Preguntado por el comunicado de ETA del pasado domingo, en el que anunciaba que no llevará a cabo "acciones armadas ofensivas", Caamaño ha recordado que la posición del Ejecutivo ha sido clara y rotunda y que su intención es que quienes no condenen claramente la violencia y no abandonen esa forma de actuar en Democracia no estén en los organismos democráticos.

Por tanto, ha agregado el ministro, "como hemos hecho otras veces aplicaremos con rigor la Ley para que se cumpla".

Además, si fuera necesario, ha agregado Caamaño, se abordarán modificaciones legislativas una vez más "para asegurar a la Democracia española que en los organismos de representación ciudadana sólo habrá demócratas".

Respecto al papel que puede jugar Eusko Alkartasuna, que tiene un acuerdo de colaboración con la izquierda abertzale, el ministro ha insistido en que el Gobierno utilizará todos los instrumentos que da la Ley.

Caamaño ha recordado, no obstante, que existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) como consecuencia de anteriores procesos electorales y que se está trabajando en el Congreso sobre ella para adecuar la legislación electoral.

"Creemos que lo vamos a poder hacer adecuadamente y mantener un equilibrio entre nuestra firmeza y el respeto al Estado de Derecho y a lo que ha dicho el Constitucional", ha señalado.

Entrevistada en Antena 3, De la Vega ha desmentido que la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, haya pedido su relevo  y ha asegurado que se trata de "una especulación que se ha hecho al margen de ella".  

"No hay nada;  los ciudadanos tienen que tener la seguridad y la tranquilidad de que no hay nada que nos distraiga", ha dicho de forma tajante, antes de recalcar que todo el equipo del Gobierno está trabajando con el presidente a la cabeza con el único objetivo de avanzar en la recuperación económica y crear empleo.

Según ha señalado, la sustitución del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que se incorporará a las listas electorales de los socialistas catalanes, se hará "con absoluta normalidad democrática".  "Y lo mismo pasará, en su caso, que ahora ni siquiera está claro qué va a pasar", ha dicho, con la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que sería la candidata del PSOE para la Comunidad de Madrid si gana las primarias que le enfrentan a Tomás Gómez.   

Tras considerar que esas sustituciones no suponen una crisis en el Gobierno porque la "ruta" y las políticas están claras, ha asegurado que entiende el interés periodístico que suscita un eventual cambio en el gabinete, pero ha insistido en que "hoy no está planteado".

"Los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad de que hay un Gobierno que está controlando la situación" dejándose la piel, ha reiterado. 

De la Vega tampoco ha querido especular sobre la posibilidad de que en 2012 el PSOE celebre primarias para elegir a su candidato a la presidencia del Gobierno porque es "un escenario que en este momento no está encima de la mesa". 

No obstante, ha dejado claro que, personalmente, no tiene ninguna duda de que "el mejor y el único candidato" se llama José Luis Rodríguez Zapatero.

 

MADRID- El presidente mauritano, Mohamed Ould Abdelaziz, puso en libertad al cierre de esta edición a un total de 35 presos islamistas que cumplían condena en la principal cárcel de la capital, Nuakchot. El indulto, según declaró el  ministro mauritano de Justicia, Abidín Ould el Jeir, se enmarca en la festividad de Aid El Fitr, que marca el fin del Ramadán, el mes sagrado de ayuno musulmán.

Esta excarcelación se produce apenas dos semanas después de que Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) pusiera fin al secuestro de los cooperantes españoles, Albert Vilalta y Roque Pascual, el más largo de todos los perpetrados por esta franquicia del grupo terrorista de Osama Ben Laden en la región del Sahel.

Fuentes mauritanas señalaron a LA RAZÓN que la liberación de los 35 presos, que suponen un tercio de los salafistas que permanecía entre rejas, no guarda relación con el fin del secuestro de los cooperantes. Sin embargo, el proceso de diálogo religioso que ha terminado con su puesta en libertad comenzó en el mes de enero, en pleno secuestro de los miembros de Acción Solidaria.

«Arrepentidos»
Las mismas fuentes aseguran que los islamistas, que ya se encuentran en la calle, no tienen delitos de sangre ni son considerados miembros de AQMI por la propia organización radical, que los tiene por unos «arrepentidos» que se han pasado al otro lado.

Lo cierto es que ningunos de los supuestos cuatro cabecillas que AQMI exigió a cambio de la vida de los rehenes españoles parece haberse beneficiado, por el momento, de la medida de gracia del presidente Abdelaziz. El líder mauritano del grupo terrorista, Khadim Ould Semane, llevaba meses esperando recobrar la libertad e incluso sus familiares se jactaban de que así iba a ser. Los otros tres islamistas que también esperaban ser canjeados, y que fueron condenados por el asesinato de cuatro turistas franceses en diciembre de 2007 en el sur del país, tampoco han sido indultados.

Según el Gobierno de Nuakchot, el perdón sólo se extiende a los presos salafistas que tomaron parte en el diálogo con los clérigos (ulemas), que comenzó a principios de año en unas jaimas instaladas en el exterior de la cárcel de Lahsar para tal efecto y que se avinieron a mostrar arrepentimiento por su implicación en el «Yihad» (guerra santa). Este proceso, interrumpido durante meses, acababa de retomarse a principios de agosto y tenía como objetivo convencer a los salafistas de que sus métodos de lucha se daban de bruces con los preceptos básicos de las enseñanzas del Corán. Según informó la agencia Efe, al caer la tarde los indultados comenzaron a salir de la cárcel de Nuakchot, donde fueron recibidos por familiares y amigos.

