Entrevistada en Antena 3, De la Vega ha desmentido que la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, haya pedido su relevo  y ha asegurado que se trata de "una especulación que se ha hecho al margen de ella".  

"No hay nada;  los ciudadanos tienen que tener la seguridad y la tranquilidad de que no hay nada que nos distraiga", ha dicho de forma tajante, antes de recalcar que todo el equipo del Gobierno está trabajando con el presidente a la cabeza con el único objetivo de avanzar en la recuperación económica y crear empleo.

Según ha señalado, la sustitución del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que se incorporará a las listas electorales de los socialistas catalanes, se hará "con absoluta normalidad democrática".  "Y lo mismo pasará, en su caso, que ahora ni siquiera está claro qué va a pasar", ha dicho, con la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que sería la candidata del PSOE para la Comunidad de Madrid si gana las primarias que le enfrentan a Tomás Gómez.   

Tras considerar que esas sustituciones no suponen una crisis en el Gobierno porque la "ruta" y las políticas están claras, ha asegurado que entiende el interés periodístico que suscita un eventual cambio en el gabinete, pero ha insistido en que "hoy no está planteado".

"Los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad de que hay un Gobierno que está controlando la situación" dejándose la piel, ha reiterado. 

De la Vega tampoco ha querido especular sobre la posibilidad de que en 2012 el PSOE celebre primarias para elegir a su candidato a la presidencia del Gobierno porque es "un escenario que en este momento no está encima de la mesa". 

No obstante, ha dejado claro que, personalmente, no tiene ninguna duda de que "el mejor y el único candidato" se llama José Luis Rodríguez Zapatero.

 

Así lo ha asegurado Moratinos en un acto de celebración del Día del Cooperante, en el que ha dicho que "paradójicamente" la crisis económica puede hacer que aumente la solidaridad en las "sociedades democráticas", y ha recordado que la cumbre de Nueva York de las próximas semanas es "una cita histórica" para evaluar el compromiso solidario.

En esta reunión, según ha manifestado, se va a demostrar si los países comprometidos con los ODM son "capaces o incapaces" de dar respuesta solidaria a las necesidades del planeta y de alcanzar estos objetivos en 2015.

El ministro, que ha reconocido que el esfuerzo actual es "insuficiente", se ha mostrado optimista de cara al futuro y ha avanzado que España está trabajando junto a Francia y otros gobiernos para presentar varias propuestas "concretas y eficaces".

Aunque no ha explicado en qué consisten las mismas, Moratinos ha asegurado que estarán dirigidas a responder a las necesidades recogidas en los ocho ODM y a evitar, entre otras cosas, que en el siglo XXI los gobiernos "no sólo sean incapaces de reducir o amortiguar la pobreza sino que, además, esas cifras van en aumento" cada año.

El responsable de Exteriores también ha aprovechado su discurso para agradecer la labor de todos los cooperantes que han participado en catástrofes naturales como el terremoto de Haití o las lluvias extremas de Pakistán.

De hecho, al finalizar sus palabras y junto a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ha hecho entrega de una fotografía conmemorativa y una mención especial a los representantes de las asociaciones y ONGs que han ayudado en la cooperación para el desarrollo, especialmente en las labores de ayuda humanitaria en Haití.
 

Así se desprende del "Estudio sobre antisemitismo en España", realizado por el Instituto DYM el pasado mes de abril para Casa Sefarad-Israel y presentado este miércoles en una rueda de prensa en Madrid por, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores y de  Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. 

Este estudio se realizó por la preocupación suscitada a raíz de dos encuestas internacionales en 2008 y 2009, las cuales indicaban un importante aumento del sentimiento desfavorable hacia los judíos en España, que aparecía entre los países más antisemitas de Europa.

Ante esta primera encuesta específica para España sobre  antisemitismo, Moratinos señaló que un 34,6% de los españoles declara tener una opinión desfavorable de los judíos, frente al 46% de la encuesta de PEW Global Attitudes en 2008 y el 48% de la de Anti Defamation League en 2009. 

Por el contrario, destacó que un 48% de los ciudadanos españoles asegura tener una opinión favorable sobre los judíos, por el 45% del  estudio de PEW en 2008. 

Moratinos subrayó que las opiniones desfavorables sobre los judíos  "están al mismo nivel" que las de colectivos como los cristianos ortodoxos y los protestantes, y el único que recibe una valoración "mayoritariamente negativa en todos los casos es el de los musulmanes".

No obstante, Moratinos apuntó que "el grado de antisemitismo de la  sociedad española sigue siendo demasiado alto, algo particularmente preocupante dado el limitado tamaño de la comunidad judía española". 

La encuesta señala que los prejuicios contra los judíos en España  se deben en gran parte a la "asociación incorrecta" de los judíos con Israel y sus políticas porque "no se percibe a los judíos como creadores de problemas en España, pero sí en el mundo" y el motivo más citado para justificar la opinión negativa es el conflicto de Oriente Medio.

A este respecto, Moratinos aseguró que si el estudio se hubiera  llevado a cabo después de la crisis de la flotilla de Gaza, "los resultados para Israel y los judíos serían más negativos". 

A la luz de estos resultados, Moratinos comentó que el Gobierno  trabajará para "combatir esta lacra" promoviendo un mayor conocimiento en España de la historia y la cultura judía, ya que "los prejuicios  antisemitas siguen estando presentes en nuestra sociedad en un grado totalmente intolerable".

Por otro lado, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, se mostró sorprendido con la encuesta.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, de falta de imaginación y propuestas en materia económica y le indicó que ha vuelto igual que cuando se fue de vacaciones, "repitiendo las mismas frases que en el debate sobre el estado de la nación".

Así respondió Zapatero en la sesión de control en el Congreso a la pregunta de Rajoy sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo ante la grave situación que atraviesa la economía española.

El líder del PP le dijo a Zapatero que está haciendo mucho daño a los españoles y añadió que sigue igual que antes del verano "porque el paro sigue aumentando, el crecimiento económico disminuye y, mientras en Europa comienza la recuperación, aquí no".

Además, le recordó la huelga general y que tiene en contra a empresarios y a sindicatos y le pidió que no haga daño con los Presupuestos, "cambiando votos para mantenerse por unas transferencias" y que ponga "un mínimo de orden en su Gobierno".

Zapatero enumeró las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo como el "imprescindible" plan de austeridad y de reducción de déficit "que se está cumpliendo, como lo demuestran los datos de ejecución y del déficit que evolucionan favorablemente".

Además, subrayó que los Presupuestos Generales del Estado de 2011 prevén una reducción del gasto del 7,7% y que los ministerios reducirán una media del 15% sus partidas, "preservando las relativas a I+D+i y a educación".

