La Junta de Portavoces de la Cámara Baja fijará hoy la fecha del pleno monográfico sobre Afganistán que ya fue aprobado por los órganos de gobierno del Congreso y que, sin embargo, fue desconvocado hace cuatro meses debido a la agenda económica. PP e IU-ICV tendrán así  el apoyo de todos los grupos políticos cuando esta mañana pidan que José Luis Rodríguez Zapatero comparezca sin más dilación para este asunto. Y es muy probable que las explicaciones del presidente del Gobierno sobre la misión tengan lugar el próximo día 15, según apuntaron ayer fuentes parlametarias.

La portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ya envió un escrito al presidente del Congreso, José Bono, a principios de semana  para instarle a poner fecha a ese pleno que debió celebrarse el 12 de mayo, día  en el que el jefe del Ejecutivo compareció ante el pleno pero para dar cuenta de las medidas de reducción del déficit público adoptadas tras la cumbre europea del Eurogrupo.

Aquel cambio se aprobó por unanimidad en la Junta de Portavoces y ahora, tanto el PP como IU-ICV, quieren que se ponga fecha definitiva a un debate pendiente desde  primavera. En este tiempo dos guardias  civiles y un traductor españoles fueron asesinados en Afganistán la semana pasada. Así que no hay ni un solo grupo que tenga intención de poner palos en la rueda de esa comparecencia presidencial en la que se deberá dar cuenta de la situación de nuestras tropas, de las condiciones en las que realizan su trabajo y acerca del futuro de la misión.       

Izquierda Unida, igual que el Partido Popular, defenderá esta mañana la necesidad de poner fecha a la   comparecencia. De hecho ya la semana pasada registró una solicitud en este sentido con la firma también de ERC y el Mixto, en la que pedía además de la de Zapatero en pleno, la comparecencia en comisión de los titulares de Defensa e Interior.

No sería de extrañar que a la vista de las diferentes posiciones políticas sean los propios ministros Rubalcaba y Chacón quienes soliciten, a petición propia, las comparecencias en la Cámara Baja, treta que se utiliza cuando uno se ve forzado por la mayoría parlamentaria.
 

Fuentes parlamentarias han confirmado hoy  que la propuesta se formalizará mañana en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, con la idea de que sea aceptada por unanimidad, ya que varios grupos apostaban por su comparecencia parlamentaria.

Las explicaciones del jefe del Gobierno sobre Afganistán están pendientes desde el pasado mes de mayo, concretamente desde el día 12, cuando Zapatero iba a comparecer en la tribuna del hemiciclo sobre este asunto, atendiendo a un compromiso con las fuerzas políticas.

Sin embargo, la comparecencia quedó aplazada porque ese día Rodríguez Zapatero sí acudió al hemiciclo, pero para informar de las medidas de recorte económico con las que el Ejecutivo pretende hacer frente al déficit público.

Al recuperarse la actividad parlamentaria tras el mes de agosto, el diputado de IU Gaspar Llamazares y el grupo popular habían vuelto a plantear la necesidad de que Zapatero cumpliera con su compromiso y acudiera a la Cámara Baja para abordar la cuestión de Afganistán.

Y ello cuando acaba de producirse un atentado mortal, el pasado 25 de agosto, contra las fuerzas destacadas en la base española de Qala e Naw, el cual costó la vida a dos agentes de la Guardia Civil y a un intérprete nacionalizado español.

Llamazares había requerido formalmente la presencia de Zapatero ante el pleno y también había pedido que los titulares de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Defensa, Carme Chacón, comparecieran en comisión para aclarar los pormenores de este atentado terrorista.

Por su parte, la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, había remitido un escrito al presidente del Congreso, José Bono, para anunciarle que mañana iba a proponer en la Junta de Portavoces que incorporara al orden del día de las próximas sesiones plenarias la comparecencia urgente del presidente del Gobierno.

MADRID- La vigésimo primera edición del Debate de la Nación se saldó con la aprobación de 43 de las 90 resoluciones presentadas, diez derrotas del PSOE, cinco más que en 2009 y seis de ellas sobre la congelación de pensiones o la edad de jubilación. El PP, por su parte, logró su mejor resultado desde que gobierna Zapatero después de sacar adelante seis de sus iniciativas. Éstas fueron algunas de las propuestas aprobadas:

JUBILACIÓN
El pleno aprobó, con el único voto en contra del PSOE, dos resoluciones que instan al Gobierno a retirar la suspensión de la revalorización automática de las pensiones en 2011 y a renunciar a su idea de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años.