El general, que dirige el país con mano de hierro, llevaba meses oponiéndose a cambiar presos de AQMI por los rehenes españoles. Al menos que se sepa de forma oficial, sólo accedió a soltar a Omar Saharaui, único condenado por participar en el secuestro.

La polémica del avión que costó 100 euros
El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes la cesión a Mauritania, por el precio simbólico de cien euros, de un avión de patrulla marítima C212 perteneciente al 801 Escuadrón de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, con base en Son San Joan (Mallorca). El gesto no tardó en interpretarse como el pago de España por el papel mauritano en el desenlace del secuestro de los tres cooperantes españoles. Sin embargo, el Gobierno mauritano negó que exista relación entre la compra y la liberación del autor del secuestro de los tres catalanes, Omar Ould Sid’Ahmed Ould Hamma, alias «Omar Saharaui». El ministro de Defensa mauritano, Hamadi Ould Hamadi, subrayó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ANI, que «el avión español no tiene ninguna relación con la liberación de “Omar Saharaui”», cuya repatriación a Malí fue supuestamente utilizada como canje para lograr la liberación de los cooperantes de Barcelona Acció Solidaria Albert Vilalta y Roque Pascual, ambos secuestros por Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) junto a Alicia Gámez en noviembre de 2009.

Así lo ha asegurado Moratinos en un acto de celebración del Día del Cooperante, en el que ha dicho que "paradójicamente" la crisis económica puede hacer que aumente la solidaridad en las "sociedades democráticas", y ha recordado que la cumbre de Nueva York de las próximas semanas es "una cita histórica" para evaluar el compromiso solidario.

En esta reunión, según ha manifestado, se va a demostrar si los países comprometidos con los ODM son "capaces o incapaces" de dar respuesta solidaria a las necesidades del planeta y de alcanzar estos objetivos en 2015.

El ministro, que ha reconocido que el esfuerzo actual es "insuficiente", se ha mostrado optimista de cara al futuro y ha avanzado que España está trabajando junto a Francia y otros gobiernos para presentar varias propuestas "concretas y eficaces".

Aunque no ha explicado en qué consisten las mismas, Moratinos ha asegurado que estarán dirigidas a responder a las necesidades recogidas en los ocho ODM y a evitar, entre otras cosas, que en el siglo XXI los gobiernos "no sólo sean incapaces de reducir o amortiguar la pobreza sino que, además, esas cifras van en aumento" cada año.

El responsable de Exteriores también ha aprovechado su discurso para agradecer la labor de todos los cooperantes que han participado en catástrofes naturales como el terremoto de Haití o las lluvias extremas de Pakistán.

De hecho, al finalizar sus palabras y junto a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ha hecho entrega de una fotografía conmemorativa y una mención especial a los representantes de las asociaciones y ONGs que han ayudado en la cooperación para el desarrollo, especialmente en las labores de ayuda humanitaria en Haití.
 

Así se desprende del "Estudio sobre antisemitismo en España", realizado por el Instituto DYM el pasado mes de abril para Casa Sefarad-Israel y presentado este miércoles en una rueda de prensa en Madrid por, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores y de  Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. 

Este estudio se realizó por la preocupación suscitada a raíz de dos encuestas internacionales en 2008 y 2009, las cuales indicaban un importante aumento del sentimiento desfavorable hacia los judíos en España, que aparecía entre los países más antisemitas de Europa.

Ante esta primera encuesta específica para España sobre  antisemitismo, Moratinos señaló que un 34,6% de los españoles declara tener una opinión desfavorable de los judíos, frente al 46% de la encuesta de PEW Global Attitudes en 2008 y el 48% de la de Anti Defamation League en 2009. 

Por el contrario, destacó que un 48% de los ciudadanos españoles asegura tener una opinión favorable sobre los judíos, por el 45% del  estudio de PEW en 2008. 

Moratinos subrayó que las opiniones desfavorables sobre los judíos  "están al mismo nivel" que las de colectivos como los cristianos ortodoxos y los protestantes, y el único que recibe una valoración "mayoritariamente negativa en todos los casos es el de los musulmanes".

No obstante, Moratinos apuntó que "el grado de antisemitismo de la  sociedad española sigue siendo demasiado alto, algo particularmente preocupante dado el limitado tamaño de la comunidad judía española". 

La encuesta señala que los prejuicios contra los judíos en España  se deben en gran parte a la "asociación incorrecta" de los judíos con Israel y sus políticas porque "no se percibe a los judíos como creadores de problemas en España, pero sí en el mundo" y el motivo más citado para justificar la opinión negativa es el conflicto de Oriente Medio.

A este respecto, Moratinos aseguró que si el estudio se hubiera  llevado a cabo después de la crisis de la flotilla de Gaza, "los resultados para Israel y los judíos serían más negativos". 

A la luz de estos resultados, Moratinos comentó que el Gobierno  trabajará para "combatir esta lacra" promoviendo un mayor conocimiento en España de la historia y la cultura judía, ya que "los prejuicios  antisemitas siguen estando presentes en nuestra sociedad en un grado totalmente intolerable".

Por otro lado, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, se mostró sorprendido con la encuesta.

Así lo ha asegurado Rubalcaba en la sesión de control del Congreso al contestar al diputado del PP Ignacio Cosidó, quien le ha preguntado sobre lo que estaba haciendo el Gobierno ante el "descontento" que manifiestan los guardias civiles.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) están reivindicando mejoras laborales y profesionales: una jornada de trabajo similar a la de los policías nacionales, una reforma de la Ley de Personal, que se integren las escalas de oficiales y se desarrolle la Ley de Derechos y Deberes, aprobada en 2007.

