Por ello, en un escrito firmado por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, solicita al juez Ismael Moreno que prohíba la marcha y que ordene a la Consejería de Interior del Gobierno vasco que adopte las medidas necesarias para impedir que se celebre la manifestación y  «evite la comisión de hechos delictivos».

El Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación el pasado día dos, tras recibir la documentación correspondiente del Departamento de Interior del Ejecutivo vasco relativo a la convocatoria de la citada manifestación. Tras el estudio de la misma, la Fiscalía destaca cómo esa marcha cuenta con el «apoyo y adhesión» de históricos dirigentes «del frente político-institucional de ETA», como Tasio Erquicia, y de cargos municipales de la ilegalizada ANV, como la alcaldesa de Hernani y el regidor de Elorrio.

Junto a ello, la Fiscalía recabó informes a la Policía Nacional, Guardia Civil y a la Ertzaintza, para que informaran de todas las circunstancias que rodean a esa manifestación.

Así, se pone de relieve cómo la plataforma convocante, «Adierazi EH», se crea en enero de este año «tras las desarticulaciones de los órganos y formaciones que pretendían aglutinar las «líneas de actuación del frente político-institucional de ETA, cuyos integrantes han sido procesados y/o acusados por el delito de integración y/o colaboración con organización terrorista en cuanto cumplían las directrices» de la banda terrorista. Y se crea con «idéntica finalidad» de los partidos ilegalizados por ser  continuidad de Batasuna.

De hecho, varios documentos incautados a ETA aluden  a esa «nueva estrategia», diseñada por la banda para lograr «la acumulación de fuerzas partidarias del independentismo/soberanismo», con el fin de lograr un «muro popular» contra «la represión». Por todo ello, concluye que la plataforma convocante «no es más que una sucesión de Batasuna y que sigue las directrices de la organización terrorista».

Según el escrito remitido por el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, al Juzgado Central de Instrucción número 2, la plataforma Adierazi Euskal Herria está formada por procesados y acusados de colaboración o integración en banda terrorista "en cuanto cumplían las directrices" de ETA.

"El acto en cuestión se ha convocado con el propósito de apoyar la estrategia de la organización terrorista y de justificar las acciones de sus miembros", asegura el fiscal, que reclama que el magistrado Ismael Moreno ordene a la Consejería de Interior del Gobierno vasco que "adopte las medidas necesarias para impedir su celebración, evite la comisión de hechos delictivos y proceda a instruir las diligencias" sobre quienes participen en la marcha.

De esta forma, el Ministerio Público relata cómo el acto, cuyo lema es "por todos los derechos para toda la ciudadanía en Euskal Herria", tiene el apoyo y la adhesión de "históricos dirigentes del frente político-institucional" de ETA, como Tasio Erkizia, y de cargos municipales de la ilegalizada ANV, como la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, y el de Elorrio, Nicolás Moreno.

Precisa además que la comunicante de la manifestación es Yolanda Jubeto, que ha sido candidata por HB y EH en varios procesos electorales entre 1990 y 1999.

De acuerdo con los informes solicitados a Comisaría General de la Información, a la Ertzaintza y a la Guardia Civil, Adierazi Euskal Herria fue creada en enero de 2010 tras las "sucesivas desarticulaciones de los órganos y formaciones que pretendían aglutinar las líneas de actuación del frente político-institucional" de la banda.

Una estrategia, prosigue el escrito, identificada en documentos relacionados con ETA y Batasuna como "muro popular contra la represión" y diseñada por la banda terrorista para "acumular fuerzas partidarias del independentismo/soberanismo".

Los informes identifican como encargados de la gestión de esta nueva plataforma a individuos relacionados con el entramado etarra como Karmelo Landa, Amaia Esnal Martiarena, Unai Beascoetxea, Julen Arzuaga, Elisabet Zubiaga, Oiakue Azpiri, Agurtzane Solabarrieta y Olatz Carro.

A la convocatoria se han adherido también, detalla el fiscal, la asociación de familiares de ETA Etxerat y otros "destacados" miembros de Batasuna como Lander Etxevarria, Patxi Bengoa, Isabel Mandiola o Iñaki O'Shea.

"En consecuencia, concurren fundados indicios para inferir que la plataforma convocante Adierazi Euskal Herria no es más que una sucesión de Batasuna y que sigue las directrices de la organización terrorista ETA, a la que le son aplicables las limitaciones legales previstas para las formaciones políticas declaradas ilícitas", concluye. 

Éste es el mensaje claro y unánime que se transmite desde los distintos agentes del Poder Judicial. A esos efectos, el anuncio de ETA es «absolutamente irrelevante», e incluso, tal como puso de manifiesto el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, la banda sólo busca «escenificar un cierto distanciamiento» de Batasuna para lograr su legalización de cara a los próximos comicios municipales de 2011.

En este sentido, Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, destacó que para la Justicia «es indiferente» el comunicado de ETA y que lo que hay que hacer es «seguir persiguiendo y poner a disposición de los tribunales» a los terroristas, «para que se les juzgue con todas las garantías, ni más ni menos».

 Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente, coincidió en que ese anuncio etarra «no debe alterar absolutamente nada la actuación de los jueces ni de los fiscales, quienes tienen la obligación de perseguir los delitos». Por ello,  desde el punto de vista jurídico, «el comunicado es irrelevante».

