MADRID-Las dudas planteadas por el Gobierno sobre el fondo del auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Velasco, en el que vinculaba a ETA con las FARC, y si en esa resolución había reclamaciones concretas, tienen una clara, adecuada y contundente respuesta en la propia resolución judicial. En concreto, en su último folio, que es donde el magistrado, tras analizar pormenorizadamente esos vínculos y la «protección»  dispensada a los etarras por los gobiernos de Chávez y Cuba, realiza los requerimientos concretos al Ejecutivo de Zapatero.
«Líbrese copia del presente auto y remítase al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior con objeto de que practiquen gestiones pertinentes ante las autoridades cubanas y especialmente venezolanas para que coopere a la entrega extradiconal de algunos de los procesados, pues obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación la cooperación gubernamental venezolana en la ilítica colaboración entre las FARC y la ETA, y en especial de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país».
Por tanto, parece evidente la solicitud del magistrado al Gobierno español: instar la extradición de los etarras refugiados en Cuba y Venezuela. En concreto, 12 terroristas que, al parecer, se encuentran refugiados en ambos países y a los que el magistrado ha procesado por los delitos de integración o colaboración con banda terrorista.
Por otro lado, el juez Velasco no ha recibido todavía ninguna petición de aclaración por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con el citado auto. La Asesoría Jurídia de Exteriores estudia qué es lo que exáctamente solicita el magistrado y si lo hizo por el cauce adecuado. Es decir, por qué no se remitió la resolución al Ministerio de Justicia en vez de a Exteriores. Cuando acabe el estudio, se decidirá si se solicita algún tipo de aclaración al juez Eloy Velasco.

MADRID-ETA adiestró a las FARC colombianas en el uso de dos armas de gran poder destructivo: el mortero «Jotasu» y el coche «Kamikaze», según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. Tal y como recoge el auto dictado hace unos días por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, miembros de la banda criminal española se desplazaron a los campamentos de las FARC para instruir a pistoleros de este grupo delictivo. El mortero «Jotasu» fue diseñado para lanzar bombonas de gas cargadas de explosivo contra objetivos fijos, como cuarteles militares, de las Fuerzas de Seguridad o edificios oficiales. El manual para la fabricación de este artefacto fue intervenido en septiembre de 2000, en la operación en la que fue detenido en Francia el jefe del «aparato logístico», Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería». Sin embargo, un «Jotasu» había sido utilizado en julio de ese año en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Ágreda, en Soria. Afortunadamente, el mecanismo no funcionó correctamente y estalló en la furgoneta en el que estaba escondido.
Según un informe elaborado en su día por los grupo de desactivación de explosivos de la Benemérita, los GEDEX, el mortero está compuesto por el tubo lanzador y un soporte, confeccionados por separado y de fácil ensamblaje. La granada está, a su vez, fabricada con una bombona de gas industrial que dispone en su parte superior de dos espoletas que actúan como iniciadores del conjunto. Según la documentación encontrada en poder de ETA, el alcance del mortero es de 150 a 250 metros, según la carga de proyección que se utilice.
Por lo que respecta al coche «Kamikaze», se trata de un automóvil en el que se instala un mecanismo para que, sin necesidad de conductor, se dirija hacia un objetivo y, al chocar con él, haga explosión la carga que lleva en su interior. ETA lo ha utilizado en varias ocasiones.
Los terroristas habían ideado un sistema para que el coche pudiera desplazarse, en primera o marcha atrás, sin que se calara el motor. Una vez situado a una distancia no demasiado grande del objetivo y con el volante bloqueado para que no se desviara, un terrorista activaba el arranque con un radio mando.

MADRID- El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP empezó ayer a deliberar la sanción con la que dará carpetazo a los expedientes disciplinarios contra el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por su diatriba en las páginas de «El País» contra la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre; y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, para rebajar la presión generada por varias informaciones relacionadas con el «caso Gürtel».
Pero la decisión final tendrá que esperar a una nueva reunión en los próximos días. ¿El motivo? El deseo de Génova de que los dos expedientes se resuelvan al mismo tiempo y se comuniquen también a la vez, lo que ayer no fue posible no por falta de acuerdo, sino por alguna ausencia. A día de hoy, parece que se impone la tesis de que se mantenga el año de suspensión de militancia, aunque falta el último razonamiento.
Inicialmente los dos instructores optaron por una solución salomónica, un año de suspensión de militancia, valorando así de igual forma infracciones  tan distantes como las declaraciones de Cobo contra un compañero de partido y la negativa de Costa a ser el «chivo expiatorio» –según alegó– y renunciar a su cargo por orden de Génova. Los dos llevan sin carné desde hace cuatro meses. Tras filtrarse la comunicación a las partes en la que se barajaba como posible sanción el año de suspensión, inmediatamente también comenzó a airearse la hipótesis de que la pena definitiva no llegaría a tanto. De hecho, tanto en el entorno de la «mano derecha» del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, como en el del propio Costa se esperaba que la sanción fuese mucho menor.
Cobo presentó alegaciones a la propuesta del instructor, un pliego de descargo del que no ha querido informar ni él, ni los pocos que lo conocen en la dirección del PP. Y Costa renunció a hacerlo en un gesto que se interpretó como una maniobra de acercamiento a la dirección nacional para facilitar así el deseo del presidente valenciano, Francisco Camps, de rehabilitarlo cuanto antes. El «as» bajo la manga de Costa es que a él no se le puede atribuir la responsabilidad de haber sido el promotor de que la trama valenciana del «Gürtel» se instalase en esa comunidad ni tampoco la de haber tomado decisiones al respecto de las que no hayan sido copartícipes otros miembros de la dirección del PP regional.
Al margen de la sanción, lo realmente importante es que ni Cobo ni Costa están inhabilitados a ojos de la dirección nacional para que el PP pueda seguir contando con ellos en el futuro.
En varios meses estará en marcha el proceso de conformación de las listas para las próximas elecciones autonómicas y municipales y no es nada arriesgado interpretar que la sanción del Comité de Derechos y Garantías es sólo un paréntesis en sus carreras políticas. En el caso de Cobo nadie en Génova duda de que irá en las listas. Y también se ve el camino despejado para Costa, salvo sorpresa derivada de la investigación del «caso Gürtel», que en Madrid no esperan.

MADRID- El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado que los ciudadanos de Asturias usen el bable de forma oral o escrita en cualquier documento oficial en sus relaciones con la Administración del Principado. El auto, que cuenta con el voto particular del magistrado Manuel Aragón Reyes, inadmite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad en relación con un artículo de la Ley sobre uso y promoción del bable.
El Constitucional ha respondido así al recurso presentado en 2007 por un letrado del Servicio Jurídico de la Administración del Principado contra una resolución de la Consejería de Presidencia que le denegaba una solicitud de permiso por estar redactada en bable.
El motivo alegado por la Consejería para rechazarla fue el artículo 4.2 de la Ley de uso y promoción del bable de 1998, que sólo contemplaba las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado, y no hacía mención alguna a los asuntos que pudieran plantear los funcionarios de dicha Administración.
Los magistrados precisan que el precepto legal impugnado no atribuye a los ciudadanos el derecho a elegir la lengua del procedimiento, «limitándose a imponer al Principado de Asturias la obligación de tramitar los escritos que los ciudadanos le dirijan en bable». Según el TC, se niega «toda discrecionalidad a la Administración autonómica a la hora de aceptar las comunicaciones que reciba en esa lengua».
Según el auto, el ámbito de aplicación de esta norma sólo vincula al Principado de Asturias y, por tanto, quedan fuera el resto de los poderes públicos existentes en territorio autonómico. Por último, se acuerda la publicación del fallo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

MADRID- La Fiscalía del Tribunal Supremo ha criticado la forma «poco ortodoxa» utilizada por el juez Garzón para solicitar la práctica de determinadas pruebas en su recurso contra el auto del juez  Luciano Varela, donde ratificaba los indicios de delitos en su investigación de los desaparecidos del franquismo. Además, sólo apoya la declaración de tres de los testigos propuestos por el juez –la de los magistrados de la Sala Penal de la Audiencia que avalaron su instrucción–, «debiendo rechazarse el resto».
Entre las pruebas solicitadas, y que la Fiscalía rechaza, se encuentran las declaraciones del ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, de la actual embajadora en Suiza de la República Argentina, Carla de Ponte, y del ministro de la Corte Suprema de ese país, Eugenio Raúl Zaffaroni.
Sobre estas peticiones de pruebas, el juez Luciano Varela ha decidido no pronunciarse hasta que la Sala resuelva sobre el recurso interpuesto por Garzón, toda vez que esas diligencias «conciernen a cuestiones todas ellas suscitadas en el recurso de apelación» contra la citada resolución.
Por tanto, no será hasta entonces cuando Luciano Varela resuelva sobre la «pertinencia y utilidad de las diligencias interesadas» por la defensa de Garzón.
En relación con este procedimiento, Luciano Varela notificó ayer a las partes personadas que Falange Española de las JONS ha hecho efectiva la fianza de 6.000 euros que le impuso para que pueda ejercer la acción popular.
El CGPJ no decidirá este mes
Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial comenzará hoy a estudiar la solicitud de Garzón de que los vocales Fernando de Rosa –vicepresidente–, Margarita Robles y Gema Gallego se abstengan de participar en lo concerniente a la decisión de si se le suspende provisionalmente en sus funciones. En un principio, se dará traslado a los afectados para que se pronuncien sobre si aceptan o no la abstención. En caso negativo, deberá establecerse el trámite a seguir para resolver las recusaciones, toda vez que es una materia que no está recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esto derivará en que la resolución sobre si se suspende o no a Garzón no se adoptará, como pronto, hasta el Pleno que se celebrará a finales de abril.