Las dos asociaciones de guardias civiles han convocado una manifestación para el próximo día 18, a la que esperan que acudan unos 20.000 guardias civiles.

El titular de Interior ha explicado que su Ministerio está trabajando concretamente en una nueva orden de jornada con la que se incrementan los descansos semanales, se aumentan los días feriados para adecuar las jornadas a las de los funcionarios, se permite la acumulación de dos descansos semanales y se regula el régimen de turnos.

Se trata, según ha dicho, de un "conjunto de avances" para mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles y que son posibles cuando se modifiquen dieciocho aspectos de la orden actual.

"Estamos resolviendo los frutos de la incuria de ocho años de gobierno del PP; estamos subiendo las plantillas que ustedes bajaron; modernizando los cuarteles de los que ustedes se olvidaron; estamos dando derechos a los guardias civiles que ustedes les negaron y estamos mejorando la jornada laboral que ustedes sencillamente ignoraron", le ha dicho Rubalcaba a Cosidó.

Antes, el diputado popular le ha reprochado al ministro el "problema no resuelto que tiene" con el conflicto de la Guardia Civil, un asunto que a su entender "amenaza con convertirse en algo crónico".

Para soliviantarlo, Cosidó le ha pedido que dialogue con las asociaciones de guardias civiles y que "recupere" el liderazgo ante los agentes a su mando y que, a su juicio, ha perdido por estar ocupado en otras cuestiones que atañen a otros Ministerios.

"Si está aburrido o tiene otras ambiciones -le ha dicho Cosidó-, lo mejor es que deje a alguien que se ocupe de resolver los problemas".

El vicepresidente tercero ha insistido, en su respuesta en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso a una pregunta de ERC, en que tras la sentencia del Constitucional el Gobierno mantiene su voluntad de desarrollar todo el "potencial" del Estatuto.

Su intención, ha añadido, es que Cataluña tenga "más autogobierno, más competencias, más derechos y más instituciones".

La respuesta de Chaves no ha convencido al portavoz de ERC, Joan Ridao, quien quería saber si el Gobierno cree posible recuperar por otras vías los aspectos del Estatuto que han sido "desnaturalizados" por la sentencia.

El ministro de Política Territorial ha recordado que esta tarde se reúne la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, para fijar el "paquete de transferencias", y ha añadido que seguramente la próxima semana se celebrará en Barcelona la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat para hacer efectivo el traspaso.

El portavoz de ERC ha reprochado al Gobierno que "no sólo esté conforme" con el fallo del Constitucional, sino además que piense que el "malestar" del pueblo catalán es "pasajero" y busque "mitigarlo".

Ridao ha dicho que el interés del Ejecutivo por "recomponer algunos afectos y atemperar el malestar" en Cataluña se debe a que hay elecciones "a la vuelta de la esquina", y por ello "han puesto en marcha un plan de rescate de algunas de las piezas perdidas del Estatuto".

Un plan que ha rechazado al considerar que consiste en "algún traspaso pendiente desde la época del hombre de Cromagnon".

Para Ridao, la estrategia del Gobierno es "claramente de perdedores", porque el "vacío" que ha dejado la sentencia "no lo va a remendar ningún apaño".

Y es que, a su juicio, la sentencia ha dicho que "hay solo sujeto político en España" y a partir de ahí ha planteado una "disyuntiva clara: o sumisión o ruptura".

Por ello, según Ridao, en Cataluña madura el "sentimiento de ruptura", un debate que centrará, en su opinión, las próximas elecciones del 28 de noviembre.

Chaves ha respondido al diputado republicano que el Gobierno no tiene "la fe del converso" ni utiliza "retóricas oportunistas" por muy próximos que estén los citados comicios.

Ha reconocido que la sentencia ha generado inquietud en grandes sectores de la sociedad catalana y ha insistido en la voluntad del Ejecutivo de "ampliar el autogobierno" de la comunidad, para lo cual va a utilizar "todas las vías constitucionales" y va a promover un "diálogo fluido y de estrecha relación con la Generalitat".

Al presidente del Gobierno le ha cundido el verano. En el PSOE están convencidos de que su decisión de no tomar vacaciones en agosto y dedicarse en a planificar en La Moncloa el nuevo curso no sólo ha sido un acierto, sino que pronto dará sus resultados. Dicho de otro modo: el acuerdo para aprobar los Presupuestos para 2011 está prácticamente cerrado. Así que este año no habrá que aguardar a la víspera del 20 de octubre para saber si las cuentas públicas tendrán el aval de la Cámara Baja. Y es que Zapatero ha tejido en las últimas semanas la complicidad necesaria con Iñigo Urkullu para que el PNV le salve de su primer trance político, tras la huelga general. Las primeras pistas las dio durante su reciente gira asiática al afirmar que su deseo era ampliar la negociación con las nacionalistas más allá de los Presupuestos. Cuando dijo esto, el presidente ya sabía de las condiciones del PNV, que eran, además de la transferencia de las políticas activas de empleo e inversiones en I+D+I, participar en la gestión de toda decisión que tenga que ver con ETA y Batasuna si es que se produce alguna tras los últimos movimientos de la izquierda abertzale y ser los primeros en la lista de posibles aliados cuando se negocie la reforma de las pensiones y la Ley de Economía Sostenible.

