Preguntado por el comunicado de ETA del pasado domingo, en el que anunciaba que no llevará a cabo "acciones armadas ofensivas", Caamaño ha recordado que la posición del Ejecutivo ha sido clara y rotunda y que su intención es que quienes no condenen claramente la violencia y no abandonen esa forma de actuar en Democracia no estén en los organismos democráticos.

Por tanto, ha agregado el ministro, "como hemos hecho otras veces aplicaremos con rigor la Ley para que se cumpla".

Además, si fuera necesario, ha agregado Caamaño, se abordarán modificaciones legislativas una vez más "para asegurar a la Democracia española que en los organismos de representación ciudadana sólo habrá demócratas".

Respecto al papel que puede jugar Eusko Alkartasuna, que tiene un acuerdo de colaboración con la izquierda abertzale, el ministro ha insistido en que el Gobierno utilizará todos los instrumentos que da la Ley.

Caamaño ha recordado, no obstante, que existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) como consecuencia de anteriores procesos electorales y que se está trabajando en el Congreso sobre ella para adecuar la legislación electoral.

"Creemos que lo vamos a poder hacer adecuadamente y mantener un equilibrio entre nuestra firmeza y el respeto al Estado de Derecho y a lo que ha dicho el Constitucional", ha señalado.

MADRID-La llamada «Izquierda Abertzale» trabaja con distintas alternativas para las elecciones municipales y forales del año que viene. Una de ellas es que no se puedan presentar a los comicios, ni siquiera en las listas de Eusko Alkartasuna (EA), por el peligro de que la Justicia actúe contra ellas. Ante esta hipótesis, bastante factible dada la actitud de ETA de no desaparecer, guardan una última opción que les garantizaría lo que, realmente, persiguen: el control político y económico de los consistorios.

El escenario que desea el «brazo político» de ETA es el de presentar listas propias. Los responsables de todo este tinglado saben que eso va a ser muy difícil y hace meses, con permiso expreso de los cabecillas terroristas y bajo su tutela, iniciaron las conversaciones con Eusko Alkartasuna, un partido llamado a desaparecer del escenario político si no cuenta con los votos de la llamada «Izquierda Abertzale».

La inclusión de candidatos proetarras en las listas de EA sería posible en una escenario en el que ETA hubiera dado pasos firmes y creíbles para su autodisolución.

El último comunicado de la banda ha supuesto un jarro de agua fría y ha colocado contra la pared a EA y a Batasuna.
 
Sin embargo, los proetarras han previsto una «solución» para el peor de los escenarios.

Si no pueden ocupar escaños, sí pueden acaparar los puestos «técnicos» en los ayuntamientos vascos y navarros en los que las candidaturas que presente Eusko Alkartasuna obtengan, con los votos proetarras, la mayoría absoluta o una suficiente que les permita detentar la alcaldía.

No perder el poder
Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, el objetivo de la banda y su entramado es, ante todo, no perder el poder político que ya tienen en las instituciones y, a ser posible, aumentarlo.

Las candidaturas de EA, integradas por militantes de esta formación o personas ajenas al mundo proetarra, tendrán que ser validadas, guste o no, ya que se trata de un partido legal.

Una vez celebradas las elecciones, los nuevos responsables municipales se encargarían de contratar a «técnicos», «asesores» y cargos similares que serían ocupados por individuos del entramado proetarra.
 
Aunque no se sentaran en los escaños, su asistencia a los plenos y reuniones de comisiones estaría garantizada, Además, podrían controlar, que es lo que interesa, los presupuestos y toda la información que generan los ayuntamientos y diputaciones.

Documento de ETA
En el documento que constituye la «hoja de ruta» de ETA para lograr que sus candidaturas estén presentes en las elecciones municipales y forales del año que viene y, si es posible, establecer una  nueva negociación con el Gobierno, se dedica un amplio apartado a Eusko Alkartasuna en el que se fijan los cinco objetivos de la alianza con este partido. Dichos objetivos aparecen resumidos en la página de al lado.

Por ello, en un escrito firmado por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, solicita al juez Ismael Moreno que prohíba la marcha y que ordene a la Consejería de Interior del Gobierno vasco que adopte las medidas necesarias para impedir que se celebre la manifestación y  «evite la comisión de hechos delictivos».

El Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación el pasado día dos, tras recibir la documentación correspondiente del Departamento de Interior del Ejecutivo vasco relativo a la convocatoria de la citada manifestación. Tras el estudio de la misma, la Fiscalía destaca cómo esa marcha cuenta con el «apoyo y adhesión» de históricos dirigentes «del frente político-institucional de ETA», como Tasio Erquicia, y de cargos municipales de la ilegalizada ANV, como la alcaldesa de Hernani y el regidor de Elorrio.

Junto a ello, la Fiscalía recabó informes a la Policía Nacional, Guardia Civil y a la Ertzaintza, para que informaran de todas las circunstancias que rodean a esa manifestación.

Así, se pone de relieve cómo la plataforma convocante, «Adierazi EH», se crea en enero de este año «tras las desarticulaciones de los órganos y formaciones que pretendían aglutinar las «líneas de actuación del frente político-institucional de ETA, cuyos integrantes han sido procesados y/o acusados por el delito de integración y/o colaboración con organización terrorista en cuanto cumplían las directrices» de la banda terrorista. Y se crea con «idéntica finalidad» de los partidos ilegalizados por ser  continuidad de Batasuna.

De hecho, varios documentos incautados a ETA aluden  a esa «nueva estrategia», diseñada por la banda para lograr «la acumulación de fuerzas partidarias del independentismo/soberanismo», con el fin de lograr un «muro popular» contra «la represión». Por todo ello, concluye que la plataforma convocante «no es más que una sucesión de Batasuna y que sigue las directrices de la organización terrorista».

El ex jefe militar de ETA Gorka Palacios, el primer etarra en ser  juzgado tras el comunicado de la banda terrorista anunciando el "cese de las acciones armadas ofensivas", ha optado por guardar silencio ante el tribunal de la Audiencia Nacional, al que se ha enfrentado   por su presunta participación en el atentado perpetrado en julio de  2001 por miembros del 'comando Madrid' que acabó con la muerte del agente de Policía Nacional Luis Ortiz de la Rosa. 

"No voy a contestar absolutamente nada", ha respondido Palacios a la presidenta del tribunal, la juez Angela Murillo, cuando le ha comunicado su derecho a no responder a las preguntas que se formulasen. Tampoco ha hecho ningúna alegación durante el turno de última palabra y se ha limitado a recordar que ya dijo que no iba a "hacer declaraciones". 

El fiscal Juan Moral ha elevado a definitivas su petición de 83 años de cárcel para el etarra por un delito de asesinato terrorista, otro de estragos terroristas y cuatro más de lesiones terroristas. Además, ha pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que imponga al supuesto etarra el pago de una indemnización de 300.506 euros a los herederos del agente fallecido y otra de 180.304 a uno de los heridos en el atentado que quedó incapacitado para trabajar. 

En las dos ocasiones en que ha tomado la palabra, el etarra -extraditado temporalmente desde Francia el pasado mes de marzo- ha contestado en castellano y en una actitud más respetuosa que la que viene siendo habitual en los dirigentes de la banda cuando se   presentan ante la Audiencia Nacional. El último ex jefe militar en pasar por este tribunal, Francisco Javer García Gaztelu, alias 'Txapote', mandó "al carajo" a los jueces, tras negarse a levantarse cuando así se lo solicitaron.

Durante el juicio han declarado en calidad de testigos los etarras también miembros del 'comando Madrid' Aitor García Aliaga y Ana Belén Egües Gurrutxaga, ya juzgados y condenados por estos hechos en la Audiencia Nacional. Ambos han coincidido en defender que las   declaraciones que efectuaron inculpando al procesado, en sede policial y judicial el primero y ante la Policía la segunda, fueron realizadas bajo coacciones y torturas.

García Aliaga incluso ha negado conocer a Palacios y ha explicado que sólo sabe quién es "de haberlo visto en televisión y en fotos", a pesar de que a su entrada en la sala ambos se saludaron con sonrisas y gestos e intercambiaron algunas palabras. A Egües Gurrutxaga la   presidenta del tribunal no ha llegado a preguntarle si conocía al procesado, ya que los saludos fueron aún más evidentes. 

"Por lo que veo se conocen bastante, no tengo que preguntárselo",  ha afirmado la juez, a lo que la etarra, conocida con el alias de  'Dolores', ha respondido: "Sí, sí, somos muy buenos amigos". A pesar de ello, ha asegurado no recordar lo que pudo haber manifestado en contra de Palacios ante la Policía y ha insistido en que no se ratifica en sus declaraciones.