Esta línea es coincidente con la expresada desde el Consejo General del Poder Judicial. Su vicepresidente, Fernando de Rosa, señaló que tanto la Justicia como la Policía deben trabajar  «para seguir encarcelando a todos los que han decidido optar voluntariamente por el terrorismo».

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, destacó, en una entrevista concedida a CNN Plus, que la Justicia seguirá «trabajando para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho» y  la vocal Margarita Robles calificó el comunicado etarra de «cobarde e insuficiente».Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, aseguró que el anuncio de ETA «no tiene ningún valor» y que los tribunales «van a seguir trabajando» hasta conseguir su  «desaparición total», según Ep.

Santos Santamaría Zaragoza, padre de un mosso d'esquadra asesinado  por ETA en 2001, sostuvo hoy que no hay que dar ninguna credibilidad  al anuncio realizado este domingo por ETA de que no cometerá "acciones  armadas".       

"No hay que darle ninguna credibilidad, porque a mí me costó un hijo  la penúltima tregua", aseguró Santamaría a Servimedia.       

Este padre señaló que la banda etarra sólo será digna de crédito  cuando anuncie "el día que digan dónde y cuándo entregan las armas".       

El agente de los Mossos d'Esquadra Santos Santamaría Avedaño murió  en Roses (Girona) el 17 de marzo de 2001. El policía, que tenía 32 años,  falleció al sufrir el impacto de un coche-bomba que había colocado la  banda etarra.       

Desde la ruptura del último alto el fuego, con el atentado de la T-4 en diciembre de 2006, ETA ha sido descabezada en seis ocasiones, la última el pasado 20 de mayo, con la caída de su 'número uno', Mikel Carrera, alias "Ata", y de quien iba a sustituirle, su lugarteniente en el 'aparato militar', Arkaitz Agirregabiria.

Uno tras otro han sido detenidos todos los jefes de la banda, desde el histórico Francisco Javier López Peña, alias "Thierry", el 20 de mayo de 2008, hasta el más duro de los duros de los dirigentes de ETA y responsable de la ruptura de la última "tregua", Garikoitz Aspiazu, "Txeroki, arrestado en noviembre de 2008.

Sin pausa, la banda ha sufrido golpes incesantes en toda su estructura, con más de 400 miembros de ETA detenidos desde 2007, 68 de ellos en el presente año, lo que ha ido dejando muy maltrecha su capacidad de atentar.

Mallorca, último escenario del terror
De hecho, el último atentado mortal se produjo el 30 de julio del año pasado en Mallorca, cuando fueron asesinados los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun. Eso sin contar el asesinato del policía francés Jean-Serge Nerin en un tiroteo con miembros de ETA el pasado 16 de marzo en Francia.

El desmantelamiento de la fábrica de bombas en la localidad portuguesa de Óbidos el pasado mes de febrero también supuso un durísimo golpe para la banda, que confiaba en poder escapar del acoso policial en España y Francia.

"Si ETA no ha atentado es porque no ha podido, no porque no haya querido", resumía hace unas semanas el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya advertía a la banda de que ya no valen "treguas" temporales, sino el abandono definitivo de las armas.

Ante los rumores insistentes sobre el inminente anuncio de un alto el fuego en los últimos meses, el titular de Interior descartaba cualquier tipo de diálogo con ETA y reiteraba la estrategia del Gobierno: "detener, detener y detener hasta que esto acabe".

En el frente político, el cerco policial y judicial también se ha cerrado un poco más, con la detención en octubre del año pasado de siete destacados miembros de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, cuando planeaban "renovar" la Mesa Nacional de la formación ilegalizada.

Con Batasuna entre rejas, la llamada 'izquierda abertzale' ha intentado buscar algo de oxígeno firmando un acuerdo con Eusko Alkartasuna en el que establecen como objetivo común la creación de un Estado vasco independiente y reclaman a ETA "un alto el fuego permanente y con verificación internacional"

Petición de EA
Ayer mismo, el secretario general de EA, Pello Urizar, aseguró que a la banda no le iba a quedar "más remedio" que responder positivamente cuanto antes a la demanda de alto el fuego de su partido y de la 'izquierda abertzale'.

Entretanto, en las cárceles la disidencia de los presos etarras ha ido también en aumento y han sido muchos los reclusos que han roto la disciplina de la banda o que directamente han sido expulsados de ETA.

En los últimos meses, el Ministerio del Interior ha ido agrupando en las prisiones de Zuera (Zaragoza), Villabona (Asturias) y Nanclares de Oca, en Álava, a un nutrido grupo de presos que, de una forma u otra, se han alejado de la banda.

El caso más paradigmático es el de la etarra Idoia López Riaño, "La Tigresa", considerada uno de los miembros más sanguinarios de la historia de ETA, que fue trasladada a finales del mes de junio a la prisión de Nanclares, después de que firmara un escrito en el que se desmarcaba de la organización terrorista.

Al aumento de la disidencia en las cárceles ha ayudado sin duda la detención en el mes de abril pasado de una decena de abogados del entorno de la banda que se encargaban, entre otras tareas, de mantener una férrea disciplina en el colectivo de presos.