«Mucho que decir»
Todo este prólogo es necesario para entender por dónde discurrió ayer la primera sesión de control al Gobierno tras el verano. Porque en ella el presidente pretendió al portavoz del PNV, Josu Erkoreka,  cuando éste le preguntó por las líneas generales de los Presupuestos. Zapatero no las desveló, pero sí afirmó  que el PNV «tiene mucho que decir» ante ellas. La respuesta fue previa a la pregunta de Mariano Rajoy, que tomó buena nota de la escena entre el presidente y Erkoreka, y le pidió a Zapatero que no hiciera más daño cambiando «votos por transferencias». A partir de ahí se repitió la lucha dialéctica con la que el Parlamento echó el cierre a finales de julio. Tanto que Zapatero acusó a Rajoy de falta de imaginación y propuestas en materia económica y de arrancar el curso  igual que cuando se fue de vacaciones: «Señor Rajoy, ha vuelto exactamente igual. Me parece que sus palabras, e incluso alguna de sus frases, son las mismas, exactas de las que formulaba en el debate del estado de la nación» el pasado julio. Así que lo que «no le puedo negar es su coherencia», ironizó.

Todo esto vino a cuento porque el líder del PP le reprobó el «despropósito» de su política económica, le acusó de haber hecho «mucho daño» a los españoles y le recordó que el paro sigue aumentando y la economía retrocediendo mientras Europa empieza la recuperación: «Ha pasado usted de no hacer nada a hacer una cosa; luego la contraria y después, la contraria de la contraria, amén de cambiar de opinión un sinfín de veces». El líder de la oposición tampoco quiso pasar por alto la situación de provisionalidad por la que atraviesa el Gobierno al mencionar que el «ministro de Trabajo ya no está y no sabemos cómo está la de Sanidad». Rajoy no mencionó expresamente el debate interno abierto en el PSOE por las primarias de Madrid, pero sí lo harían más tarde algunos de sus diputados en preguntas a varios ministros. Por lo demás la ausencia de Celestino Corbacho, ya metido de lleno en la precampaña de las elecciones catalanas y los corrillos de socialistas en el patio del Congreso hablando de primarias y de postzapaterismo fue lo más destacado de una jornada, en la que Zapatero dejó claro, a preguntas de Duran Lleida, de que no tiene intención de dar marcha atrás en su decisión de congelar las pensiones en 2011.  («por coherencia y en aras de la credibilidad de la economía», dijo).

IU pide paralizar el Congreso para poder ir a la huelga
- El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar   Llamazares, pedirá en la reunión de la Junta de Portavoces del próximo martes que la Cámara Baja suspenda la sesión de control prevista para el próximo 29 de septiembre por coincidir con la celebración de la huelga general que los sindicatos han convocado en   contra de la reforma laboral. Según explicó el propio Llamazares a Ep, su intención es que el contenido de esa sesión plenaria se traslade al día anterior y posterior al de la protesta y permitir así la asistencia a la misma a   aquellos diputados que quieran secundar el paro. Está misma petición ya la solicitó, sin éxito, el pasado 8 de junio, cuando se convocó la huelga de los funcionarios.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, de falta de imaginación y propuestas en materia económica y le indicó que ha vuelto igual que cuando se fue de vacaciones, "repitiendo las mismas frases que en el debate sobre el estado de la nación".

Así respondió Zapatero en la sesión de control en el Congreso a la pregunta de Rajoy sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo ante la grave situación que atraviesa la economía española.

El líder del PP le dijo a Zapatero que está haciendo mucho daño a los españoles y añadió que sigue igual que antes del verano "porque el paro sigue aumentando, el crecimiento económico disminuye y, mientras en Europa comienza la recuperación, aquí no".

Además, le recordó la huelga general y que tiene en contra a empresarios y a sindicatos y le pidió que no haga daño con los Presupuestos, "cambiando votos para mantenerse por unas transferencias" y que ponga "un mínimo de orden en su Gobierno".

Zapatero enumeró las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo como el "imprescindible" plan de austeridad y de reducción de déficit "que se está cumpliendo, como lo demuestran los datos de ejecución y del déficit que evolucionan favorablemente".

Además, subrayó que los Presupuestos Generales del Estado de 2011 prevén una reducción del gasto del 7,7% y que los ministerios reducirán una media del 15% sus partidas, "preservando las relativas a I+D+i y a educación".

Asimismo, destacó que el Gobierno también está llevando a cabo una importante agenda de reformas como las relativas al sistema financiero, al mercado laboral, a las pensiones y las vinculadas con la competitividad como la del sector servicios, la estrategia estatal de innovación, la ley de ciencia y tecnología o el plan integral de política industrial.

En este sentido, incidió en otras reformas previstas como la relacionada con las políticas activas de empleo "para que los servicios públicos de empleo sean mucho más eficaces en el grave y principal problema del paro".

Zapatero abogó por estabilizar la deuda pública y garantizar un crecimiento económico "que puede ser más o menos rápido, pero que va a ser sostenido".

El presidente del Gobierno le pidió a Rajoy antes de terminar su intervención dos cosas: que presente ya sus 50 medidas para salir de la crisis y que mantenga una actitud constructiva, "que le vendrá bien a la economía y a España".

Por su parte, Rajoy señaló que la política económica del Gobierno ha sido "un despropósito, ha pasado de no hacer nada a hacer una cosa, hacer la contraria y luego la contraria de la contraria".

Además, le indicó a Zapatero que ha cambiado de opinión un sinfín de veces en temas importantes, "con decisiones improvisadas, de un día para otro y en contra de su programa y de sus discursos".