426 EUROS
La Cámara aprobó, a propuesta de ERC-IU-ICV y con el apoyo del Grupo Socialista, la ampliación y prórroga durante seis meses de las ayudas de 426 euros mensuales a parados de larga duración sin prestación y a jóvenes parados, cuya vigencia acaba el 15 de agosto.

ESTADO DE BIENESTAR
El PP logró sacar adelante, con el voto en contra del PSOE, un texto que pedía el «blindaje» del Estado   de Bienestar, de manera que el Gobierno no vuelva a aprobar medidas que afecten a la protección social de ningún tipo sin contar con el consenso político y social.

PACTO DE TOLEDO
CiU, ERC, IU e ICV sumaron el apoyo del resto de grupos  a una propuesta conjunta que reclama mantener los principios y mecanismos de consenso establecidos en el Pacto de Toledo, para lo que resulta necesario mantener la edad legal de jubilación en 65 años. 

TASA BANCARIA
El PSOE obtuvo el aval del Congreso a la tasa que estudia la Unión Europea para garantizar la «adecuada contribución» de la banca a la salida de la crisis financiera, así como al pacto energético, con especial hincapié en las medidas para «reducir el impacto» de las primas a las energías renovables en los precios de la electricidad.

AYUDAS POR HIJO
El PP también consiguió que se aprobara el restablecimiento de las ayudas por hijo a cargo  menor de 3 años de edad fijadas en 500 euros.

ABORTO
El pleno aprobó una resolución impulsada por el PSOE y transaccionada con la izquierda que pide al Gobierno que haga cumplir la nueva Ley del Aborto.
 

El secretario general del grupo parlamentario del PSOE, Eduardo Madina, ha explicado en rueda de prensa esta tarde que están trabajando en el acuerdo, pero que todavía no está cerrado. En su opinión, el consenso podría cerrarse en "los próximos minutos o en las próximas horas".

En una de las quince propuestas de resolución presentadas por ERC-IU-ICV, tras el debate del estado de la nación, se pide el mantenimiento del programa temporal de protección por desempleo e inserción. Sin embargo, el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV no especifica el tiempo que quiere que se prorrogue, ni los colectivos a los que se debe dirigir.

Al respecto, Madina explicó que el PSOE está a favor de que se pacte con ERC-IU-ICV la prórroga del programa -que vence el próximo 15 de agosto- y que otros partidos se sumen. Para Madina cerrar un pacto sobre este tema será un "gran acuerdo político" y "uno de los principales" que se puedan lograr mañana en el Congreso de los Diputados, durante el debate de las propuestas de resolución al debate del estado de la nación.

Así lo refleja la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –que pese a designar como ganador al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a contracorriente de lo que apuntaban casi todos los sondeos– deja en evidencia la credibilidad del jefe del Ejecutivo. Y es que el 78,3 por ciento de los ciudadanos que siguieron el debate cree que el presidente del Gobierno no dio un mensaje de confianza en el futuro económico. Además, casi ocho de cada diez españoles (79,5%) tienen claro que el estéril enfrentamiento entre Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ofreció una imagen pobre de lo que será el futuro político en nuestro país.

Pero el desgaste político del  jefe de filas del PSOE también se refleja a la hora de hablar de sus promesas electorales. El 75,8 por ciento de los españoles está convencido de que Zapatero no cumplirá su programa y otro 70,2 por ciento cuestiona la fortaleza y firmeza de las decisiones del Gobierno. Datos que contrastan con el hecho de que Rodríguez Zapatero sea, para el CIS, el ganador del Debate sobre el Estado de la Nación.

Las cifras no dejan lugar a dudas. Tres de cada diez españoles (36,5%) creen que ninguno de los dos logró convencer al respetable. Y mientras el 26,1 por ciento de los ciudadanos da como vencedor a Zapatero, el 19,8 le otorga la victoria a Rajoy.

Pero, en su intento por sacar del atolladero al líder socialista, el CIS se queda corto. Según el 67,3% de los ciudadanos, el jefe de la oposición conoce mejor los problemas que afectan al país y tiene mayor sentido práctico (35,5 por ciento). Es más, cuatro de cada diez encuestados afirman que Rajoy es más realista.