Asimismo, destacó que el Gobierno también está llevando a cabo una importante agenda de reformas como las relativas al sistema financiero, al mercado laboral, a las pensiones y las vinculadas con la competitividad como la del sector servicios, la estrategia estatal de innovación, la ley de ciencia y tecnología o el plan integral de política industrial.

En este sentido, incidió en otras reformas previstas como la relacionada con las políticas activas de empleo "para que los servicios públicos de empleo sean mucho más eficaces en el grave y principal problema del paro".

Zapatero abogó por estabilizar la deuda pública y garantizar un crecimiento económico "que puede ser más o menos rápido, pero que va a ser sostenido".

El presidente del Gobierno le pidió a Rajoy antes de terminar su intervención dos cosas: que presente ya sus 50 medidas para salir de la crisis y que mantenga una actitud constructiva, "que le vendrá bien a la economía y a España".

Por su parte, Rajoy señaló que la política económica del Gobierno ha sido "un despropósito, ha pasado de no hacer nada a hacer una cosa, hacer la contraria y luego la contraria de la contraria".

Además, le indicó a Zapatero que ha cambiado de opinión un sinfín de veces en temas importantes, "con decisiones improvisadas, de un día para otro y en contra de su programa y de sus discursos".

El líder del PP le dijo al presidente del Gobierno que su labor ha generado una enorme desconfianza e incertidumbre.

Como muestra de que su grupo sí presenta iniciativas, Rajoy le emplazó al debate del jueves sobre la reforma laboral para que apoye las 70 enmiendas que su grupo presentó y el PSOE no aceptó y a que lleve a cabo la proposición del PP aprobada ayer en la que se pide que las pymes y los autónomos puedan aplazar el pago de impuestos para compensar la morosidad de las administraciones públicas.

Rajoy afirmó que no se sabe quién va a apoyar al Gobierno en los próximos debates y subrayó que el Ejecutivo está en situación de provisionalidad, "el ministro de Trabajo no está y no sabemos cómo está la de Sanidad".

A tres semanas de que las cuentas estatales de 2011, las más restrictivas en una década, entren en el Congreso de los Diputados, el equipo de confianza del presidente, encargado de lograr los avales necesarios para sacarlas adelante, no descarta atraerse para su causa al PNV. Para ello, el equipo de Zapatero, capitaneado por el titular de Interior, no cierra la puerta a un posible traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, aseguran a este diario fuentes de la negociación.

Ésta es la reivindicación estrella del PNV a cambio de su respaldo a los Presupuestos y de garantizar a Zapatero su continuidad en La Moncloa hasta marzo de 2012, fecha en la que tocan las generales. Para evitar posteriores situaciones delicadas, el Gobierno desea cerrar este acuerdo, que de alcanzarse se plasmará negro sobre blanco, antes de que las cuentas entren en la Cámara Baja, cuyo plazo para su remisión concluye el 30 de este mes.

Peaje impuesto
En esta ocasión, la fuerza liderada por Urkullu ha preferido dejar al margen su histórica demanda de la transferencia de prisiones. «Se trata de evitar elementos que distorsionen el debate», confirma a LA RAZÓN un destacado dirigente de esta formación. «Tampoco hemos planteado como requisito irrenunciable que el PSE apoye la lista más votada en las municipales ni, por supuesto, la cabeza de Patxi López». Eso sí, han impuesto como peaje para alcanzar un pacto un conjunto de medidas económicas, «recogidas en el Estatuto de Guernica», que «ayuden a los ciudadanos vascos a superar la actual crisis».

Además del traspaso de las políticas activas de empleo con un presupuesto de 480 millones de euros, en el paquete de medidas económicas  del PNV figura en un lugar destacado su histórica reivindicación de gestionar las pensiones, recogida en el artículo 18 del Estatuto vasco. Su redacción establece que «en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social...».

Transferencia progresiva
De momento, el Gobierno «no ha dicho ‘‘no”» a ceder la gestión de la Seguridad Social, revela un destacado dirigente del PNV. Consciente de la situación deficitaria del Estado, los nacionalistas proponen su traspaso progresivo. Es decir, al principio el Ejecutivo vasco tendría acceso a la gestión de una parte del montante total de las pensiones que cobran los vascos.
Pese a que el Estatuto de Guernica establece esta transferencia, la Constitución del 78 garantiza el cobro de la misma pensión ante las mismas circunstancias en cualquier parte del territorio español y con ello el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social, a la que cotiza por igual cualquier ciudadano, con independencia de dónde resida.

Pese a ello, en estos momentos existe ya una diferencia entre la nómina de un pensionista vasco con la de un andaluz, como consecuencia de una menor cotización por las circunstancias económicas de cada región. De hecho, la pensión media mensual en el País Vasco supera en 185,49 euros a los 772,57 euros de media nacional. Mientras, la nómina media mensual por jubilación se sitúa en 874,97 euros, frente a los 1.091,86 euros de media que cobran los vascos.

Esta brecha, fruto de una mayor cotización en esta autonomía, se podría ver incrementada si, al final, La Moncloa abre la puerta definitiva a que el Ejecutivo vasco gestione la competencia y, con ello, a romper la caja única de la Seguridad Social, consagrada en la Constitución.


Negociaciones por internet
Las negociaciones parlamentarias ya no son lo que eran. Las nuevas tecnologías han revolucionado la vida de sus señorías hasta el extremo de que hoy se cierran por correo electrónico los mayores acuerdos del Congreso. Por eso y tras unos cuantos encuentros entre el equipo de fontaneros de Zapatero –integrado por los ministros del Interior y Fomento, y el portavoz socialista en la Cámara Baja–, con la delegación del PNV –su presidente y su portavoz parlamentario– el bis a bis ha dado paso a la negociación por internet. En las ultimas semanas han intercambiado opiniones y exigencias vía mail. El móvil también tiene un papel destacado.

ETA ya tiene dos negativas: a la negociación y a la legalización de su brazo político. Expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN consideran que la banda contaba con ellas cuando emitió, el pasado domingo, el comunicado en el que se limitaba a anunciar una interrupción, sin fijar la duración y el alcance, de los atentados «ofensivos».
Si se relee el texto elaborado por los pistoleros, agregaron, más que una exposición de buenas intenciones parece una  provocación, una «declaración de guerra».

«Derruir los muros»
Además, según recuerdan, concluye con una frase que la banda incluía en sus comunicados cuando Domingo Iturbe, «Txomin», era el jefe de la organización criminal: un llamamiento a que cada uno contribuya, en su ámbito y con su nivel de compromiso, para «derruir los muros».

