Pocas horas después de conocerse que el 28 de noviembre será la cita electoral, Tremosa escribió desde la red social en Internet Facebook que Montilla "es el presidente que Franco soñaba para una Cataluña en democracia", y criticó que hubiese elegido como fecha de las catalanas precisamente el día en que gran parte de la atención se concentraría en la disputa del Barça-Madrid en el Camp Nou.

El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, evitó en primera instancia desautorizar a Tremosa asegurando que éste estaba a punto de lanzar unas "aclaraciones" desde su blog en Internet.  En efecto, Tremosa ha ampliado sus reflexiones al respecto, pero lejos de retractarse ha abundado en su comparación.

"Para una Cataluña autónoma Franco siempre habría deseado un presidente dócil al centralismo que él creó (AENA es un invento del año 1970 y no ha sufrido cambios desde entonces). Para una Cataluña autónoma Franco siempre habría deseado un presidente sin ambición nacional catalana, regionalista y claudicante al españolismo del Estado que practican los altos funcionarios de Madrid", ha señalado.

Según Tremosa, ni los ex presidentes Jordi Pujol (CiU) ni Pasqual Maragall (PSC) "respondieron a este perfil derrotado, que condena a la desaparición a la nación catalana", pero en cambio Montilla "se despide como presidente de Cataluña con un gesto inequívoco de franquismo sociológico".

Posteriormente, el líder de CiU, Artur Mas, se ha desmarcado de Tremosa y ha lamentado que el eurodiputado haya entrado en el terreno de los "reproches personales", aunque se ha mostrado comprensivo con él por su rechazo a que la cita electoral coincida con Barça-Madrid. Mas ha apostado por hacer una campaña "en positivo y muy constructiva".

Desde el PSC ha habido un aluvión de réplicas y exigencias de desautorización, de entre las que destaca la de su portavoz, Miquel Iceta, quien ha dicho que Tremosa es un "niño de papá". "No nos extraña que en CiU haya tanta preocupación por el nivel educativo del país, viendo como en su casa tienen problemas serios, como el caso de Tremosa, un problema de mala educación insoportable", ha replicado Iceta.

"Irnos hasta la lucha antifranquista es un tema que daría mucho de sí. Que estos niños de papá, que no hicieron nada, se atrevan a decir que el presidente de la Generalitat sería el preferido de Franco... cuando muchos de ellos se incorporaron a la vida democrática cuando no sólo no había riesgo sino sólo perspectiva de cargo publico.... mientras el presidente de la Generalitat se la jugó en la lucha antifranquista, nos ha parecido absolutamente vergonzoso e impresentable", ha remarcado Iceta.

El Barça-Madrid no restará participación
Para el portavoz del PSC, es de "idiotas" afirmar que el Barça-Madrid puede restar votantes. CiU y PSC también se han 'enganchado' a cuentas de la prostitución. El líder de CiU ha asegurado hoy que, si resulta elegido presidente catalán, prohibirá la prostitución en las carreteras y espacios públicos y la regulará en los espacios privados.

El PSC ha reaccionado con dureza y ha calificado hoy al candidato de CiU de "hipócrita" ya que entiende que "el verdadero mal endémico es que haya mujeres explotadas, se vean o no", y ha acusado a CiU de "no perseguir a las mafias" cuando estuvo en el Govern.

Al margen de estos debates, una de las sorpresas del día la ha ofrecido el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Lluís Recoder, que ha anunciado que no se presentará a las elecciones municipales de 2011 y ha admitido que le haría "ilusión" ser conseller de un futuro Govern presidido por Artur Mas.

Sin embargo, horas después, Mas ha enfriado las expectativas del número ocho de la candidatura de CiU por Barcelona y ha recalcado que aún no es momento de "repartir cargos".

En su visita a Olot (Girona), Mas se ha referido a la disposición de Recoder a formar parte de un hipotético gobierno de CiU: "¿Si será conseller o no? Lo que no haré ahora es empezar a repartir cargos antes de haber hecho las elecciones, porque sería una imprudencia total".

El ex jefe militar de ETA Gorka Palacios, el primer etarra en ser  juzgado tras el comunicado de la banda terrorista anunciando el "cese de las acciones armadas ofensivas", ha optado por guardar silencio ante el tribunal de la Audiencia Nacional, al que se ha enfrentado   por su presunta participación en el atentado perpetrado en julio de  2001 por miembros del 'comando Madrid' que acabó con la muerte del agente de Policía Nacional Luis Ortiz de la Rosa. 

"No voy a contestar absolutamente nada", ha respondido Palacios a la presidenta del tribunal, la juez Angela Murillo, cuando le ha comunicado su derecho a no responder a las preguntas que se formulasen. Tampoco ha hecho ningúna alegación durante el turno de última palabra y se ha limitado a recordar que ya dijo que no iba a "hacer declaraciones". 

El fiscal Juan Moral ha elevado a definitivas su petición de 83 años de cárcel para el etarra por un delito de asesinato terrorista, otro de estragos terroristas y cuatro más de lesiones terroristas. Además, ha pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que imponga al supuesto etarra el pago de una indemnización de 300.506 euros a los herederos del agente fallecido y otra de 180.304 a uno de los heridos en el atentado que quedó incapacitado para trabajar. 

En las dos ocasiones en que ha tomado la palabra, el etarra -extraditado temporalmente desde Francia el pasado mes de marzo- ha contestado en castellano y en una actitud más respetuosa que la que viene siendo habitual en los dirigentes de la banda cuando se   presentan ante la Audiencia Nacional. El último ex jefe militar en pasar por este tribunal, Francisco Javer García Gaztelu, alias 'Txapote', mandó "al carajo" a los jueces, tras negarse a levantarse cuando así se lo solicitaron.

Durante el juicio han declarado en calidad de testigos los etarras también miembros del 'comando Madrid' Aitor García Aliaga y Ana Belén Egües Gurrutxaga, ya juzgados y condenados por estos hechos en la Audiencia Nacional. Ambos han coincidido en defender que las   declaraciones que efectuaron inculpando al procesado, en sede policial y judicial el primero y ante la Policía la segunda, fueron realizadas bajo coacciones y torturas.

García Aliaga incluso ha negado conocer a Palacios y ha explicado que sólo sabe quién es "de haberlo visto en televisión y en fotos", a pesar de que a su entrada en la sala ambos se saludaron con sonrisas y gestos e intercambiaron algunas palabras. A Egües Gurrutxaga la   presidenta del tribunal no ha llegado a preguntarle si conocía al procesado, ya que los saludos fueron aún más evidentes. 