MADRID-«Es verdad que no pude prever la magnitud de la crisis». El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió anoche en una entrevista en la primera cadena de TVE que tardó en detectar la envergadura de los problemas económicos que se avecinaban aunque alegó en su defensa que «es verdad que tampoco lo hicieron otros gobiernos ni organizaciones internacionales».
Asimismo, dijo entender a la ciudadanía y su preocupación ante la gravedad de la crisis y, además, aseguró sentirse «responsable de todas y cada una de las personas que han perdido su empleo». En este sentido, Zapatero se ve con fuerzas y «con responsabilidad» para volver a crear empleo». Sin embargo, el momento de la recuperación no llegará hasta que no comiencen a crearse puestos de trabajo, algo que no sucederá «hasta final de año o principios de 2011».
Mientras, recordó «el esfuerzo de protección social y cohesión» del Ejecutivo. «Hay tres millones de personas que cobran la prestación por desempleo y hemos ampliado estas prestaciones. Sé que 400 euros no es mucho pero es un esfuerzo de solidaridad», destacó el líder socialista. Además, defendió la anunciada subida del IVA, con la que asegura que se va a recaudar el dinero suficiente para pagar la prestación por desempleo de unas 500.000 personas entre julio y finales de 2010.
Pero, según Zapatero, lo imprescindible para salir con éxito de la crisis es «sumar el mayor número de fuerzas», en una alusión directa al intento de pacto con el PP. «La propuesta de acuerdo va muy en serio», insistió.
Zapatero dijo que no está en sus previsiones cambiar a alguno de sus ministros porque está contento con su equipo. Y frente a las críticas, defendió también la «coherencia» en la reacción del Gobierno a la crisis: «Hemos dado 137 medidas para frenarla, si en dos o tres ha habido que dar alguna explicación extra es comprensible».
Tampoco quiso entrar en el «caso Faisán» sobre el presunto chivatazo a ETA. «Hay una investigación judicial y respetamos como siempre la acción de la Justicia», zanjó Zapatero. El presidente señaló que el proceso de paz contribuyó a hacer «mucho daño» a ETA y a fortalecer a la democracia, y por eso hoy España está «más cerca que nunca del final» de la banda.
También habló de la polémica con Venezuela por el auto del juez Velasco y las críticas del ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, en las que vinculaba al juez con la «mafia de Aznar». Recordó que «no es la primera vez que salgo en defensa de Aznar», y señaló que Rajoy «no tiene razón» cuando le acusa de defender a Garzón y no a Velasco: «Mi declaración fue antes de saber las palabras de Maduro». Por último, sobre Garzón, señaló que defiende su tarea en la lucha contra el terrorismo, igual que la de otros jueces, fiscales o guardias civiles.

Reuters - CONCEPCION/CONSTITUCION, Chile (Reuters) - El Gobierno chileno advirtió el lunes que el incipiente frío y las primeras lluvias en el sur del país podrían agravar la crítica situación por la que atraviesan las miles de personas que se quedaron sin hogar tras el terremoto y los tsunamis.

San Salvador, 8 mar (EFE).- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, sigue siendo el gobernante con mayor aceptación en América Latina, pese a pasar del 88,2 por ciento al 83,4 por ciento de aprobación de los salvadoreños en el primer trimestre de 2010, reveló hoy una encuesta privada.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero deposita en dos cumbres –la que celebrará la Unión Europea con América Latina (15 y 16 de mayo, Madrid)  y la Euromediterránea (7 de junio, Barcelona)– la diferencia entre el éxito o el fracaso de la Presidencia española de la UE. Y, hoy por hoy, el presidente español no las tiene todas consigo. La clave la tiene un impredecible Hugo Chávez. Y la reciente refriega diplomática, a cuenta del auto del juez Velasco sobre los vínculos entre ETA y el Ejecutivo de Caracas, no hace más que abonar esas dudas. Nadie en Moncloa quiere oír hablar de otro incidente como aquel «¿Por qué no te callas?», pero admiten que siempre existe un riesgo cuando se trata del caudillo bolivariano, pues no sería la primera vez.

Por eso, los últimos movimientos oficiales de España han estado cargados de cautela. Y dando una de cal y otra de arena. En medios diplomáticos se consideraba ayer que no es necesario reabrir la polémica porque al señor Maduro (el ministro de Exteriores venezolano) se le «caliente la boca», poco después de que el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, afirmase que el comunicado conjunto de ambos gobiernos –en el que se expresa un apoyo mutuo en la lucha contra el terrorismo– «zanjaba» la polémica, informa Ep. Además, no habrá protesta oficial de España ante Venezuela.

En otro plano, era el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien se encargaba de dar la de arena, ya que el Gobierno no podía dejar pasar la salida de tono de Maduro contra Aznar y contra el magistrado de la Audiencia Nacional, de quien dijo que pertenecía a una pretendida «mafia» del ex presidente del Gobierno.

Por eso, Moratinos no dudó en expresar ayer mismo su «máximo respaldo y apoyo» al auto del juez y al propio José María Aznar. Exteriores informó por la tarde a Velasco del «traslado» a las autoridades venezolanas del auto en el que el magistrado denuncia una   presunta colaboración del Ejecutivo de Hugo Chávez con ETA y las   FARC tal y como lo recibió.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, también salió al paso de las palabras de Maduro y afirmó que es «inaceptable» que «se llame mafia» al ex presidente del Gobierno o a cualquier representante del Estado de Derecho, informa Ep. La dirigente socialista pidió «absoluto respeto» para ambos y se sumó a la declaración emitida ayer por el Consejo General del Poder Judicial en la que se rechaza «que se ponga en cuestión a los jueces de nuestro país».

En medio de este rifirrafe de ida y vuelta, el Gobierno se encuentra en una incómoda posición como Presidencia de la UE. La cumbre que se celebrará con América Latina en mayo es, todavía, una excelente oportunidad para confirmar el papel de España como el puente que vincula a  ambos bloques regionales. De hecho se firmarán acuerdos con Colombia, Perú y Centroamérica. Y se espera avanzar con Mercosur. Pero esos éxitos pueden quedar empañados si Chávez decide protagonizar el «show».