Los expertos creen que lo que ha hecho ETA es un movimiento táctico. Mientras logra culminar su reorganización interna, intenta «cargarse de razones» para volver a cometer atentados. La estrategia no es nueva y responde al «modus operandi» de cualquier organización terrorista. Ofrezco una negociación, contestan que no, me obligan a utilizar la fuerza y, de nuevo, planteo la negociación, en este caso con un alto el fuego o tregua más definida.

El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer la posibilidad de que ETA esté tratando de «legitimar la lucha armada haciendo ofertas de diálogo para, dentro de unos meses volver diciendo: “Ves cómo no hemos conseguido nada con las ofertas”».

Se trata de una estrategia perversa en la que la banda intenta manejar los tiempos. Su objetivo a medio plazo es que los candidatos proetarras estén en las elecciones municipales y forales del año que viene.

Para eso faltan todavía algunos meses y antes tienen que celebrarse los comicios autonómicos en Cataluña, con unas perspectivas no demasiado positivas para los socialistas. España vive sumida en una profunda crisis económica, con un gran malestar en amplias capas sociales. El Ejecutivo, piensan los terroristas, necesita una baza para colocar en el haber de tan preocupante balance. Además, acaba de protagonizar una negociación indirecta con otros terroristas, los de Al Qaida para el Magreb Islámico (AQMI), que secuestraron a tres cooperantes, liberados tras el pago de un importante rescate y la excarcelación de un colaborador de la banda islamista.

Todos estos elementos son los que han llevado a la banda a «formalizar» como mano tendida lo que era un «parón técnico» (desde el pasado mes de marzo) de los atentados, obligado por la eficacia de las Fuerzas de Seguridad. No ha anunciado una tregua porque, según la doctrina interna de la banda, son «instrumentos de gran valor (...) que se agotan o recortan con su uso. Por ello, sólo se establecerán, gestionarán y mantendrán para alcanzar puntos de inflexión y saltos políticos dentro del proceso de liberación».

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha anunciado hoy que ha elegido el 28 de noviembre como fecha para celebrar las elecciones al Parlamento de Cataluña, que ha calificado de "trascendentes" para toda una generación de catalanes, y ha pedido a los partidos políticos "juego limpio".

En una declaración institucional leída en el Palau de la Generalitat, Montilla ha despejado finalmente la incógnita en torno a la fecha electoral y ha hecho buenas las quinielas que apuntaban el 28 de noviembre como el día más indicado.

Se da la circunstancia de que el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid está previsto que se juegue, en el Camp Nou, el mismo 28 de noviembre, aunque podría haber la opción de que se avance al sábado 27 de noviembre.

En todo caso, el 28 de noviembre se cumplirán justo cuatro años del mandato de Montilla, puesto que en esa misma fecha, en 2006, fue cuando tomó posesión como presidente de la Generalitat.

Después de comunicar a sus consellers la fecha elegida y haber hablado también con el presidente del Parlament, Ernest Benach, y con el jefe de la oposición y líder de CiU, Artur Mas, Montilla ha afirmado que en estos comicios la sociedad catalana "se juega mucho", sobre todo en un momento de crisis económica.

De esta forma, la campaña de las elecciones catalanas arrancará la medianoche del 11 al 12 de noviembre, con lo que los aparatos de los partidos ya tienen despejado el camino para hacer sus previsiones en precampaña y campaña.

"Estas elecciones serán decisivas y muy importantes, nos jugamos mucho. Llegan en un momento especial y exigente, en un contexto de crisis económica grave, confrontados a cambios sociales de gran intensidad, con un descrédito general de la política, muy pocas semanas después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y en medio de no pocas tensiones políticas en las relaciones entre Cataluña y el resto de España", ha explicado Montilla.

En este contexto, se ha dirigido a los candidatos y ha dicho sentirse "obligado a pedir a las fuerzas políticas que concurrirán a las elecciones dos principios irrenunciables: juego limpio en la acción electoral y claridad en las propuestas políticas. Los retos que tenemos planteados no se resuelven con eslóganes ni con descalificaciones simplificadoras".

El presidente catalán también se ha dirigido a los ciudadanos catalanes para pedirles que sean "conscientes del momento extraordinariamente importante que les toca vivir", puesto que con su voto decidirán "mucho más que una mayoría, un presidente, o un programa de Gobierno".

"Decidiréis qué camino debe seguir Cataluña, no en una legislatura, sino seguramente en toda una generación. En este sentido, pido a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que se informen, a fondo, que piensen en las consecuencias de su voto y que decidan en libertad", ha agregado.

Mientras, Montilla se ha comprometido a seguir trabajando "con total intensidad y normalidad hasta el último momento". "La agenda política no está cerrada todavía", ha advertido.

"Espero que en las próximas semanas, y también durante la campaña electoral, todas las fuerzas políticas hagan un esfuerzo adicional de pedagogía. Y deseo también que nuestros medios de comunicación contribuyan favoreciendo un debate democrático plural, rico, vivo, comprensible y que llegue realmente a todo el mundo. Aprovechamos estas semanas para hacer debates sinceros y a fondo sobre nuestro presente y nuestro futuro. Creo que nos hace falta más que nunca", ha concluido.

Según las mismas fuentes, de esos tres millones aproximadamente el 50 por ciento, en la actualidad se encuentra en la abstención. El resto, por el contrario se lo repartirían entre el PP, IU, CiU y otras formaciones políticas.   
  
Como ya se puso de manifiesto la pasada semana en el cónclave que tuvo lugar en el Parador de Toledo, el líder popular trasladó hoy a la dirección del partido que aventajan a los socialistas en casi 10 puntos.  
  
Durante su intervención para dar cuenta del informe preparado, Mariano Rajoy habló también de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, reiterando que no pueden apoyar unas cuentas que no sirven para que el país salga de la crisis, así como de la reforma laboral, indicando que están dispuestos a ayudar sólo en aquello que sea positivo.  
  
Las fuentes citadas indican que Rajoy lanzó alguna crítica a los partidos nacionalistas, indicando por ejemplo que sin la colaboración de CiU no se habrían congelado las pensiones. También se mostró convencido de que Zapatero tendrá el apoyo del PNV para sacar los Presupuestos, porque los nacionalistas, tanto los vascos, como los catalanes, bajo ningún concepto quieren un adelanto electoral que pueda conducir a una mayoría suficiente o absoluta de los populares.      