Durante la vista oral, a la que no ha comparecido ninguna víctima, también ha testificado uno de los policías que se desplazó al lugar del atentado después de que el 091 recibiera la llamada de uno de los miembros del 'comando Madrid' alertando de la colocación del coche bomba en la madrileña calle Ocaña. Ha explicado que la explosión causó "muchos destrozos" porque tuvieron "poco tiempo" para desalojar la zona y la calle donde se había colocado el vehículo era "muy estrecha".

Además, varios funcionarios de la Policía que participaron en la   toma de declaración de García Aliaga y Egües han ratificado que ambos   reconocieron a Palacios como miembro de la banda terrorista y lo   situaron en esta acción terrorista. En concreto, explicaron que su   participación se concretó en la búsqueda de información, la elaboración del explosivo y la reivindicación del atentado. 

Según ha defendido el representante del Ministerio Público en su informe de conclusiones finales, las declaraciones de estos dos   etarras son "pruebas más que suficientes" para fundamentar las   acusaciones contra Palacios. Además, se ha referido a un informe   elaborado por peritos de la Policía que concluía que el procesado era miembro liberado de ETA y que formó parte del 'comando Madrid'.   

No es esta la opinión del abogado del procesado, Haritz Escudero, que considera que en la vista oral se ha acreditado que no existe prueba de cargo suficiente para condenar a Palacios. A su juicio, los únicos indicios que existen contra su defendido son las declaraciones policiales y judiciales de Egües, que se verían ratificadas por las efectuadas por 'Dolores' a la Policía, pero que no han sido corroboradas con ningún indicio externo.  

Escudero recordó que, según doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, las declaraciones de coimputados son pruebas "legítimas pero no suficientes" y por tanto deben ser confirmadas por "datos ajenos a la mera declaración del coimputado" para poder llevar a una condena. 

En este caso, el abogado recalcó que "no hay ningún indicio" que corrobore que Palacios era miembro del 'comando Madrid' y "ni siquiera que estuvo en Madrid" en las fechas en que se llevaron a cabo los atentados que se les atribuyen, ya que no se ha encontrado ni una huella suya en las cinco viviendas que se registraron tras la desarticulación del comando.

Tras este primer juicio, Palacios deberá volver a la Audiencia Nacional para ser juzgado por otro atentado cometido un mes antes, en  junio de 2001, y en el que falleció el general Justo Oreja Pedraza.   

En el momento en que fue detenido, era jefe de los comandos operativos de ETA. En la jefatura del aparato militar de la banda le acompañaba entonces Ibon Fernández Iradi, alias 'Susper', que fue arrestado días después. Antes de su huida a Francia, el presunto etarra había pasado por el 'comando Madrid' y el 'comando Andalucía'.

El ex jefe militar de ETA Gorka Palacios, el primer etarra en ser  juzgado tras el comunicado de la banda terrorista anunciando el "cese de las acciones armadas ofensivas", ha optado por guardar silencio ante el tribunal de la Audiencia Nacional, al que se ha enfrentado   por su presunta participación en el atentado perpetrado en julio de  2001 por miembros del 'comando Madrid' que acabó con la muerte del agente de Policía Nacional Luis Ortiz de la Rosa. 

"No voy a contestar absolutamente nada", ha respondido Palacios a la presidenta del tribunal, la juez Angela Murillo, cuando le ha comunicado su derecho a no responder a las preguntas que se formulasen. Tampoco ha hecho ningúna alegación durante el turno de última palabra y se ha limitado a recordar que ya dijo que no iba a "hacer declaraciones". 

El fiscal Juan Moral ha elevado a definitivas su petición de 83 años de cárcel para el etarra por un delito de asesinato terrorista, otro de estragos terroristas y cuatro más de lesiones terroristas. Además, ha pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que imponga al supuesto etarra el pago de una indemnización de 300.506 euros a los herederos del agente fallecido y otra de 180.304 a uno de los heridos en el atentado que quedó incapacitado para trabajar. 

En las dos ocasiones en que ha tomado la palabra, el etarra -extraditado temporalmente desde Francia el pasado mes de marzo- ha contestado en castellano y en una actitud más respetuosa que la que viene siendo habitual en los dirigentes de la banda cuando se   presentan ante la Audiencia Nacional. El último ex jefe militar en pasar por este tribunal, Francisco Javer García Gaztelu, alias 'Txapote', mandó "al carajo" a los jueces, tras negarse a levantarse cuando así se lo solicitaron.