"Por lo que veo se conocen bastante, no tengo que preguntárselo",  ha afirmado la juez, a lo que la etarra, conocida con el alias de  'Dolores', ha respondido: "Sí, sí, somos muy buenos amigos". A pesar de ello, ha asegurado no recordar lo que pudo haber manifestado en contra de Palacios ante la Policía y ha insistido en que no se ratifica en sus declaraciones.

Durante la vista oral, a la que no ha comparecido ninguna víctima, también ha testificado uno de los policías que se desplazó al lugar del atentado después de que el 091 recibiera la llamada de uno de los miembros del 'comando Madrid' alertando de la colocación del coche bomba en la madrileña calle Ocaña. Ha explicado que la explosión causó "muchos destrozos" porque tuvieron "poco tiempo" para desalojar la zona y la calle donde se había colocado el vehículo era "muy estrecha".

Además, varios funcionarios de la Policía que participaron en la   toma de declaración de García Aliaga y Egües han ratificado que ambos   reconocieron a Palacios como miembro de la banda terrorista y lo   situaron en esta acción terrorista. En concreto, explicaron que su   participación se concretó en la búsqueda de información, la elaboración del explosivo y la reivindicación del atentado. 

Según ha defendido el representante del Ministerio Público en su informe de conclusiones finales, las declaraciones de estos dos   etarras son "pruebas más que suficientes" para fundamentar las   acusaciones contra Palacios. Además, se ha referido a un informe   elaborado por peritos de la Policía que concluía que el procesado era miembro liberado de ETA y que formó parte del 'comando Madrid'.   

No es esta la opinión del abogado del procesado, Haritz Escudero, que considera que en la vista oral se ha acreditado que no existe prueba de cargo suficiente para condenar a Palacios. A su juicio, los únicos indicios que existen contra su defendido son las declaraciones policiales y judiciales de Egües, que se verían ratificadas por las efectuadas por 'Dolores' a la Policía, pero que no han sido corroboradas con ningún indicio externo.  

Escudero recordó que, según doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, las declaraciones de coimputados son pruebas "legítimas pero no suficientes" y por tanto deben ser confirmadas por "datos ajenos a la mera declaración del coimputado" para poder llevar a una condena. 

En este caso, el abogado recalcó que "no hay ningún indicio" que corrobore que Palacios era miembro del 'comando Madrid' y "ni siquiera que estuvo en Madrid" en las fechas en que se llevaron a cabo los atentados que se les atribuyen, ya que no se ha encontrado ni una huella suya en las cinco viviendas que se registraron tras la desarticulación del comando.

Tras este primer juicio, Palacios deberá volver a la Audiencia Nacional para ser juzgado por otro atentado cometido un mes antes, en  junio de 2001, y en el que falleció el general Justo Oreja Pedraza.   

En el momento en que fue detenido, era jefe de los comandos operativos de ETA. En la jefatura del aparato militar de la banda le acompañaba entonces Ibon Fernández Iradi, alias 'Susper', que fue arrestado días después. Antes de su huida a Francia, el presunto etarra había pasado por el 'comando Madrid' y el 'comando Andalucía'.

Así se desprende del "Estudio sobre antisemitismo en España", realizado por el Instituto DYM el pasado mes de abril para Casa Sefarad-Israel y presentado este miércoles en una rueda de prensa en Madrid por, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores y de  Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. 

Este estudio se realizó por la preocupación suscitada a raíz de dos encuestas internacionales en 2008 y 2009, las cuales indicaban un importante aumento del sentimiento desfavorable hacia los judíos en España, que aparecía entre los países más antisemitas de Europa.

Ante esta primera encuesta específica para España sobre  antisemitismo, Moratinos señaló que un 34,6% de los españoles declara tener una opinión desfavorable de los judíos, frente al 46% de la encuesta de PEW Global Attitudes en 2008 y el 48% de la de Anti Defamation League en 2009. 

Por el contrario, destacó que un 48% de los ciudadanos españoles asegura tener una opinión favorable sobre los judíos, por el 45% del  estudio de PEW en 2008. 

Moratinos subrayó que las opiniones desfavorables sobre los judíos  "están al mismo nivel" que las de colectivos como los cristianos ortodoxos y los protestantes, y el único que recibe una valoración "mayoritariamente negativa en todos los casos es el de los musulmanes".

No obstante, Moratinos apuntó que "el grado de antisemitismo de la  sociedad española sigue siendo demasiado alto, algo particularmente preocupante dado el limitado tamaño de la comunidad judía española". 

La encuesta señala que los prejuicios contra los judíos en España  se deben en gran parte a la "asociación incorrecta" de los judíos con Israel y sus políticas porque "no se percibe a los judíos como creadores de problemas en España, pero sí en el mundo" y el motivo más citado para justificar la opinión negativa es el conflicto de Oriente Medio.

A este respecto, Moratinos aseguró que si el estudio se hubiera  llevado a cabo después de la crisis de la flotilla de Gaza, "los resultados para Israel y los judíos serían más negativos". 

A la luz de estos resultados, Moratinos comentó que el Gobierno  trabajará para "combatir esta lacra" promoviendo un mayor conocimiento en España de la historia y la cultura judía, ya que "los prejuicios  antisemitas siguen estando presentes en nuestra sociedad en un grado totalmente intolerable".

Por otro lado, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, se mostró sorprendido con la encuesta.

Hace tiempo que la batalla de los socialistas madrileños traspasó la frontera de la Comunidad. Nadie lo duda.  Ahora la reflexión gira en torno a las consecuencias, a si una y otra parte midieron el alcance de sus pasos, de sus declaraciones y de sus desafíos. Unos y otros –dirección federal y  PSM– se culpan mutuamente de lo ocurrido. Los primeros acusan a Tomás Gómez de haber puesto los intereses personales por encima de los del partido, de haber empujado a  Zapatero a una situación difícil cuando le dijo «no» y de no medir las consecuencias que para el PSOE podía tener todo el proceso en uno de los más complicados momentos políticos para el partido en el Gobierno.

De esas consecuencias hablaba el lunes el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando se interpretaron sus palabras como una amenaza al secretario general. Al menos así lo sostiene él y quienes apoyan a Jiménez. En el ánimo del más «incombustible» de los socialistas «no hubo intención de amenazar, ni de advertir, sino de abrir los ojos a una realidad» que cada día que pasa se encona más. Ese es el matiz que se introdujo ayer desde el «aparato» a las palabras del ministro, del qué muchos se preguntan «por qué y quién le ha metido en esto». Las respuestas las facilita él sin ambages: «Por lealtad al secretario general del PSOE y por estar convencido de que Trinidad Jiménez puede quebrar la mayoría absoluta del PP en Madrid», en ningún caso porque piense, como algunos creen, en el postzapaterismo. «Ni tengo tiempo de pensar en eso, ni quiero hacerlo porque mi carrera está acabada, se acaba aquí», aclara el ministro a quien le quiera escuchar.

