La Paz, 2 sep (EFE).- Argentina se ofreció hoy para representar las inquietudes del presidente boliviano, Evo Morales, al G-20, que reúne a las veinte mayores economías del mundo, anunció el canciller argentino, Héctor Timerman, al terminar una visita de cortesía de cuatro horas a Bolivia.

Fue a mediados de 2008 cuando el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho –fiscal de Carrera– comunicaba esa decisión a los jefes de las fiscalías afectadas, Antonio Salinas y Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, respectivamente, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ministerio Público. Criterios técnico de priorizar los agentes destinados a ese servicio eran los motivos esgrimidos por Interior para adoptar esa medida.

Esos argumentos no debieron convencer, toda vez que, según las fuentes consultadas, Salinas, Ortiz Úrculo y la mayoritaria Asociación de Fiscales se dirigieron a Antonio Camacho para solicitarle que se reconsiderase esa decisión. La respuesta, sin embargo, no fue la esperaba y, por el contrario, confirmó la previamente adoptada y que sólo cuando existiese algún caso concreto que  lo justificase, por el riesgo latente, se podría asignar seguridad personal al fiscal afectado.

Dicho y hecho, pues «de un día para otro, e incluso en la misma mañana»,  la mayoría de esos fiscales vieron cómo sus hasta entonces escoltas les abandonaban. Sólo en casos muy concretos, los afectados permanecieron con el servicio de escolta asignado.
Sin embargo, Interior decidió  más tarde asignar esa seguridad a otros fiscales destinados en Anticorrupción, «por las especiales relevancias de los casos que llevaban», aunque otros  representantes del Ministerio Público allí destinados, pese a que tramitan también «casos relevantes de mafias y de criminalidad organizadas», siguen desde entonces sin tener esa protección personal.

Eso hace que se tengan que trasladar hasta las sedes judiciales, principalmente a la Audiencia Nacional, en transporte público o en sus vehículos particulares, para asistir a comparecencias en las que, paradójicamente, algunos de los imputados sí tienen a las puertas varios escoltas privados.

«La situación es tan precaria que ni siquiera se cuenta con un coche de incidencia al servicio exclusivo de esa fiscalía» Anticorrupción, resumen al respecto las citadas fuentes.

Evaluación de «riesgos»
En cuanto a la fiscalía ante el  Tribunal Constitucional, la medida de Interior, que afectó a la mayoría de sus integrantes, tampoco fue bien recibida, circunstancia que se mantiene en este momento por sus miembros, toda vez que sólo una muy exigua minoría de fiscales allí destinados cuenta con esa protección.

Por otro lado, en relación con la seguridad de los jueces destinados en el País Vasco, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, se reunirá hoy con la máxima representación de la Judicatura vasca para hablar del servicio de escoltas, que el Gobierno autónomo «está reorganizando» entre los diferentes colectivos amenazados. En el Palacio de Justicia de Bilbao se darán cita Ares, el viceconsejero  de Justicia, José Manuel Fínez, y los miembros de la comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por Juan Luis Ibarra, informa Ep. Esta cuestión ya ha sido tratada en ocasiones anteriores por la Consejería de Ares y el Departamento vasco de Justicia con el TSJPV, y el Gobierno vasco se comprometió a realizar un estudio «individualizado» de cada caso, en base al riesgo ante la amenaza de ETA.

Ares anunció ayer que está reorganizando el servicio de seguridad de los amenazadas por  ETA en base a la evaluación de «riesgos», con el fin de lograr una mayor «operatividad».

 La reducción de escoltas en el País Vasco y Navarra ha sembrado de «intranquilidad» en las víctimas. Ángeles Pedraza, presidenta de AVT, espera que esta medida no tenga «nada que ver» con una eventual tregua de ETA, algo con lo que se viene especulando en las últimas semanas. Pedraza desconoce el motivo real que ha provocado esta medida, aun así, reclama que si se hace, sea «con prudencia y examinando mucho los casos». Por su parte, Mari Mar Blanco califica de «grave error» intentar ahorrar dinero a costa de la seguridad «porque la vida de las personas vale más». La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco recordó el caso del ex concejal del PSE, Isaías Carrasco, asesinado por ETA en Mondragón y que además no tenía escolta y reiteró el  «error» que constituye quitar la seguridad a personas con el más mínimo indicio de riesgo. «ETA no se complica la vida para el tiro en la nuca y tomar una medida así es ponérselo más fácil». Asimismo,  advierte de que hay que estar ahora más alerta que nunca con ETA, porque «sigue ahí». Fuentes del Foro Ermua creen que el «sentido de la responsabilidad» del ministerio del Interior «brilla por su ausencia» al reducir las escoltas y consideran que si se trata de reducir gastos deberían empezar «recortando ministerios superfluos» y no «arriesgar en temas de seguridad». En cuanto al posible «clima de paz» que podría motivar esta decisión dicen que «sólo se tiene confianza de que los de ETA van a ser buenos cuando se habla con ellos y se les está dando alguna contrapartida».

Hace tiempo también que reconoce que Jorge Alarte no es el mejor candidato para arrebatar a los populares la Generalitat valenciana, que no ha sabido aglutinar a las bases y que las encuestas no le son favorables. A diferencia del caso de Madrid y Tomás Gömez, en Ferraz no han hecho un solo movimiento para que el secretario general de los socialistas valencianos diera un paso atrás y cediera la candidatura a nadie.

La historia del socialismo madrileño y el valenciano está llena en los últimos 20 años de parecidas páginas sobre guerras fratricidas por el poder orgánico, luchas intestinas y cuotas de familias. De ahí que haya quién se pregunte por qué Madrid ha sido objeto de una operación federal para desestabilizar a Gómez y no así a Valencia y a Alarte. El caso es que cuando las aguas parecían bajar tranquilas en el PSPV, después de que el alcalde de Morella y diputado autonómico Ximo Puig –quien se enfrentó a Alarte en el último congreso regional– llamara a la unidad y renunciara a presentarse a las primarias, el ex ministro Antonio Asunción irrumpió ayer en la escena para anunciar su disposición a batirse el cobre.

El que fuera ministro del Interior con González hasta la fuga de Luis Roldán daba al traste con los planes de la dirección federal de que no hubiese primarias en las federaciones territoriales. Temen el efecto contagio. No en vano en Murcia, el alcalde de Calasparra, Jesús Navarro, ha hecho pública su intención de competir con la candidata «oficialista»  Begoña García. Canarias parece que está dispuesta a seguir la misma senda e idem las ciudades de Cáceres y Málaga.

De momento, en Valencia, Asunción ha irrumpido con un alegato tremendamente crítico a sus colegas valencianos. «En el PSPV hay más fijación por mantener el puesto que por ganar», decía quien abandonó las labores de jefe de la oposición de la Generalitat valenciana tres meses después de perder las elecciones frente a Eduardo Zaplana en 1999.