AVISO A LOS CANDIDATOS
El líder del PP hizo también una referencia a los candidatos autónomicos para las próximas elecciones de mayo de 2011, cuya interpretación no es unánime por parte de los dirigentes populares presentes en el encuentro.  
  
Rajoy indicó que tienen todo el tiempo del mundo para elegir a los candidatos, que no hay fechas cerradas para su proclamación y pidió que las cosas se hagan bien, que no se discutan en los periódicos y  que el teléfono está abierto siempre para hablar cuando haya dudas.  
  
Mientras para algunos de los presentes estas palabras fueron una reflexión positiva, que no significa ningún reproche, otros lo entendieron como un aviso a valencianos (Camps estaba presente) y a asturianos para que no autoproclamen candidatos.

ETA: NO HAY NINGUNA NOVEDAD
También hizo una breve referencia al último comunicado de la banda terrorista, indicando que no hay ninguna novedad, subrayando que los populares están donde siempre en cuanto a consideración y actitud. Los presentes interpretaron que el PP sigue en su posición de apoyo al Gobierno.

MADRID-El PP ya tiene sobre la mesa su nuevo movimiento frente al veto que el PSOE ha conseguido promover en la Mesa del Senado contra la candidatura del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López para el Tribunal Constitucional (TC). La idea que se baraja es que las asambleas autonómicas con mayoría popular presenten una cascada de recursos de amparo contra ese veto, lo que, por de pronto, ralentizará el proceso.

El ideólogo y coordinador de esta estrategia es Federico Trillo, a quien Rajoy ha dado potestad para controlar directamente con mano férrea cada paso que el partido da en el ámbito jurídico o en los tribunales. Sólo los parlamentos regionales o el propio López están legitimados para presentar recurso, mientras que el PP, como formación, ya ha agotado su margen jurisdiccional con los dos recursos que en su día formalizó contra la decisión de la Mesa del Senado.

Sí le queda todavía campo político para actuar y lo utilizará el martes en la reunión de la Comisión de Nombramientos de la Cámara que el presidente del Senado, Javier Rojo, ha convocado para que los grupos presenten sus candidatos alternativos.

Los populares mantendrán en esa reunión la candidatura de López, junto con la del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Francisco Hernando. Y, asimismo, volverán a subrayar su malestar por lo que entienden que es una «falta de cumplimiento del acuerdo» alcanzado con el PSOE, por el que se excluían los vetos, así como un incumplimiento de los procedimientos institucionales impulsados «ad hoc» por los socialistas con la reforma legislativa por la que se modificó el sistema de elección de los magistrados del TC para atender la presión nacionalista para reforzar el poder de las autonomías. Éstas participan en la renovación del Alto Tribunal gracias a la reforma de la Ley Orgánica del TC, que en su día no contó con el apoyo del PP y que establece, en su artículo 16.1, que los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas de las comunidades «en los términos que determine el Reglamento de la Cámara».

Cruce de acusaciones
El PP considera que el hecho de que López tenga en su poder una ficha profesional le reconoce 19 años de ejercicio profesional otorgada por el actual CGPJ de mayoría progresista, es suficiente argumento para recurrir en amparo la decisión de la Mesa del Senado. Los magistrados del Constitucional «deberán ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función». 

Ayer, Soraya Sáenz de Santa-maría, portavoz del PP en el Congreso, instó al PSOE a respetar «los procedimientos y leyes que atribuyen nuevas facultades a las autonomías, en lugar de querer cambiar esos procedimientos cuando las cosas no salen como le gustan». También denunció que durante este verano su formación no ha recibido ni una sola llamada  del Gobierno o del Partido Socialista para empezar a negociar la renovación de los órganos constitucionales pendientes, entre ellos el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Su homólogo socialista, José Antonio Alonso, replicó con la acusación de que el Partido Popular «bloquea» la renovación del  Constitucional  porque su portavoz en el Senado, Pío García Escudero, «no se está poniendo al teléfono».

Otro duelo económico
Rajoy vuelve a la carga contra Zapatero  con la economía como arma dialéctica. En su primer «cara a cara» tras el verano, el jefe de la oposición reclamará unos Presupuestos para 2011 que incluyan un plan «anti crisis». La sesión de control del miércoles volverá a estar marcada por la crisis, según detalló ayer Soraya Sáenz de Santamaría. Curiosamente, esta semana el PP registró una pregunta a la vicepresidenta Salgado sobre el paro anticipándose a la noticia de que el ministro de Trabajo dejará el cargo para arropar al PSC en la campaña catalana.

Zapatero no quiere que se hable  ni por activa ni por pasiva de crisis de Gobierno. Bastantes frentes tiene abiertos en este comienzo de curso político como para pensar en una profunda remodelación del Gabinete, aunque haya sectores de su partido que se lo pidan a gritos.  Primero fue junio, luego septiembre y ahora desde Moncloa aseguran que la única baja que se producirá en la mesa del Consejo de Ministros es, y por voluntad propia, la de Celestino Corbacho para acompañar a José Montilla en la lista a las elecciones catalanas, y que ésta no tendrá lugar «por lo menos»  hasta finales de octubre. Así que otra vez las quinielas, las apuestas y los calendarios de propios y ajenos han vuelto a fallar, algo que con Zapatero suele ocurrir con bastante frecuencia. Al presidente, ya se sabe, le gusta marcar sus propios tiempos, y no que se los marquen.

Cuando el jueves se supo que Celestino Corbacho dejaría el Gobierno para volver a la política catalana muchos dieron por hecho que su relevo sería aprovechado por el presidente para sustituir también a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en el caso de que ganase las elecciones primarias para la candidatura de la Comunidad de Madrid a Tomás Gómez. Y como el ganador de la contienda madrileña no se conocerá hasta el 3 de octubre, se dio por hecho que tanto la salida de Corbacho  como la de Jiménez llegaría  entre la primera y la segunda semana de octubre. Para esa fecha  Corbacho se iría asumiendo el desgaste de la huelga general del 29 de septiembre y ya se sabría si la ministra de Sanidad disputará o no la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre en mayo de 2011. Ni lo uno ni lo otro. Zapatero no tiene intención de sustituir a Corbacho «por lo menos»  hasta finales de octubre, aseguran fuentes cercanas al presidente. Y por otro lado, sostienen también en el gabinete presidencial, mantendrá a Trinidad Jiménez en Sanidad aunque gane las primarias a Tomás Gómez, hasta bien entrado el primer trimestre del próximo año, probablemente hasta finales de marzo o principios de abril.