Desde el otro lado de la contienda, en el cuartel general de Gómez, sólo encuentran un responsable de todo esto,  el vicesecretario general, José Blanco, que «fue quién metió a Zapatero en este lío», aseguran en el cuartel general de Gómez. Blanco está curtido en estas batallas y otras peores, de ahí que diga que a él sólo le mueve el interés general y la cruda realidad. Su argumento siempre fueron la crudeza de los datos sobre Gómez que ofrecían todas las encuestas. Desde el entorno de Gómez defienden que en el ánimo del secretario general del PSM jamás hubo una «operación contra Zapatero» como algunos pretenden trasladar, y que los primeros que desean evitar cualquier daño colateral son ellos. Ahora bien, llegados a este extremo, sólo ven una solución: «Que Trini dé un paso atrás. Es la mejor salida para ella y para Zapatero, y nos consta que en los últimos días se ha barajado». 

¿Respuesta? «No, nunca, jamás». A la dirección federal no sólo no le consta, sino que cree que este escenario no se producirá en ningún caso.  Es más, creen que desde el principio Tomás Gómez siempre se ha afanado en  «trasladar  que Trini carecía de apoyos. Es una intoxicación que forma parte de su estrategia, pero no lo verán». La batalla seguirá.

En una sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo  Penal de la Audiencia, se considera probado que "Txapote" entregó  armas y documentos falsos a dos etarras a las que encargó atentar en  madrid.

Las dos etarras a los que entregó el material fueron Nerea Garro  Pérez y Ainhara Esteran Cruz, con las que García Gaztelu se encontró  en el país galo el 28 de octubre de 2000.

En este encuentro, "Txapote" entregó a estas dos etarras dos  pistolas, tres juegos de DNI y permisos de conducir falsos, además  de otros documentos también carentes de autenticidad. Las terroristas  recibieron este material tras haber recibido el encargo de elaborar en  Madrid informaciones para atentar contra jueces, militares o miembros  de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la sentencia conocida este martes, la Audiencia condena a García  Gaztelu a 2,8 años de cárcel por tenencia ilícita de armas, mientras  que se le imponen otros 2,4 años de prisión por falsificación de  documentos oficiales.


Cinco años de cárcel para Carasatorre y Lete

Los etarras Juan Ramón Carasatorre Aldaz y José Ramón Lete Alberdi, fueron condenados hoy en Francia a cinco años de cárcel por haber constituido en el aparato militar de ETA una estructura dedicada a la formación de terroristas cerca de Pau (suroeste) entre septiembre de 2000 y noviembre de 2001.

El Tribunal Correccional de París también dictaminó la expulsión definitiva de Francia al término de la pena de prisión para Carasatorre (48 años) y Lete (49 años), que cumplen otras condenas y están pendientes de ser extraditados a España.

Ninguno de los dos quiso responder a las preguntas del tribunal ni intervenir durante este juicio, el primero que se celebra en Francia contra ETA desde que la banda hiciera público el domingo que ha declarado un alto el fuego.

La condena fue inferior a los seis años que había solicitado la fiscal Fanny Bussac, que insistió en que estos dos hombres, que cuentan con un largo historial en la organización terrorista, estaban "encargados de formar a los asesinos de ETA".

El acto contó con la lectura de un manifiesto y finalizó con la entrega de una carta al ministro para transmitirle sus exigencias así como las quejas por el comportamiento de Velázquez contra el que estudian emprender acciones legales.  

"Ya vale de amenazas, vamos a presentar un carta formal y haremos algunas acciones contra la actitud de Velázquez, incluso estamos barajando emprender acciones judiciales", ha anunciado Moya. "Hemos venido unos cien dirigentes de las dos asociaciones de toda España para reivindicar una jornada laboral digna, la actual nos impide conciliar la vida laboral con la familiar y trabajamos 22 horas más que un policía nacional", ha denunciado. 

Asimismo, han solicitado la "unificación de escalas" ya que, a su juicio, "en la Guarida Civil existen dos velocidades: los de primera que provienen de la Academia del Ejército y los que provienen de la promoción interna". Por su parte, con la entrega de la carta al ministro, Moya  manifestó su esperanza por que "se abra de una vez el diálogo para solucionar el conflicto". 

Ya en la lectura del manifiesto, Moya ha señalado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a Velázquez como "responsables del clima de conflicto, frustración y descontento que vive actualmente la Guardia Civil por no atenderse debidamente estas básicas y elementales cuestiones de dignidad profesional". 

La concentración tuvo lugar en los aledaños de la Plaza de Colón en el Paseo de la Castellana de Madrid, pero en la acera contaría del Ministerio del Interior. La convocatoria, que estaba dirigida únicamente a los representantes de ambas asociaciones y no a sus   militantes, congregó a varias decenas agentes que portaban todos la boca tapada con unas cruces rojas en señal de censura y un cartel en el que se podía leer "Soy guardia civil". Algunos de ellos iban ataviados con el clásico tricornio y la capa la Guardia Civil.

Los presentes, situados tras una pancarta en la que se leía "Por una jornada laboral digna. No más recortes", profirieron gritos como "Rubalcaba ¿y nuestra jornada?" o "Velázquez ¿dónde está? Velázquez dimisión". El acto de hoy ha servido como paso previo para la manifestación convocada también en Madrid para el día 18 de septiembre que culminará ante la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y para la que los representantes anunciaron hoy una asistencia de miles de personas.

Los presentes hoy desafiaron la circular que ayer envío el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, "a todas las unidades de la Guardia   Civil" en la que se les advertía de las "consecuencias disciplinarias" que puede provocar su participación en la concentración.

En concreto, en la circular se "recuerda que sobre los miembros de la Guardia Civil pesa legalmente la expresa prohibición legal de organizar y de asistir a cualquier tipo de reunión o manifestación portando armas, vistiendo uniforme o sin respetar el deber fundamental de neutralidad". Para ello citaba jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 

"Este deber de neutralidad impone a todos los miembros del Instituto Armado la obligación de abstenerse de organizar y de asistir, en su condición de tales miembros de la Guardia Civil, a reuniones o manifestaciones públicas que tengan connotaciones de carácter político y sindical", añadía el escrito.

Por todo ello se advertía de que "la transgresión de cualquiera de las prohibiciones y deberes a que se hace referencia en la misma puede ocasionar las correspondientes consecuencias disciplinarias conforme a lo dispuesto en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil".

En cualquier caso, la concentración estaba autorizada desde el pasado 31 de agosto por la Delegación del Gobierno en Madrid en un escrito en el que defendía que "el derecho de reunión (pacífica y sin armas) que se configura como exponente de la libertad de expresión 
y su ejercicio no es ajeno a los miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de lo establecido en las leyes específicas (Régimen Disciplinario de la Guardia Civil)".  