 

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dejará el Gobierno tras la huelga general del próximo 29 de septiembre para incorporarse a las listas del PSC para las elecciones autonómicas catalanas de noviembre.

Fuentes socialistas han confirmado la inminente salida del Ejecutivo del que fuera alcalde de L'Hospitalet, cuya incorporación a la candidatura que encabezará José Montilla empezará a lanzarse casi inmediatamente pero no se hará efectiva hasta que quede aprobada la reforma laboral en el Congreso -la próxima semana- y se produzca la huelga general.

Las mismas fuentes apuntan a que la salida del titular de Trabajo del Ejecutivo deberá esperar también a que se resuelva el proceso de primarias en Madrid, ya que la posible designación de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el 3 de octubre como candidata socialista para disputar el gobierno autonómico a Esperanza Aguirre obligaría a su salida del Ejecutivo.

La crisis de Gobierno incluiría así a dos ministros y abriría las puertas a una remodelación más amplia con la que se viene rumoreando en los últimos meses. |
      

Fecha de caducidad

El ministro de Trabajo siempre ha tenido muy claro que su paso por la política española tenía fecha de caducidad porque su deseo era regresar más pronto que tarde a Barcelona, donde ha desarrollado el grueso de su carrera política como alcalde de L’Hospitalet (durante 20 años) y como presidente de la Diputación de Barcelona. Corbacho comentó su futuro político con el presidente del Gobierno el pasado 20 de agosto y recibió el plácet de Zapatero para tomar el puente aéreo hacia Barcelona sin billete de vuelta.


Un agosto intenso

Corbacho prepara su regreso a Cataluña desde hace varios meses, pero lo ha abordado con mayor intensidad durante las últimas semanas porque el proceso de proclamación de candidatos del PSC a las autonómicas está a punto de desatarse (hoy, las agrupaciones de L’Hospitalet –feudo de Corbacho– proponen su lista de candidatos).

Ya a principios de agosto, mantuvo una comida con el primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, José Montilla, para estudiar su regreso a Cataluña. Corbacho le manifestó su intención de volver a Barcelona para echarle una mano en su intento por ser reelegido como presidente de la Generalitat. Montilla le expresó su conformidad, consciente de que el ministro de Trabajo es un peso pesado en el área metropolitana de Barcelona.

Pero Montilla convino con Corbacho en que primero debía resolver su futuro con el presidente del Gobierno. De ahí la conversación del ministro del Trabajo con Zapatero el pasado 20 de agosto tras el Consejo Ministros extraordinario.

Según diversas fuentes, fue el presidente quien le sugirió a Corbacho la idea de regresar a Cataluña e incluso quien le prometió acelerar su marcha de Madrid en pocas semanas. Sea como fuere, lo cierto es que el titular de Trabajo quiere dejar una cartera que le ha provocado innumerables quebraderos de cabeza no sólo con los agentes sociales y económicos, sino también con sus propios compañeros de Gobierno.

El hábitat natural de Corbacho es el cinturón metropolitano de Barcelona –granero de votos fundamental para los socialistas– y su desembarco es sólo cuestión de tiempo.

El problema es que la salida del ministro de Trabajo obligará a Zapatero a realizar una crisis de Gobierno con la que se lleva especulando varios meses  y ésta no es sencilla porque, en paralelo, debe resolver la cuestión de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, inmersa en la batalla de las primarias para ser candidata del PSOE a la Comunidad de Madrid.

São Paulo, 2 sep (EFE).- El candidato opositor a la presidencia de Brasil José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dijo hoy tras un encuentro con el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, que si gana las elecciones declarará "terrorista" a la guerrilla de las FARC.

Reuters - SAO PAULO (Reuters) - El candidato opositor para la presidencia de Brasil, José Serra, criticó el jueves la política exterior de la nación, a la que llamó ideológica, y dijo que el país debería dejar claro que las FARC colombianas son una organización "terrorista y vinculada al narcotráfico".

San José, 2 sep (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, afirmó hoy que "esta es la década de América Latina", pues según su criterio, la región atraviesa un momento político y económico positivo si se compara con otros continentes.

La Junta de Portavoces de la Cámara Baja fijará hoy la fecha del pleno monográfico sobre Afganistán que ya fue aprobado por los órganos de gobierno del Congreso y que, sin embargo, fue desconvocado hace cuatro meses debido a la agenda económica. PP e IU-ICV tendrán así  el apoyo de todos los grupos políticos cuando esta mañana pidan que José Luis Rodríguez Zapatero comparezca sin más dilación para este asunto. Y es muy probable que las explicaciones del presidente del Gobierno sobre la misión tengan lugar el próximo día 15, según apuntaron ayer fuentes parlametarias.

La portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ya envió un escrito al presidente del Congreso, José Bono, a principios de semana  para instarle a poner fecha a ese pleno que debió celebrarse el 12 de mayo, día  en el que el jefe del Ejecutivo compareció ante el pleno pero para dar cuenta de las medidas de reducción del déficit público adoptadas tras la cumbre europea del Eurogrupo.

Aquel cambio se aprobó por unanimidad en la Junta de Portavoces y ahora, tanto el PP como IU-ICV, quieren que se ponga fecha definitiva a un debate pendiente desde  primavera. En este tiempo dos guardias  civiles y un traductor españoles fueron asesinados en Afganistán la semana pasada. Así que no hay ni un solo grupo que tenga intención de poner palos en la rueda de esa comparecencia presidencial en la que se deberá dar cuenta de la situación de nuestras tropas, de las condiciones en las que realizan su trabajo y acerca del futuro de la misión.       

Izquierda Unida, igual que el Partido Popular, defenderá esta mañana la necesidad de poner fecha a la   comparecencia. De hecho ya la semana pasada registró una solicitud en este sentido con la firma también de ERC y el Mixto, en la que pedía además de la de Zapatero en pleno, la comparecencia en comisión de los titulares de Defensa e Interior.

No sería de extrañar que a la vista de las diferentes posiciones políticas sean los propios ministros Rubalcaba y Chacón quienes soliciten, a petición propia, las comparecencias en la Cámara Baja, treta que se utiliza cuando uno se ve forzado por la mayoría parlamentaria.
 

Fuentes parlamentarias han confirmado hoy  que la propuesta se formalizará mañana en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, con la idea de que sea aceptada por unanimidad, ya que varios grupos apostaban por su comparecencia parlamentaria.

Las explicaciones del jefe del Gobierno sobre Afganistán están pendientes desde el pasado mes de mayo, concretamente desde el día 12, cuando Zapatero iba a comparecer en la tribuna del hemiciclo sobre este asunto, atendiendo a un compromiso con las fuerzas políticas.

Sin embargo, la comparecencia quedó aplazada porque ese día Rodríguez Zapatero sí acudió al hemiciclo, pero para informar de las medidas de recorte económico con las que el Ejecutivo pretende hacer frente al déficit público.