sevilla- La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía dio ayer otra muestra de que la «Memoria Histórica» es una de sus prioridades políticas. Si el pasado 1 de febrero alcanzó el denominado «Pacto por la memoria» con asociaciones de víctimas de la represión franquista, ahora anuncia una de sus primeras medidas, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer: indemnizará con 1.800 euros a las mujeres andaluzas que vieron vulnerados sus derechos al honor, la intimidad y la propia imagen durante el periodo comprendido entre 1936 y 1950. A esta prestación podrán acogerse tanto las mujeres que gocen de la condición política de andaluzas como aquellas que hubieran sido objeto de tal represión en cualquier municipio de Andalucía.
La titular de Justicia, Begoña Álvarez, justificó esta decisión en la necesidad de «reconocer el papel de estas mujeres en la construcción de la sociedad democrática así como reparar el honor de las mismas». 
El gesto del Gobierno andaluz desde un punto de vista económico es testimonial. Hasta ahora, sólo el cinco por ciento de las 2.742 indemnizaciones concedidas por la Junta a ex presos y represaliados políticos son mujeres. El objetivo es que esa cifra se aumente con esta distinción específica una vez que entre en vigor el decreto, que se aprobará en los próximos meses.
La variedad de motivos que da derecho a este pago único de 1.800 euros es muy amplio: mujeres encarceladas, vejadas, que sufrieron escarnios públicos, obligadas a raparse el pelo o a tomar aceite de ricino. Como se trata de hechos difícilmente probables, Justicia creará una comisión de valoración integrada por una serie de expertos que serán los que evalúen las solicitudes.
La consejera aseguró que «hay una perspectiva de género clarísima en la represión que sufrieron las mujeres por parte del régimen franquista».
El futuro decreto también pretende ser, según la consejera, un «homenaje a las mujeres que perdieron a sus familiares entre los pinos y las cunetas, a las que lucharon por los valores de la Segunda República y fueron castigadas en grado máximo de perversión, porque no fueron encarceladas como los hombres, sino que lo fueron con sus hijos». Esa circunstancia supuso el sufrimiento añadido de que «al horror del encarcelamiento hubieron de sumar la locura de ver cómo morían sus hijos sin tener alimentos, ni medicinas ni ropa», añadió.
La apuesta del Ejecutivo andaluz por el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica contrasta con el retraso en la promulgación de una ley autonómica de víctimas del terrorismo, que anunció para el primer trimestre de 2009. De momento, aún no ha pasado ni por el Parlamento.

MADRID- Tal entidad está cobrando la bola de fuego en torno a la decisión que tendrá que adoptar el Consejo General del Poder  Judicial (CGPJ) sobre las querellas contra el juez Baltasar Garzón que hasta Mariano Rajoy renunció ayer, por un día, a que la economía fuese el eje de su dialéctica para buscar el titular en la polémica situación del juez y en la aún más polémica política del Gobierno con Venezuela y con Cuba.
Y no sólo eso, sino que el PP ha decidido además cambiar su paso en el Congreso y en el Senado y no preguntar este miércoles al presidente del Gobierno por la crisis, sino por su diplomacia con Venezuela y con Cuba.
Rajoy había presentado una pregunta sobre el déficit público. Y la ha cambiado después del recrudecimiento de las informaciones sobre el triángulo FARC-ETA-Gobierno venezolano, al que apuntaba el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en su auto. Por su parte, el portavoz en el Senado, Pío García Escudero, también interpelará a Rodríguez Zapatero en la misma dirección.
Rajoy aprovechó ayer el Día Mundial de la Mujer Trabajadora  para visitar una empresa de biotecnología instalada en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Y fue allí donde censuró que Rodríguez Zapatero apoye a Garzón y no al juez Velasco, que «ha sido insultado» por el mandatario venezolano Chávez. Entre otras lindezas, Venezuela ha acusado al juez español de pertenecer a la «mafia de Aznar».
El presidente del Gobierno medió el domingo en la controvertida situación en la que se encuentra Garzón, a punto de ser suspendido en funciones por la causa abierta por su investigación sobre el franquismo. Y su toma de postura fue elogiar la «valentía» del magistrado en su larga carrera de lucha contra la «lacra» del terrorismo de ETA.
Para Rajoy, detrás hay un intento de «presionar» al Supremo.  «Zapatero ha hecho exactamente lo contrario de lo que debería hacer», sostuvo.

MADRID-Los continuos ataques al Tribunal Supremo que desde distintas instancias se han realizado por la investigación al juez Baltasar Garzón,  y últimamente al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por haber destapado las relaciones entre ETA y las FARC y «apuntar» directamente al Gobierno de Chávez de proteger a etarras, han colmado el vaso de la paciencia del Consejo General del Poder Judicial. Las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un apoyo implícito al juez Garzón también han contribuido a incrementar aún más la sensación de injerencia política en la Justicia.
Esta situación derivó ayer en que el CGPJ, desde el más absoluto respeto a la libertad de expresión, exigiese igualmente «el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia  y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles».
Esta exigencia de respeto a los jueces se producía tras las últimas informaciones, comentarios y opiniones «que en los últimos días vienen produciéndose, relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo –las tres querellas contra Garzón– y en la Audiencia Nacional», tras el citado auto del juez Eloy Velasco.
En este sentido, el Consejo señala que el «sereno clima» que necesita la Justicia para desarrollar adecuadamente su labor «resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los Jueces en su conjunto, provocando la desconfianza en un Poder básico del Estado».
Por estos motivos, el Consejo reclama a los políticos que sus manifestaciones sobre los procedimientos judiciales se realicen «desde el máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos» y, principalmente, «sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso». Sin citarlos de forma expresa, el Consejo se refiere a las mencionadas causas que se siguen en el Supremo y en la Audiencia.
Zapatero y Garzón
En relación con las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en apoyo a la actuación del juez Garzón en su lucha contra ETA, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, señaló ayer en Valencia que esas manifestaciones no influirán para nada en la decisión que deba adoptar el Supremo en las causas que tiene abiertas contra el citado magistrado de la Audiencia.
«Respetamos plenamente las declaraciones del presidente del Gobierno y de todos los ciudadanos, pero estamos seguros de que ni éstas ni las de nadie van a influir en la legítima labor jurisdiccional que desempeña nuestro más alto Tribunal», afirmó al respecto.
Por su parte, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura criticó con dureza esas manifestaciones de Zapatero, al tildarlas, en declaraciones de su portavoz, Antonio García, a Radio Euskadi, de «irresponsabilidad absolutamente supina y difícilmente superable».

ETA ha dado una vuelta de tuerca a sus métodos de chantaje a los empresarios. Fruto de su debilidad y de la resistencia de los industriales a pagar el  «impuesto revolucionario», realiza, desde enero, llamadas a los domicilios y despachos de los que se han negado a aceptar la extorsión.

Las llamadas, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, tienen una duración muy breve y se realizan, normalmente, desde cabinas. Los pistoleros saben que las Fuerzas de Seguridad cuentan con modernos sistemas de localización y no quieren arriesgarse. El tono es brusco, cortante e incisivo y el mensaje siempre el mismo: «Le damos un mes para pagar o, en caso contrario, se convertirá en objetivo militar de nuestra organización».

No es la primera vez que, en su siniestra historia, ETA ha llamado a sus víctimas para amedrentarlas. En la década de los noventa ya lo hizo aunque el entramado que llevaba a cabo la extorsión fue desarticulado por la Ertzaintza. En los primeros años de la existencia de la banda, cuando los teléfonos no constituían un problema, era algo habitual.
La presión sobre los empresarios coincide, según las citadas fuentes, con una nueva remesa de cartas de extorsión desde enero y contrasta con una aparente inactividad, en lo que al envío de misivas se refiere, durante el segundo semestre de 2009.

Los expertos llaman la atención sobre este hecho, ya que el último atentado contra un industrial que no había cedido al chantaje se produjo en marzo de 2009. El funcionamiento del «aparato de extorsión», GEZI en la terminología etarra, debe ser bastante deficitario, ya que los terroristas han decidido asumir  bastantes riesgos con las llamadas.

En las últimas operaciones realizadas en Francia y España, las Fuerzas de Seguridad se han incautado de ciertas sumas de dinero y, sobre todo, de gran cantidad de material que ETA tiene que reponer con su adquisición en el mercado negro, donde los productos suben de precio de forma considerable. Los atentados que pretenden cometer no son posibles sin una serie de instrumentos electrónicos, materiales para fabricar explosivos y dinero en efectivo con el que alquilar casas y otros locales, para que sus «comandos» se puedan esconder o montar «bases logísticas».

La disminución en la recaudación del «impuesto revolucionario» y las incautaciones de material, con el levantamiento de decenas de «zulos» (escondites) a ambos lados de la frontera, han obligado a los cabecillas a dar órdenes tajantes para que, a corto plazo, se incrementen las reservas de dinero, que deben estar bajo mínimos. Eneko Gogeascoechea, jefe del «aparato de logística», hermano de Ibon, «Emil», recientemente detenido en la Normandía francesa, es el que, según las referidas fuentes, está detrás de esta estrategia de «urgencia».

País Vasco y Navarra
Las llamadas se realizan a empresarios del País Vasco y Navarra. Cuando se telefonea al domicilio, el que descuelga puede ser el industrial u otra persona, con lo que ello supone llevar el terror a toda la familia. Esta crueldad no es nueva en ETA, ya que, en ocasiones, cuando los terroristas comprobaron que el extorsionado rompía las cartas sin abrirlas, se las enviaron a su mujer o a sus hijos.