Durante el juicio han declarado en calidad de testigos los etarras también miembros del 'comando Madrid' Aitor García Aliaga y Ana Belén Egües Gurrutxaga, ya juzgados y condenados por estos hechos en la Audiencia Nacional. Ambos han coincidido en defender que las   declaraciones que efectuaron inculpando al procesado, en sede policial y judicial el primero y ante la Policía la segunda, fueron realizadas bajo coacciones y torturas.

García Aliaga incluso ha negado conocer a Palacios y ha explicado que sólo sabe quién es "de haberlo visto en televisión y en fotos", a pesar de que a su entrada en la sala ambos se saludaron con sonrisas y gestos e intercambiaron algunas palabras. A Egües Gurrutxaga la   presidenta del tribunal no ha llegado a preguntarle si conocía al procesado, ya que los saludos fueron aún más evidentes. 

"Por lo que veo se conocen bastante, no tengo que preguntárselo",  ha afirmado la juez, a lo que la etarra, conocida con el alias de  'Dolores', ha respondido: "Sí, sí, somos muy buenos amigos". A pesar de ello, ha asegurado no recordar lo que pudo haber manifestado en contra de Palacios ante la Policía y ha insistido en que no se ratifica en sus declaraciones.

Durante la vista oral, a la que no ha comparecido ninguna víctima, también ha testificado uno de los policías que se desplazó al lugar del atentado después de que el 091 recibiera la llamada de uno de los miembros del 'comando Madrid' alertando de la colocación del coche bomba en la madrileña calle Ocaña. Ha explicado que la explosión causó "muchos destrozos" porque tuvieron "poco tiempo" para desalojar la zona y la calle donde se había colocado el vehículo era "muy estrecha".

Además, varios funcionarios de la Policía que participaron en la   toma de declaración de García Aliaga y Egües han ratificado que ambos   reconocieron a Palacios como miembro de la banda terrorista y lo   situaron en esta acción terrorista. En concreto, explicaron que su   participación se concretó en la búsqueda de información, la elaboración del explosivo y la reivindicación del atentado. 

Según ha defendido el representante del Ministerio Público en su informe de conclusiones finales, las declaraciones de estos dos   etarras son "pruebas más que suficientes" para fundamentar las   acusaciones contra Palacios. Además, se ha referido a un informe   elaborado por peritos de la Policía que concluía que el procesado era miembro liberado de ETA y que formó parte del 'comando Madrid'.   

No es esta la opinión del abogado del procesado, Haritz Escudero, que considera que en la vista oral se ha acreditado que no existe prueba de cargo suficiente para condenar a Palacios. A su juicio, los únicos indicios que existen contra su defendido son las declaraciones policiales y judiciales de Egües, que se verían ratificadas por las efectuadas por 'Dolores' a la Policía, pero que no han sido corroboradas con ningún indicio externo.  

Escudero recordó que, según doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, las declaraciones de coimputados son pruebas "legítimas pero no suficientes" y por tanto deben ser confirmadas por "datos ajenos a la mera declaración del coimputado" para poder llevar a una condena. 

En este caso, el abogado recalcó que "no hay ningún indicio" que corrobore que Palacios era miembro del 'comando Madrid' y "ni siquiera que estuvo en Madrid" en las fechas en que se llevaron a cabo los atentados que se les atribuyen, ya que no se ha encontrado ni una huella suya en las cinco viviendas que se registraron tras la desarticulación del comando.

Tras este primer juicio, Palacios deberá volver a la Audiencia Nacional para ser juzgado por otro atentado cometido un mes antes, en  junio de 2001, y en el que falleció el general Justo Oreja Pedraza.   

En el momento en que fue detenido, era jefe de los comandos operativos de ETA. En la jefatura del aparato militar de la banda le acompañaba entonces Ibon Fernández Iradi, alias 'Susper', que fue arrestado días después. Antes de su huida a Francia, el presunto etarra había pasado por el 'comando Madrid' y el 'comando Andalucía'.

Según el escrito remitido por el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, al Juzgado Central de Instrucción número 2, la plataforma Adierazi Euskal Herria está formada por procesados y acusados de colaboración o integración en banda terrorista "en cuanto cumplían las directrices" de ETA.

"El acto en cuestión se ha convocado con el propósito de apoyar la estrategia de la organización terrorista y de justificar las acciones de sus miembros", asegura el fiscal, que reclama que el magistrado Ismael Moreno ordene a la Consejería de Interior del Gobierno vasco que "adopte las medidas necesarias para impedir su celebración, evite la comisión de hechos delictivos y proceda a instruir las diligencias" sobre quienes participen en la marcha.