Al recuperarse la actividad parlamentaria tras el mes de agosto, el diputado de IU Gaspar Llamazares y el grupo popular habían vuelto a plantear la necesidad de que Zapatero cumpliera con su compromiso y acudiera a la Cámara Baja para abordar la cuestión de Afganistán.

Y ello cuando acaba de producirse un atentado mortal, el pasado 25 de agosto, contra las fuerzas destacadas en la base española de Qala e Naw, el cual costó la vida a dos agentes de la Guardia Civil y a un intérprete nacionalizado español.

Llamazares había requerido formalmente la presencia de Zapatero ante el pleno y también había pedido que los titulares de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Defensa, Carme Chacón, comparecieran en comisión para aclarar los pormenores de este atentado terrorista.

Por su parte, la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, había remitido un escrito al presidente del Congreso, José Bono, para anunciarle que mañana iba a proponer en la Junta de Portavoces que incorporara al orden del día de las próximas sesiones plenarias la comparecencia urgente del presidente del Gobierno.

Una reunión de juntas locales del PP celebrada en Oviedo ha aprobado un comunicado en el que propone a Mariano Rajoy, como candidatos para las próximas elecciones autonómicas, a la presidenta del PP de Gijón y diputada nacional, Pilar Fernández Pardo, al presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui y a la concejala del Ayuntamiento de Oviedo, Isabel Pérez-Espinosa. "Con esta terna que proponemos para que Mariano Rajoy elija, respetando así su liderazgo, estamos uniendo al PP entorno a la próxima candidatura autonómica", sostienen en el documento.

   Según el comunicado, al que tuvo acceso, en la lista no aparece el ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, al que acusan de "querer volver a la política tras siete años de alejamiento" en un periodo en el que "casualmente" las encuestas les son "favorables".

 

   El comunicado no ahorra alusiones a Francisco Álvarez-Cascos: "¿Cómo puede alguien pensar en una candidatura autonómica encabezada por quien cuenta con el rechazo de la inmensa mayoría del PP en Asturias? ¿Qué concepto del partido y de la democracia tiene alguien que pretende ser candidato en contra de su propia organización?".

 

   A su juicio, Cascos "no puede ser candidato ganador porque no ha querido  contar con el Partido Popular de Asturias pese a que ha tenido esa oportunidad y la ha despreciado". Se siguen preguntando: "¿Qué podría pensar la sociedad asturiana de un candidato al que su propio partido en Asturias le ha dicho no? ¿Qué podría pensar la sociedad asturiana de un candidato que sus principales apoyos son dirigentes políticos de fuera de Asturias que ni conocen esta región ni votan aquí?".

 

Sin presiones a Rajoy

   Para los representantes de las juntas, la condición necesaria para una candidatura "ganadora" es que "represente, integre y motive al partido". Así, señalan que Pilar Fernández Pardo, Joaquín Arestegui e Isabel Pérez-Espinosa son candidatos "con opciones de triunfo" porque parten de una "buena base", la del apoyo del Partido Popular de Asturias.
 

   En cualquier caso, los representantes de las juntas locales aclaran que la decisión que han tomado este jueves no pretende ejercer "ninguna presión" sobre Mariano Rajoy, ni sobre la Dirección Nacional del Partido. "Lo que hacemos es proponer opciones para facilitar la toma de decisión del candidato del Partido Popular", han señalado.

 

Cualidades

   Según manifiestan, los tres candidatos que proponen tienen la "legitimidad democrática" y representan al partido en Asturias. "Son personas jóvenes y de amplia experiencia política que representan en Asturias lo que Feijóo en Galicia, Basagoiti en el País Vasco o Dolores de Cospedal, Pons y Soraya Sáez de Santamaría en el ámbito nacional", afirman, a la vez que sostienen  que representan la "renovación y el futuro unidos a la experiencia y a la lealtad probada" al Partido Popular
 

   Añaden que los tres son dirigentes "alineados" con la dirección regional y nacional del Partido Popular y que en el congreso de Valencia han apoyado "sin fisuras" a Mariano Rajoy y sus planteamientos. Por último, ponen en valor que son dirigentes que en sus respectivos ámbitos de actuación política e institucional llevan "dando la cara" estos últimos años.  
 

   Los representantes de la Juntas Locales del PP asturiano que se reunieron hoy en un céntrico restaurante de Oviedo y que han aprobado el documento son el alcalde de Oviedo y presidente del PP de Oviedo, Gabino de Lorenzo, la presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, Avelino Sánchez (Llanera), Antonio Rey, Luis Fernando Rodríguez (presidente Junta de Pravia), Carlos Guerrero (secretario de Política Municipal), Luis Solares (Presidente Junta de Corvera), Justino Pérez (presidente Junta de Colunga), Ramón Artime (Secretario general del PP  y teniente de Alcalde de Gozón), Justino González (Presidente Junta de Illas), Alejandra Cuétara (presidenta Junta de Villaviciosa) y Carlos Galcerán (presidente Junta de Mieres).
 

   También estuvieron Roberto Santiago (Presidente Junta de Navia), Gabriel Medina (Presidente Junta de Parres), Álvaro Álvarez (Presidente Junta de Laviana), Matías Rodríguez (Presidente Junta de Tineo), Francisco Cubiella (concejal de PP en Gijón), Pablo Álvarez Pire (presidente de Nuevas Generaciones de Asturias), Carmen Pérez (Presidenta Junta de Cudillero), Joaquín Fernández (Presidente Junta de San Martín del Rey Aurelio), Antonio Díaz (presidente Junta de Allande), María Teresa Mallada (Presidenta Junta de Aller), Miguel Ángel Fuente (Presidente Junta de Noreña), Vicente García (Presidente Junta de Bimenes), Agustín Iglesias Caunedo (secretario General del PP de Oviedo) y Joaquín Aréstegui (Presidente de Junta de Avilés).

AFP - LA PAZ (AFP) - La decisión del presidente Evo Morales de expropiar una cementera de capital boliviano-mexicano, la más grande de Bolivia, parcialmente en manos de un rival político, es una mala señal para la inversión privada, dijeron dos de los más importantes gremios patronales.

Un conocido empresario de la provincia de Vizcaya se ha dirigido al Ministerio del Interior para pedir que no le retire la escolta personal, al entender que su situación y el lugar donde reside hacen  que siga siendo objetivo potencial de ETA.       

Fuentes próximas a este empresario explicaron que esta  persona ha entregado una carta en dependencias de la Guardia Civil en  Bilbao, donde le han indicado que el documento se transmitirá por fax  al Ministerio del Interior.        

La misiva está dirigida al secretario de Estado de Seguridad,  Antonio Camacho, a quien este empresario le argumenta que todavía  corre peligro, al tiempo que hace responsable a Interior de lo que  le pueda suceder.        

Este amenazado, que ha recibido varias cartas de extorsión de ETA  en los últimos años, recibió esta misma semana una llamada de la Guardia  Civil, en la que se le comunicada la decisión de quitarle la protección  personal. La medida se hará efectiva el próximo lunes.         