El PP ya saca 11 puntos al PSOE
- De nuevo una encuesta da la victoria a los populares ante unas hipotéticas elecciones generales. En esta ocasión es el barómetro de TNS Demoscopia para antena 3 y Onda Cero, el que desvela que la formación de Mariano Rajoy obtendría un 43,6 por ciento de los votos totales frente al 32,4 que lograrían los socialistas.
- En las generales de 2008, el PP se hizo con el 40,39 por ciento de los sufragios, mientras que el PSOE logró el 44,36 por ciento
- Pero, además, del sondeo se desprende también que formaciones como IU aumentarían su intención de voto hasta el 6,2 por ciento (3,8 en 2008) y que UPyD pasaría del 1,2 por ciento de las últimas generales a un 3,6. Mientras, otros partidos como BNG o PNV mantendrían prácticamente los mismos resultados que hace dos años.
- Otro dato a tener en cuenta es la participación ciudadana, que bajará casi 10 puntos respecto a 2008.

La oposición municipal, actualmente mayoría en el consistorio, había presentado a las 14:00 horas de hoy un total de siete mociones, entre las que se encontraba una rebaja del sueldo del primer edil de 40.000 a 30.000 euros anuales, y el de las tres concejales del equipo de Gobierno, que pasarían a cobrar 15.000 euros, mientras que en la actualidad cobran 18.700 dos de ellas y 29.500 la tercera.
      
Asimismo, otra moción obligaba al alcalde a recortar el dinero destinado a publicidad y propaganda, así como a reducir en un 30 por ciento la factura de telefonía fija y móvil, que asciende en la actualidad a 40.000 euros anuales, 12.000 de ellos sólo de móviles.
      
Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, el alcalde dio por terminado el pleno sin discutir las mociones, "por no haber tenido tiempo para leerlas", según sus palabras, sin llegar a debatir siquiera el punto de los Presupuestos Municipales para 2010, algo que provocó las protestas de la oposición.
      
El capítulo de Presupuestos contaba con 6.113.000 euros de ingresos, 4.635.000 de gastos y cerca de 1,5 millones de déficit.
      
Según ha declarado a EFE el portavoz de IU Joaquín García, Fuentes Cubillo "ha demostrado una actitud autoritaria yendo contra la legalidad de las mociones presentadas por la oposición, por lo que tendrá que dar explicaciones de este abuso del derecho".
      
El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre está formado por 6 ediles del PSOE, 4 del PP, 1 de IU, 1 de IxV y un ex edil socialista ahora adscrito al Grupo Mixto.

MADRID- ¿Puede estar un juez suspendido y, a la vez, en una situación de servicios especiales, tal como ha solicitado el juez Baltasar Garzón para trabajar como «consultor» externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)?. Esa es una de las interrogantes que se cierne sobre el futuro más inmediato del magistrado. No parece una cuestión baladí ni tener una respuesta sencilla. Tampoco las opiniones son unánimes al respecto. Hay quien defiende que ni es posible ni siquiera conveniente, mientras que otros no tienen dudas de todo lo contrario, de que la suspensión provisional no puede tener otros efectos que el apartamiento provisional de la actividad judicial. En el Consejo General del Poder Judicial existen esas mismas opiniones discrepantes sobre el fondo de la cuestión.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina las situaciones en que pueden encontrarse los jueces y magistrados: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y suspensión de funciones. Pero no dice nada respecto a si estar en el ejercicio de una ellas impide que lo pueda estar en otra. Y es aquí donde entran las interpretaciones jurídicas sobre la «oferta» del fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo.

«La invitación o contrato nos ofrece severísimas dudas legales de que sea un supuesto de los contemplados por la Ley Orgánica del Poder Judicial y que requiere la previa autorización del Consejo». Quien así se expresa es el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. Por ello, sostiene que un magistrado «no puede estar simultáneamente en dos sistemas administrativos distintos, en este caso, en servicios especiales y suspensión de funciones, porque son situaciones administrativas no compatibles ni simultaneables».

Pero la APM va más allá de esa posible incompatibilidad y entra en el fondo de la cuestión. Y para esta asociación, el Consejo debería pensarse muy mucho conceder la autorización necesaria para que Garzón pueda ir destinado al Tribunal de la Haya. «No me parece lo más razonable que lo autorizara, porque cuando un magistrado español actúa en tribunales de ese tipo, de alguna manera no representa ya sólo al Poder Judicial del que forma parte, sino del Estado español. Y si eso es así, a un magistrado con tres causas penales abiertas, no parece lo más razonable esa autorización, y ello respetando siempre y en todo momento que está amparado por la presunción de inocencia».