El líder del PP le dijo al presidente del Gobierno que su labor ha generado una enorme desconfianza e incertidumbre.

Como muestra de que su grupo sí presenta iniciativas, Rajoy le emplazó al debate del jueves sobre la reforma laboral para que apoye las 70 enmiendas que su grupo presentó y el PSOE no aceptó y a que lleve a cabo la proposición del PP aprobada ayer en la que se pide que las pymes y los autónomos puedan aplazar el pago de impuestos para compensar la morosidad de las administraciones públicas.

Rajoy afirmó que no se sabe quién va a apoyar al Gobierno en los próximos debates y subrayó que el Ejecutivo está en situación de provisionalidad, "el ministro de Trabajo no está y no sabemos cómo está la de Sanidad".

A tres semanas de que las cuentas estatales de 2011, las más restrictivas en una década, entren en el Congreso de los Diputados, el equipo de confianza del presidente, encargado de lograr los avales necesarios para sacarlas adelante, no descarta atraerse para su causa al PNV. Para ello, el equipo de Zapatero, capitaneado por el titular de Interior, no cierra la puerta a un posible traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, aseguran a este diario fuentes de la negociación.

Ésta es la reivindicación estrella del PNV a cambio de su respaldo a los Presupuestos y de garantizar a Zapatero su continuidad en La Moncloa hasta marzo de 2012, fecha en la que tocan las generales. Para evitar posteriores situaciones delicadas, el Gobierno desea cerrar este acuerdo, que de alcanzarse se plasmará negro sobre blanco, antes de que las cuentas entren en la Cámara Baja, cuyo plazo para su remisión concluye el 30 de este mes.

Peaje impuesto
En esta ocasión, la fuerza liderada por Urkullu ha preferido dejar al margen su histórica demanda de la transferencia de prisiones. «Se trata de evitar elementos que distorsionen el debate», confirma a LA RAZÓN un destacado dirigente de esta formación. «Tampoco hemos planteado como requisito irrenunciable que el PSE apoye la lista más votada en las municipales ni, por supuesto, la cabeza de Patxi López». Eso sí, han impuesto como peaje para alcanzar un pacto un conjunto de medidas económicas, «recogidas en el Estatuto de Guernica», que «ayuden a los ciudadanos vascos a superar la actual crisis».

Además del traspaso de las políticas activas de empleo con un presupuesto de 480 millones de euros, en el paquete de medidas económicas  del PNV figura en un lugar destacado su histórica reivindicación de gestionar las pensiones, recogida en el artículo 18 del Estatuto vasco. Su redacción establece que «en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social...».

Transferencia progresiva
De momento, el Gobierno «no ha dicho ‘‘no”» a ceder la gestión de la Seguridad Social, revela un destacado dirigente del PNV. Consciente de la situación deficitaria del Estado, los nacionalistas proponen su traspaso progresivo. Es decir, al principio el Ejecutivo vasco tendría acceso a la gestión de una parte del montante total de las pensiones que cobran los vascos.
Pese a que el Estatuto de Guernica establece esta transferencia, la Constitución del 78 garantiza el cobro de la misma pensión ante las mismas circunstancias en cualquier parte del territorio español y con ello el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social, a la que cotiza por igual cualquier ciudadano, con independencia de dónde resida.

Pese a ello, en estos momentos existe ya una diferencia entre la nómina de un pensionista vasco con la de un andaluz, como consecuencia de una menor cotización por las circunstancias económicas de cada región. De hecho, la pensión media mensual en el País Vasco supera en 185,49 euros a los 772,57 euros de media nacional. Mientras, la nómina media mensual por jubilación se sitúa en 874,97 euros, frente a los 1.091,86 euros de media que cobran los vascos.

Esta brecha, fruto de una mayor cotización en esta autonomía, se podría ver incrementada si, al final, La Moncloa abre la puerta definitiva a que el Ejecutivo vasco gestione la competencia y, con ello, a romper la caja única de la Seguridad Social, consagrada en la Constitución.


Negociaciones por internet
Las negociaciones parlamentarias ya no son lo que eran. Las nuevas tecnologías han revolucionado la vida de sus señorías hasta el extremo de que hoy se cierran por correo electrónico los mayores acuerdos del Congreso. Por eso y tras unos cuantos encuentros entre el equipo de fontaneros de Zapatero –integrado por los ministros del Interior y Fomento, y el portavoz socialista en la Cámara Baja–, con la delegación del PNV –su presidente y su portavoz parlamentario– el bis a bis ha dado paso a la negociación por internet. En las ultimas semanas han intercambiado opiniones y exigencias vía mail. El móvil también tiene un papel destacado.

Hace tiempo que la batalla de los socialistas madrileños traspasó la frontera de la Comunidad. Nadie lo duda.  Ahora la reflexión gira en torno a las consecuencias, a si una y otra parte midieron el alcance de sus pasos, de sus declaraciones y de sus desafíos. Unos y otros –dirección federal y  PSM– se culpan mutuamente de lo ocurrido. Los primeros acusan a Tomás Gómez de haber puesto los intereses personales por encima de los del partido, de haber empujado a  Zapatero a una situación difícil cuando le dijo «no» y de no medir las consecuencias que para el PSOE podía tener todo el proceso en uno de los más complicados momentos políticos para el partido en el Gobierno.