Esta retirada de escoltas afecta, en conjunto, a unas cincuenta  personas del País Vasco y Navarra, que, según el criterio del Gobierno  central y del vasco, ya no corren un gran peligro de sufrir un atentado  de ETA.        

En este sentido, el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares,  confirmó este jueves que el servicio de escoltas se reorganizará de acuerdo con una evaluación de riesgos. Añadió que se busca con ello "ser  más operativos" y proteger a las personas que "objetivamente tienen  riesgo".        

Ares añadió que esta reorganización "no tiene nada que ver" con un  posible anuncio de tregua por parte de ETA. también apuntó que si este  eventual anuncio se produjera sería "absolutamente insuficiente", porque  "el tiempo de las treguas ya ha pasado" y sólo vale que la banda etarra  "desaparezca definitivamente".


División entre los sindicatos policiales

Los dos principales sindicatos policiales han discrepado hoy  jueves ante la reducción de escoltas aprobada por el Gobierno central  y el Ejecutivo vasco. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) considera que el "90 por ciento de los protegidos no tiene peligro",   mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) creen que "el peligro no ha desparecido".   

"Es el tercer recorte en los últimos 18 meses, es un escándalo lo de las escoltas en este país; el 90 por ciento de los protegidos no tiene peligro, ya esta bien lo de usar la escolta como elemento de poder y distinción. Riesgo de terrorismo también lo tienen los   ciudadanos que viajan en el metro y hay que defender a todos los   ciudadanos", ha asegurado en declaraciones el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien se ha   mostrado "completamente de acuerdo" con el recorte.  

A su juicio, "los concejales del País Vasco sí que tienen que tener escolta" pero rechaza que haya "un montón de concejales en Madrid, Sevilla, Valencia, entre otros lugares, que suponen un coste  inaceptable y menos en la actual situación económica". "Ojalá no sea  un recorte de 20 o 30, sino de 300 y que les pongan a patrullar por   la calle", añade.   

Fornet llegó a personalizar en el elevado número de escoltas que acompañan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y  a sus predecesores José María Aznar, Felipe González y Adolfo Suárez  a los cuales "acompañan entre 20 y 25 escoltas". Asimismo, se refirió  a la viuda del también ex presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, sobre la que dijo que cuenta con "siete escoltas" para su protección y puso en duda el peligro real de que atenten contra   ella.  

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de la CEP, Isidoro Zamorano, ha recordado que "siempre se quitan escoltas  pero a la gente que lleva mucho tiempo sin ser objetivo de riesgo". "Lo que no entendemos es que se quiten escoltas a gente que sí puede   tener peligro cuando hoy estamos en la misma situación que hace un   mes, una semana o dos años", añade.  

"Que sepamos hoy no hay nada distinto de ayer a menos que el  Gobierno tenga constancia de otra cosa y si es así que nos lo diga",  insistió Zamorano, para quien "el hecho de que el trabajo policial   sea efectivo no significa que el peligro haya desparecido". "No  podemos estas jugando con la ciudadanía", asevera.   

Río de Janeiro, 2 sep (EFE).- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró en entrevista a un diario brasileño que la mejor forma como Brasil puede ayudar a encontrar una solución para el conflicto interno en Colombia es declarando a las FARC como grupo terrorista.

Gaínza, de 53 años, ha volado a Madrid en un vuelo de Air Europa, que ha aterrizado a las 15.23 horas en el aeropuerto de Barajas.

El excarcelado ha viajado a España acompañado de su mujer, María Esther Blanco y su hijo Rennys.

Un equipo de atención psico-social de la Cruz Roja les esperaba en la sala de Autoridades del aeropuerto para trasladarlos a un hostal, donde pasarán los primeros días de estancia en España.

Gaínza cumplía una condena de 25 años y es miembro del ilegal movimiento de resistencia cívica "Pedro Luis Boitel".

El pasado 24 de agosto el Arzobispado de La Habana anunció la próxima liberación de Víctor Arroyo Carmona, Alexis Rodríguez Fernández, Leonel Grave de Peralta Almenares, Alfredo Domínguez Batista, Próspero Gaínza Agüero y Claro Sánchez Altarriba, quienes habían aceptado "la propuesta de salir de la prisión y trasladarse a España".

Con la llegada a Madrid de Gaínza, ya son 27 los presos políticos cubanos que han viajado a España en el marco del proceso de excarcelaciones al que dió lugar el diálogo abierto entre el Gobierno de Raúl Castro y la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba, que es apoyado por el Ejecutivo español.

Expertos en la materia han estudiado en los últimos meses caso por caso y se ha tomado la decisión que se considera más adecuada, que se comunica en estos días a los interesados. El elevado coste del servicio de escoltas, prestado por agentes de las Fuerzas del Orden y miembros de empresas privadas de seguridad, contratadas por la administración, determinó que, a partir de los primeros meses del año, se realizara un estudio pormenorizado sobre todas las personas que disponían de escolta a cargo del erario público.  Sólo en el País Vasco, el coste superaba en 2009 los 100 millones de euros, pagados por el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior del Gobierno de Vitoria. El número total de personas a las que se considera dentro de los colectivos que sufren las amenazas de ETA en el País Vasco y Navarra y que, en principio, deberían llevar escolta, asciende a 1.500, la mayoría de los cuales tiene protección de agentes de empresas privadas. Los expertos son reacios a hablar de este asunto ya que, por activa o por pasiva, se están dando pistas a ETA sobre las personas que disponen de protección o las que la dejan de tener. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, aseguró ayer que la reducción de los servicios de escoltas a los amenazados por ETA «no tiene absolutamente nada que ver con el posible anuncio de una tregua (...) y, hasta ahora, todo lo que conocemos a través de sus comunicados (los de la banda) es que afirman mantener la actividad terrorista». La Consejería de Interior trabaja con los colectivos afectados, como formaciones políticas, miembros de la judicatura (hoy mismo tendrá lugar una reunión en el Palacio de Justicia de Bilbao) y  empresas, para reorganizar el servicio e incluso para implantar servicios complementarios.

Urquijo, a través de un comunicado, se ha referido a la decisión de los responsables de Interior de reorganizar los servicios de escolta de acuerdo con una evaluación de riesgos, con el objetivo de "ser más operativos" y proteger a las personas que "objetivamente tienen riesgo", según ha explicado hoy el consejero vasco, Rodolfo Ares.

El parlamentario popular ha dicho que al hablar de ETA y de vidas humanas "el coste de la seguridad nunca puede ser determinante", porque, aunque ha reconocido como "oportuno" que el Departamento de Interior elabore los estudios de riesgo individualizados que considere adecuados, no se puede "anteponer el presupuesto a la seguridad". 

"Cuando se habla de la seguridad de las personas, lo que debe primar es el establecimiento de todas las medidas que garanticen su protección por encima de cualquier otra cuestión", ha insistido.