«Solución ad hoc»
La conclusión a la que llega también es clara: «Parece que se está buscando una solución ad hoc», es decir, propia para Baltasar Garzón, porque si se tratase de cualquier otro juez, «sin esa relevancia pública», no habría tanta polémica. En todo caso, deja claro que la APM «respetará, como no puede ser de otra forma, la decisión que decida finalmente el Consejo, y esperamos una resolución fundamentada en lo jurídico y que se adopte por razones exclusivamente jurídicas».

Una opinión que expresa el sentir de quienes defienden la postura radicalmente distinta es  la expresada por el ex vocal de la Comisión Disciplinaria y actual magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias Agustín Azparren. El ex consejero parte de la premisa de la presunción de la que goza Garzón, «por lo que la suspensión de funciones es excepcional y no puede tener más efecto que la suspensión de empleo y sueldo».

Para ello, esgrime  el artículo 369 de la LOPJ, donde se especifica que el cambio de la situación administrativa de los jueces «podrá tener lugar siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingreso al servicio activo».

Por tanto, para Azparren sólo hay un requisito que debe incidir en la decisión del Consejo: la declaración de interés por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con este plácet,  Garzón no debería tener el más mínimo problema para sacar su billete con destino a La Haya. Cuestión distinta es si a un tribunal internacional «le interesa o no tener a un juez suspendido», pero esa es una materia que queda al  margen del debate.

¿Y qué decisión adoptará el Consejo? Va a depender muy mucho del contenido de los informes recabados por su Comisión Permanente, en especial si la oferta de trabajo la CPI «lleva implícito algún género de inmunidad procesal», de la respuesta del Tribunal Supremo sobre si la situación de servicios especiales puede afectar «al curso de las actuaciones» en las que se halla inmerso Garzón –las tres querellas a las que debe hacer frente– y el dictamen de la Secretaría General del propio Consejo sobre la incompatibilidad o no de ambas situaciones administrativas. El visto bueno del Gobierno se da por hecho.
Inmunidad y respeto

En todo caso, las fuentes consultadas vienen a coincidir que con todos los informes unánimes de respaldo se le concederá a Garzón su petición, siempre que su nuevo destino no conlleve ningún tipo de inmunidad penal. En ese caso, la decisión puede ser bien distinto.

Y mientras tanto, PSOE, IU y asociaciones próximas salían en tromba a defender al juez suspendido y a criticar al Consejo. La respuesta no podía ser otra:  «Lo que se ha hecho no es más que ejecutar las consecuencias jurídicas del auto de apertura de juicio oral. Era algo automático», señalaron fuentes del Consejo consultadas por LA RAZÓN. Por ello, reclaman respeto para un «órgano constitucional que no ha hecho más que cumplir con su deber».

El PSOE habla de «golpe a la democracia»
A Garzón se le ha abierto juicio oral por prevaricación. Su causa judicial no tiene nada que ver con el hecho de que investigue el franquismo sino con si era competente para ello. No lo era y aún sabiéndolo lo hizo. Por eso se le juzga. Pero a la izquierda no parece importarle la causa real de su suspensión y salió ayer en tromba a defender al juez «estrella», en algunos casos, con cajas destempladas. Desde un ministro como José Blanco, que habló de «acoso y derribo» a Garzón y lo vinculó con el «caso Gürtel», hasta CC OO, que no dudó, al igual que Tomás Gómez, secretario general del PSOE de Madrid, en calificar esta situación de «golpe a la democracia», la cascada de valoraciones y ataques al Poder Judicial no paró en el día de ayer. Leire Pajín, «número tres» del PSOE, mostró el «cariño y reconocimiento» de los socialistas al juez y añadió el «profundo respeto» de su partido por las decisiones judiciales. Su compañera y secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, acusó a la extrema derecha y a los «juristas de Trillo» de la suspensión. En esta misma línea se expresaban el Partido Comunista, Izquierda Unida, Esquerra Republicana y, un paso más allá, la asociación Memoria Histórica de Mallorca, que sin vacilar aseguró que «España no es una democracia plena y que el Poder Judicial sigue siendo heredero del franquismo».