MADRID- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la declaración de luto oficial por el fallecimiento de los dos guardias civiles asesinados en Afganistán. Concretamente, el texto del BOE de la disposición publicada recoge que, a propuesta del presidente del Gobierno, se declaraba luto oficial desde las 00:00 a las 24:00 ante el fallecimiento de dos guardias civiles del contingente español en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF). Durante ese tiempo, «la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada». Sin embargo, llama la atención que, en ningún momento, la declaración haga referencia o cite al intérprete de origen iraní y nacionalizado español, Ataollah Taefik, que falleció junto a los agentes Leoncio Bravo Picayo y José María Galera. Según explicaron fuentes oficiales, la razón de que en el texto no aparezca el intérprete es que se trata de «un civil» y no «un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o un militar en ejercicio de una misión fuera de España». Según han señalado, éste es el criterio que se aplica para la declaración del luto oficial, si bien han añadido que no existe «un referente normativo» al que se acoja el Gobierno, sino que se trata de una decisión «discrecional» del Ejecutivo. Una decisión, cuanto menos cuestionable, al recordar que, pese a no estar citado en la declaración del BOE, el traductor recibió ayer junto a los guardias civiles muertos en Afganistán la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y, además, se le tributó un homenaje en la Base Aérea de Torrejón donde fueron recibidos los restos mortales. Hay que recordar que el Gobierno sí decidió decretar el  luto oficial con motivo de la muerte de más de 150 personas en la catástrofe aérea de Barajas del 20 de agosto de 2008, en la que la inmensa mayoría de las víctimas eran civiles, el primer aniversario de los atentados del 11-M o la muerte este año del presidente polaco Lech Kaczynski, del Papa Juan Pablo II y del rey Fahd de Arabia Saudí.

La religión Bahaí llegó a España en 1948
- El funeral por el intérprete español de origen iraní Ataollah Taefy, asesinado este miércoles en Afganistán junto a dos guardias civiles, tendrá lugar hoy en el Auditorio de Cuarte de Huerva (Zaragoza) en una ceremonia bahaí.

- La fe Bahaí es una religión independiente establecida en España  desde el año 1948, tiene presencia en todas las provincias y los bahaís de España desarrollan actividades para promocionar el establecimiento de una nueva sociedad basada en la armonía y la unidad del género humano. Según los principios bahaís, el alma del ser humano no termina con la muerte.

Tres piquetes de los Ejércitos y de la Guardia Civil se han hecho cargo de los féretros a pie de pista, donde el capellán castrense y un imán oficiarán un responso conjunto, ya que el intérprete, de origen iraní y nacionalizado español, profesaba la religión musulmana.

Los tres recibirán sendas cruces al mérito militar con distintivo rojo, la máxima condecoración para los fallecidos en actos heroicos, en un acto al que, además del jefe del Ejecutivo, asisten los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; y Defensa, Carme Chacón; los presidentes de Castilla-La Mancha, José María Barreda; y Madrid, Esperanza Aguirre; y el líder del PP, Mariano Rajoy.

Poco después, los coches fúnebres con los restos mortales han llegado al Instituto Anatómico Forense, donde se les practicará la autopsia antes de ser trasladados a Logroño y a Zaragoza, que albergarán los funerales por su muerte.  

Los cuerpos de los dos oficiales de la Guardia Civil asesinados ayer en Afganistán llegarán sobre las 14:00 horas de hoy a la sede de la Unidad de Acción Rural (UAR) del acuartelamiento de Logroño, donde se instalará la capilla ardiente.

Según han informado fuentes oficiales, el funeral por los dos guardias civiles fallecidos, el capitán José María Galera, y el alférez Leoncio Bravo, se celebrará a las 19:00 en el mismo acuartelamiento.
 
A la ceremonia de honras fúnebres asistirá el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y se prevé que esté presidida por los Príncipes de España, que se trasladarán a Logroño desde Grecia.

La Princesa de Asturias fue quien amadrinó en junio de 2005, en ese mismo acuartelamiento de Logroño, la Bandera española concedida a la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil, con motivo del XXV aniversario de su creación y en reconocimiento a su labor contra el terror.

Los familiares de los tres fallecidos estuvieron durante toda la ceremonia situados a pie de pista, acompañados por militares y civiles y personal de la base de Torrejón, y situados entre las dos delegaciones de autoridades políticas.

Los momentos más emotivos del acto se produjeron cuando los compañeros militares trasladaron a hombros los féretros y los colocaron ante los allegados de los fallecidos y cuando se pronunciaron las oraciones ante los tres ataúdes.

Según han confirmado varias de las autoridades asistentes a la ceremonia, "por primera vez" los encargados de pronunciar las oraciones en el acto de recepción de los restos mortales en la Base de Torrejón fueron "dos capellanes" y "un líder religioso baha'i" -la confesión religiosa del intérprete de origen iraní--. 

Al término del acto fúnebre, fuentes del Ministerio de Defensa han explicado que las oraciones fueron pronunciadas por los dos capellanes y el líder religioso baha'i "en la intimidad". Dichas oraciones fueron pronunciadas a pie de pista sin megafonía junto a los familiares y las autoridades. Varios de las autoridades asistentes han explicado posteriormente que "nunca" habían presenciado una llegada de restos mortales así en la Base de Torrejón. 