Así, la Delegación del Gobierno se limitaba a recordarles que deben "respetar el deber fundamental de neutralidad política propia de la condición de militar" y la "prohibición de portar armas y uniforme", además de otras apreciaciones como el lugar que debían ocupar frente al Ministerio para no entorpecer la circulación. 

Además, la UO denuncia que la "modernización del Cuerpo que prometió el ministro del Interior en la sesión constitutiva del Consejo de la Guardia Civil ha quedado en nada" y censuran que "ni se avanza en la eliminación de los agravios que existen con respecto a   otros cuerpos policiales ni mucho menos quieren oír hablar de la  actualización de la Ley de Personal o de la unificación de las escalas de oficiales". Por todo ello, anunciaron que se trasladarán hasta la sede del Defensor del Pueblo para hacer entrega de unas 400 quejas. 

Los grupos del Senado han acordado dar una semana de plazo al PP para que presente sus candidatos al Tribunal Constitucional y que la comisión de Nombramientos, que se ha aplazado hasta el próximo miércoles, haga una propuesta al pleno aunque no cuente con el respaldo del principal grupo de la Cámara.

La decisión se ha adoptado en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, en la que, según ha explicado la portavoz del PSOE, Carmela Silva, todos los grupos salvo el PP han manifestado que están en disposición de proponer cuatro nombres de entre los 22 propuestos por las autonomías para cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado.

"Hemos acordado que en esa comisión de Nombramientos se cierra esa etapa", ha aseverado Silva quien ha hecho hincapié en que ese es el "acuerdo pleno" de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP cuyo portavoz, Pío García Escudero, ha dicho que dará su respuesta a la comisión, según la portavoz socialista.

Así, el próximo miércoles la comisión de Nombramientos hará una propuesta, con o sin el acuerdo del PP, con los nombres de cuatro magistrados de entre los 22 propuestos por las autonomías o abrirá un plazo para que sean los grupos parlamentarios los que designen nuevos candidatos.

Silva ha pedido al secretario general de la Cámara Alta, Manuel Cavero, que aclarara a la Junta de Portavoces si los parlamentos autonómicos pueden volver a presentar candidatos, después de que el Senado rechazara a Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y uno de los dos nombres propuestos por el PP.

Según ha explicado Silva, el responsable de los servicios jurídicos del Senado ha dejado claro que, en esta etapa del proceso, sólo compete a los grupos parlamentarios proponer nuevos candidatos y los parlamentos autonómicos no pueden volver a intervenir.

El secretario general ha explicado así "verbalmente" el informe que elaboraron antes del verano los servicios jurídicos para que "constara en acta" que "no hay ninguna posibilidad de que las comunidades autónomas puedan hacer nuevas propuestas".

"Habrá una propuesta, una decisión que permita o elevar cuatro nombres al pleno o abrir el siguiente procedimiento, que es que los grupos políticos puedan proponer nombres para cubrir las vacantes que queden. Esa es la decisión que hemos tomado", ha aseverado Silva.

La portavoz del PSOE ha confiado en que el PP "sea responsable y, por una vez, ponga las instituciones del Estado por encima de sus intereses partidarios" y le ha instado a "dejar de contradecir y de incumplir los mandatos de la Constitución".

"Hace tres años casi tenía que haber sido renovado el TC, no podemos seguir haciéndole este daño a una institución tan relevante del estado de derecho", ha indicado Silva quien ha hecho hincapié en que el resto de grupos han demostrado "responsabilidad y mucha generosidad" porque su objetivo es desbloquear la renovación.

En los últimos días, el PSOE ha apremiado al PP para que presente un nuevo candidato que sustituya a López, mientras que este grupo instaba a los socialistas a cumplir la modificación del Reglamento que impulsaron y que permite participar a las autonomías en la renovación del TC.

De ahí la decisión de Silva de pedir al secretario general del Senado que explicara a la Junta de Portavoces para que constara en acta que las comunidades no pueden volver a proponer candidatos.

La renovación del Tribunal Constitucional lleva pendiente desde diciembre de 2007 y fue reactivada en el Senado a raíz de la comparecencia del presidente catalán, José Montilla, quien pretendía así desbloquear la sentencia del Estatut.

El escollo para el necesario acuerdo entre el PSOE y el PP ha sido el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, propuesto por cinco comunidades -Madrid, La Rioja, Extremadura, Cantabria y Castilla y León- y que los socialistas vetaban.

Su candidatura fue rechazada por los servicios jurídicos de la Cámara Alta por no cumplir con el requisito de 15 años de ejercicio en el cargo.

Descartado López, veinte de los 22 candidatos propuestos por las autonomías comparecieron el pasado 15 de julio ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que los consideró idóneos para acceder al cargo.

De entre todos ellos, los grupos deberán escoger cuatro nombres el próximo miércoles, para que la comisión de Nombramientos los eleve al pleno o, si no hay acuerdo, abrir un nuevo plazo en este largo proceso de renovación del TC.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha anunciado hoy que ha elegido el 28 de noviembre como fecha para celebrar las elecciones al Parlamento de Cataluña, que ha calificado de "trascendentes" para toda una generación de catalanes, y ha pedido a los partidos políticos "juego limpio".

En una declaración institucional leída en el Palau de la Generalitat, Montilla ha despejado finalmente la incógnita en torno a la fecha electoral y ha hecho buenas las quinielas que apuntaban el 28 de noviembre como el día más indicado.

Se da la circunstancia de que el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid está previsto que se juegue, en el Camp Nou, el mismo 28 de noviembre, aunque podría haber la opción de que se avance al sábado 27 de noviembre.

En todo caso, el 28 de noviembre se cumplirán justo cuatro años del mandato de Montilla, puesto que en esa misma fecha, en 2006, fue cuando tomó posesión como presidente de la Generalitat.

Después de comunicar a sus consellers la fecha elegida y haber hablado también con el presidente del Parlament, Ernest Benach, y con el jefe de la oposición y líder de CiU, Artur Mas, Montilla ha afirmado que en estos comicios la sociedad catalana "se juega mucho", sobre todo en un momento de crisis económica.

De esta forma, la campaña de las elecciones catalanas arrancará la medianoche del 11 al 12 de noviembre, con lo que los aparatos de los partidos ya tienen despejado el camino para hacer sus previsiones en precampaña y campaña.

"Estas elecciones serán decisivas y muy importantes, nos jugamos mucho. Llegan en un momento especial y exigente, en un contexto de crisis económica grave, confrontados a cambios sociales de gran intensidad, con un descrédito general de la política, muy pocas semanas después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y en medio de no pocas tensiones políticas en las relaciones entre Cataluña y el resto de España", ha explicado Montilla.