Ha exigido al Departamento que dirige Rodolfo Ares la "máxima cautela" con las informaciones que se ofrecen sobre este asunto, porque "lo último que se puede hacer es dar pistas a ETA a través de los medios de comunicación".   

El Partido Popular, que ya conocía los planes del Departamento de Interior de reajustar los programas de protección sobre las personas amenazadas por ETA, ya había trasladado por escrito su rechazo a esta idea.

A día de hoy la dirección del PP no prevé organizar una foto de familia de todos sus candidatos autonómicos y municipales en este curso. Para verla habrá que esperar hasta enero o febrero, salvo que  Génova rectifique sobre la marcha, en función de sus intereses del momento, el calendario que tiene ya perfilado.

En el segundo día de su «retiro» a Toledo para diseñar la estrategia de este otoño la cúpula popular dedicó buena parte del debate a Cataluña –incluyendo su política para evitar el fraude de ley en la aplicación del Estatut–, y apresuradamente, entre otros asuntos, también hizo un repaso de los acontecimientos más importantes de la agenda de partido de aquí a diciembre.

Rajoy, una vez más, impone su control de los tiempos y su máxima de dejar las cosas madurar.  Por eso la única decisión es que todos los candidatos deberán estar proclamados antes de las vacaciones de Navidad, lo que abre un margen lo suficientemente elástico como para controlar el proceso sin sobresaltos. La consigna es clara: sigue sin haber prisas. La convención autonómica y municipal, la única foto de Rajoy con todos sus cabeza de lista que está hoy prevista, se deja para el arranque de 2011, bien a finales de enero bien a principios de febrero. Y hasta diciembre irá produciéndose el goteo de designaciones oficiales, con la bendición en todas ellas, también en Valencia, de Génova.

El caso de Asturias
A puerta cerrada, en el debate no entraron en liza nombres concretos ni se pisó el delicado terreno del caso de Asturias –ayer el PP regional propuso a Rajoy una terna de candidatos sin Cascos–, ni de Valencia.

Pero Rajoy sí se mojó sobre la situación de su partido en la Comunidad Valenciana en la comparecencia que celebró al terminar los largos «maitines» con los que ha arrancado la nueva temporada. Podría haber eludido la pregunta, como ha hecho en otras ocasiones, pero, sin embargo, el líder popular quiso ratificar expresamente su apoyo a Camps justo en el día en el que se aireaba un supuesto nuevo informe policial desfavorable para el PP valenciano.

«Camps debe ser el candidato a las elecciones», sostuvo. Cuando se le preguntó si le ratificaría con esa misma contundencia en el caso de que la Justicia actuara contra él, dentro del «caso Gürtel», zanjó el debate: «Ya he dicho todo lo que tenía que decir». El líder popular reiteró su apoyo a su «barón» en una conversación informal sin micrófonos, y cuando se le preguntó una vez más sobre qué hará en el caso de que se decrete la apertura de juicio oral contra el presidente valenciano, el «número uno» del PP volvió a tirar el balón a córner porque no elucubra sobre hipótesis. Durante el «retiro» estratégico, Jaime Mayor presentó un informe sobre la «negociación» con ETA: nadie le llevó la contraria.


Medio centenar de iniciativas
«No vamos a resignarnos con las cifras de paro ni con la situación económica». Rajoy abre curso con este lema y con una ofensiva política para apuntalar su alternativa. El Parlamento será el campo de juego en el que el PP exprima al máximo sus posibilidades para rentabilizar la erosión que la crisis ha provocado en la imagen del Gobierno. En las próximas semanas registrará hasta medio centenar de iniciativas en el Congreso y en el Senado. Rajoy confirmó también que en este periodo de sesiones formalizará una iniciativa en las Cortes para dar libertad a las comunidades y, por ende, a sus «barones», para establecer otras formas de gestión en las televisiones autonómicas, incluida la privatización. Cospedal «disparó» el lunes con esta propuesta.

Rajoy ha comparecido brevemente ante los periodistas en el Parador de Toledo, donde desde ayer se encuentra recluido con sus más estrechos colaboradores para preparar la estrategia política del nuevo curso.

El presidente del Partido Popular ha anunciado también su intención de llevar al Congreso de los Diputados y al Senado "más de 50 iniciativas en materia económica" para sacar a España de la  crisis y recuperar la creación de empleo.

Rajoy aseguró que en las tres sesiones de debate interno se ha hablado"exclusivamente de los problemas de los españoles" y se ha acordado presentar un paquete de medidas económicas durante los próximos cuatro meses, coincidiendo con la negociación de los Presupuestos Generales  del Estado para 2011.

Rajoy explicó que las medidas forman parte del "plan global" que  el PP cree que necesita España en estos momentos y detalló que las iniciativas irán encaminadas a fomentar la austeridad, hacer reformas en el sector público, mejorar el sistema financiero, rebajar losimpuestos, mejorar el trato a los autónomos, fomentar el ahorro en materia de vivienda y ofrecer alternativas a la reforma laboral del Gobierno.    

Mantener la caja única
También ha aprovechado para exigir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no rompa la caja única de la Seguridad Social con el objetivo de "mantenerse" al frente del   Ejecutivo en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales para el próximo año. Ha reivindicado que los PGE sirvan "única y exclusivamente" para afrontar la crisis, aumentar la renta  e los ciudadanos y generar empleo. A su juicio, cualquier pacto que se alcance para sacar adelante las cuentas públicas debe estar basado en "los intereses generales" y no con vistas "partidistas para el mantenimiento de Zapatero".  

"Y reitero que la ruptura de la caja única de la Seguridad Social no puede ser en ningún caso un instrumento para que Zapatero se mantenga en el Gobierno", ha insistido ante la posibilidad de que el Ejecutivo negocie con el PNV la transferencia al País Vasco de las políticas activas de empleo.  

Además, ha abordado los últimos datos del paro, que desvelan que el desempleo ha crecido en más de 60.000 personas en el mes de agosto, y ha lamentado que España sea el país con más paro de toda Europa. "Estos datos confirman desgraciadamente la triste situación que atraviesa el empleo en España y la dificultad de las familias para vivir dignamente", ha apuntado.  

En este contexto, Rajoy también ha censurado la respuesta del Gobierno "resignándose" a la situación y defendiendo que "las cifras no son tan malas". Para él, otro ejemplo es que España ha decrecido el último año un 0,1 por ciento mientras que la Unión Europea ha crecido un 1,7 por ciento. "La política económica de este Gobierno nos ha llevado a estar en la cola de crecimiento económico y mejora de bienestar y riqueza de todos los países europeos", ha reprochado.   
 

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha afirmado que se está reorganizando el servicio de seguridad a las personas amenazadas por ETA en base a una evaluación de "riesgos" y ha negado que esta medida esté relacionada con la posibilidad de una próxima tregua de la organización terrorista o que sea "un problema de ahorro".