Al acto de recepción de los restos mortales de los dos oficiales de la Guardia Civil y de su intérprete español de origen iraní han asistido, entre otras autoridades, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la   presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la cúpula de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, encabezadas por los titulares de Interior y Defensa.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, han analizado hoy durante varios minutos la situación de las tropas españolas en Afganistán, en una conversación informal que tuvo lugar en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El encuentro se ha producido en el acto oficial organizado para recibir los cadáveres de los guardias civiles y el traductor fallecidos en atentado.

Al término del acto y tras consolar a los familiares de las víctimas, ambos departieron en un grupo en el que estaban entre otros, los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Defensa, Carme Chacón, así como el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general José Julio Rodríguez.

En dicha conversación, el JEMAD se dirigía al grupo y explicaba las últimas informaciones que traía desde Afganistán, ya que acababa de descender del avión de la Fuerza Aérea que repatrió los cadáveres.

El atentado que costó la vida en Afganistán a dos oficiales españoles y al traductor, así como los disturbios posteriores al ataque ocurridos en el exterior de la base de Qala i Naw, fueron "organizados y premeditados", según han concluido los ministros de Defensa e Interior.

El traductor fallecido junto a los dos guardias civiles en Afganistán es Ataollah Taefik Alili, de origen iraní y 55 años, aunque llevaba 33 en nuestro país. Casado con una ciudadana española y padre de dos hijos, desde hace diez días residía junto a su familia en Cuarte, un pueblo cercano a Zaragoza, donde regentaba un negocio de alfombras. Desde hace unos meses  se encontraba en Afganistán como intérprete contratado por el Ejército español y tenía previsto regresar a principios de septiembre. Sus allegados añadieron que era una persona excelente y que su familia se siente muy orgullosa de su trabajo.

Con los informes policiales en la mano, el fiscal Marcelo de Azcárraga asegura que la concentración –prevista para mañana en Barcelona y organizada en el marco de las fiestas del barrio de Gracia– tiene como finalidad la «justificación» de los atentados de ETA y la «adulación pública» de quienes los cometen, «animando a su mantenimiento y, en definitiva, constituyendo una excusa para la ejecución de las directrices marcadas en tal sentido por la banda terrorista». Por todo ello considera que, de autorizarse, se estaría dando vía libre a la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
El departamento que dirige Javier Zaragoza recuerda que en el citado acto se pretende también rendir homenaje a las presas etarras Dolores López Resina, «Lola», ex integrante del «comando Barcelona», y Marina Bernardó, que actualmente cumplen condena en Francia.
Azcárraga insiste en que todas ellas han sido condenadas «no por su ideología, sino por la comisión de actos terroristas», por lo que el mero hecho de considerarlas «presas políticas» supone un «menosprecio a las víctimas» de sus acciones delictivas. «El ensalzamiento de una persona cuyo único acto meritorio destacable y reconocible por tales colectivos es el de su pertenencia a una organización terrorista significa, de hecho –argumenta–, que se está mostrando públicamente su acuerdo con la llamada “lucha armada” que la misma desarrolla», humillando así a las víctimas. Azcárraga destaca además que los convocantes actúan de forma «subrepticia» para impedir su identificación siguiendo las pautas «que impone la dirección de la banda». El juez Ruz tiene ahora la última palabra.

La marcha de Bilbao alterará su recorrido
- El Departamento de Interior del Gobierno vasco ha decidido cambiar el recorrido de la manifestación que ha sido convocada en Bilbao por «un grupo de ciudadanos» en favor de «los derechos de Euskal Herria» –un calco de la celebrada el pasado sábado en San Sebastián–, para «garantizar la seguridad ciudadana y no afectar al desarrollo normal de las fiestas».
- La marcha tenía previsto partir a las 12:30 horas del próximo día 27, día grande de las fiestas de Bilbao, de la plaza Zabalburu y dirigirse hacia el Ayuntamiento, en pleno recinto festivo, «en un momento y una zona en la que se prevé –tal y como resalta Interior– una importante afluencia de personas».

El mismo día que la Fiscalía pedía a la Generalitat, como adelantó LA RAZÓN, un informe sobre el homenaje a la colaboradora de ETA Laura Riera, previsto para el sábado en Barcelona, el PP y Dignidad y Justicia (DyJ) instaban ayer a la Audiencia Nacional a prohibir el polémico acto. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha dado 24 horas de plazo a la Consejería catalana de Interior para que le remita ese documento, pero el juez Pablo Ruz –instructor de la denuncia de DyJ al encontrarse de guardia– ha sido más benévolo y, tras abrir diligencias al respecto, ha concedido 48 horas a Guardia Civil, Policía y Mossos d´Esquadra para que le envíen sus respectivos informes sobre el homenaje a Riera.

La petición de prohibición impulsada por la asociación que preside Daniel Portero se ha adelantado así a la solicitud que iba a efectuar, con la contestación de la Generalitat en la mano, la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público pensaba pedir a Ruz, probablemente hoy mismo, que impidiera la celebración del homenaje a Riera, condenada a nueve años de cárcel en mayo de 2004 por ayudar al «comando Barcelona», responsable entre otros del asesinato del ex ministro socialista Ernest Lluch.