De esas consecuencias hablaba el lunes el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando se interpretaron sus palabras como una amenaza al secretario general. Al menos así lo sostiene él y quienes apoyan a Jiménez. En el ánimo del más «incombustible» de los socialistas «no hubo intención de amenazar, ni de advertir, sino de abrir los ojos a una realidad» que cada día que pasa se encona más. Ese es el matiz que se introdujo ayer desde el «aparato» a las palabras del ministro, del qué muchos se preguntan «por qué y quién le ha metido en esto». Las respuestas las facilita él sin ambages: «Por lealtad al secretario general del PSOE y por estar convencido de que Trinidad Jiménez puede quebrar la mayoría absoluta del PP en Madrid», en ningún caso porque piense, como algunos creen, en el postzapaterismo. «Ni tengo tiempo de pensar en eso, ni quiero hacerlo porque mi carrera está acabada, se acaba aquí», aclara el ministro a quien le quiera escuchar.

Desde el otro lado de la contienda, en el cuartel general de Gómez, sólo encuentran un responsable de todo esto,  el vicesecretario general, José Blanco, que «fue quién metió a Zapatero en este lío», aseguran en el cuartel general de Gómez. Blanco está curtido en estas batallas y otras peores, de ahí que diga que a él sólo le mueve el interés general y la cruda realidad. Su argumento siempre fueron la crudeza de los datos sobre Gómez que ofrecían todas las encuestas. Desde el entorno de Gómez defienden que en el ánimo del secretario general del PSM jamás hubo una «operación contra Zapatero» como algunos pretenden trasladar, y que los primeros que desean evitar cualquier daño colateral son ellos. Ahora bien, llegados a este extremo, sólo ven una solución: «Que Trini dé un paso atrás. Es la mejor salida para ella y para Zapatero, y nos consta que en los últimos días se ha barajado». 

¿Respuesta? «No, nunca, jamás». A la dirección federal no sólo no le consta, sino que cree que este escenario no se producirá en ningún caso.  Es más, creen que desde el principio Tomás Gómez siempre se ha afanado en  «trasladar  que Trini carecía de apoyos. Es una intoxicación que forma parte de su estrategia, pero no lo verán». La batalla seguirá.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de «profundamente decepcionante» el último vídeo de ETA y, coincidiendo con las peticiones de legalización de la izquierda abertzale, lanzó un claro mensaje: «Ya no valen comunicados, sólo valen decisiones, y sólo una decisión vale, se dice con pocas palabras: abandono de las armas para siempre», recalcó en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro palestino, Salam Fayad.

«Quienes están fuera de la legalidad porque no condenan tajantemente la violencia están en la misma situación hoy y antes del comunicado, exactamente la misma», matizó Zapatero en su primera comparecencia pública tras conocerse el vídeo de la banda terrorista el pasado domingo.

El jefe del Ejecutivo valoró, además, la unanimidad de todas las fuerzas políticas democráticas a la hora de analizar el comunicado de la banda terrorista y destacó que este hecho «fortalece aún más la lucha por el fin de ETA».

Zapatero enfatizó que esta idea debe saberla la izquierda   abertzale y resaltó que, a su juicio, ya «lo sabe», ya que «es   lo único que las fuerzas políticas democráticas esperan».

Con sus palabras, el líder del PSOE dio respuesta a la petición que ayer mismo le formuló la izquierda radical, que consideró que el anuncio de ETA de cesar sus «acciones armadas ofensivas» es «un paso importante» y estimó que el siguiente paso debe darlo el Ejecutivo con la legalización de las formaciones políticas proscritas. La legalización de la izquierda abertzale, según sostuvieron sus portavoces en una rueda de prensa en celebrada en Bilbao, es «uno de los mínimos democráticos» para «transitar hacia un marco de paz y soluciones democráticas».

ETA ya tiene dos negativas: a la negociación y a la legalización de su brazo político. Expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN consideran que la banda contaba con ellas cuando emitió, el pasado domingo, el comunicado en el que se limitaba a anunciar una interrupción, sin fijar la duración y el alcance, de los atentados «ofensivos».
Si se relee el texto elaborado por los pistoleros, agregaron, más que una exposición de buenas intenciones parece una  provocación, una «declaración de guerra».

«Derruir los muros»
Además, según recuerdan, concluye con una frase que la banda incluía en sus comunicados cuando Domingo Iturbe, «Txomin», era el jefe de la organización criminal: un llamamiento a que cada uno contribuya, en su ámbito y con su nivel de compromiso, para «derruir los muros».

Los expertos creen que lo que ha hecho ETA es un movimiento táctico. Mientras logra culminar su reorganización interna, intenta «cargarse de razones» para volver a cometer atentados. La estrategia no es nueva y responde al «modus operandi» de cualquier organización terrorista. Ofrezco una negociación, contestan que no, me obligan a utilizar la fuerza y, de nuevo, planteo la negociación, en este caso con un alto el fuego o tregua más definida.

El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer la posibilidad de que ETA esté tratando de «legitimar la lucha armada haciendo ofertas de diálogo para, dentro de unos meses volver diciendo: “Ves cómo no hemos conseguido nada con las ofertas”».

Se trata de una estrategia perversa en la que la banda intenta manejar los tiempos. Su objetivo a medio plazo es que los candidatos proetarras estén en las elecciones municipales y forales del año que viene.