De esta manera, se ha referido a la denuncia de la Asociación de Escoltas del País Vasco, que ha criticado la retirada de protección a más de 50 cargos políticos, empresarios y periodistas vascos. 

"Estamos haciendo una evaluación de riesgos de la personas que tenían y tienen protección. Y en base a esa evaluación de riesgos y de los cambios que se van produciendo en las situaciones de cada una de las personas protegidas, se van tomando decisiones", ha señalado Ares, quien ha añadido que "no es un problema de ahorro".

El titular de Interior ha señalado que "puede haber y, de hecho", hay personas que tenían una responsabilidad institucional o política  o en empresas que "ahora no la tienen". "Por lo tanto, en base a la   evaluación de riesgos, lo que se hace es reorganizar el servicio para ser lo más operativos y prestar servicio en base al nivel de riesgo que cada una de las personas tiene teniendo en cuenta su situación actual", ha indicado. 

Tras precisar que no iba a facilitar detalles que puedan "no ser adecuados" para garantizar la seguridad de las personas porque, precisamente, su objetivo es garantizar la "máxima seguridad" de todas aquellas personas que "objetivamente tienen riesgo". "Nuestra obligación es reorganizar los servicios para proteger a todas las personas que, con la evaluación de riesgos, es necesario proteger, sabiendo que, mientras ETA no desaparezca, la amenaza de ETA es sobre muchísima gente y tenemos que ir ajustando y adecuando permanentemente los operativos", ha añadido.

Ares ha manifestado que están trabajando en esa reorganización de los servicios en contacto con los colectivos afectados y con los responsables de esos colectivo, como partidos políticos, judicatura, empresas, etc.

El titular de Interior ha manifestado que el objetivo es ser "lo más operativos y eficaces" en los servicios que se prestan y ha precisado que, en algunos casos, se están implantando "otro tipo de servicios" o algunos complementarios al de escoltas.

Ares ha señalado que "nunca" se podrá llegar a cubrir todos los riesgos del conjunto de las personas amenazas por ETA, pero ha indicado que hay que hacerlo "con un criterio lo más riguroso de análisis de riesgos" y siendo "lo más operativos posibles" para garantizar "la máxima seguridad" en Euskadi. 

Ares ha asegurado que esta reorganización no tiene "nada absolutamente que ver" con la posibilidad de una próxima tregua de ETA, tal y como ha apuntado la asociación de Escoltas.

"Yo no voy a entrar en polémicas con nadie, comprenderán que desde el ministerio del Interior y desde el Departamento de Interior no nos muevan posiciones de defensas particulares, sino que somos los que con más responsabilidad tengamos que analizar estas cosas", ha apuntado. 

Ante las críticas de esta asociación por la medida adoptada, ha señalado que se está procediendo a la reorganización con toda la "responsabilidad que requiere" la situación.

Ares ha añadido que la evaluación de riesgos tiene que hacerse "periódicamente" teniendo en cuenta la situación del terrorismo y, especialmente, atendiendo a la "situación personal, el grado de responsabilidad, dedicación y variación de las responsabilidades" en cada una de las personas amenazadas.  

Tras insistir en que no van a facilitar "datos imprudentes", ha reiterado que estarán en contacto con los responsables de partidos políticos y distintos colectivos e instituciones para realizar estas   evaluaciones "permanentes" de riesgo, así como, en su caso, con las personas afectadas.

Ares ha manifestado que es un tema "muy delicado" y por ello ha reclamado "responsabilidad" a los partidos políticos y todas las organizaciones profesionales o sindicales y que no distribuyan documentación que "no sea oportuno hacerlo".

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ha afirmado que su objetivo en la negociación de los Presupuestos del Estado no es entrar en la "batalla" de lograr que Patxi López deje de ser lehendakari. 
 
En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, preguntado por si, dentro de la negociación, entra como objetivo lograr que López deje de ser lehendakari, ha señalado que "lo mejor" que le puede ocurrir a Euskadi no es que López sea lehendakari.  

No obstante, ha añadido que "no es esa una batalla que vayamos a dar en ese momento", a pesar de que ha asegurado que el lehendakari ha llegado al "sillón de Ajuria Enea con trampas".  

Tras indicar que el PNV "nunca ha jugado en estrategias a la contra de nada", ha indicado que van a reivindicar un mayor   desarrollo del autogobierno y ha considerado "muy grave" que se   puedan plantear "competencias amputadas" y, sobre todo, que las   acepte el Gobierno vasco.  

Erkoreka, ha reivindicado hoy el "desarrollo pleno" del Estatuto de Gernika, es decir, con "todas las competencias que están todavía pendientes", y que las transferencias se lleven a cabo "asumiendo el techo, el máximo de lo que cada una de ellas dé de sí".

Erkoreka ha razonado en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Efe, que "una transferencia devaluada, mutilada, amputada 30 años después de aprobado el Estatuto de Autonomía" sería "grave", ya que se produciría después de tres décadas de "defensa a ultranza de un máximo competencial por parte de los sucesivos Gobiernos vascos".
 
El portavoz del PNV en el Congreso ha desvelado que mantiene contactos con el portavoz socialista en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, "prácticamente todos los días y a todas horas" que continúan los iniciados por ambos grupos en el mes de agosto para llegar a un acuerdo en materia presupuestaria.

Afirma no entiender el "empeño" del Ejecutivo vasco del PSE en "poner peros" a las "reflexiones y planteamientos" del PNV sobre la transferencia de las políticas activas de empleo, ya que si ésta se produce "en los términos estrictos" recogidos en el Estatuto, "en última instancia el beneficiario institucional sería el Gobierno Vasco".

El portavoz del PNV en el Congreso ha opinado que el respeto a la lista más votada en futuros comicios no es un "acuerdo imprescindible mínimo para poder entablar otras negociaciones", aunque ha abogado por "un cierto respeto a las dinámicas naturales de la sociedad y del panorama político vasco".

Sobre la advertencia de CiU al PNV de que Zapatero "no es de fiar", el portavoz de los nacionalistas vascos ha dicho que "si Zapatero está en condiciones de poder presentar el presupuesto durante el mes de septiembre" es "merced a la abstención de CiU" en la votación sobre el techo de gasto el pasado mes de julio.

Sobre una posible subida de impuestos a las rentas más altas, Erkoreka ha opinado que "no estará mal que se sugieran o se planteen medidas "compensatorias que afecten a los sectores más pudientes" después de los ajustes llevados a cabo ya por el Gobierno, aunque no a las clases medias, ha matizado.

 

Las asociaciones que han convocado esta concentración son la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de  Oficiales (UO). La protesta tendrá lugar ante la sede central de Interior, en Madrid, el próximo día 7 de septiembre a las doce del  mediodía.

Las asociaciones convocantes explicaron que se concentrarán ante el departamento de Rubalcaba para pedir una jornada laboral digna y similar al Cuerpo Nacional de Policía; una justa unificación de las  escalas de oficiales; y la implantación de la necesaria prevención de  riesgos laborales, entre otras cuestiones.