Precisamente, el magistrado –sustituto de Baltasar Garzón al frente del Juzgado de Instrucción número 5– ha solicitado también a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una copia de la sentencia en la que se condenó a Riera. Ruz ha decidido de esta forma investigar si el homenaje puede ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

En su denuncia, Dignidad y Justicia mantiene que un acto de estas características «no puede enmarcarse dentro del derecho de reunión y manifestación», pues su finalidad no es otra que ensalzar a terroristas de ETA justificando o amparando los hechos cometidos por la banda criminal. Para esta asociación, la convocatoria –efectuada en el marco de las fiestas del barrio barcelonés de Gracia– queda enmarcada «en la posible comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo».

La sentencia que condenó a Riera establecía que, valiéndose de los datos de la DGT a los que tenía acceso como funcionaria del Ayuntamiento de Tarrasa, facilitó matrículas de posibles objetivos a ETA, entre ellas las del edil del PP en Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, asesinado en 2000.
 

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, remitirá mañana mismo un oficio a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña solicitándole que, en el plazo máximo de 24 horas, le envíe un informe sobre la polémica convocatoria. Con esa información en la mano, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá al juez de guardia –el sustituto de Baltasar Garzón al frente del Juzgado de Instrucción número 5, Pablo Ruz– que prohíba ese homenaje ante los serios indicios de que, durante el mismo, se cometa un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Fue precisamente el juez Garzón quien ordenó, en agosto de 2001, la operación policial contra seis colaboradores del «comando Barcelona» que llevó a prisión a Riera.

Finalmente, la Audiencia Nacional condenó a esta activista del movimiento okupa a nueve años de prisión como colaboradora del «comando Barcelona», que entre 2000 y 2001 cometió varios atentados, entre ellos el que costó la vida al ex ministro socialista Ernest Lluch.

La sentencia estipula que Riera, valiéndose de los datos de la DGT a los que tenía acceso como auxiliar en la sección de Multas del Ayuntamiento de Tarrasa, facilitó matrículas de posibles objetivos al «comando», entre ellas la del vehículo del concejal del PP en Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, asesinado por ETA el 14 de diciembre del año 2000.
 

MADRID- La protesta abertzale convocada para mañana en San Sebastián por un grupo de ciudadanos es, en realidad, una manifestación «encubierta» que, camuflada en una convocatoria «blanca», persigue la «apología y enaltecimiento» de ETA y sus organizaciones afines. Con este argumento, el fiscal Jesús Alonso pidió ayer a la Audiencia Nacional que prohíba esta concentración y que ordene a las Fuerzas de Seguridad que adopten «las medidas adecuadas» que eviten su celebración. Tres informes de la Guardia Civil, la Policía y la Ertzaintza coinciden en señalar que se trata de una manifestación «encubierta» en la que, «bajo unos lemas no polémicos» («Por los derechos de Euskal Herria», en este caso), se pretende «homenajear a grupos terroristas y organizaciones ilegalizadas por la Justicia por su relación con la violencia y su entorno».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, respalda así la petición de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que el pasado día 5 reclamó por escrito la prohibición de la concentración (prevista para mañana a las cinco y media de la tarde en el Boulevard de la capital guipuzcoana) argumentando que los convocantes son personas vinculadas a la ilegalizada Batasuna.

En esa misma línea, el fiscal Alonso recuerda en su escrito que cuatro de los siete convocantes –Iratxe Retolaza, José Luis Álvarez Enparantza, Juan Mari Beldarrain y Gorka Goyache– han sido candidatos en diferentes procesos electorales por partidos ilegalizados como HB, EH, ANV y PCTV. Álvarez Enparantza, además, fue miembro de la Mesa Nacional de Batasuna.

Alonso también hace hincapié en que Batasuna ha estado detrás de convocatorias similares en la Semana Grande (Aste Nagusia) de las fiestas de San Sebastián y que en anteriores ocasiones han sido «habituales» los gritos a favor de ETA y se han producido «graves alteraciones del orden público».

El escrito está dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, pero será su sustituto, Fernando Andreu, quien resuelva hoy mismo sobre la petición fiscal. 

Londres niega una extradición
Un tribunal de Londres rechazó ayer la petición de extradición a España de Garikoitz Ibarlucea, reclamado por participar en actos de «kale borroka» en el País Vasco entre 2001 y 2002, al considerar «no válida» la orden europea de arresto dictada contra él. La Fiscalía británica, que actúa en representación del Estado español, anunció que apelará esta decisión de la Corte       de Magistrados de Westminster (Londres).

La Fiscalía ha solicitado que se abran diligencias contra el letrado y que se le cite como imputado por un delito de injurias a las Fuerzas de Seguridad por la rueda de prensa que protagonizó en Bayona cuando se halló el cadáver de Anza en una morgue de Toulouse en marzo de este año. Este delito está castigado con una pena de multa de 12 a 18 meses.
En esa comparecencia pública, según el relato del fiscal Marcelo de Azcárraga, Enparantza –abogado de la familia Anza– reiteró sus acusaciones de tortura y «a sabiendas de que con ello faltaba a la verdad y, en todo caso, con un temerario desprecio a la realidad de los hechos», imputó la muerte de aquél a la Guardia Civil, «a la que consideró responsable de su previo secuestro y torturas».

Anza se encontraba en paradero desconocido desde el 18 de abril de 2009 y el entorno proetarra no dudó en acusar a las Fuerzas de Seguridad de su muerte. Cuando fue encontrado, llevaba casi un año fallecido y su cuerpo no presentaba signos de violencia. Según la autopsia, murió por causas naturales a consecuencia de su precario estado de salud.