Las Fuerzas de Seguridad insisten en la necesidad de que las personas que se vean sometidas a este tipo de presión lo denuncien nada más producirse. El plazo de un mes para pagar y la posibilidad de que las amenazas telefónicas se repitan (algo muy difícil, ya que los pistoleros saben el riesgo que corren) pueden provocar que algún empresario piense que lo mejor es pagar.

ETA se encuentra en el peor momento de su historia gracias a la eficacia de los cuerpos policiales y la colaboración internacional. Sin dinero, el plazo para su definitiva desaparición será más breve y a ello deben contribuir todos los ciudadanos.

MADRID-ETA ha dado una vuelta de tuerca a sus métodos de chantaje a los empresarios. Fruto de su debilidad y de la resistencia de los industriales a pagar el  «impuesto revolucionario», realiza, desde enero, llamadas a los domicilios y despachos de los que se han negado a aceptar la extorsión.
Las llamadas, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, tienen una duración muy breve y se realizan, normalmente, desde cabinas. Los pistoleros saben que las Fuerzas de Seguridad cuentan con modernos sistemas de localización y no quieren arriesgarse. El tono es brusco, cortante e incisivo y el mensaje siempre el mismo: «Le damos un mes para pagar o, en caso contrario, se convertirá en objetivo militar de nuestra organización».
No es la primera vez que, en su siniestra historia, ETA ha llamado a sus víctimas para amedrentarlas. En la década de los noventa ya lo hizo aunque el entramado que llevaba a cabo la extorsión fue desarticulado por la Ertzaintza. En los primeros años de la existencia de la banda, cuando los teléfonos no constituían un problema, era algo habitual.
La presión sobre los empresarios coincide, según las citadas fuentes, con una nueva remesa de cartas de extorsión desde enero y contrasta con una aparente inactividad, en lo que al envío de misivas se refiere, durante el segundo semestre de 2009.
Los expertos llaman la atención sobre este hecho, ya que el último atentado contra un industrial que no había cedido al chantaje se produjo en marzo de 2009. El funcionamiento del «aparato de extorsión», GEZI en la terminología etarra, debe ser bastante deficitario, ya que los terroristas han decidido asumir  bastantes riesgos con las llamadas.
En las últimas operaciones realizadas en Francia y España, las Fuerzas de Seguridad se han incautado de ciertas sumas de dinero y, sobre todo, de gran cantidad de material que ETA tiene que reponer con su adquisición en el mercado negro, donde los productos suben de precio de forma considerable. Los atentados que pretenden cometer no son posibles sin una serie de instrumentos electrónicos, materiales para fabricar explosivos y dinero en efectivo con el que alquilar casas y otros locales, para que sus «comandos» se puedan esconder o montar «bases logísticas».
La disminución en la recaudación del «impuesto revolucionario» y las incautaciones de material, con el levantamiento de decenas de «zulos» (escondites) a ambos lados de la frontera, han obligado a los cabecillas a dar órdenes tajantes para que, a corto plazo, se incrementen las reservas de dinero, que deben estar bajo mínimos. Eneko Gogeascoechea, jefe del «aparato de logística», hermano de Ibon, «Emil», recientemente detenido en la Normandía francesa, es el que, según las referidas fuentes, está detrás de esta estrategia de «urgencia».
País Vasco y Navarra
Las llamadas se realizan a empresarios del País Vasco y Navarra. Cuando se telefonea al domicilio, el que descuelga puede ser el industrial u otra persona, con lo que ello supone llevar el terror a toda la familia. Esta crueldad no es nueva en ETA, ya que, en ocasiones, cuando los terroristas comprobaron que el extorsionado rompía las cartas sin abrirlas, se las enviaron a su mujer o a sus hijos.
Las Fuerzas de Seguridad insisten en la necesidad de que las personas que se vean sometidas a este tipo de presión lo denuncien nada más producirse. El plazo de un mes para pagar y la posibilidad de que las amenazas telefónicas se repitan (algo muy difícil, ya que los pistoleros saben el riesgo que corren) pueden provocar que algún empresario piense que lo mejor es pagar.
ETA se encuentra en el peor momento de su historia gracias a la eficacia de los cuerpos policiales y la colaboración internacional. Sin dinero, el plazo para su definitiva desaparición será más breve y a ello deben contribuir todos los ciudadanos.

MaDRID- El llamado «caso Faisán», en el que se investiga un supuesto «chivatazo» a ETA sobre una operación policial en marcha, suscita, por lo investigado hasta ahora, no pocas incógnitas. Una de ellas y quizás la más importantes, es la de las actuaciones de los supuestos terroristas una vez recibido el aviso: ninguno huyó ni hizo el menor movimiento (seguían vigilados) de preparar una fuga. Ni Joseba Elosúa, el dueño del bar «Faisán», que habría recibido la delación, ni José Antonio Cau, al que debía advertir de que no cruzara la frontera hacia España, ya que sería arrestado, adoptaron medidas especiales.
Por el contrario, prosiguieron normalmente con sus actividades y esperaron (de ser cierto el «chivatazo») en sus casas a que, varias semanas después, acudieran agentes españoles y franceses a detenerlos.
En sus domicilios, guardaban importantes pruebas que no habían destruido, como la que tenía en el salón de su vivienda José Antonio Cau Aldanur: un recibo de ETA, que se reproduce en estas mismas páginas, por valor de 45.000 euros que dos empresarios navarros (los nombres han sido borrados por razones de seguridad) habían entregado a la banda. Un documento tan comprometedor que implicaba a Cau en la red de extorsión, tan fácil de destruir como cualquier papel, pudo ser incautado por la Policía francesa sin ningún problema. 
Si llamativo es el caso de este documento, que obra en poder de la Audiencia Nacional, no lo son menos los movimientos que realizaron los beneficiarios del supuesto «chivatazo», tras recibirlo el 4 de mayo de 2006.
Seis días después, el 10, José Luis Cau, al que, según la versión que se ha mantenido hasta ahora, se había avisado de que sería detenido en caso de entrar en España, cruzó la frontera, según se recoge en la correspondiente acta de vigilancia de la Policía Judicial gala. Tras parar en la cooperativa Sokoa de Hendaya (que se hizo tristemente famosa en 1996, al encontrarse en su interior un «zulo» con la «contabilidad» de ETA), pasó la frontera sin ningún problema. En territorio nacional, la vigilancia fue seguida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Por su parte, Joseba Elosúa volvió a Francia el día 18 del mismo mes, 12 días después del supuesto «chivatazo», para reunirse con José Ramón Badiola Zabaleta, alias «Ondarru». Comieron en un restaurante. «Ondarru» adoptó, esta vez sí, grandes medidas de seguridad para saber si era objeto de algún tipo de seguimiento.

MADRID-Al menos cuatro miembros de la narcoguerrilla colombiana han entrado en España desde 2008 con pasaporte venezolano, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la Inteligencia militar de Colombia, una acusación más que apunta directamente al régimen de Hugo Chávez, señalado en el auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como facilitador de una supuesta alianza entre ETA y las FARC.
«Existen abiertos canales de colaboración entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ETA. Esta colaboración persiste con intermitencias desde 2002, pero la voluntad de ambos grupos terroristas siempre ha sido sellar una alianza estratégica y logística que permita compartir información, entrenamiento y, útimamente, con la ayuda de Venezuela, extender una red de agentes y propaganda con base en Caracas y ramificaciones en España», indicó ayer un alto funcionario de la Inteligencia colombiana próximo al Coronel Vargas, director de Inteligencia Policial.
Por su parte, fuentes de Inteligencia militar de Bogotá ratificaron esta información y añadieron que los miembros de las FARC que han entrado en territorio español «viajan al País Vasco para recibir formación en técnicas de lucha urbana y tecnología de atentados en contraprestación por los cursos que han recibido los terroristas de ETA en campamentos de las FARC y el apoyo que reciben en los santuarios que los narcoterroristas tienen en Venezuela».
La presencia permanente de terroristas colombianos en España arranca en 2005, «cuando Hugo Chávez facilitó pasaporte venezolano a varios terroristas pertenecientes a las FARC residentes en su país», según informes del Ministerio de Defensa colombiano filtrados a este diario. En los mismos documentos se especifica que «existen en España grupos de propaganda y adoctrinamiento de las FARC relacionados directamente con organizaciones de apoyo a ETA».
El juez Velasco ha identificado al etarra Arturo Cubillas Fontan como el hombre de ETA en Venezuela y el encargado de sellar una alianza con la narcoguerrilla colombiana que, de acuerdo a las revelaciones realizadas a este diario por la Inteligencia colombiana, tendría ramificaciones permanentes en España. La vigilancia de Colombia sobre los miembros de las FARC presentes en territorio español se ha intensificado a raíz de los correos electrónicos hallados en el ordenador del que fuera «número dos» de las FARC, «Raúl Reyes», abatido en una operación del Ejército colombiano contra un campamento de la guerrilla en suelo ecuatoriano.