Sostienen así en Moncloa que no habrá crisis de Gobierno, que lo de ahora es un pequeño ajuste obligado por el calendario electoral de Cataluña y que ésta no llegará hasta el primer trimestre de 2011. Y es que los estrategas «monclovitas» defienden que no tiene sentido acometer ninguna remodelación del Gabinete hasta que las reformas económicas no estén en marcha. Y, de las previstas por el Gobierno, aún quedan la del sector energético y la del sistema de pensiones que, según los cálculos del presidente, ambas estarán aprobadas en este periodo de sesiones que empieza ahora y concluirá en diciembre.

Será entonces con las reformas económicas estructurales en marcha, con el más que previsible cambio de Gobierno en la Generalitat de Cataluña tras las elecciones de noviembre, con los presupuestos generales para 2011 aprobados definitivamente, con la evolución de la economía y con los nuevos ajustes que requieran los comicios municipales y autonómicos, cuando el presidente acometa la remodelación de su Gabinete. Sería la cuarta en seis años de mandato.

Jáuregui vuelve a las quinielas
Descartados pues los cambios profundos para este curso político que acaba de arrancar, ayer las quinielas en el PSOE se limitaron a quién sustituirá a Celestino Corbacho en Trabajo. Y, si a muchos socialistas se les pidiera opinión al respecto, no tendrían ninguna duda: el mejor candidato sería Ramón Jáuregui.

El que fuera vicelendakari en el Gobierno vasco entre 1987 y 1991, consejero de Economía, Trabajo y Seguridad Social entre 1994 y 1997 y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso hasta que se fue de número dos por el PSOE en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, es un hombre de larga trayectoria política que cuenta con el reconocimiento de propios y extraños, y sabría reconducir las maltrechas relaciones del Ejecutivo con los sindicatos, ya que fue secretario general de la UGT en Rentería durante la Transición.

Otras voces del PSOE apuntaban, sin embargo, el nombre de Octavio Granados, secretario de Estado de Seguridad Social y miembro de la Ejecutiva Federal. Los más cercanos al presidente descartaban, en cambio, esta apuesta y cualquier otra, ya que la cartera de Trabajo podría asumirla incluso alguno de los ministros en activo. Sólo Zapatero tiene la respuesta.

Moratinos no quiere irse a Córdoba
Dicen que José Antonio Griñán lo quería de candidato a la Alcaldía de Córdoba;  pero la idea no parece entusiasmar al ministro de Exteriores. Si al presidente le produce ya casi urticaria oír hablar de crisis de Gobierno, al jefe de nuestra diplomacia se le tuerce el gesto cada vez que alguien le sitúa de candidato a alcalde. No es extraño, teniendo en cuenta que el PSOE no ha gobernado nunca en Córdoba, donde sí lo han hecho tanto PP como IU. Un dato: al titular de Exteriores se le ha dado infinidad de veces por cesado y es de los pocos que se mantiene en el Gabinete desde 2004.

Unas remodelaciones cargadas de polémica
Tres grandes crisis
La primera gran crisis se produjo en abril de 2006 por la dimisión de Bono y supuso la remodelación de varias carteras, entre ellas Interior, Defensa y Educación. La segunda llegó por sorpresa en julio de 2007, a tan sólo ocho meses de las elecciones. La última, en abril de 2009, sólo un año después de las elecciones generales, y cuando ya era un clamor popular.

34 ministros en seis años
En apenas seis años, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha realizado tres remodelaciones y 34 cambios en los ministerios. Tan sólo cuatro miembros del Gobierno se mantienen desde 2004: María Teresa Fernández de la Vega, Miguel Ángel Moratinos, Elena Salgado y Elena Espinosa. Por el camino se quedaron Fernández Bermejo, José Bono, Carmen Calvo o Pedro Solbes.

Fernández de la Vega se ha referido a la decisión de Corbacho de formar parte de las listas del PSC para las próximas elecciones catalanas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros.

Ante las preguntas de los periodistas de si esa salida y la posible de Trinidad Jiménez -presente en la rueda de prensa junto a la vicepresidenta- si vence en las primarias del PSOE de Madrid van a conllevar una remodelación más amplia, ha garantizado que el Gobierno "no está en eso", sino en lograr el objetivo de superar la crisis económica.

Fernández de la Vega ha calificado de "normal" que el PSC quiera contar para las elecciones en Cataluña con un responsable político de la trayectoria y experiencia de Corbacho, y ha dicho que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respeta la decisión del ministro de Trabajo de aceptar esa propuesta.

"La consecuencia será en su momento, si se produce, que el presidente proceda al relevo del ministro, y nada más" ha subrayado.

Ante la insistencia de los periodistas por el alcance de la remodelación ministerial, ha garantizado que no hay una crisis de Gobierno y ha dicho que hay que respetar los tiempos y que el relevo de Corbacho no tendrá más consecuencias que su sustitución.

La misma idea ha reiterado al ser preguntada por la posibilidad de que la salida de Corbacho propicie una fusión de Ministerios.

Respecto a las críticas de dirigentes del PP a la gestión de Corbacho al frente del Ministerio de Trabajo ha señalado que este partido vuelve tras las vacaciones con la misma tónica de "tratar de negarlo todo y aprovecharse de todo".

A su juicio, el PP ha dejado patente que no está acostumbrado a los procesos democráticos en su seno (en alusión a las primarias en Madrid) porque sus candidatos "se eligen a dedo".

"El PP sí que tiene una crisis de partido de verdad y que se dirime en los tribunales", ha sentenciado

La vicepresidenta ha aprovechado para reiterar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es progresista, está comprometido con la ciudadanía y sabe hacer frente a las dificultades cueste lo que cueste.

Ha añadido que hay intentos por parte del PP para "hacer mucho ruido y tratar de distraer la atención", pero ha advertido de que el principal partido de la oposición no va a conseguir ese objetivo.

"No nos vamos a distraer, y los ciudadanos deben saberlo, de nuestro objetivo de recuperarnos de esta profunda crisis para que tengamos un mañana mejor", ha añadido antes de asegurar que, para lograrlo, responderá a la petición de los ciudadanos de estar "al 200 por ciento" de sus capacidades.

La vicepresidenta ha asegurado que comprende que un cambio de Gobierno despierte el interés periodístico, pero ha insistido en que el Ejecutivo no está en eso, sino "en lo que tiene que estar", en remontar de una vez por todas la situación y que los parados recuperen cuanto antes su puesto de trabajo.

La reforma laboral, la de las pensiones y la de los servicios públicos de empleo, además de la huelga general, marcarán la salida del Ejecutivo del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para integrar las listas del PSC a las elecciones catalanas.