Pero Enparantza denunció a los Cuerpos de Seguridad por haber «secuestrado y torturado» a Anza. «Tenemos la certeza de que ha sido la Guardia Civil. La hipótesis de los familiares y de la izquierda abertzale oficial se ve confirmada», insistió tras el hallazgo del cadáver en Toulouse. El letrado habló de «guerra sucia» y denunció que los agentes «lo retuvieron diez días y lo llevaron hasta la muerte». «Luego guardaron el cuerpo durante un año», dijo.
Aunque la rueda de prensa se celebró en Francia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional –que dirige Javier Zaragoza– considera que España es competente para instruir el caso dada la nacionalidad española del abogado y el hecho de que la conducta denunciada también está tipificada como delito en la legislación gala.

El fiscal pide al juez que por reparto asuma el caso que incoe diligencias previas, que pida la grabación de las manifestaciones del letrado a los medios de comunicación y que se le tome declaración en calidad de imputado.

Absuelto por el homenaje a un etarra
- El letrado abertzale, que fue detenido el pasado abril en la operación contra «Halboka», el aparato supuestamente encargado de controlar a los presos etarras, había sido absuelto un mes antes por la Audiencia Nacional de enaltecimiento del terrorismo. El homenaje al etarra José María Sagarduy celebrado en 2005 en Amorebieta (Vizcaya) sentó en el banquillo a cuatro acusados, entre ellos Arnaldo Otegi, que sí sería condenado. Enparantza, como su compañero Estanislao Etxaburu, no se presentó a la vista y tuvo que ser juzgado más tarde, resultando absuelto.

Tanto la Fiscalía como la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) pedirán una pena de prisión para Tasio Erkizia, el veterano dirigente batasuno, por el homenaje al etarra José Miguel Beñarán «Argala» celebrado en Arrigorriaga (Vizcaya) el 21 de diciembre de 2008. El Ministerio Público solicitará para el imputado 18 meses de cárcel al considerarlo autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo. En el caso de la agrupación que preside Daniel Portero, impulsora de la querella contra Erkizia, esa calificación se elevará hasta dos años, el máximo legal para este tipo de delito. El pasado viernes, el juez que instruye el caso, Pablo Ruz –sustituto de Baltasar Garzón al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional– dio un plazo de diez días a la Fiscalía y Dignidad y Justicia para que presentasen sus escritos de acusación o pidiesen el sobreseimiento de la causa.

En su escrito, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, subraya que Erkizia «participó en un acto en honor» del citado miembro de ETA presidido «por una foto del terrorista». Durante el mismo, añade, se proyectaron fotografías en una pantalla, entre las que figuraba «una de varios encapuchados de la organización terrorista».

Erkizia afirmó en su discurso que «había que utilizar la vía que más daño hiciera al Estado» y  cerró su intervención con un «¡Gora “Argala”!» (¡Viva «Argala»!). Además, el relato del Ministerio Público hace hincapié en que el acto se convocó mediante carteles pegados en diversas calles del País Vasco con proclamas como ésta: «La lucha armada es imprescindible para avanzar».

«Vivas a ETA»
Según el fiscal, el dirigente abertzale cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo, por lo que debería ser condenado a año y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta.
El homenaje a «Argala» se celebró en la plaza del mismo nombre de Arrigorriaga coincidiendo con el 30º aniversario de su muerte. Los participantes –señaló el juez Ruz en su resolución del pasado viernes– «corearon vivas a ETA». Antes de tomar la palabra, Erkizia depositó un clavel junto al retrato con la foto del homenajeado.

Erkizia declaró en relación a estos hechos ante el juez Garzón el pasado 16 de marzo y se limitó a asegurar que el homenaje a «Argala» fue simplemente «un acto político» que perseguía «animar a un grupo de militantes a seguir trabajando en favor del pueblo». A las puertas de la Audiencia Nacional, acusó al Estado de responder con «mecanismos represivos» y «guerra sucia» a las propuestas «democráticas» de la izquierda abertzale.

Para el instructor de la causa, la conducta de Erkizia se desarrolló «en un evidente contexto de homenaje público a la figura» del fallecido dirigente etarra, desprendiéndose del tenor literal de sus palabras y vítores la intención expresa de enaltecer u homenajear la figura del referido militante, con el consiguiente desprecio y humillación» a las víctimas.

La querella presentada por DyJ subrayaba que Erkizia fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao en las filas de la ilegalizada HB, diputado en el Parlamento vasco por esta misma formación y «asesor de ETA durante las negociaciones de Argel».


La amenaza de otra querella
La Audiencia Nacional no sólo investiga a Erkizia por el homenaje a «Argala» en Arrigorriaga en 2008. Dignidad y Justicia denunció al histórico dirigente de HB en junio a cuenta de una charla celebrada en Baracaldo en la que afirmó que en la actualidad «hay más razones que nunca para la lucha armada, pero menos condiciones objetivas y subjetivas que nunca». En relación a este asunto, sin embargo, no ha sido citado como imputado. Para DyJ, las palabras de Erkizia («la lucha armada no tiene sentido si no es capaz de poner patas arriba al Estado») humillan a las víctimas y merecen una «reprobación».  