En este contexto, se ha dirigido a los candidatos y ha dicho sentirse "obligado a pedir a las fuerzas políticas que concurrirán a las elecciones dos principios irrenunciables: juego limpio en la acción electoral y claridad en las propuestas políticas. Los retos que tenemos planteados no se resuelven con eslóganes ni con descalificaciones simplificadoras".

El presidente catalán también se ha dirigido a los ciudadanos catalanes para pedirles que sean "conscientes del momento extraordinariamente importante que les toca vivir", puesto que con su voto decidirán "mucho más que una mayoría, un presidente, o un programa de Gobierno".

"Decidiréis qué camino debe seguir Cataluña, no en una legislatura, sino seguramente en toda una generación. En este sentido, pido a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que se informen, a fondo, que piensen en las consecuencias de su voto y que decidan en libertad", ha agregado.

Mientras, Montilla se ha comprometido a seguir trabajando "con total intensidad y normalidad hasta el último momento". "La agenda política no está cerrada todavía", ha advertido.

"Espero que en las próximas semanas, y también durante la campaña electoral, todas las fuerzas políticas hagan un esfuerzo adicional de pedagogía. Y deseo también que nuestros medios de comunicación contribuyan favoreciendo un debate democrático plural, rico, vivo, comprensible y que llegue realmente a todo el mundo. Aprovechamos estas semanas para hacer debates sinceros y a fondo sobre nuestro presente y nuestro futuro. Creo que nos hace falta más que nunca", ha concluido.

Primera Ejecutiva Federal del PSOE tras el paréntesis vacacional. En el cónclave se habló, y mucho, de primarias; de Tomás Gómez; de quiénes interpretan la pugna de Madrid como un proceso contra Zapatero y del papel que debe jugar la dirección socialista. Hubo varias intervenciones para llamar la atención del presidente sobre la lectura que algunos sectores de la derecha, pero también del partido, que pretenden convertir las elecciones para elegir candidato en un plebiscito contra el número uno del partido. El jefe del Ejecutivo dijo, sin embargo, que él no se juega nada en las primarias que enfrentan a Gómez y Jiménez, aunque tenga sus preferencias, «por responsabilidad y por querer lo mejor para el PSOE».

El secretario general, a quien se le achaca la responsabilidad de haber inoculado el virus de las primarias en Madrid y de que éste vaya a tener un efecto contagio en otras Comunidades, hizo una primera intervención medida en la que pidió a la dirección federal «prudencia y contención» y que actúe como garante del proceso. Y  a aquellos que vayan a ser candidatos les conminó expresamente a que promuevan el debate de las ideas frente al PP y a que no olviden que el objetivo es ganar las elecciones.

Zapatero, que quiso trasladar a su dirección una visión positiva de las primarias en clave de instrumento democratizador del partido, insistió mucho en que la contienda interna es una confrontación entre compañeros y no entre adversarios. Aun así, fuentes de la dirección federal, aseguran que estuvo mucho má duro en su segunda exposición, tras escuchar al resto de intregrantes de la Ejecutiva, incluida la diputada del PSM Maru Menéndez que estuvo  muy a la defensiva.

Quienes ayer pudieron intercambiar impresiones con el presidente sostienen que estaba profundamente molesto con el discurso que Tomás Gómez hizo en la sede de la UGT el pasado domingo. Tanto es así que le advirtió: «Los liderazgos duraderos son los liderazgos generosos». A pocas palabras...

El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha remitido una circular a todas las unidades de la Guardia Civil en la que anuncia sanciones para los agentes que acudan a la concentración convocada para mañana frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid.

Representantes de las dos asociaciones mayoritarias en el instituto armado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO), protestarán mañana frente a la sede de Interior para exigir mejoras laborales y una jornada de trabajo "digna" para los agentes.

En la nota interna,  Velázquez recuerda a los guardias civiles la prohibición legal de organizar y asistir a cualquier tipo de reunión o manifestación portando armas, vistiendo de uniforme o "sin respetar el deber fundamental de neutralidad".

La circular subraya que este deber de neutralidad impone a todos los guardias civiles la obligación de abstenerse de organizar y asistir a reuniones o manifestaciones públicas que tengan "connotaciones de carácter político o sindical".

 Por ello, el director general de la Policía y de la Guardia Civil advierte de que la "transgresión" de esta norma "puede ocasionar las correspondientes consecuencias disciplinarias" y podrá ser castigado como falta "muy grave" conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

 La imposición de una falta muy grave puede conllevar la separación del servicio, la suspensión de empleo durante un máximo de seis años o la pérdida de puestos en el escalafón.

 Las direcciones de AUGC y UO se reunirán esta tarde para analizar la nota interna emitida por el Ministerio del Interior y que fuentes de AUGC han calificado de "provocación".

La concentración de mañana se produce tras la supuesta huelga de "bolis caídos" desarrollada por los agentes de la Agrupación de Tráfico durante el verano y supone la antesala de la manifestación convocada para el 18 de septiembre en Madrid que culminará ante la sede de la Dirección General de la Guardia Civil.

La BBC recoge en su pagina web un texto firmado por el periodista Clive Myrie, y fechado en San Sebastián, en el que explica cómo obtuvo el vídeo en el que ETA anuncia que hace meses adoptó la decisión de no cometer "acciones armadas ofensivas".  

El periodista explica que una persona, que conocía y a la que no había visto desde hacía un año, contactó con él, a través de un e-mail, y le trasladó que le había estado buscando y le emplazaba a un encuentro en Londres para tomar un café. 

Myrie señala que, en el desarrollo de ese encuentro, celebrado en un café fuera de la estación del metro de Covent Garden, esta persona, que en ningún momento señala que sea miembro de ETA, le traslada que la banda armada está considerando "seriamente" un cese en su lucha armada "por un Estado vasco", y le pregunta si tiene interés en difundir la información a todo el mundo. 

Asimismo, el periodista señala que, en su conversación, esta persona le indicó que las opciones de "un Estado vasco independiente" son "tan remotas ahora" como lo han sido durante los últimos 50 años. Asimismo, ponía en cuestión  la violencia de la banda, y decía que podía estar entorpeciendo la causa del nacionalismo vasco, en lugar de facilitarla. "¿Podría ser que en realidad ETA esté lastrando la causa del nacionalismo vasco en lugar de colaborar con ella?", dijo.

Además se comparó con Cataluña: "El pueblo catalán ha conseguido más autonomía de Madrid y los separatistas allí no tienen un ejército de personas que ponen bombas y llevan pistolas".