La reforma laboral ya está encaminada y afronta su último trámite parlamentario el próximo día 9 en el Congreso cuando, previsiblemente, se aprobará de forma definitiva tras votar las modificaciones introducidas en el Senado, que no alteraron profundamente el texto del decreto ley.

Esta reforma, que no satisface plenamente a los grupos políticos ni a los empresarios, ha sido especialmente criticada por los sindicatos porque consideran que facilita y abarata el despido y recorta derechos de los trabajadores.

La reforma, unida a las medidas anticrisis aprobadas en mayo por el Gobierno para reducir el déficit del Estado y la intención de retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años provocó que CCOO y UGT convocaran la huelga general para el día 29 de septiembre.

Además, después de la convocatoria del paro, Corbacho anunció que le parecía "razonable" elevar de quince a veinte años el plazo para calcular el pago de las pensiones, declaración que avivó más los ánimos de los sindicatos para ir a la huelga.

Cuando llegó a Trabajo en abril de 2008, Corbacho se fijó como objetivo bajar de dos millones la cifra de parados, que entonces ascendía a 2.300.975, además de poner en marcha el plan de recolocación de los desempleados, especialmente, de los afectados por la crisis de la construcción.

También se marcó como desafío reeditar un nuevo acuerdo de diálogo social con patronal y sindicatos, pacto que se concretó en junio de ese año en la Moncloa en una reunión encabezada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Un año más tarde, en julio de 2009, y tras unas negociaciones infructuosas, Corbacho anunció, pese a su reiterado interés por el diálogo, que el Gobierno adoptaría medidas si no se alcanzaba un acuerdo.

El 24 de ese mes, el ministro dio por zanjado el diálogo social entre sindicatos y patronal, a la que responsabilizó del desacuerdo, por su actitud "intransigente y poco constructiva".

El mandato de Corbacho ha estado marcado por la mayor crisis económica en décadas, lo que ha provocado una enorme destrucción de empleo y ha elevado el número de parados registrados hasta casi los cuatro millones.

El actual ministro, que fue alcalde de L'Hospitalet durante catorce años, presidente de la Diputación de Barcelona y responsable de política municipal del PSC, volverá a Cataluña para integrar las listas de este partido a las elecciones generales.
 

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que saldrá del Gobierno para integrar las listas del PSC a las elecciones catalanas, era alcalde de L'Hospitalet de Llobregat y uno de los hombres fuertes del PSC en el denominado "cinturón rojo" de Barcelona cuando, en abril de 2008, llegó al Ejecutivo.

Alcalde de L'Hospitalet durante catorce años, presidente de la Diputación de Barcelona y responsable de política municipal del PSC, Corbacho fue escogido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para sustituir a Jesús Caldera al frente de la cartera de Trabajo e Inmigración.

La gestión de Corbacho ha coincidido con la crisis económica que ha provocado un enorme crecimiento del desempleo. Cuando llegó al Ministerio de Trabajo, el número de desempleados era de 2.300.975, mientras que el último dato difundido ayer por los Servicios Públicos de Empleo sitúa el número de parados en 3.969.661.

Han sido además dos años de infructuosas negociaciones con los agentes sociales que culminaron el 16 de junio de 2010, cuando el Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto Ley la reforma del mercado de trabajo, que ha tenido como respuesta la convocatoria de una huelga general por parte de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO convocaron una huelga general para el 29 de septiembre.

A la espera de la más que previsible reforma de las pensiones, Corbacho ha sido el encargado de avanzar algunas posibilidades de modificación, como ampliar a veinte el número de años requeridos para calcular el importe de las prestaciones que han de recibir quienes acaben su vida laboral.

Celestino Corbacho, que es profesional del comercio, según consta en los datos biográficos que ofrece el Gobierno, nació en 1949 en Valverde de Leganés (Badajoz), dejó Extremadura a los 15 años e ingresó a los 27 en el Partido Socialista de Cataluña, en el que ha ocupado diferentes cargos.

Así, fue primer secretario del PSC de L'Hospitalet, portavoz del Grupo Socialista del Área Metropolitana de Barcelona (1995-1999) y secretario nacional de la Comisión Ejecutiva del PSC, además de responsable de política municipal del partido.

Concejal de L'Hospitalet de Llobregat desde 1983, desarrolló las funciones de primer teniente, portavoz, responsable de Urbanismo y de Programación y Planificación de los presupuestos municipales.

El 13 de mayo de 1994, Corbacho fue elegido alcalde de L'Hospitalet -la segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes- tras la dimisión forzada de su antecesor, Juan Ignacio Pujana, y fue reelegido por mayoría absoluta en las municipales de 1995, 1999, 2003 y 2007.

Diputado del PSC en el Parlamento de Cataluña en la cuarta y quinta legislatura (1992-1999), de 2004 a 2008, fue presidente de la Diputación de Barcelona, organismo en el que había sido vicepresidente primero (julio 2003-abril 2004) y diputado desde 1983.

Celestino Corbacho es miembro permanente de la Comisión Institucional del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa y portavoz del Grupo Socialista actualmente en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Además fue miembro de la Federación de Municipios de Cataluña (1995-2004), organismo del que fue vicepresidente (1999-2001).

Entre otros cargos, ha sido también vocal de la Comisión de Urbanismo de Cataluña y miembro del Consejo General de la Feria de Barcelona, así como presidente de la Autoridad de Transporte Metropolitano.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dejará el Gobierno tras la huelga general del próximo 29 de septiembre para incorporarse a las listas del PSC para las elecciones autonómicas catalanas de noviembre.

Fuentes socialistas han confirmado la inminente salida del Ejecutivo del que fuera alcalde de L'Hospitalet, cuya incorporación a la candidatura que encabezará José Montilla empezará a lanzarse casi inmediatamente pero no se hará efectiva hasta que quede aprobada la reforma laboral en el Congreso -la próxima semana- y se produzca la huelga general.

Las mismas fuentes apuntan a que la salida del titular de Trabajo del Ejecutivo deberá esperar también a que se resuelva el proceso de primarias en Madrid, ya que la posible designación de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el 3 de octubre como candidata socialista para disputar el gobierno autonómico a Esperanza Aguirre obligaría a su salida del Ejecutivo.

La crisis de Gobierno incluiría así a dos ministros y abriría las puertas a una remodelación más amplia con la que se viene rumoreando en los últimos meses. |
      

Fecha de caducidad
El ministro de Trabajo siempre ha tenido muy claro que su paso por la política española tenía fecha de caducidad porque su deseo era regresar más pronto que tarde a Barcelona, donde ha desarrollado el grueso de su carrera política como alcalde de L’Hospitalet (durante 20 años) y como presidente de la Diputación de Barcelona. Corbacho comentó su futuro político con el presidente del Gobierno el pasado 20 de agosto y recibió el plácet de Zapatero para tomar el puente aéreo hacia Barcelona sin billete de vuelta.