El Ministerio del Interior ha procedido, en lo que va de año, a trasladar a cárceles más lejanas del País Vasco a un total de 63 reclusos de ETA, dentro de la política penitenciaria que sigue este departamento y que también incluye algunos acercamientos, como el que se produjo hace tres semanas con la terrorista Idoia López Riaño, alias «Margarita».

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, los internos considerados como más peligrosos y que se mantienen dentro de la disciplina de la banda criminal, continúan, en su mayoría, en cárceles del sur de España.

Entre ellos se encuentran los portavoces del «colectivo», Juan  Lasa Michelena, «Txikierdi», y Ana Belén Egües. También,  José Antonio López, «Kubati», o Henri Parot, autor, entre otros crímenes, de la matanza de niños en el cuartel de la Benemérita de Zaragoza.

El Ministerio de Interior ha procedido a alejar a presos que, supuestamente, estaban dispuestos a mantener actitudes favorables al abandono de las prácticas terroristas y acercó a Zuera (Zaragoza) pero que, según se pudo comprobar después, seguían dentro de la ortodoxia etarra.

A Murcia y Algeciras
Es el caso de Jesús Amantes Arnaiz, «Txirlas», y Jon Koldo Aparicio Benito, «Aitor» (uno de los firmantes de un escrito en 2004, junto con Francisco Múgica, «Pakito», y otros pistoleros, en el que se cuestionaba la oportunidad de la «lucha armada»), que fueron trasladados, respectivamente, a Murcia y Algeciras.

Lo mismo ocurrió con Aitor Herrera Vieites, que fue acercado a la cárcel aragonesa junto con otros 11 reclusos, pero que, inmediatamente, anunció que iba a participar en las protestas convocadas por el «colectivo» y ordenadas por ETA. Fue trasladado a la prisión de Valencia.

Entre los 63 alejamientos se incluyen reclusos que pasaron por prisiones madrileñas, con el fin de acudir a la Audiencia Nacional para cumplimentar diligencias, y que, en vez de ser acercados a cárceles próximas al País Vasco, fueron llevados a centros distanciados de esta Comunidad.

Los dos abogados que estaban al mando del «Frente Jurídico» del entramado la banda, que fue desmantelado por la Guardia Civil, Jon Emparantza y Arancha Zulueta, se encuentran, respectivamente, en las cárceles de Albolote (Granada)   y Cáceres.

El sanguinario pistolero Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», autor, entre otros crímenes, del secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular Miguel  Ángel Blanco, y del de Gregorio Ordóñez, está en la prisión de Almería después de haber pasado por la  de Teixeiro (La Coruña).

Entre los internos que también han sido alejados figura Teresa Toda, subdirectora del diario «Egin», que fue trasladada desde la prisión de Topas, en Salamanca, a la de Córdoba.

José Domingo Sola Torres, que  se mantiene dentro de la disciplina de ETA, estaba, hasta hace poco, en la cárcel de Logroño, una de las más cercanas al País Vasco. A raíz del traslado a este centro del que fuera portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha sido llevado a la de Dueñas, en Palencia. El también «batasuno» Asier Virumbrales, que cumplía condena en la cárcel de Burgos, fue trasladado a la de Castellón; Juan Urquizu, de la de Zuera, a la de Alcazar de San Juan  (Ciudad Real); Sergio Polo («comando Donosti»), de la Teixeiro, a Valencia; y Alfonso Castro, del «comando Ipar Haizea», de  Herrera de la Mancha al Puerto de Santa María.

MADRID- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha aplicado por primera vez el baremo de responsabilidad civil que establece la futura Ley Integral de Víctimas del Terrorismo. El departamento que dirige Javier Zaragoza solicitará a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que fije una indemnización de medio millón de euros, la máxima legal por fallecimiento, para la familia del guardia civil Juan Manuel Piñuel, asesinado por ETA el 14 de mayo de 2008 al estallar una furgoneta-bomba en el cuartel de la Benemérita de Legutiano (Álava). Piñuel dejó viuda y un hijo.
La nueva normativa     –actualmente en tramitación parlamentaria y que previsiblemente se aprobará en el próximo periodo de sesiones– establece su carácter retroactivo, por lo que el Ministerio Público está adecuándose ya al nuevo baremo de indemnizaciones en las calificaciones pendientes.
En su escrito de acusación, la fiscal Blanca Rodríguez solicita  para los etarras Arkaitz Goicoechea y Aitor Cotano, presuntos miembros del «comando Askatasun Harizea» (viento de libertad en euskera) 534 años de prisión por este atentado mortal y otros ocho para Iñigo Gutiérrez como colaborador de los terroristas.
La Fiscalía imputa a Goicoechea y Cotano –detenidos en julio de 2008– un delito de asesinato terrorista, 26 en grado de tentativa, dos delitos de estragos, uno de robo de vehículo y otro de hurto de vehículo a motor. Además, solicita al tribunal que les juzgará que les imponga la prohibición de acercarse a Legutiano durante diez años una vez que cumplan su hipotética condena. En esta causa también está procesado el ex jefe «militar» de ETA Jurdan Martitegi, arrestado en Perpiñán (Francia) en abril de 2009.
Según el relato de la fiscal, Cotano y Gutiérrez recibieron en Francia la furgoneta cargada de explosivos de manos del etarra Eneko Zarrabeitia (ahora en paradero desconocido). El 13 de mayo de 2008 se desplazaron a Legutiano Martitegi y Goicoechea y, tras conectar el artefacto explosivo, el primero aparcó el vehículo delante del cuartel de la Guardia Civil, huyendo ambos en un Peugeot 306, también robado, que abandonaron cargado de explosivos en el Alto de Urkiola (Vizcaya).
200 kilos de amonal
La furgoneta-bomba, cargada con una carga explosiva de entre 150 y 200 kilos de amonal, estalló sin aviso previo a las 2:55 horas, causando la muerte de Piñuel y heridas a 19 personas. En el momento del atentado en el interior del cuartel se encontraban 15 agentes de la Guardia Civil y doce familiares. Para los heridos, la Fiscalía pide que los etarras les indemnicen con cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 40.000 euros.
La intención de los terroristas era, recalca la fiscal, «causar el mayor número de víctimas entre los residentes del acuartelamiento» a tenor de la gran cantidad de explosivo utilizado y a la ausencia de una llamada telefónica previa.
Agentes de la Ertzantza hallaron el Peugeot 306 abandonado por los terroristas al día siguiente del atentado y lograron desactivar su carga explosiva.