Además, ambas organizaciones explicaron que esta protesta es el paso  previo a la "gran manifestación" de guardias civiles que han convocado en Madrid para el próximo 18 de septiembre.

Entre las quejas de los miembros de la Benemérita está también que se les haya bajado el sueldo, como al resto de funcionarios del Estado.  Sin embargo, los guardias civiles estiman que esta reducción es un  agravio, puesto que cobran menos que los policías nacionales y venían  pidiendo desde hace tiempo un aumento salarial. 

Por otra parte, AUGC y UO informaron de que han dirigido una carta a Rubalcaba solicitándole una reunión, con el fin de analizar las  cuestiones de régimen laboral y estatutario del personal de la Guardia  Civil. Los agentes consideran que estos puntos siguen sin resolverse  de forma inexplicable. 

Las encuestas de cara a las elecciones autonómicas en Cataluña no favorecen al PSC, y los socialistas no ocultan su preocupación. Eso sí, no dan nada por perdido, porque todavía faltan tres meses para los comicios. Para conseguir el mejor resultado posible, un sector del PSC se está planteando que la mejor opción es celebrar las elecciones en día laborable porque así sería más fácil atraer a las urnas a su tradicional electorado obrero, que dispondría de cuatro horas de su jornada laboral para acudir a votar. Sin embargo, sólo el presidente de la Generalitat, José Montilla, tiene la facultad de decidir el día de las elecciones.

El principal adversario de Montilla en las elecciones autonómicas es Artur Mas, al que las encuestas dan una victoria holgada pero no lo suficiente como para gobernar en solitario. Pero hay otro factor que condiciona notablemente estas elecciones: la desafección política. El largo periodo de gestación, parto y recorte del Estatut, sumado a la profunda crisis y los casos de corrupción Millet y Pretoria hacen que la abstención sea el otro gran enemigo a batir para el presidente de la Generalitat.

Tampoco hay que olvidar que las autonómicas presentan tradicionalmente unas elevadas cifras de abstención, que se suele mover entre el 35 y el 40 por ciento, aunque la barrera psicológica del 40% fue superada en los anteriores comicios –2006–, cuando el 43,96% del censo no acudió  a votar. En las últimas generales, en cambio, la abstención fue del 29,7 por ciento, y es que hay un granero de voto socialista que se moviliza cuando tiene que escoger al presidente del Gobierno, pero no al de la Generalitat.

La cocina del PSC ha explorado todos estos argumentos para buscar la mejor estrategia de cara a que las elecciones les vuelvan a dar la llave de la Generalitat.  La gesta es difícil, pero nadie da nada por perdido, en parte porque en política tres meses dan para mucho, y también porque el PSC confía en que CiU se vaya desgastando si hay avances en el «caso Millet» o que una parte del voto nacionalista vaya a parar a los nuevos partidos independentistas que lideran el ex presidente del Barça, Joan Laporta,  o el ex consejero de ERC Joan Carretero.

Ante este panorama, la estrategia pasa por agotar la legislatura para poder avanzar al máximo la obra de gobierno y exhibirla. De hecho, Montilla se reunió ayer en China con la cúpula de la automovilística Chery y la Generalitat está a punto de cerrar  un acuerdo que creará 3.000 puestos de trabajo directo en Cataluña con la puesta en marcha de una fábrica. Se trata de un buen bálsamo mientras todos están pendientes de la fecha de las elecciones, que Montilla anunciará la próxima semana, sobre todo teniendo en cuenta que PP y CiU harán de la crisis económica uno de los caballos de batalla para destronar a Montilla.

Estos argumentos se han barajado en el cuartel socialista. Ya hubo voces del PSC que querían que los comicios se celebraran el 24 de octubre, pero, agotado el plazo de esta convocatoria, la fecha que tiene las de ganar es el 28 de noviembre, porque la campaña no coincidiría con la visita del Papa a Barcelona –7 de noviembre–. Pero, si Montilla escucha al sector que pide ir a las urnas un día laborable –y nadie en el Govern lo descarta–, las elecciones no tendrían por qué caer el fin de semana del 28 en que se juega el  Barça-Madrid, que puede favorecer la abstención.


Europa también evita el festivo
- Aunque sería la primera vez que España afrontase unas elecciones en un día laborable, en Europa ya se han apuntado a esta nueva «moda».
- El pasado jueves 6 de mayo, David Cameron se alzó con la victoria en Gran Bretaña, en unas elecciones en las que el nivel de participación fue mayor que en los anteriores comicios, pese a celebrarse en día laborable.
- Asimismo, Holanda abrió sus urnas el miércoles 9 de junio. La participación fue la más baja registrada en los últimos años y el ganador fue el liberal Mark Rutte.

- ¿Existen precedentes sobre la idea de plantear elecciones en día laborable?
–Sí, Pasqual Maragall exploró con ahínco esta posibilidad. Lo hizo porque temía una mayor movilización del electorado nacionalista tras el atribulado debate identitario que generó la aprobación del Estatut. Celebrar las elecciones en día laborable implica la obligación de las empresas de ceder cuatro horas a los trabajadores, lo cual se puede interpretar como un incentivo para la parroquia obrera fiel a los socialistas.

- ¿Las elecciones se celebran siempre en domingo?
–Casi siempre, aunque no existe la obligación por ley. Los últimos comicios autonómicos en Cataluña se celebraron en miércoles, aunque fue un día festivo (1 de noviembre). Todos los partidos trabajaban con la hipótesis de que las elecciones serían el domingo, 22 de octubre de 2006, pero Maragall los sorprendió al escoger el Día de Todos los Santos. El entonces presidente de la Generalitat argumentó que de esta manera se evitaba que el puente de la Hispanidad interrumpiera la campaña electoral.

- ¿Qué razones se pueden esgrimir en favor de las elecciones en día laborable?
–Es difícil argumentar algo distinto al fomento de la participación. Al ser día laborable, existe la garantía de que los ciudadanos no están de viaje durante el fin de semana y, por tanto, están próximos a su colegio electoral. Sin embargo, existen razones de mucho peso para evitar que los comicios se celebren en día laborable, sobre todo motivos económicos. Las empresas, obligadas a ceder hasta cuatro horas a sus empleados para ejercer su derecho al voto, tendrían elevados costes, lo cual es una pésima noticia, sobre todo en tiempos de crisis.

Las víctimas advierten al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que su negociación con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales no puede poner en riesgo la estabilidad del Ejecutivo vasco, presidido por el PSE y sustentado por el PP. Una «estabilidad» que, según destacan, ha traído la eliminación de los carteles, pancartas y  fotos de terroristas de las calles, que ha hecho avanzar en política antiterrorista, que ha dado voz a las víctimas y consiguió que por primera vez todas acudieran a la toma de posesión del lendakari.