Para eso faltan todavía algunos meses y antes tienen que celebrarse los comicios autonómicos en Cataluña, con unas perspectivas no demasiado positivas para los socialistas. España vive sumida en una profunda crisis económica, con un gran malestar en amplias capas sociales. El Ejecutivo, piensan los terroristas, necesita una baza para colocar en el haber de tan preocupante balance. Además, acaba de protagonizar una negociación indirecta con otros terroristas, los de Al Qaida para el Magreb Islámico (AQMI), que secuestraron a tres cooperantes, liberados tras el pago de un importante rescate y la excarcelación de un colaborador de la banda islamista.

Todos estos elementos son los que han llevado a la banda a «formalizar» como mano tendida lo que era un «parón técnico» (desde el pasado mes de marzo) de los atentados, obligado por la eficacia de las Fuerzas de Seguridad. No ha anunciado una tregua porque, según la doctrina interna de la banda, son «instrumentos de gran valor (...) que se agotan o recortan con su uso. Por ello, sólo se establecerán, gestionarán y mantendrán para alcanzar puntos de inflexión y saltos políticos dentro del proceso de liberación».

"Lo primero que habría que aclarar es que la izquierda abertzale   se ha equivocado de interlocutor. No es al Gobierno, sino a ETA a quien tiene que dirigirse, ETA es su problema", ha dicho Rubalcaba en declaraciones a Telecinco. 

Asimismo, el ministro ha añadido que "si la influencia de la izquierda abertzale en ETA se mide por lo que dijo que iba a hacer la banda y lo que ha hecho, la influencia que tiene es muy poca". "Lo que la izquierda abertzale debe hacer es dejar de engañar y dejar de perder el tiempo dirigiéndose al gobierno que no va a variar un ápice la política antiterrorista" ha advertido.

Esta mañana, representantes de la izquierda abertzale han reclamado al Gobierno de Zapatero que proceda a su legalización porque "es uno de los mínimos" para que se dé "el proceso democrático", y ha afirmado que todavía el Ejecutivo "no ha movido un dedo". Asimismo, cree que la decisión de ETA supone "un primer paso importantísimo" y ha reclamado a los Gobiernos central, PP y PSOE que también los den, aunque sean "insuficientes". 

En este sentido, el ministro insistió en que el "problema" de la izquierda abertzale es ETA. "Batasuna es ilegal porque hace años los tribunales dijeron que era parte de ETA", ha apuntado el ministro que, según dijo, si la izquierda abertzale no se dirige a ETA "lo que   puede hacer es romper con ellos y así conseguirá ser legal". 

Sobre la situación actual de la banda ha corroborado que "es verdad que está muy débil", aunque matizó que "siempre hay que ser autelosos porque esa debilidad no es que no puedan hacer algo y aunque digan que llevan meses parados uno debe acordarse del pasado y mantener la guardia. Están débiles sin duda han intentado camuflarlo diciendo que llevaban meses.

En este sentido ha recordado que el anuncio de la banda habla de un cese de acciones armadas ofensivas, "pero pueden seguir abasteciéndose y manteniendo su estructura y la fuerzas y cuerpos de seguridad no van a bajar la guarida y van a seguir aplicando la Ley y   persiguiendo a la banda allí donde esté".  

"Hablar de sentarse con los terroristas es hablar de algo que no se va a producir, ETA tiene que dejar la violencia y cuando lo haga y podamos saber que es definitivo y sin riesgo de que vuelva, la democracia hará lo que tenga que hacer", ha añadido el ministro, quien una vez más a barajado la posibilidad de que la banda pudiese estar "tratando de legitimar la lucha armada haciendo ofertas de diálogo para, dentro de unos meses volver diciendo: 'ves como no   hemos conseguido nada con las ofertas'".

Así, ha zanjado que el gobierno "ya lo ha intentado tres veces y cuando ETA dice dialogar, lo que quiere es imponer. Sólo cabe que lo dejen del todo y hasta que esto no pase no hay nada que hacer". 

Preguntado acerca de la capacidad económica de la banda, el ministro aseguró que ETA intenta recaudar fondos, pero aseguró no disponer de información acerca de que los terroristas tengan mucho dinero. "No podría decir nunca que la banda está forrada, dudo que   sea así, pero es evidente que sigue manteniendo la presión sobre empresarios, pero es evidente que la gente paga menos porque está perdiendo el miedo y pido a los empresarios que no paguen, es otro frente donde tenemos que apretarles.

Rubalcaba también ha valorado la concentración hoy frente a su ministerio de decenas de guardias civiles en exigencia de mejoras laborales, una convocatoria que el ministro ha calificado como "poco numerosa". En cualquier caso ha asegurado que su Departamento "está haciendo esfuerzos por mejorar las retribuciones y la jornada de los guardias civiles".  

"Hemos hecho cambios en permisos y licencias y es verdad que hay asociaciones que quieren ir más deprisa y el Ministerio les está diciendo que se están dando pasos, pero que hay problemas de recursos y de seguridad, hay limitaciones, pero dentro de nuestro margen vamos a hacer esfuerzos", ha concluido.  

El acto contó con la lectura de un manifiesto y finalizó con la entrega de una carta al ministro para transmitirle sus exigencias así como las quejas por el comportamiento de Velázquez contra el que estudian emprender acciones legales.  

"Ya vale de amenazas, vamos a presentar un carta formal y haremos algunas acciones contra la actitud de Velázquez, incluso estamos barajando emprender acciones judiciales", ha anunciado Moya. "Hemos venido unos cien dirigentes de las dos asociaciones de toda España para reivindicar una jornada laboral digna, la actual nos impide conciliar la vida laboral con la familiar y trabajamos 22 horas más que un policía nacional", ha denunciado. 