Los correos que prueban la alianza
5 de julio de 2002
- «Valdría la pena pensar en ofrecer una recompensa en dólares por quien ajusticie a Andrés Pastrana, acá o en España o donde sea».
«Alfonso».

5 de agosto de 2003
- A «Iván» y «Nariño».
«Excelente que los Navarra hayan superado con creces sus expectativas. Conviene plantearles si ellos disponen de medios para prestarnos alguna ayuda práctica en su propio país. Allá están Pastrana, Noemí, viajan Mockus, Uribe, sus ministros, distrintos generales y dentro de la embajada muchos de estos personales con crecidas deudas con nosotros. Esto sin descartar lo que pueden hacer en otros países de la Unión. Pacho Santos se mueve por España como mi compadre por su casa». 

27 de septiembre de 2003
n A «camarada Manuel»
«Los amigos de la ETA,  recientemente solicitaron un  curso donde Iván, pedido por ellos. Se les planteó allí la posibilidad de contribuirnos con trabajos en España y otros países. Se habló de Pastrana, Noemí y Bernardo Gutiérrez. Según comunican ahora no tienen muchas dificultades en localizar a los dos primeros».
 

MADRID- Llegó para recoger el homenaje que le daban los jóvenes del PP, apoyó al presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte con un «estamos contigo, hoy, ayer y mañana» y fue coreado con un «oa, oa, oa, Mariano a La Moncloa», «sí, sí, si, el cambio ya está aquí», porque para los jóvenes del PP, él es «el hombre del cambio». 
El presidente del PP, Mariano Rajoy acudió ayer a la clausura de los actos de celebración del 30 aniversario de Nuevas Generaciones y complació a los jóvenes que le pedían que cargara contra el Gobierno. «Ahora lo haré», dijo.
Rajoy, reprochó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero el papel «triste, lamentable y humillante» que ha desarrollado la diplomacia española tras conocerse el auto del juez Eloy Velasco que denuncia una   presunta colaboración del Ejecutivo venezolano con ETA y las FARC. «El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha desautorizado» al presidente del Gobierno de España, «ha ofendido a la prensa española y ha ninguneado a la Justicia de nuestro país», afirmó. Por eso, el líder de los populares cree que Zapatero y Moratinos tienen la obligación de comparecer en las Cortes para explicar qué opinan del auto del juez, si saben algo de su contenido, si es verdad o si es mentira y qué van a hacer en el futuro». Esta «es su obligación», indicó Rajoy, junto con la de convocar al embajador de Venezuela en España «para que le dé una explicación al conjunto de los españoles». Además, pidió a los jóvenes que mantengan su compromiso con los disidentes cubanos, al tiempo que recordó la muerte de preso cubano Orlando Zapata, «un demócrata, una persona decente, una persona honrada y una persona que dio la vida   por los derechos y las libertades de todos los ciudadanos cubanos». Los jóvenes respondieron: «libertad, libertad, libertad».
El presidente del PP también se refirió a la crisis económica y al paro. Por ello exigió a Zapatero que apruebe ya las medidas económicas en las que hay acuerdo con el PP y no siga perdiendo el tiempo.
Asimismo, Rajoy aconsejó a  Zapatero que procure que llegue el crédito a los españoles y para eso tiene que reestructurar el sistema financiero para lo que le recomendó que no suba los impuestos. «Nadie en época de recesión, ni de crisis, sube los impuestos», y preguntó: ¿alguien conoce a algún comerciante que suba los precios cuando le van mal las ventas?  
Unas horas antes también hubo tiempo para la emoción y el recuerdo. Los presidentes de la organización juvenil subieron al escenario para recoger una placa conmemorativa de su paso por NNGG con su imagen grababa. Loyola de Palacio volvió a ser la gran protagonista tras ser  homenajeada con una canción y un solo de guitarra interpretada por una miembro de los jóvenes populares de Zamora mientras las pantallas reflejaba su historia en fotografías. Algunos no puedieron contener la emoción.
El presidente de Nuevas Generaciones invitó a Rajoy a sumarse a la «gran» campaña de empleo juvenil que recorrerá España para reclamar un «futuro, esperanza y un Gobierno de verdad».

MADRID- La fragata francesa «Nivoise», que el viernes capturó a 22 piratas somalíes después de que éstos atacaran a tres buques españoles y dos galos, volvió a asestar ayer un duro golpe a los corsarios capturando a otros 11 asaltantes. La fragata contó con la ayuda del avión de patrulla marítima P3 Orión español, que rastreó a los piratas, con lo que son ya 33 los arrestados en las últimas 48 horas por la tripulación del buque galo, según anunció el Ministerio de Defensa francés en un comunicado. Esta operación culmina el mayor arresto de corsarios desde el inicio del despliegue de la misión de la Unión Europea contra la piratería en el golfo de Adén, conocida como «operación Atalanta».
El buque militar francés fue alertado por el estado mayor de   «Atalanta», que recibió la información del avión español, y se desplazó hasta el sector en el que fueron localizados los piratas, donde ya se encontraban el helicóptero Panther de la «Nivoise» y otro helicóptero   italiano. Las lanchas rápidas de la fragata interceptaron un buque nodriza y dos esquifes. «Fueron necesarios algunos disparos de advertencia para disuadir a los piratas de darse a la fuga», señalaba ayer el Ministerio en su comunicado, que no indica dónde serán enviados los últimos 11 detenidos. Es habitual que Kenia y Seychelles se encarguen de procesar a los piratas apresados en las acciones de «Atalanta». En total, la «Nivoise» ha apresado cuatro «barcos nodriza» y   seis esquifes.
La operación fue definida por el Ministerio de Defensa francés como una «acción combinada de medios militares europeos», ya que, además de la fragata y el avión español, también participó el buque   de abastecimiento italiano «Etna», buque insignia de «Atalanta».

GRANADA- La lluvia torrencial que ayer cayó sobre Granada obligó a cancelar el paseo programado por la Alhambra de los asistentes a la cumbre UE-Marruecos. Zapatero fue de los pocos que no se mojó. Y no porque llevara paraguas, sino porque de los tres actores participantes en el encuentro fue el menos contundente a la hora de hablar.

El primero en dar un golpe sobre la mesa fue Mohamed VI. Aunque era el gran ausente de la primera cumbre entre los 27 y un país árabe, envió un mensaje a través de su primer ministro.

Y por si el buen clima de la cita había confundido a alguno, el Rey quiso dejar claro que el «diferendo artificial» (así rebautizó al contencioso del Sahara) sólo tiene una salida, y es el archiconocido plan de autonomía bajo soberanía marroquí. El monarca reiteró su compromiso en la construcción del Magreb «siempre que respete la integridad territorial de los Estados y las reglas de buena vecindad».

El premier marroquí, Abbas El Fassi, echó de motu proprio balones fuera y exigió que se vigile el respeto de los derechos humanos en Tinduf (Argelia), donde viven más de 350.000 refugiados saharauis. El Fassi sentenció, por último, que «el 85 por ciento de la población (del Sahara) se considera marroquí».

En su turno, el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, plantó cierta cara al régimen alauí. En un tono mucho más firme que el de la declaración final conjunta (donde se insta a Marruecos a continuar su proceso de reformas), Van Rompuy declaró que espera «avances» en el respeto «a las libertades y los derechos humanos».

Contrariamente a lo que había manifestado Zapatero, un asesor del ex primer ministro belga aseguró a los periodistas que el conflicto del Sahara y las reformas democráticas centraron buena parte de las discusiones.

La UE, señaló Van Rompuy, espera «una mejora en la situación de los derechos humanos en el Sahara y en la de sus defensores». En este sentido, Bruselas no quita ojo a Rabat y «sigue de cerca» la situación en la zona, dijo.

Mientras, Zapatero se limitó a asegurar que la solución debe pasar «por la vía del entendimiento» y en el marco de la ONU. Antes de la reunión, fuentes diplomáticas habían insistido en que el «tema» de la cumbre no era el respeto a las libertades ni Granada el «foro adecuado» porque no era un «encuentro bilateral». Zapatero no comentó las palabras del rey marroquí y volvió sobre el discurso habitual de que España tiene un «diálogo franco, positivo y constructivo» con Marruecos sobre la materia. Aminatu Haidar comentó poco después que «no me ha sorprendido» la actitud del presidente del Gobierno y aseguró que de la UE espera «más hechos y menos palabras».
 