De esta forma, el Ministerio Público relata cómo el acto, cuyo lema es "por todos los derechos para toda la ciudadanía en Euskal Herria", tiene el apoyo y la adhesión de "históricos dirigentes del frente político-institucional" de ETA, como Tasio Erkizia, y de cargos municipales de la ilegalizada ANV, como la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, y el de Elorrio, Nicolás Moreno.

Precisa además que la comunicante de la manifestación es Yolanda Jubeto, que ha sido candidata por HB y EH en varios procesos electorales entre 1990 y 1999.

De acuerdo con los informes solicitados a Comisaría General de la Información, a la Ertzaintza y a la Guardia Civil, Adierazi Euskal Herria fue creada en enero de 2010 tras las "sucesivas desarticulaciones de los órganos y formaciones que pretendían aglutinar las líneas de actuación del frente político-institucional" de la banda.

Una estrategia, prosigue el escrito, identificada en documentos relacionados con ETA y Batasuna como "muro popular contra la represión" y diseñada por la banda terrorista para "acumular fuerzas partidarias del independentismo/soberanismo".

Los informes identifican como encargados de la gestión de esta nueva plataforma a individuos relacionados con el entramado etarra como Karmelo Landa, Amaia Esnal Martiarena, Unai Beascoetxea, Julen Arzuaga, Elisabet Zubiaga, Oiakue Azpiri, Agurtzane Solabarrieta y Olatz Carro.

A la convocatoria se han adherido también, detalla el fiscal, la asociación de familiares de ETA Etxerat y otros "destacados" miembros de Batasuna como Lander Etxevarria, Patxi Bengoa, Isabel Mandiola o Iñaki O'Shea.

"En consecuencia, concurren fundados indicios para inferir que la plataforma convocante Adierazi Euskal Herria no es más que una sucesión de Batasuna y que sigue las directrices de la organización terrorista ETA, a la que le son aplicables las limitaciones legales previstas para las formaciones políticas declaradas ilícitas", concluye. 

La condena se refiere a un piso franco de ETA en Vichy (centro de Francia) desmantelado en julio de 2005 y que, según las pruebas aportadas en el proceso, él mismo había alquilado.
      

Los jueces, en el dictamen hecho público hoy, se ajustaron a la demanda de la Fiscalía, que había recurrido la sentencia dictada en noviembre pasado contra Urrutikoetxea hijo porque estimaba que se debía tener en cuenta que se trata de un terrorista reincidente.
      

El Ministerio Público, en el proceso en apelación que se celebró el pasado 16 de junio, también había recordado su implicación en el aparato logístico de la banda.
      

Según la fiscalía francesa, Urrutikoetxea hijo, de nacionalidad francesa, nacido en Bayona en 1974, se encuentra en paradero desconocido y por lo tanto "se puede pensar que está todavía operativo".
      

Por otro lado, "Josu Ternera" y su hijo fueron condenados juntos en rebeldía el pasado 7 de enero por el Tribunal Correccional de París a cinco y cuatro años de cárcel respectivamente, entre otros cargos por asociación de malhechores con fines terroristas.
      

La Fiscalía recurrió la sentencia de enero contra el primero por estimar que es una pena muy leve para alguien de su historial y de su nivel jerárquico en ETA.
      

Egoitz Urrutikoetxea, que se encuentra huido de la justicia desde el otoño de 2003, ya había sido condenado una primera vez en rebeldía en julio de 2007 a cuatro años de prisión por su pertenencia a la organización terrorista.
     

Tiene pendiente, además, una demanda de extradición española.

Al presidente del Gobierno le ha cundido el verano. En el PSOE están convencidos de que su decisión de no tomar vacaciones en agosto y dedicarse en a planificar en La Moncloa el nuevo curso no sólo ha sido un acierto, sino que pronto dará sus resultados. Dicho de otro modo: el acuerdo para aprobar los Presupuestos para 2011 está prácticamente cerrado. Así que este año no habrá que aguardar a la víspera del 20 de octubre para saber si las cuentas públicas tendrán el aval de la Cámara Baja. Y es que Zapatero ha tejido en las últimas semanas la complicidad necesaria con Iñigo Urkullu para que el PNV le salve de su primer trance político, tras la huelga general. Las primeras pistas las dio durante su reciente gira asiática al afirmar que su deseo era ampliar la negociación con las nacionalistas más allá de los Presupuestos. Cuando dijo esto, el presidente ya sabía de las condiciones del PNV, que eran, además de la transferencia de las políticas activas de empleo e inversiones en I+D+I, participar en la gestión de toda decisión que tenga que ver con ETA y Batasuna si es que se produce alguna tras los últimos movimientos de la izquierda abertzale y ser los primeros en la lista de posibles aliados cuando se negocie la reforma de las pensiones y la Ley de Economía Sostenible.