Asimismo, han solicitado la "unificación de escalas" ya que, a su juicio, "en la Guarida Civil existen dos velocidades: los de primera que provienen de la Academia del Ejército y los que provienen de la promoción interna". Por su parte, con la entrega de la carta al ministro, Moya  manifestó su esperanza por que "se abra de una vez el diálogo para solucionar el conflicto". 

Ya en la lectura del manifiesto, Moya ha señalado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a Velázquez como "responsables del clima de conflicto, frustración y descontento que vive actualmente la Guardia Civil por no atenderse debidamente estas básicas y elementales cuestiones de dignidad profesional". 

La concentración tuvo lugar en los aledaños de la Plaza de Colón en el Paseo de la Castellana de Madrid, pero en la acera contaría del Ministerio del Interior. La convocatoria, que estaba dirigida únicamente a los representantes de ambas asociaciones y no a sus   militantes, congregó a varias decenas agentes que portaban todos la boca tapada con unas cruces rojas en señal de censura y un cartel en el que se podía leer "Soy guardia civil". Algunos de ellos iban ataviados con el clásico tricornio y la capa la Guardia Civil.

Los presentes, situados tras una pancarta en la que se leía "Por una jornada laboral digna. No más recortes", profirieron gritos como "Rubalcaba ¿y nuestra jornada?" o "Velázquez ¿dónde está? Velázquez dimisión". El acto de hoy ha servido como paso previo para la manifestación convocada también en Madrid para el día 18 de septiembre que culminará ante la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y para la que los representantes anunciaron hoy una asistencia de miles de personas.

Los presentes hoy desafiaron la circular que ayer envío el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, "a todas las unidades de la Guardia   Civil" en la que se les advertía de las "consecuencias disciplinarias" que puede provocar su participación en la concentración.

En concreto, en la circular se "recuerda que sobre los miembros de la Guardia Civil pesa legalmente la expresa prohibición legal de organizar y de asistir a cualquier tipo de reunión o manifestación portando armas, vistiendo uniforme o sin respetar el deber fundamental de neutralidad". Para ello citaba jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 

"Este deber de neutralidad impone a todos los miembros del Instituto Armado la obligación de abstenerse de organizar y de asistir, en su condición de tales miembros de la Guardia Civil, a reuniones o manifestaciones públicas que tengan connotaciones de carácter político y sindical", añadía el escrito.

Por todo ello se advertía de que "la transgresión de cualquiera de las prohibiciones y deberes a que se hace referencia en la misma puede ocasionar las correspondientes consecuencias disciplinarias conforme a lo dispuesto en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil".

En cualquier caso, la concentración estaba autorizada desde el pasado 31 de agosto por la Delegación del Gobierno en Madrid en un escrito en el que defendía que "el derecho de reunión (pacífica y sin armas) que se configura como exponente de la libertad de expresión 
y su ejercicio no es ajeno a los miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de lo establecido en las leyes específicas (Régimen Disciplinario de la Guardia Civil)".  

Así, la Delegación del Gobierno se limitaba a recordarles que deben "respetar el deber fundamental de neutralidad política propia de la condición de militar" y la "prohibición de portar armas y uniforme", además de otras apreciaciones como el lugar que debían ocupar frente al Ministerio para no entorpecer la circulación. 

Además, la UO denuncia que la "modernización del Cuerpo que prometió el ministro del Interior en la sesión constitutiva del Consejo de la Guardia Civil ha quedado en nada" y censuran que "ni se avanza en la eliminación de los agravios que existen con respecto a   otros cuerpos policiales ni mucho menos quieren oír hablar de la  actualización de la Ley de Personal o de la unificación de las escalas de oficiales". Por todo ello, anunciaron que se trasladarán hasta la sede del Defensor del Pueblo para hacer entrega de unas 400 quejas. 

Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS en una sentencia en la que ha admitido parcialmente el recurso que presentó Piñar después de que el Ministerio de Defensa no respondiera a un escrito en el que pedía que se le indicara el motivo por el que había sido excluido de la condecoración, otorgada a todos los generales de su promoción.
      
El general de brigada había sido incluido en la propuesta que el Jefe del Estado Mayor del Ejército elevó al Ministerio de Defensa para la concesión de la Gran Cruz, junto con otros 12.
      
Posteriormente, Piñar no fue incluido en la propuesta que elevó el ministro de Defensa al Consejo de Ministros, que otorgó la medalla a todos los demás generales de brigada de la XXVII promoción de la Academia General Militar, con motivo de la Pascua Militar de 2006, salvo a uno que ya la poseía.
      
Blas Piñar se dirigió a Defensa expresando su sorpresa por la exclusión a la vez que pedía que se le indicaran los motivos o que, en su caso, se le concediera la condecoración, escrito que no fue respondido por la Administración.
      
El TS explica que el recurso se refiere no a la exclusión de la condecoración sino a la falta de contestación a su petición y recuerda que la ley establece que la autoridad o el órgano competente están obligados a contestar y a notificar la contestación en un plazo máximo de 3 meses.
      
Además, la normativa indica que la contestación "recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo", agrega el TS.
      
Por ello, el alto tribunal dice que Blas Piñar, "como solicitante de una petición tiene derecho o bien a que se le conceda lo solicitado, o al menos a que se le indique de forma expresa las razones por las que, figurando en el número cinco de la promoción de generales de Brigada (...) fue excluido de la propuesta de concesión" para facilitar, en su caso, la interposición de un recurso.
      
La sentencia dispone que se retrotraigan las actuaciones para que la Administración resuelva la petición "de forma motivada".