Un agosto intenso
Corbacho prepara su regreso a Cataluña desde hace varios meses, pero lo ha abordado con mayor intensidad durante las últimas semanas porque el proceso de proclamación de candidatos del PSC a las autonómicas está a punto de desatarse (hoy, las agrupaciones de L’Hospitalet –feudo de Corbacho– proponen su lista de candidatos).

Ya a principios de agosto, mantuvo una comida con el primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, José Montilla, para estudiar su regreso a Cataluña. Corbacho le manifestó su intención de volver a Barcelona para echarle una mano en su intento por ser reelegido como presidente de la Generalitat. Montilla le expresó su conformidad, consciente de que el ministro de Trabajo es un peso pesado en el área metropolitana de Barcelona.

Pero Montilla convino con Corbacho en que primero debía resolver su futuro con el presidente del Gobierno. De ahí la conversación del ministro del Trabajo con Zapatero el pasado 20 de agosto tras el Consejo Ministros extraordinario.

Según diversas fuentes, fue el presidente quien le sugirió a Corbacho la idea de regresar a Cataluña e incluso quien le prometió acelerar su marcha de Madrid en pocas semanas. Sea como fuere, lo cierto es que el titular de Trabajo quiere dejar una cartera que le ha provocado innumerables quebraderos de cabeza no sólo con los agentes sociales y económicos, sino también con sus propios compañeros de Gobierno.

El hábitat natural de Corbacho es el cinturón metropolitano de Barcelona –granero de votos fundamental para los socialistas– y su desembarco es sólo cuestión de tiempo.

El problema es que la salida del ministro de Trabajo obligará a Zapatero a realizar una crisis de Gobierno con la que se lleva especulando varios meses  y ésta no es sencilla porque, en paralelo, debe resolver la cuestión de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, inmersa en la batalla de las primarias para ser candidata del PSOE a la Comunidad de Madrid.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dejará el Gobierno tras la huelga general del próximo 29 de septiembre para incorporarse a las listas del PSC para las elecciones autonómicas catalanas de noviembre.

Fuentes socialistas han confirmado la inminente salida del Ejecutivo del que fuera alcalde de L'Hospitalet, cuya incorporación a la candidatura que encabezará José Montilla empezará a lanzarse casi inmediatamente pero no se hará efectiva hasta que quede aprobada la reforma laboral en el Congreso -la próxima semana- y se produzca la huelga general.

Las mismas fuentes apuntan a que la salida del titular de Trabajo del Ejecutivo deberá esperar también a que se resuelva el proceso de primarias en Madrid, ya que la posible designación de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el 3 de octubre como candidata socialista para disputar el gobierno autonómico a Esperanza Aguirre obligaría a su salida del Ejecutivo.

La crisis de Gobierno incluiría así a dos ministros y abriría las puertas a una remodelación más amplia con la que se viene rumoreando en los últimos meses. |
      

Fecha de caducidad

El ministro de Trabajo siempre ha tenido muy claro que su paso por la política española tenía fecha de caducidad porque su deseo era regresar más pronto que tarde a Barcelona, donde ha desarrollado el grueso de su carrera política como alcalde de L’Hospitalet (durante 20 años) y como presidente de la Diputación de Barcelona. Corbacho comentó su futuro político con el presidente del Gobierno el pasado 20 de agosto y recibió el plácet de Zapatero para tomar el puente aéreo hacia Barcelona sin billete de vuelta.


Un agosto intenso

Corbacho prepara su regreso a Cataluña desde hace varios meses, pero lo ha abordado con mayor intensidad durante las últimas semanas porque el proceso de proclamación de candidatos del PSC a las autonómicas está a punto de desatarse (hoy, las agrupaciones de L’Hospitalet –feudo de Corbacho– proponen su lista de candidatos).

Ya a principios de agosto, mantuvo una comida con el primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, José Montilla, para estudiar su regreso a Cataluña. Corbacho le manifestó su intención de volver a Barcelona para echarle una mano en su intento por ser reelegido como presidente de la Generalitat. Montilla le expresó su conformidad, consciente de que el ministro de Trabajo es un peso pesado en el área metropolitana de Barcelona.

Pero Montilla convino con Corbacho en que primero debía resolver su futuro con el presidente del Gobierno. De ahí la conversación del ministro del Trabajo con Zapatero el pasado 20 de agosto tras el Consejo Ministros extraordinario.

Según diversas fuentes, fue el presidente quien le sugirió a Corbacho la idea de regresar a Cataluña e incluso quien le prometió acelerar su marcha de Madrid en pocas semanas. Sea como fuere, lo cierto es que el titular de Trabajo quiere dejar una cartera que le ha provocado innumerables quebraderos de cabeza no sólo con los agentes sociales y económicos, sino también con sus propios compañeros de Gobierno.

El hábitat natural de Corbacho es el cinturón metropolitano de Barcelona –granero de votos fundamental para los socialistas– y su desembarco es sólo cuestión de tiempo.

El problema es que la salida del ministro de Trabajo obligará a Zapatero a realizar una crisis de Gobierno con la que se lleva especulando varios meses  y ésta no es sencilla porque, en paralelo, debe resolver la cuestión de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, inmersa en la batalla de las primarias para ser candidata del PSOE a la Comunidad de Madrid.

Expertos en la materia han estudiado en los últimos meses caso por caso y se ha tomado la decisión que se considera más adecuada, que se comunica en estos días a los interesados. El elevado coste del servicio de escoltas, prestado por agentes de las Fuerzas del Orden y miembros de empresas privadas de seguridad, contratadas por la administración, determinó que, a partir de los primeros meses del año, se realizara un estudio pormenorizado sobre todas las personas que disponían de escolta a cargo del erario público.  Sólo en el País Vasco, el coste superaba en 2009 los 100 millones de euros, pagados por el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior del Gobierno de Vitoria. El número total de personas a las que se considera dentro de los colectivos que sufren las amenazas de ETA en el País Vasco y Navarra y que, en principio, deberían llevar escolta, asciende a 1.500, la mayoría de los cuales tiene protección de agentes de empresas privadas. Los expertos son reacios a hablar de este asunto ya que, por activa o por pasiva, se están dando pistas a ETA sobre las personas que disponen de protección o las que la dejan de tener. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, aseguró ayer que la reducción de los servicios de escoltas a los amenazados por ETA «no tiene absolutamente nada que ver con el posible anuncio de una tregua (...) y, hasta ahora, todo lo que conocemos a través de sus comunicados (los de la banda) es que afirman mantener la actividad terrorista». La Consejería de Interior trabaja con los colectivos afectados, como formaciones políticas, miembros de la judicatura (hoy mismo tendrá lugar una reunión en el Palacio de Justicia de Bilbao) y  empresas, para reorganizar el servicio e incluso para implantar servicios complementarios.