La histórica integrante de la organización terrorista ETA Idoia López Riaño, alias 'La Tigresa', fue trasladada hace aproximadamente un mes a la prisión alavesa de Nanclares de Oca desde el penal granadino de Albolote tras haberse desmarcado de la banda, según   informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.  
  

La 'Tigresa', con al menos 23 asesinatos a sus espaldas, se ha beneficiado de la política de acercamientos y alejamientos a cárceles del País Vasco después de haber firmado un escrito mostrando su distanciamiento a la banda terrorista y habérselo remitido al Ministerio del Interior.  
  

Según las fuentes consultadas, en la cárcel alavesa permanecen sólo los presos que han mostrado su desacuerdo con ETA. En este contexto, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó hace unos días que en Nanclares "no hay presos de ETA" mientras que ayer defendió en rueda de prensa que la política penitenciaria cumple "estrictamente" con la Ley.  
  

El 10 de diciembre de 2008, día en que se publicó la noticia de que Interior había comenzado a acercar presos a cárceles del País Vasco, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció que se habían producido acercamientos, pero también habló de "alejamientos". "Eso explica un poco mejor la política penitenciaria", añadió.  
  

La etarra Idoia López Riaño fue detenida el 25 de agosto de 1994 en Francia, país en el que cumplió una condena de cinco años por asociación de malhechores. Tras ello, las autoridades galas la entregaron en 2001 a España para ser juzgada en la Audiencia Nacional   por 23 asesinatos cometidos por los comandos terroristas 'Oker' y 'Madrid' de los que formó parte.  
  

La Audiencia Nacional condenó a 1.572 años de cárcel a 'La Tigresa' por el atentado perpetrado por el 'comando Madrid' en la plaza de la Republicana Dominicana en 1986 que costó la vida a doce guardias civiles y dejó heridas a 77 personas.   
  

Por este atentado también fue condenado a cientos de años el antiguo jefe del aparato militar de la banda Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', quien también se benefició de la política penitenciaria de 'premios' y 'castigos' al ser trasladado en 2009 a Zuera (Zaragoza) procedente del centro penitenciario de Puerto I, en Cádiz.  
  

La sanguinaria terrorista ha estado recluida también en la prisión valenciana  de Picassent, donde contrajo matrimonio con el terrorista Juan Ramón Rojo González.   

Entre la extensa lista de delitos que las Fuerzas de Seguridad imputan a 'La Tigresa' figuran el robo a punta de pistola de un vehículo y el atraco a mano armada de la sucursal del Banco Hispano Americano del Barrio de Beraun, en Rentería (Guipúzcoa) el 29 de septiembre de 1984.   
   

Además del asesinato del súbdito francés Joseph Couchot acaecido dos meses más tarde, figura el robo a punta de pistola de un vehículo y posterior atraco a la sucursal de la Caja de Ahorros del barrio donostiarra de Trincherpe el 28 de diciembre de 1984.   
  

También se imputan a Idoia López Riaño el incendio en la empresa "Koipe", en el barrio de Mirtídano de San Sebastián, que causó daños por valor de mil millones de pesetas en abril de 1985, dos meses después del asesinato de Angel Manuel Faca Soto, cuya autoría también   se le atribuye.   
  

Antes de su incorporación en 1986 al 'comando Madrid', la 'Tigresa' estuvo imputada en dos robos a mano armada en la Caja Postal de Ahorros de Rentería y en el asesinato del policía nacional Máximo Antonio García en la capital donostiarra.   
   

A partir de 1986, López Riaño estuvo acusada del lanzamiento de granadas contra el Ministero de Defensa el 21 de julio de aquél año en el que resultaron heridas varias personas. Además, se integró en   los comandos 'Levante', 'Itinerante' y 'Oker' en la década de los ochenta y se la relacionó con diversos ataques a intereses franceses en España y en los asesinatos de Josep Couchot, presunto miembro del GAL, cometido el 16 de noviembre de 1984, en San Sebastián; Angel Facal Soto, el 26 de febrero de 1985 en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), a quien la banda terrorista ETA consideraba traficante de droga; y el policía nacional Máximo Antonio García Cleiter, en San Sebastián.