En este sentido, decía que "la excusa" de los políticos de Madrid para negar el independentismo vasco era "la lucha armada" de ETA y se preguntaba que ocurría si "esa excusa desapareciera".   

En esa conversación, le comunicó que unos días después le mandarían un mensaje de texto por teléfono para citarse y entregarle el vídeo que, finalmente, emitió la cadena. La grabación le fue entregado al periodista en la estación 'Gare du Nord' de París a las dos de la tarde, aunque no se especifica la fecha.

El PSC, con una gran desventaja respecto a CiU según todas las encuestas, ha tenido que recurrir a Zapatero para intentar remontar en intención de voto. El anuncio de que Zapatero protagonizará la Fiesta de la Rosa se produce pocos días después de que trascendiera el inminente regreso de Celestino Corbacho a la política catalana. Todo ello se puede interpretar como un viraje del PSC hacia tesis más afines al PSOE.

El PSC notificó la asistencia de Zapatero al acto que cada septiembre se celebra en la Pineda de Gavà mediante un comunicado del director de campaña, Jaume Collboni, precisamente el dirigente que el pasado mes de mayo consideró que «no sería lo más prudente del mundo» contar con el presidente del Gobierno en la precampaña debido a la tensión que había entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona. No obstante, Montilla no tardó en desautorizar a su director de campaña.

De hecho, según el PSC, está previsto que Zapatero participe en varios actos de la campaña de las autonómicas, aunque están todavía por determinar. Antes, el presidente de la Generalitat debe concretar el día de las elecciones, algo que podría hacer hoy mismo, puesto que se celebra la reunión semanal del Gobierno catalán. En todo caso, Montilla ha decidido desoír al sector del PSC que aconsejaba celebrar las elecciones en día laborable y serán en domingo, probablemente el 28 de noviembre.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Efe, Montilla ha cortado de raíz las especulaciones sobre la posibilidad de que las elecciones se celebren en un día laborable y ha asegurado que "no apurará" el plazo que marca la ley, que señala el 16 de diciembre como último día posible, pero no ha querido ir más allá.

Montilla, que esta semana desvelará definitivamente el misterio de una fecha electoral que desconocen incluso sus propios consejeros en el gobierno, sólo ha querido descartar el 7 de noviembre, porque coincidiría con la visita del Papa a Barcelona.

Sin embargo, no ha desechado ninguno de los siguientes cinco domingos y ha evitado expresar sus preferencias por el día 28 de noviembre, fecha que se baraja en casi todas las quinielas.

El día 28 está programado el primer Barça-Madrid de la Liga 2010-2011, pero Montilla no considera que eso sea un obstáculo para celebrar las elecciones: "La gente puede ir a votar y después ir al fútbol. Es tan buen día como cualquier otro".

Aunque parecían descartados el 14 y el 21 de noviembre, porque la visita del Papa se produciría con la campaña electoral ya empezada, Montilla no ha tachado tampoco esas dos fechas de su calendario.

Sobre la incorporación de Celestino Corbacho a las listas del PSC, Montilla ha rebatido las críticas de los demás partidos y ha afirmado que el actual ministro de Trabajo "es un activo".

Amplio banquillo
Montilla ha sacado pecho del amplio "banquillo" de candidatos socialistas que pueden acompañarle tanto en las listas como en un futuro Govern comandado nuevamente por el PSC, si bien ha calificado de "especulación veraniega" el hecho de que Josep Borrell suene como posible conseller de Economía en un nuevo gobierno catalán.

No obstante, Montilla ha resaltado el gran abanico de posibles nombres socialistas que podrían ocupar esta cartera, entre ellos el de Borrell y el del actual conseller del ramo, Antoni Castells.
Incluso se ha atrevido a mencionar al ex secretario de Estado de Economía, que ahora trabaja en el Fondo Monetario Internacional (FMI): "David Vegara también podría ser un buen conseller de Economía".

Por otra parte, Montilla ha considerado un "disparate" que CiU aspire a obtener el concierto económico para Cataluña si el PP desaloja a José Luis Rodríguez Zapatero de la Moncloa.

Sobre el futuro decreto para exigir conocimientos de catalán al nuevo profesorado universitario, ha recalcado que la norma "no debe ser un elemento disuasorio" que frene la llegada de "los mejores profesores a las universidades catalanas".

Más de mil socialistas, simpatizantes del candidato enfrentado a la ministra Trinidad Jiménez, se dieron cita en la sede sindical,  a la que accedieron por la puerta de atrás, dejando en la de delante una macropancarta con la que UGT anima a los españoles a participar de la huelga general del 29-S contra la política económica del Gobierno.

Ayer, por primera vez en diez años, no se pudo escuchar a Zapatero  cantando la Internacional Socialista en la fiesta astur-leonesa; pero sí  se pudo ver al candidato díscolo dándose un baño de masas en la Casa del Pueblo al son de «Power to the people» –El poder de la gente– de John Lehnon. Gómez se metió al público en el bolsillo cuando reivindicó el papel de los militantes: «No estamos sólo para pegar carteles y hacer campañas. También para decidir el futuro del PSOE», e incluso se vieron pancartas  en las que se leía «Las bases con Tomás. Paracaidistas, “no”», en clara referencia a la candidata oficialista.

Arropado por destacadas figuras de la vieja guardia del socialismo –el jurista Gregorio Peces-Barba; los ex ministros Virgilio Zapatero y José Luis Corcuera; el ex alcalde de Madrid Juan Barranco, o el ex secretario general de la Presidencia de Felipe González, Julio Feo–, de la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce; de 106 secretariados generales y presidentes de agrupaciones y de 33 plataformas de apoyo, Gómez pidió el voto apelando al derecho a elegir y a la democracia interna y haciendo uso del lenguaje más mitinero y del antiguo «social-obrerismo».

Sin atacar ni implícita ni explícitamente a su rival en las primarias, el ex alcalde de Parla decidió tirar contra el PP y en especial contra Esperanza Aguirre, con quien pretende batirse en las autonómicas. Y es que el discurso duro, aunque también cargado de ironía y de humor, corrió a cargo del diputado Juan Barranco, que no tuvo reparos en subrayar la «alegría de estar aquí, donde se está muy a gusto» en referencia a la sede de UGT, y de cargar contra Ferraz al asegurar que «lo que debilita a los líderes no es la democracia, lo que debilita a un líder político es el pucherazo, es la designación a dedo», a cuenta del conflicto de los militantes expulsados de Móstoles. 

MADRID-El PP ya tiene sobre la mesa su nuevo movimiento frente al veto que el PSOE ha conseguido promover en la Mesa del Senado contra la candidatura del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López para el Tribunal Constitucional (TC). La idea que se baraja es que las asambleas autonómicas con mayoría popular presenten una cascada de recursos de amparo contra ese veto, lo que, por de pronto, ralentizará el proceso.