En defensa de Garzón
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, siguió ayer la estela del acto de apoyo a Baltasar Garzón del sábado en Jaén y aseguró que «la inmensa mayoría de los españoles», entre los que se incluye, tienen «siempre presente» la «valentía» del magistrado de la Audiencia Nacional en su lucha contra la banda terrorista ETA.
En la rueda de prensa posterior a la cumbre entre la Unión Europea  y Marruecos que se celebró en Granada, Zapatero subrayó que respeta la acción de la Justicia, como base del buen equilibrio de la división de poderes, así como a los ciudadanos que expresan su   disconformidad o apoyo a la figura de Garzón.
Zapatero mostró finalmente su «respeto» por las manifestaciones realizadas sobre el juez en referencia al acto de apoyo desarrollado por intelectuales y artistas. En dicho acto, intelectuales y artistas defendieron a Garzón, pendiente de la decisión del Supremo sobre si es suspendido o no, ante el «embate de inhumanidad e inmoralidad» que sufre y que de completarse pondría en «crisis» el estado derecho y la independencia judicial.

GRANADA- La lluvia torrencial que ayer cayó sobre Granada obligó a cancelar el paseo programado por la Alhambra de los asistentes a la cumbre UE-Marruecos. Zapatero fue de los pocos que no se mojó. Y no porque llevara paraguas, sino porque de los tres actores participantes en el encuentro fue el menos contundente a la hora de hablar.
El primero en dar un golpe sobre la mesa fue Mohamed VI. Aunque era el gran ausente de la primera cumbre entre los 27 y un país árabe, envió un mensaje a través de su primer ministro. Y por si el buen clima de la cita había confundido a alguno, el Rey quiso dejar claro que el «diferendo artificial» (así rebautizó al contencioso del Sahara) sólo tiene una salida, y es el archiconocido plan de autonomía bajo soberanía marroquí. El monarca reiteró su compromiso en la construcción del Magreb «siempre que respete la integridad territorial de los Estados y las reglas de buena vecindad».
El premier marroquí, Abbas El Fassi, echó de motu proprio balones fuera y exigió que se vigile el respeto de los derechos humanos en Tinduf (Argelia), donde viven más de 350.000 refugiados saharauis. El Fassi sentenció, por último, que «el 85 por ciento de la población (del Sahara) se considera marroquí».
En su turno, el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, plantó cierta cara al régimen alauí. En un tono mucho más firme que el de la declaración final conjunta (donde se insta a Marruecos a continuar su proceso de reformas), Van Rompuy declaró que espera «avances» en el respeto «a las libertades y los derechos humanos». Contrariamente a lo que había manifestado Zapatero, un asesor del ex primer ministro belga aseguró a los periodistas que el conflicto del Sahara y las reformas democráticas centraron buena parte de las discusiones.
La UE, señaló Van Rompuy, espera «una mejora en la situación de los derechos humanos en el Sahara y en la de sus defensores». En este sentido, Bruselas no quita ojo a Rabat y «sigue de cerca» la situación en la zona, dijo.
 Mientras, Zapatero se limitó a asegurar que la solución debe pasar «por la vía del entendimiento» y en el marco de la ONU. Antes de la reunión, fuentes diplomáticas habían insistido en que el «tema» de la cumbre no era el respeto a las libertades ni Granada el «foro adecuado» porque no era un «encuentro bilateral». Zapatero no comentó las palabras del rey marroquí y volvió sobre el discurso habitual de que España tiene un «diálogo franco, positivo y constructivo» con Marruecos sobre la materia. Aminatu Haidar comentó poco después que «no me ha sorprendido» la actitud del presidente del Gobierno y aseguró que de la UE espera «más hechos y menos palabras».
 

En defensa de Garzón
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, siguió ayer la estela del acto de apoyo a Baltasar Garzón del sábado en Jaén y aseguró que «la inmensa mayoría de los españoles», entre los que se incluye, tienen «siempre presente» la «valentía» del magistrado de la Audiencia Nacional en su lucha contra la banda terrorista ETA.
En la rueda de prensa posterior a la cumbre entre la Unión Europea  y Marruecos que se celebró en Granada, Zapatero subrayó que respeta la acción de la Justicia, como base del buen equilibrio de la división de poderes, así como a los ciudadanos que expresan su   disconformidad o apoyo a la figura de Garzón.
Zapatero mostró finalmente su «respeto» por las manifestaciones realizadas sobre el juez en referencia al acto de apoyo desarrollado por intelectuales y artistas. En dicho acto, intelectuales y artistas defendieron a Garzón, pendiente de la decisión del Supremo sobre si es suspendido o no, ante el «embate de inhumanidad e inmoralidad» que sufre y que de completarse pondría en «crisis» el estado derecho y la independencia judicial.

GRANADA-Aminatu Haidar volvió ayer a Granada convertida en una estrella. Hace sólo dos años la activista saharaui dio una conferencia en la misma Universidad ante 20 personas. Ayer eran más de 500. Los 32 días de ayuno en Lanzarote «han hecho más por la causa que nuestro trabajo en 30 años», reconocía un simpatizante. El Aula Magna de la Facultad de Ciencias estaba abarrotada a las diez de la mañana. Pancartas contra Zapatero y contra el acuerdo de la UE con Marruecos poblaban el graderío. El inefable Willy Toledo abrió el acto prometiendo no meterse «en más líos» tras sus declaraciones sobre el preso cubano muerto en otra huelga de hambre que no mereció su compasión.
Sin embargo, Marruecos estaba dispuesto a aguar la fiesta a la saharui y logró reunir a casi 2.000 personas en la escalinata del Palacio de Congresos. La concentración en apoyo al Estatuto Avanzado de la Unión Europea y la marroquinidad del Sahara reunió a viajeros llegados de toda Europa en autobuses. Banderas de España, de la UE y de Marruecos ondearon en el mismo mástil un par de horas después de que concluyera la protesta saharui.
Cien euros por cabeza
Activistas saharauis denunciaron que Rabat había ofrecido dinero a los que protestaran contra Haidar, aunque los 200 euros prometidos se rebajaron a la mitad debido a «la gran demanda».
A pesar de ello, Haidar tuvo para todos. Vestida con una melfa naranja y amarilla, la activista arremetió contra el Gobierno español por plegarse «al totalitarismo de Marruecos» y lo acusó de colaborar en el «blanqueamiento de la historia sanguinaria» de Rabat como presidente de la UE. Dijo que su «traición» y «abandono» devuelve a España «a las tinieblas de antaño».
La ex presa política también tuvo un recuerdo emocionado para los defensores de los derechos humanos que cumplen condena en las cárceles marroquíes e hizo un repaso a su huelga en Lanzarote. «Luché contra la muerte, pero mi amor por la vida no me subyugó como para elegir otra senda que fuera la de la dignidad», aseguró. Sentada en tercera fila, la abogada de Haidar, Inés Miranda, se enjuagaba las lágrimas. «Para que el mal triunfe basta con que los hombres de bien no hagan nada», concluyó citando a Edmund Burke.
A la «reentré» de la «Gandhi saharaui» le siguió una multitudinaria manifestación por el centro de Granada. De la plaza del Triunfo a la de Birrambla, cerca de 3.000 personas (10.000 mil según los organizadores) arroparon a Haidar bajo una lluvia intensa. Más de 100 policías calmaban los ánimos.
     Las dos marchas que ayer se dieron cita en la provincia andaluza se programaron lo más alejadas posible para evitar enfrentamientos. Este periódico fue testigo de cómo la Policía abortó al menos un intento de «incursión» marroquí en la contracumbre saharaui.
Asimismo, la Policía tuvo que intervenir para evitar una agresión a un periodista mauritano al que los manifestantes «confundieron» con un informante marroquí por la bandera que colgaba de su acreditación de prensa.
En la cabecera de la marcha iban los habituales, el secretario general de IU, Cayo Lara, y el eurodiputado Willy Meyer. La líder saharaui aguantó el chaparrón embutida en una gabardina negra, firme como un junco y con el semblante cansado.
A escasos metros del final, Haidar abandonó el grupo y declaró a LA RAZÓN sentirse «emocionada» por el poder de convocatoria y  «frustrada» por la postura del Gobierno español. «Marruecos no merece un trato preferente porque sigue ocupando el Sahara Occidental y violando los derechos humanos», dijo antes de marcharse.
La activista saharaui anunció su intención de viajar en los próximos días a Estados Unidos para reunirse con miembros del Consejero de Seguridad de la ONU. Además, avanzó su intención de buscar ayudas en el Congreso norteamericano para lograr el apoyo que, según ha denunciado, no encuentra en las autoridades españolas.