Desde la AVT, su presidenta, Ángeles Pedraza, destaca que el pacto entre Patxi López y Antonio Basagoiti en el País Vasco  ha traído la firmeza «de afrontar el terrorismo con garantías». Es por eso que pide al lendakari que lo defienda. «La derrota definitiva de ETA sería gracias a ese pacto (entre PP y PSE), si se rompe o se negocia con otros partidos, se hacen concesiones o se pagan los favores, se iría todo al traste», asegura.

Pedraza destaca los avances que ha supuesto el Gobierno de coalición en el País Vasco en materia antiterrorista y que «ha dado voz a las víctimas». Por ello insite al lendakari que «no se deje llevar por otros, ni dé un respiro» a los nacionalistas por un negociación y sea «independiente y fuerte ante las presiones».

Por su parte, la presidenta del Foro Ermua, Inma Castilla de Cortázar, califica de «gravísimo error» de Zapatero la «capacidad que tiene de jugar a múltiples bandas» y exige que sus pactos no arriesguen la estabilidad en el País Vasco. Castilla de Cortázar  considera que en «Zapatero sólo hay oportunismo» y está convencida de que la negociación de los socialistas con el PNV deja en una «gran debilidad» al lendakari, al que «está haciendo un flaco favor».

«La política de Zapatero no tiene dirección ni criterio» aunque advierte de que  el riesgo mayor, desde hace tiempo, está en la política antiterrorista que «cada vez es menos clara». «Se está  dando una política de resolución de conflictos» y lo siguiente «será la presencia de los abertzales en las instituciones», asegura.

Desde Tokio, Zapatero habló sobre la importancia de que los nacionalistas vascos le apoyen. «Todo el mundo sabe la importancia que tienen los PGE para 2011, incluido el PNV», por lo que si cuenta con su apoyo se abriría un escenario de colaboración más fluida con ese grupo de cara al futuro. Zapatero no considera que las negociaciones en marcha con el PNV puedan molestar al lendakari ya que, según indicó con el Gobierno vasco se ha negociado, se negocia y se negociará todo lo relacionado con la transferencia de más competencias, informa Efe.

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, destaca  ante la vinculación de la negociación presupuestaria con la transferencia de las políticas activas de empleo que  «no es un compromiso con el PNV, ni un elemento de negociación con el PNV», sino que es «el elemento clave en materia de desarrollo autonómico del pacto con el PP del País Vasco» y se está incumpliendo con el «veto» de los nacionalistas. Además, apuntó que los nacionalistas tratarán de arrancar un pacto con Zapatero para que respete la lista más votada y así asegurarse que volverán a gobernar la diputación de Vizkaya.

A través de un comunicado, el PP desmintió «tajantemente» que el informe elaborado por la UDEF aborde la posible  financiación ilegal de esta formación y recalcó que la misma es  «absolutamente legal y que ha sido convenientemente fiscalizada  anualmente por los órganos competentes».

«Sería la primera vez que, sin disponer una documentación esencial  como es la contabilidad de un partido, se pueda resolver que es  irregular», afirmó para desmentir las conclusiones periodísticas extraídas de dicho informe. «El PPCV quiere manifestar que no se da por aludido porque está ante  un informe falso porque no aborda la financiación del PP, un informe  parcial, tergiversado y antiguo que sólo busca influir en la decisión de los jueces que deliberan en el Tribunal Superior de Justicia de  Madrid y que en este momento tienen que responder al recurso de  apelación presentado por este partido», dijo.

Además, recordó que el informe aludido «no es nuevo, ya que es la  ampliación de un informe elaborado en julio de 2009 que fue desmontado  en su totalidad». En este sentido, atacó directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al afirmar que las informaciones aparecidas  forman parte de «una actuación a la que ya nos tiene acostumbrados» el político socialista.

El PSOE tanteó al PP antes del verano sobre la polémica visita a Cuba de una delegación socialista. Posiblemente lo hizo porque sabía que el movimiento iba a resultar muy controvertido. Tanto como para obligarle a buscar resguardo de una lluvia generalizada de críticas, no sólo, por cierto, del PP y de la disidencia interna y externa cubana.

La delegación socialista, encabezada por su secretaria de Organización, Leire Pajín, y por la secretaria de Política Internacional y Cooperación, Elena Valenciano, se hizo ayer las primeras fotos sobre el terreno en su papel de valedora del régimen cubano ante la Unión Europea. Ni en el álbum de ayer, ni en el que falta por completarse, quedará registrado ningún encuentro con algún representante de la oposición a la dictadura castrista. En el propio Parlamento Europeo han surgido voces que consideran inexplicable esa ausencia de contactos teniendo en cuenta –subrayan– que «la comitiva está compuesta por representantes de un partido democrático de España y no por miembros representantes de un Gobierno, lo que, lógicamente, es más delicado porque afecta directamente a las relaciones diplomáticas». 

El PSOE ha justificado su sonoro plantón a las voces críticas con los hermanos Castro en el argumento de que el Partido Comunista y las autoridades cubanas «no los dejaban», y así se lo ha trasladado al PP. Uno de los objetivos del viaje es conocer a sus homólogos en materia de Relaciones Internacionales dentro del Partido Comunista de Cuba.

Los socialistas también razonan, en su defensa, que su misión es hablar con los «reformistas comunistas». O dicho de otro modo, que el PSOE entiende ahora que los cubanos deben aspirar a un sucedáneo de democracia, con una estructura de partido único, en el que prime la economía de mercado y una superestructura capitalista, tabla de salvación, al parecer, para salir del estado de miseria tan extrema a la que leo ha llevado el medio siglo sin libertad ni democracia.

Poco antes de que Pajín y Valenciano inauguraran la primera visita oficial del PSOE a la isla caribeña desde hace más de 15 años, según ellas mismas han subrayado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,  insistía en dar por hecho que España conseguirá finalmente cambiar la Posición Común de la Unión Europea con La Habana, informa Efe. Rodríguez Zapatero defendió también el «diálogo exigente» con el régimen cubano porque, a su juicio, «sólo el diálogo da resultados».

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron el pasado mes de junio posponer hasta septiembre la revisión de su política hacia Cuba, la llamada Posición Común adoptada en 1996 y que supedita el diálogo con La Habana a los avances en materia de Derechos Humanos. De fondo están los últimos acontecimientos que se han producido en la isla y las excarcelaciones de presos de conciencia gracias a la labor de mediación de la Iglesia católica. Para el PSOE, esas excarcelaciones son la prueba definitiva de que se ha abierto una nueva etapa en Cuba.

En el Virgin Media V Festival de Staffordshire, en Gran Bretaña, el artífice de éxitos como Hard anunció que podría trabajar con la cantante en un nuevo proyecto: "Estoy hablando con Rihanna para hacer una canción, pero no hay nada confirmado".

Aunque Facebook reina entre las redes sociales, los expertos de la industria entienden que Google está bien posicionado para jugar "un rol mayor" atrayendo a los desarrolladores de juegos, ansiosos de vías alternativas.