El ideólogo y coordinador de esta estrategia es Federico Trillo, a quien Rajoy ha dado potestad para controlar directamente con mano férrea cada paso que el partido da en el ámbito jurídico o en los tribunales. Sólo los parlamentos regionales o el propio López están legitimados para presentar recurso, mientras que el PP, como formación, ya ha agotado su margen jurisdiccional con los dos recursos que en su día formalizó contra la decisión de la Mesa del Senado.

Sí le queda todavía campo político para actuar y lo utilizará el martes en la reunión de la Comisión de Nombramientos de la Cámara que el presidente del Senado, Javier Rojo, ha convocado para que los grupos presenten sus candidatos alternativos.

Los populares mantendrán en esa reunión la candidatura de López, junto con la del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Francisco Hernando. Y, asimismo, volverán a subrayar su malestar por lo que entienden que es una «falta de cumplimiento del acuerdo» alcanzado con el PSOE, por el que se excluían los vetos, así como un incumplimiento de los procedimientos institucionales impulsados «ad hoc» por los socialistas con la reforma legislativa por la que se modificó el sistema de elección de los magistrados del TC para atender la presión nacionalista para reforzar el poder de las autonomías. Éstas participan en la renovación del Alto Tribunal gracias a la reforma de la Ley Orgánica del TC, que en su día no contó con el apoyo del PP y que establece, en su artículo 16.1, que los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas de las comunidades «en los términos que determine el Reglamento de la Cámara».

Cruce de acusaciones
El PP considera que el hecho de que López tenga en su poder una ficha profesional le reconoce 19 años de ejercicio profesional otorgada por el actual CGPJ de mayoría progresista, es suficiente argumento para recurrir en amparo la decisión de la Mesa del Senado. Los magistrados del Constitucional «deberán ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función». 

Ayer, Soraya Sáenz de Santa-maría, portavoz del PP en el Congreso, instó al PSOE a respetar «los procedimientos y leyes que atribuyen nuevas facultades a las autonomías, en lugar de querer cambiar esos procedimientos cuando las cosas no salen como le gustan». También denunció que durante este verano su formación no ha recibido ni una sola llamada  del Gobierno o del Partido Socialista para empezar a negociar la renovación de los órganos constitucionales pendientes, entre ellos el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Su homólogo socialista, José Antonio Alonso, replicó con la acusación de que el Partido Popular «bloquea» la renovación del  Constitucional  porque su portavoz en el Senado, Pío García Escudero, «no se está poniendo al teléfono».

Otro duelo económico
Rajoy vuelve a la carga contra Zapatero  con la economía como arma dialéctica. En su primer «cara a cara» tras el verano, el jefe de la oposición reclamará unos Presupuestos para 2011 que incluyan un plan «anti crisis». La sesión de control del miércoles volverá a estar marcada por la crisis, según detalló ayer Soraya Sáenz de Santamaría. Curiosamente, esta semana el PP registró una pregunta a la vicepresidenta Salgado sobre el paro anticipándose a la noticia de que el ministro de Trabajo dejará el cargo para arropar al PSC en la campaña catalana.

MADRID- Hoy se cumplen once días desde que el capitán José María Galera, el Alférez Leoncio Bravo Picayo y el intérprete Ataolah Taefik fueran asesinados por un insurgente infiltrado en la base española de Qala-i-Now. Y transcurrido este tiempo, el Ministerio de Defensa sigue sin colocar en su página web ni una sola referencia a los tres miembros del contingente español asesinados.

La información del ataque y de quiénes eran los fallecidos fue copada desde un primer momento por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pese a que al estar en una misión militar en el exterior dependen del Ministerio de Defensa y en concreto del Estado Mayor de la Defensa. La Ley de la Defensa Nacional especifica que la Guardia Civil depende de Defensa «en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden». En Afganistán, los agentes pertenecen al contingente y utilizan la uniformidad y el material de sus compañeros militares.

Despedida
Por otro lado, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presidió ayer el acto de despedida del nuevo relevo de guardias civiles que se desplazará a Afganistán, recordando a los dos agentes y el traductor asesinados y pidió «honrar su memoria, justamente completando la misión por la que ellos dieron la vida». Rubalcaba admitió que se trata del cometido más arriesgado de todos en los que ha participado el Instituto Armado. Asimismo, explicó que «estamos defendiendo la seguridad de los afganos, la de los países aliados, pero también la nuestra, la seguridad de España y de los españoles», mientras destacaba la importancia de «apoyar al Gobierno de Afganistán en el mantenimiento de la seguridad y la reconstrucción, y contribuir a la formación de sus fuerzas de seguridad», informa Europa Press.

El JEME «ratificó» el chapiri en junio
- El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Fulgencio Coll, envió a finales del pasado mes de junio a todos los cuarteles del Ejército una instrucción relativa a uniformidad en la que ratificaba la continuidad del tradicional gorro de la Legión, el chapiri. De hecho, en esa instrucción, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el JEME especificaba que con el uniforme de trabajo de las unidades, la prenda de cabeza que se ha de utilizar es exclusivamente la boina, excepto, subrayaba, en la Legión y en la Academia General Militar, en la que el uniforme de trabajo es gris.  En las últimas semanas se ha desatado cierta polémica por algunas informaciones aparecidas en diversos medios en las que se aseguraba que la ministra de Defensa, Carme Chacón, estaba planteando la supresión de una de las señas de identidad más tradicionales de la Legión.

El edil se enteró de la decisión de la Comisión de Derechos y Garantías por boca de su propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, quien le informó de que se le levantaba la suspensión de militancia dos meses antes de que cumpliera el plazo inicialmente previsto. "Le he dado las gracias, obviamente", ha indicado.

"Estoy muy contento, obviamente, porque la situación en la que prefiero estar políticamente en la vida es afiliado al PP. Es algo que sentimos (quienes), como yo desde hace muchos años, (tenemos) la   necesidad de estar junto a los compañeros tratando de servir lo mejor posible al resto de ciudadano", ha apuntado en declaraciones a los medios durante una visita al Matadero de Madrid.  
Aun así, ha reconocido que durante los diez meses que ha durado su 'castigo' ha estado "no estaba a gusto", pero que se siente aún mejor ahora que se le ha levantado la suspensión. "Aunque sólo fuera un día menos de suspensión, yo lo agradecería, y por tanto si son dos meses pues también lo agradezco", ha apostillado.

Con esta decisión del Comité de Derechos y Garantías, Cobo recupera todos sus derechos como militantes, entre otros, el de estar en las listas electorales para mayo de 2011. Además, podrá asistir al Comité Ejecutivo del PP que tendrá lugar el lunes en Santiago de Compostela.