Próxima parada: EE UU
La activista saharaui anunció ayer su intención de viajar en los próximos días a Estados Unidos para reunirse con miembros del Consejero de Seguridad de la ONU. La ex presa política también avanzó su intención de buscar apoyos en el Congreso norteamericano para conseguir el apoyo que, según ha denunciado, no encuentra en las autoridades españolas. Asimismo, Haidar mostró su solidaridad con el disidente cubano Orlando Zapata, fallecido tras una huelga de hambre el pasado 23 de febrero, y que fue duramente criticado por el actor Willy Toledo.

GRANADA-Aminatu Haidar volvió ayer a Granada convertida en una estrella. Hace sólo dos años la activista saharaui dio una conferencia en la misma Universidad ante 20 personas. Ayer eran más de 500. Los 32 días de ayuno en Lanzarote «han hecho más por la causa que nuestro trabajo en 30 años», reconocía un simpatizante. El Aula Magna de la Facultad de Ciencias estaba abarrotada a las diez de la mañana. Pancartas contra Zapatero y contra el acuerdo de la UE con Marruecos poblaban el graderío. El inefable Willy Toledo abrió el acto prometiendo no meterse «en más líos» tras sus declaraciones sobre el preso cubano muerto en otra huelga de hambre que no mereció su compasión.
Sin embargo, Marruecos estaba dispuesto a aguar la fiesta a la saharui y logró reunir a casi 2.000 personas en la escalinata del Palacio de Congresos. La concentración en apoyo al Estatuto Avanzado de la Unión Europea y la marroquinidad del Sahara reunió a viajeros llegados de toda Europa en autobuses. Banderas de España, de la UE y de Marruecos ondearon en el mismo mástil un par de horas después de que concluyera la protesta saharui.
Cien euros por cabeza
Activistas saharauis denunciaron que Rabat había ofrecido dinero a los que protestaran contra Haidar, aunque los 200 euros prometidos se rebajaron a la mitad debido a «la gran demanda».
A pesar de ello, Haidar tuvo para todos. Vestida con una melfa naranja y amarilla, la activista arremetió contra el Gobierno español por plegarse «al totalitarismo de Marruecos» y lo acusó de colaborar en el «blanqueamiento de la historia sanguinaria» de Rabat como presidente de la UE. Dijo que su «traición» y «abandono» devuelve a España «a las tinieblas de antaño».
La ex presa política también tuvo un recuerdo emocionado para los defensores de los derechos humanos que cumplen condena en las cárceles marroquíes e hizo un repaso a su huelga en Lanzarote. «Luché contra la muerte, pero mi amor por la vida no me subyugó como para elegir otra senda que fuera la de la dignidad», aseguró. Sentada en tercera fila, la abogada de Haidar, Inés Miranda, se enjuagaba las lágrimas. «Para que el mal triunfe basta con que los hombres de bien no hagan nada», concluyó citando a Edmund Burke.
A la «reentré» de la «Gandhi saharaui» le siguió una multitudinaria manifestación por el centro de Granada. De la plaza del Triunfo a la de Birrambla, cerca de 3.000 personas (10.000 mil según los organizadores) arroparon a Haidar bajo una lluvia intensa. Más de 100 policías calmaban los ánimos.
     Las dos marchas que ayer se dieron cita en la provincia andaluza se programaron lo más alejadas posible para evitar enfrentamientos. Este periódico fue testigo de cómo la Policía abortó al menos un intento de «incursión» marroquí en la contracumbre saharaui.
Asimismo, la Policía tuvo que intervenir para evitar una agresión a un periodista mauritano al que los manifestantes «confundieron» con un informante marroquí por la bandera que colgaba de su acreditación de prensa.
En la cabecera de la marcha iban los habituales, el secretario general de IU, Cayo Lara, y el eurodiputado Willy Meyer. La líder saharaui aguantó el chaparrón embutida en una gabardina negra, firme como un junco y con el semblante cansado.
A escasos metros del final, Haidar abandonó el grupo y declaró a LA RAZÓN sentirse «emocionada» por el poder de convocatoria y  «frustrada» por la postura del Gobierno español. «Marruecos no merece un trato preferente porque sigue ocupando el Sahara Occidental y violando los derechos humanos», dijo antes de marcharse.
La activista saharaui anunció su intención de viajar en los próximos días a Estados Unidos para reunirse con miembros del Consejero de Seguridad de la ONU. Además, avanzó su intención de buscar ayudas en el Congreso norteamericano para lograr el apoyo que, según ha denunciado, no encuentra en las autoridades españolas.

Próxima parada: EE UU
La activista saharaui anunció ayer su intención de viajar en los próximos días a Estados Unidos para reunirse con miembros del Consejero de Seguridad de la ONU. La ex presa política también avanzó su intención de buscar apoyos en el Congreso norteamericano para conseguir el apoyo que, según ha denunciado, no encuentra en las autoridades españolas. Asimismo, Haidar mostró su solidaridad con el disidente cubano Orlando Zapata, fallecido tras una huelga de hambre el pasado 23 de febrero, y que fue duramente criticado por el actor Willy Toledo.

Reuters - CONSTITUCION/CONCEPCION, Chile (Reuters) - Las banderas de Chile ondeaban el domingo a media asta, en el primero de tres días de duelo oficial por los muertos del devastador terremoto, mientras saqueadores devolvían los electrodomésticos robados por miedo a la justicia.

MADRID- Que los parlamentarios tengan garantizada la pensión máxima por ocupar tan sólo 11 años su escaño, cuando los españoles tienen que cotizar durante 35 años para obtener este beneficio, no convence a los españoles. Así se desprende de la encuesta elaborada por NC Report para LA RAZÓN en la que el 75,5 por ciento de los sondeados no está de acuerdo con que sus señorías dispongan de esta medida privilegiada. Pero es además una opinión generalizada en todos los segmentos de edad, si bien los más jóvenes son los más críticos con una prerrogativa que se antoja discriminatoria.

Muy diferente es la valoración que los encuestados hacen cuando se trata de opinar sobre si los parlamentarios deben o no hacer una declaración pública de sus  ingresos y su patrimonio. Una  mayoría bastante amplia, en concreto el 79,8 por ciento, se muestra partidaria de que lo hagan. Tan sólo el 14,5 por ciento no lo estima necesario. De nuevo son los más jóvenes, que oscilan entre los 18 y 29 años, los que se muestran más partidarios de esta medida.

La imagen que los españoles tienen del ejercicio de la política y, en concreto, del que llevan a cabo los diputados y senadores desde sus escaños, no convence del todo a los ciudadanos. Y es que un 46,4 por ciento lo califica como satisfactoriamente «regular». Mientras, quienes tienen un nivel «alto» o «muy alto» de satisfacción suman el 23,9 por ciento de los encuestados. Por el contrario los insatisfechos con el trabajo que ejercen sus señorías son el 23,7 por ciento. De nuevo, los jóvenes son los que más desencantados se manifiestan. Sólo llegan a empatar con los de edades comprendidas entre 45 y 64 años cuando su estimación es la de «regular». En el resto se desmarcan de los segmentos de edades.

Pero el trabajo de un parlamentario no sólo está en las Cortes, también tienen actividades extra laborales, profesionales o empresariales. Muchos de ellos tienen sus bufetes de abogados, dan conferencias, escriben libros, son miembros del patronato de diversas fundaciones, forman parte de consejos de dirección... Por eso más de la mitad de los españoles, concretamente el 55,2 por ciento, consideran que el cargo de parlamentario debería ser de dedicación exclusiva. También es la opinión dominante en todos los segmentos de edad.

En esta ocasión los encuestados con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años son los más críticos con el pluriempleo de los parlamentarios.
Pero la situación de crisis económica y el desempleo de más de cuatro millones de españoles  provocan que el 72 por ciento de los preguntados para esta encuesta aboguen por congelar  las retribuciones de sus señorías. Esta idea es mayoritaria en todas la franjas de edad. Los no partidarios de esta congelación salarial no llegan al 20 por ciento, concretamente se queda en un 19,8 por ciento.