A día de hoy la dirección del PP no prevé organizar una foto de familia de todos sus candidatos autonómicos y municipales en este curso. Para verla habrá que esperar hasta enero o febrero, salvo que  Génova rectifique sobre la marcha, en función de sus intereses del momento, el calendario que tiene ya perfilado.

En el segundo día de su «retiro» a Toledo para diseñar la estrategia de este otoño la cúpula popular dedicó buena parte del debate a Cataluña –incluyendo su política para evitar el fraude de ley en la aplicación del Estatut–, y apresuradamente, entre otros asuntos, también hizo un repaso de los acontecimientos más importantes de la agenda de partido de aquí a diciembre.

Rajoy, una vez más, impone su control de los tiempos y su máxima de dejar las cosas madurar.  Por eso la única decisión es que todos los candidatos deberán estar proclamados antes de las vacaciones de Navidad, lo que abre un margen lo suficientemente elástico como para controlar el proceso sin sobresaltos. La consigna es clara: sigue sin haber prisas. La convención autonómica y municipal, la única foto de Rajoy con todos sus cabeza de lista que está hoy prevista, se deja para el arranque de 2011, bien a finales de enero bien a principios de febrero. Y hasta diciembre irá produciéndose el goteo de designaciones oficiales, con la bendición en todas ellas, también en Valencia, de Génova.

El caso de Asturias
A puerta cerrada, en el debate no entraron en liza nombres concretos ni se pisó el delicado terreno del caso de Asturias –ayer el PP regional propuso a Rajoy una terna de candidatos sin Cascos–, ni de Valencia.

Pero Rajoy sí se mojó sobre la situación de su partido en la Comunidad Valenciana en la comparecencia que celebró al terminar los largos «maitines» con los que ha arrancado la nueva temporada. Podría haber eludido la pregunta, como ha hecho en otras ocasiones, pero, sin embargo, el líder popular quiso ratificar expresamente su apoyo a Camps justo en el día en el que se aireaba un supuesto nuevo informe policial desfavorable para el PP valenciano.

«Camps debe ser el candidato a las elecciones», sostuvo. Cuando se le preguntó si le ratificaría con esa misma contundencia en el caso de que la Justicia actuara contra él, dentro del «caso Gürtel», zanjó el debate: «Ya he dicho todo lo que tenía que decir». El líder popular reiteró su apoyo a su «barón» en una conversación informal sin micrófonos, y cuando se le preguntó una vez más sobre qué hará en el caso de que se decrete la apertura de juicio oral contra el presidente valenciano, el «número uno» del PP volvió a tirar el balón a córner porque no elucubra sobre hipótesis. Durante el «retiro» estratégico, Jaime Mayor presentó un informe sobre la «negociación» con ETA: nadie le llevó la contraria.


Medio centenar de iniciativas
«No vamos a resignarnos con las cifras de paro ni con la situación económica». Rajoy abre curso con este lema y con una ofensiva política para apuntalar su alternativa. El Parlamento será el campo de juego en el que el PP exprima al máximo sus posibilidades para rentabilizar la erosión que la crisis ha provocado en la imagen del Gobierno. En las próximas semanas registrará hasta medio centenar de iniciativas en el Congreso y en el Senado. Rajoy confirmó también que en este periodo de sesiones formalizará una iniciativa en las Cortes para dar libertad a las comunidades y, por ende, a sus «barones», para establecer otras formas de gestión en las televisiones autonómicas, incluida la privatización. Cospedal «disparó» el lunes con esta propuesta.

Rajoy ha comparecido brevemente ante los periodistas en el Parador de Toledo, donde desde ayer se encuentra recluido con sus más estrechos colaboradores para preparar la estrategia política del nuevo curso.

El presidente del Partido Popular ha anunciado también su intención de llevar al Congreso de los Diputados y al Senado "más de 50 iniciativas en materia económica" para sacar a España de la  crisis y recuperar la creación de empleo.

Rajoy aseguró que en las tres sesiones de debate interno se ha hablado"exclusivamente de los problemas de los españoles" y se ha acordado presentar un paquete de medidas económicas durante los próximos cuatro meses, coincidiendo con la negociación de los Presupuestos Generales  del Estado para 2011.

Rajoy explicó que las medidas forman parte del "plan global" que  el PP cree que necesita España en estos momentos y detalló que las iniciativas irán encaminadas a fomentar la austeridad, hacer reformas en el sector público, mejorar el sistema financiero, rebajar losimpuestos, mejorar el trato a los autónomos, fomentar el ahorro en materia de vivienda y ofrecer alternativas a la reforma laboral del Gobierno.    

Mantener la caja única
También ha aprovechado para exigir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no rompa la caja única de la Seguridad Social con el objetivo de "mantenerse" al frente del   Ejecutivo en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales para el próximo año. Ha reivindicado que los PGE sirvan "única y exclusivamente" para afrontar la crisis, aumentar la renta  e los ciudadanos y generar empleo. A su juicio, cualquier pacto que se alcance para sacar adelante las cuentas públicas debe estar basado en "los intereses generales" y no con vistas "partidistas para el mantenimiento de Zapatero".  

"Y reitero que la ruptura de la caja única de la Seguridad Social no puede ser en ningún caso un instrumento para que Zapatero se mantenga en el Gobierno", ha insistido ante la posibilidad de que el Ejecutivo negocie con el PNV la transferencia al País Vasco de las políticas activas de empleo.  

Además, ha abordado los últimos datos del paro, que desvelan que el desempleo ha crecido en más de 60.000 personas en el mes de agosto, y ha lamentado que España sea el país con más paro de toda Europa. "Estos datos confirman desgraciadamente la triste situación que atraviesa el empleo en España y la dificultad de las familias para vivir dignamente", ha apuntado.  

En este contexto, Rajoy también ha censurado la respuesta del Gobierno "resignándose" a la situación y defendiendo que "las cifras no son tan malas". Para él, otro ejemplo es que España ha decrecido el último año un 0,1 por ciento mientras que la Unión Europea ha crecido un 1,7 por ciento. "La política económica de este Gobierno nos ha llevado a estar en la cola de crecimiento económico y mejora de bienestar y riqueza de todos los países europeos", ha reprochado.