"El próximo lunes estaré en Santiago con mis compañeros de partido, dándole las gracias también al presidente del partido, Mariano Rajoy", ha apostillado.

Finalmente, ha aprovechado la ocasión para recomendar a todo aquél que, como él, no estén en el partido -"aunque lo mío fuera circunstancial", ha puntualizado-, y que se sientan "decepcionados"  por el Gobierno que "pase por una de las oficinas del partido y se afilie, porque la verdad es que se encuentra uno muy bien siendo militante del PP".

"Es más, aquellas personas que, como yo, aunque lo mío fuera circunstancial, no estén en el partido y vean que en estos momentos en España necesitamos salir de una profunda decepción que nos ha causado este Gobierno, les animo a que estén tan contentos como yo y que pasen por una oficina de nuestro partido y se afilien, porque la verdad es que se encuentra uno muy bien siendo militante del PP", ha concluido. 

Zapatero no quiere que se hable  ni por activa ni por pasiva de crisis de Gobierno. Bastantes frentes tiene abiertos en este comienzo de curso político como para pensar en una profunda remodelación del Gabinete, aunque haya sectores de su partido que se lo pidan a gritos.  Primero fue junio, luego septiembre y ahora desde Moncloa aseguran que la única baja que se producirá en la mesa del Consejo de Ministros es, y por voluntad propia, la de Celestino Corbacho para acompañar a José Montilla en la lista a las elecciones catalanas, y que ésta no tendrá lugar «por lo menos»  hasta finales de octubre. Así que otra vez las quinielas, las apuestas y los calendarios de propios y ajenos han vuelto a fallar, algo que con Zapatero suele ocurrir con bastante frecuencia. Al presidente, ya se sabe, le gusta marcar sus propios tiempos, y no que se los marquen.

Cuando el jueves se supo que Celestino Corbacho dejaría el Gobierno para volver a la política catalana muchos dieron por hecho que su relevo sería aprovechado por el presidente para sustituir también a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en el caso de que ganase las elecciones primarias para la candidatura de la Comunidad de Madrid a Tomás Gómez. Y como el ganador de la contienda madrileña no se conocerá hasta el 3 de octubre, se dio por hecho que tanto la salida de Corbacho  como la de Jiménez llegaría  entre la primera y la segunda semana de octubre. Para esa fecha  Corbacho se iría asumiendo el desgaste de la huelga general del 29 de septiembre y ya se sabría si la ministra de Sanidad disputará o no la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre en mayo de 2011. Ni lo uno ni lo otro. Zapatero no tiene intención de sustituir a Corbacho «por lo menos»  hasta finales de octubre, aseguran fuentes cercanas al presidente. Y por otro lado, sostienen también en el gabinete presidencial, mantendrá a Trinidad Jiménez en Sanidad aunque gane las primarias a Tomás Gómez, hasta bien entrado el primer trimestre del próximo año, probablemente hasta finales de marzo o principios de abril.

Sostienen así en Moncloa que no habrá crisis de Gobierno, que lo de ahora es un pequeño ajuste obligado por el calendario electoral de Cataluña y que ésta no llegará hasta el primer trimestre de 2011. Y es que los estrategas «monclovitas» defienden que no tiene sentido acometer ninguna remodelación del Gabinete hasta que las reformas económicas no estén en marcha. Y, de las previstas por el Gobierno, aún quedan la del sector energético y la del sistema de pensiones que, según los cálculos del presidente, ambas estarán aprobadas en este periodo de sesiones que empieza ahora y concluirá en diciembre.

Será entonces con las reformas económicas estructurales en marcha, con el más que previsible cambio de Gobierno en la Generalitat de Cataluña tras las elecciones de noviembre, con los presupuestos generales para 2011 aprobados definitivamente, con la evolución de la economía y con los nuevos ajustes que requieran los comicios municipales y autonómicos, cuando el presidente acometa la remodelación de su Gabinete. Sería la cuarta en seis años de mandato.

Jáuregui vuelve a las quinielas
Descartados pues los cambios profundos para este curso político que acaba de arrancar, ayer las quinielas en el PSOE se limitaron a quién sustituirá a Celestino Corbacho en Trabajo. Y, si a muchos socialistas se les pidiera opinión al respecto, no tendrían ninguna duda: el mejor candidato sería Ramón Jáuregui.

El que fuera vicelendakari en el Gobierno vasco entre 1987 y 1991, consejero de Economía, Trabajo y Seguridad Social entre 1994 y 1997 y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso hasta que se fue de número dos por el PSOE en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, es un hombre de larga trayectoria política que cuenta con el reconocimiento de propios y extraños, y sabría reconducir las maltrechas relaciones del Ejecutivo con los sindicatos, ya que fue secretario general de la UGT en Rentería durante la Transición.

Otras voces del PSOE apuntaban, sin embargo, el nombre de Octavio Granados, secretario de Estado de Seguridad Social y miembro de la Ejecutiva Federal. Los más cercanos al presidente descartaban, en cambio, esta apuesta y cualquier otra, ya que la cartera de Trabajo podría asumirla incluso alguno de los ministros en activo. Sólo Zapatero tiene la respuesta.

Moratinos no quiere irse a Córdoba
Dicen que José Antonio Griñán lo quería de candidato a la Alcaldía de Córdoba;  pero la idea no parece entusiasmar al ministro de Exteriores. Si al presidente le produce ya casi urticaria oír hablar de crisis de Gobierno, al jefe de nuestra diplomacia se le tuerce el gesto cada vez que alguien le sitúa de candidato a alcalde. No es extraño, teniendo en cuenta que el PSOE no ha gobernado nunca en Córdoba, donde sí lo han hecho tanto PP como IU. Un dato: al titular de Exteriores se le ha dado infinidad de veces por cesado y es de los pocos que se mantiene en el Gabinete desde 2004.

Unas remodelaciones cargadas de polémica
Tres grandes crisis
La primera gran crisis se produjo en abril de 2006 por la dimisión de Bono y supuso la remodelación de varias carteras, entre ellas Interior, Defensa y Educación. La segunda llegó por sorpresa en julio de 2007, a tan sólo ocho meses de las elecciones. La última, en abril de 2009, sólo un año después de las elecciones generales, y cuando ya era un clamor popular.

34 ministros en seis años
En apenas seis años, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha realizado tres remodelaciones y 34 cambios en los ministerios. Tan sólo cuatro miembros del Gobierno se mantienen desde 2004: María Teresa Fernández de la Vega, Miguel Ángel Moratinos, Elena Salgado y Elena Espinosa. Por el camino se quedaron Fernández Bermejo, José Bono, Carmen Calvo o Pedro Solbes.