Desde hace tiempo los políticos buscan la reforma del Senado como la fórmula de convertir la Cámara Alta en un sistema más eficaz, pero ese cambio aún se resiste. Y es que esta reforma se hace más necesaria que nunca cuando un significativo porcentaje, el 36,1 por ciento, estima que el Senado no es útil ni tiene sentido. Sin embargo, menos de la mitad de los españoles, concretamente el 48,5 por ciento, ve la Cámara Alta como algo necesario en una democracia parlamentaria.

La iniciativa presentada esta semana por el presidente del Senado, Javier Rojo, en la que apostaba por ampliar las sesiones plenarias a los meses de julio y septiembre, no sólo fue respaldada por todos los grupos políticos, sino que también es apoyada por el 72,3 por ciento de los españoles. Prácticamente tres de cada cuatro son favorables a la extensión de los periodos ordinarios de sesiones dejando únicamente agosto para las vacaciones. Además, todos los grupos de edad apuestan por esta iniciativa.

Periodos de sesiones 
Es la Constitución española, en su artículo 73, la que fija que los periodos de sesiones en las Cortes van de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Por ello, para que esta reforma se pueda llevar a cabo, habría que modificar este artículo de la Carta Magna. El 53,6 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con que sea así si es necesario con el fin de que se recojan todos estos cambios legislativos. Además, son también mayoría en todos los grupos de edad. Está claro que hay consenso en la necesidad de llenar de sentido esas «lagunas» laborales en las cámaras, por más que los políticos se empeñen en convencer al ciudadano de que siguen trabajando aunque no haya sesiones parlamentarias.

Rojo, El menos conocido
Pero si la utilidad que le da el censo al Senado no es muy elevada, tampoco corre mucha suerte su principal representante: el presidente de la Cámara. Y es que Javier Rojo es un gran desconocido para la mayoría, según se desprende de los datos del sondeo. Tan sólo un 27,8 por ciento de los encuestados afirma conocerle frente al 68,2 por ciento de los españoles que dice saber de la existencia y funciones de José Bono, presidente del Congreso de los Diputados. Los más mayores y los más jóvenes entre la población son los que más desconocen al presidente de la Cámara Alta. También son los jóvenes los que más dudan de quién es el presidente de la institución situada en la madrileña Plaza de la Marina Española. Y no será por empeño del propio Javier Rojo, que desde la página web de la institución anima al ciudadano a que «nos conozcáis un poco mejor a todos los que desempeñamos nuestra labor en esta Cámara». A la vista de la encuesta parece que, en lo que a él respecta, no ha sido el caso.

Ficha técnica
Empresa: NC Report.
Universo: españoles de 18 años y más.
Tamaño de la muestra: 1.000 entrevistas telefónicas realizadas del 3 al 5 de marzo.
Nivel de confianza y error muestral: para un nivel de confianza del 95,45% (2sigmas), y para P=Q, el error es el 3,16% para el conjunto.
Muestreo: 106 municipios de las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.

MADRID- Que los parlamentarios tengan garantizada la pensión máxima por ocupar tan sólo 11 años su escaño, cuando los españoles tienen que cotizar durante 35 años para obtener este beneficio, no convence a los españoles. Así se desprende de la encuesta elaborada por NC Report para LA RAZÓN en la que el 75,5 por ciento de los sondeados no está de acuerdo con que sus señorías dispongan de esta medida privilegiada. Pero es además una opinión generalizada en todos los segmentos de edad, si bien los más jóvenes son los más críticos con una prerrogativa que se antoja discriminatoria.
Muy diferente es la valoración que los encuestados hacen cuando se trata de opinar sobre si los parlamentarios deben o no hacer una declaración pública de sus  ingresos y su patrimonio. Una  mayoría bastante amplia, en concreto el 79,8 por ciento, se muestra partidaria de que lo hagan. Tan sólo el 14,5 por ciento no lo estima necesario. De nuevo son los más jóvenes, que oscilan entre los 18 y 29 años, los que se muestran más partidarios de esta medida.
La imagen que los españoles tienen del ejercicio de la política y, en concreto, del que llevan a cabo los diputados y senadores desde sus escaños, no convence del todo a los ciudadanos. Y es que un 46,4 por ciento lo califica como satisfactoriamente «regular». Mientras, quienes tienen un nivel «alto» o «muy alto» de satisfacción suman el 23,9 por ciento de los encuestados. Por el contrario los insatisfechos con el trabajo que ejercen sus señorías son el 23,7 por ciento. De nuevo, los jóvenes son los que más desencantados se manifiestan. Sólo llegan a empatar con los de edades comprendidas entre 45 y 64 años cuando su estimación es la de «regular». En el resto se desmarcan de los segmentos de edades.
Pero el trabajo de un parlamentario no sólo está en las Cortes, también tienen actividades extra laborales, profesionales o empresariales. Muchos de ellos tienen sus bufetes de abogados, dan conferencias, escriben libros, son miembros del patronato de diversas fundaciones, forman parte de consejos de dirección... Por eso más de la mitad de los españoles, concretamente el 55,2 por ciento, consideran que el cargo de parlamentario debería ser de dedicación exclusiva. También es la opinión dominante en todos los segmentos de edad. En esta ocasión los encuestados con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años son los más críticos con el pluriempleo de los parlamentarios.
Pero la situación de crisis económica y el desempleo de más de cuatro millones de españoles  provocan que el 72 por ciento de los preguntados para esta encuesta aboguen por congelar  las retribuciones de sus señorías. Esta idea es mayoritaria en todas la franjas de edad. Los no partidarios de esta congelación salarial no llegan al 20 por ciento, concretamente se queda en un 19,8 por ciento.
Desde hace tiempo los políticos buscan la reforma del Senado como la fórmula de convertir la Cámara Alta en un sistema más eficaz, pero ese cambio aún se resiste. Y es que esta reforma se hace más necesaria que nunca cuando un significativo porcentaje, el 36,1 por ciento, estima que el Senado no es útil ni tiene sentido. Sin embargo, menos de la mitad de los españoles, concretamente el 48,5 por ciento, ve la Cámara Alta como algo necesario en una democracia parlamentaria.
La iniciativa presentada esta semana por el presidente del Senado, Javier Rojo, en la que apostaba por ampliar las sesiones plenarias a los meses de julio y septiembre, no sólo fue respaldada por todos los grupos políticos, sino que también es apoyada por el 72,3 por ciento de los españoles. Prácticamente tres de cada cuatro son favorables a la extensión de los periodos ordinarios de sesiones dejando únicamente agosto para las vacaciones. Además, todos los grupos de edad apuestan por esta iniciativa.
Periodos de sesiones 
Es la Constitución española, en su artículo 73, la que fija que los periodos de sesiones en las Cortes van de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Por ello, para que esta reforma se pueda llevar a cabo, habría que modificar este artículo de la Carta Magna. El 53,6 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con que sea así si es necesario con el fin de que se recojan todos estos cambios legislativos. Además, son también mayoría en todos los grupos de edad. Está claro que hay consenso en la necesidad de llenar de sentido esas «lagunas» laborales en las cámaras, por más que los políticos se empeñen en convencer al ciudadano de que siguen trabajando aunque no haya sesiones parlamentarias.

Rojo, El menos conocido
Pero si la utilidad que le da el censo al Senado no es muy elevada, tampoco corre mucha suerte su principal representante: el presidente de la Cámara. Y es que Javier Rojo es un gran desconocido para la mayoría, según se desprende de los datos del sondeo. Tan sólo un 27,8 por ciento de los encuestados afirma conocerle frente al 68,2 por ciento de los españoles que dice saber de la existencia y funciones de José Bono, presidente del Congreso de los Diputados. Los más mayores y los más jóvenes entre la población son los que más desconocen al presidente de la Cámara Alta. También son los jóvenes los que más dudan de quién es el presidente de la institución situada en la madrileña Plaza de la Marina Española. Y no será por empeño del propio Javier Rojo, que desde la página web de la institución anima al ciudadano a que «nos conozcáis un poco mejor a todos los que desempeñamos nuestra labor en esta Cámara». A la vista de la encuesta parece que, en lo que a él respecta, no ha sido el caso.

Ficha técnica
Empresa: NC Report.
Universo: españoles de 18 años y más.
Tamaño de la muestra: 1.000 entrevistas telefónicas realizadas del 3 al 5 de marzo.
Nivel de confianza y error muestral: para un nivel de confianza del 95,45% (2sigmas), y para P=Q, el error es el 3,16% para el conjunto.
Muestreo: 106 municipios de las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.