MADRID- Ni las promesas de que el paro descenderá a partir de abril ni el optimismo han servido para que españoles recuperen la confianza en José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno. Al menos, eso es lo que se desprende de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, en la que 3 de cada cuatro ciudadanos aseguraron confiar poco o nada en el líder del Ejecutivo. La respuesta fue mayoritaria en todos los grupos de edad, siendo los jóvenes de entre 18 y 29 años, tradicional feudo de votantes socialistas, quienes más descontentos se mostraron. En el otro extremo se situó el 22,9 por ciento de los encuestados, quienes no dudaron en mantener su voto de confianza al líder socialista, mientras que en el caso del líder de los populares, Mariano Rajoy, la cifra alcanzó el 25,5 por ciento.
Los ciudadanos también se han pronunciado sobre la gestión de Zapatero en la presente Legislatura. De este modo, sólo tres de cada diez la califica con aprobado, mientras que más de la mitad de la población suspende al líder del Ejecutivo. La cifra se eleva hasta el 59,9 por ciento en el caso de los españoles de entre 45 y 64 años y hasta el 42,3 por ciento en el caso de los votantes del PSOE. Por su parte, Mariano Rajoy obtiene unos resultados ligeramente inferiores, con un 33,5 por ciento que se muestra satisfecho y un 54,4 de los encuestados que desaprueban su gestión como líder del principal partido de la oposición.
Aumento de CiU
A pesar de ello, los datos de NC Report demuestran que, de celebrarse mañana elecciones generales, el PP se convertiría en la fuerza más votada, con casi once millones de electores y el 43,76 por ciento de los sufragios, muy por encima del 37,4 por ciento que conseguirían los de Ferraz. Asimismo, los populares obtendrían entre 168 y 170 diputados, mientras los socialistas perderían más de dos millones de sufragios, lo que reduciría su número de diputados a entre 147 y 149. Por el contrario, IU recibiría cerca de 500.000 votos más,  hasta situarse en el 5,8 por ciento y obtener casi un millón y medio de electores. Por su parte, CiU experimentaría un aumento de tres décimas, lo que se traduciría en 11 ó 12 diputados, y la abstención volvería a alcanzar cifras récord, al situarse en el 29,4 por ciento.
Sin embargo, el mayor avance se situaría en las filas del partido que lidera Rosa Díez, UPyD, que prácticamente triplicaría el número de electores respecto a los pasados comicios, mientras que el PNV de Iñigo Urkullu se convertiría en el gran perjudicado, con 25.000 electores menos y apenas el 1,1 por ciento de los sufragios.
Otro de los aspectos sobre los que se han pronunciado los españoles es la valoración que otorgan a  los principales líderes políticos. De nuevo, el mejor valorado es el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, con un 4,3. Rozando el aprobado también se queda Rosa Díez, con una décima menos que el político catalán. Les sigue el líder del Ejecutivo, que ha perdido varias décimas desde que comenzó el año, hasta situarse en  4 puntos. Por su parte, Rajoy reduce su distancia respecto a Zapatero al alcanzar la nota de 3,9. En tierra de nadie se encuentra el número uno de Izquierda Unida, Cayo Lara, con un 3,5, mientras que el presidente  peneuvista, Iñigo Urkullu, y el independentista Joan Puigcercós (ERC) cierran la tabla con 2,3 y 2,7, respectivamente.
Sin embargo, a pesar de que Rosa Díez y Duran Lleida son los políticos mejor valorados, no son los más populares entre los ciudadanos. Los rifirrafes que han mantenido el presidente del Gobierno y el líder de la oposición han disparado su popularidad hasta convertirlos en los líderes más conocidos por los españoles. El 99 por ciento de los encuestasdos aseguraron conocer a Mariano Rajoy, una cifra que alcanzó el 99,6 por ciento en el caso de los ciudadanos de entre 45 y 64 años. Por su parte, el líder socialista se situó en el 99,2 por ciento, siendo los más jóvenes quienes menos identificaron al actual presidente del Gobierno.
 Por su parte, Rosa Díez se alzó con un 77,9 por ciento, muy por encima del porcentaje que obtuvo Duran Lleida, al que aseguraron conocer siete de cada diez españoles. De nuevo, Cayo Lara (41,6), Joan Puigcercós (37,2) e Iñigo Urkullu (35,1) consiguieron las peores puntuaciones, siendo además los líderes que menos simpatía despiertan entre la población, con un 3,7, 0,5 y 0,7 por ciento, respectivamente. 

Ficha técnica
Empresa: NC Report.
Universo: españoles entre 18 años y más.
Tamaño de la muestra: 1.000 entrevistas realizadas entre el 26 y el 30 de abril.
Nivel de confianza y error muestral:  para un nivel de confianza del 95,45% (2sigmas), y para P=Q, el error es el 3,16% para el conjunto.
Muestreo: aleatorio simple. Estratificado por conglomerados.