosamente, esta semana el PP registró una pregunta a la vicepresidenta Salgado sobre el paro anticipándose a la noticia de que el ministro de Trabajo dejará el cargo para arropar al PSC en la campaña catalana.

Zapatero no quiere que se hable  ni por activa ni por pasiva de crisis de Gobierno. Bastantes frentes tiene abiertos en este comienzo de curso político como para pensar en una profunda remodelación del Gabinete, aunque haya sectores de su partido que se lo pidan a gritos.  Primero fue junio, luego septiembre y ahora desde Moncloa aseguran que la única baja que se producirá en la mesa del Consejo de Ministros es, y por voluntad propia, la de Celestino Corbacho para acompañar a José Montilla en la lista a las elecciones catalanas, y que ésta no tendrá lugar «por lo menos»  hasta finales de octubre. Así que otra vez las quinielas, las apuestas y los calendarios de propios y ajenos han vuelto a fallar, algo que con Zapatero suele ocurrir con bastante frecuencia. Al presidente, ya se sabe, le gusta marcar sus propios tiempos, y no que se los marquen.

Cuando el jueves se supo que Celestino Corbacho dejaría el Gobierno para volver a la política catalana muchos dieron por hecho que su relevo sería aprovechado por el presidente para sustituir también a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en el caso de que ganase las elecciones primarias para la candidatura de la Comunidad de Madrid a Tomás Gómez. Y como el ganador de la contienda madrileña no se conocerá hasta el 3 de octubre, se dio por hecho que tanto la salida de Corbacho  como la de Jiménez llegaría  entre la primera y la segunda semana de octubre. Para esa fecha  Corbacho se iría asumiendo el desgaste de la huelga general del 29 de septiembre y ya se sabría si la ministra de Sanidad disputará o no la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre en mayo de 2011. Ni lo uno ni lo otro. Zapatero no tiene intención de sustituir a Corbacho «por lo menos»  hasta finales de octubre, aseguran fuentes cercanas al presidente. Y por otro lado, sostienen también en el gabinete presidencial, mantendrá a Trinidad Jiménez en Sanidad aunque gane las primarias a Tomás Gómez, hasta bien entrado el primer trimestre del próximo año, probablemente hasta finales de marzo o principios de abril.

Sostienen así en Moncloa que no habrá crisis de Gobierno, que lo de ahora es un pequeño ajuste obligado por el calendario electoral de Cataluña y que ésta no llegará hasta el primer trimestre de 2011. Y es que los estrategas «monclovitas» defienden que no tiene sentido acometer ninguna remodelación del Gabinete hasta que las reformas económicas no estén en marcha. Y, de las previstas por el Gobierno, aún quedan la del sector energético y la del sistema de pensiones que, según los cálculos del presidente, ambas estarán aprobadas en este periodo de sesiones que empieza ahora y concluirá en diciembre.

Será entonces con las reformas económicas estructurales en marcha, con el más que previsible cambio de Gobierno en la Generalitat de Cataluña tras las elecciones de noviembre, con los presupuestos generales para 2011 aprobados definitivamente, con la evolución de la economía y con los nuevos ajustes que requieran los comicios municipales y autonómicos, cuando el presidente acometa la remodelación de su Gabinete. Sería la cuarta en seis años de mandato.

Jáuregui vuelve a las quinielas
Descartados pues los cambios profundos para este curso político que acaba de arrancar, ayer las quinielas en el PSOE se limitaron a quién sustituirá a Celestino Corbacho en Trabajo. Y, si a muchos socialistas se les pidiera opinión al respecto, no tendrían ninguna duda: el mejor candidato sería Ramón Jáuregui.

El que fuera vicelendakari en el Gobierno vasco entre 1987 y 1991, consejero de Economía, Trabajo y Seguridad Social entre 1994 y 1997 y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso hasta que se fue de número dos por el PSOE en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, es un hombre de larga trayectoria política que cuenta con el reconocimiento de propios y extraños, y sabría reconducir las maltrechas relaciones del Ejecutivo con los sindicatos, ya que fue secretario general de la UGT en Rentería durante la Transición.

Otras voces del PSOE apuntaban, sin embargo, el nombre de Octavio Granados, secretario de Estado de Seguridad Social y miembro de la Ejecutiva Federal. Los más cercanos al presidente descartaban, en cambio, esta apuesta y cualquier otra, ya que la cartera de Trabajo podría asumirla incluso alguno de los ministros en activo. Sólo Zapatero tiene la respuesta.

Moratinos no quiere irse a Córdoba
Dicen que José Antonio Griñán lo quería de candidato a la Alcaldía de Córdoba;  pero la idea no parece entusiasmar al ministro de Exteriores. Si al presidente le produce ya casi urticaria oír hablar de crisis de Gobierno, al jefe de nuestra diplomacia se le tuerce el gesto cada vez que alguien le sitúa de candidato a alcalde. No es extraño, teniendo en cuenta que el PSOE no ha gobernado nunca en Córdoba, donde sí lo han hecho tanto PP como IU. Un dato: al titular de Exteriores se le ha dado infinidad de veces por cesado y es de los pocos que se mantiene en el Gabinete desde 2004.

Unas remodelaciones cargadas de polémica
Tres grandes crisis
La primera gran crisis se produjo en abril de 2006 por la dimisión de Bono y supuso la remodelación de varias carteras, entre ellas Interior, Defensa y Educación. La segunda llegó por sorpresa en julio de 2007, a tan sólo ocho meses de las elecciones. La última, en abril de 2009, sólo un año después de las elecciones generales, y cuando ya era un clamor popular.

34 ministros en seis años
En apenas seis años, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha realizado tres remodelaciones y 34 cambios en los ministerios. Tan sólo cuatro miembros del Gobierno se mantienen desde 2004: María Teresa Fernández de la Vega, Miguel Ángel Moratinos, Elena Salgado y Elena Espinosa. Por el camino se quedaron Fernández Bermejo, José Bono, Carmen Calvo o Pedro Solbes.