«Mucho que decir»
Todo este prólogo es necesario para entender por dónde discurrió ayer la primera sesión de control al Gobierno tras el verano. Porque en ella el presidente pretendió al portavoz del PNV, Josu Erkoreka,  cuando éste le preguntó por las líneas generales de los Presupuestos. Zapatero no las desveló, pero sí afirmó  que el PNV «tiene mucho que decir» ante ellas. La respuesta fue previa a la pregunta de Mariano Rajoy, que tomó buena nota de la escena entre el presidente y Erkoreka, y le pidió a Zapatero que no hiciera más daño cambiando «votos por transferencias». A partir de ahí se repitió la lucha dialéctica con la que el Parlamento echó el cierre a finales de julio. Tanto que Zapatero acusó a Rajoy de falta de imaginación y propuestas en materia económica y de arrancar el curso  igual que cuando se fue de vacaciones: «Señor Rajoy, ha vuelto exactamente igual. Me parece que sus palabras, e incluso alguna de sus frases, son las mismas, exactas de las que formulaba en el debate del estado de la nación» el pasado julio. Así que lo que «no le puedo negar es su coherencia», ironizó.

Todo esto vino a cuento porque el líder del PP le reprobó el «despropósito» de su política económica, le acusó de haber hecho «mucho daño» a los españoles y le recordó que el paro sigue aumentando y la economía retrocediendo mientras Europa empieza la recuperación: «Ha pasado usted de no hacer nada a hacer una cosa; luego la contraria y después, la contraria de la contraria, amén de cambiar de opinión un sinfín de veces». El líder de la oposición tampoco quiso pasar por alto la situación de provisionalidad por la que atraviesa el Gobierno al mencionar que el «ministro de Trabajo ya no está y no sabemos cómo está la de Sanidad». Rajoy no mencionó expresamente el debate interno abierto en el PSOE por las primarias de Madrid, pero sí lo harían más tarde algunos de sus diputados en preguntas a varios ministros. Por lo demás la ausencia de Celestino Corbacho, ya metido de lleno en la precampaña de las elecciones catalanas y los corrillos de socialistas en el patio del Congreso hablando de primarias y de postzapaterismo fue lo más destacado de una jornada, en la que Zapatero dejó claro, a preguntas de Duran Lleida, de que no tiene intención de dar marcha atrás en su decisión de congelar las pensiones en 2011.  («por coherencia y en aras de la credibilidad de la economía», dijo).

IU pide paralizar el Congreso para poder ir a la huelga
- El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar   Llamazares, pedirá en la reunión de la Junta de Portavoces del próximo martes que la Cámara Baja suspenda la sesión de control prevista para el próximo 29 de septiembre por coincidir con la celebración de la huelga general que los sindicatos han convocado en   contra de la reforma laboral. Según explicó el propio Llamazares a Ep, su intención es que el contenido de esa sesión plenaria se traslade al día anterior y posterior al de la protesta y permitir así la asistencia a la misma a   aquellos diputados que quieran secundar el paro. Está misma petición ya la solicitó, sin éxito, el pasado 8 de junio, cuando se convocó la huelga de los funcionarios.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de «profundamente decepcionante» el último vídeo de ETA y, coincidiendo con las peticiones de legalización de la izquierda abertzale, lanzó un claro mensaje: «Ya no valen comunicados, sólo valen decisiones, y sólo una decisión vale, se dice con pocas palabras: abandono de las armas para siempre», recalcó en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro palestino, Salam Fayad.

«Quienes están fuera de la legalidad porque no condenan tajantemente la violencia están en la misma situación hoy y antes del comunicado, exactamente la misma», matizó Zapatero en su primera comparecencia pública tras conocerse el vídeo de la banda terrorista el pasado domingo.

El jefe del Ejecutivo valoró, además, la unanimidad de todas las fuerzas políticas democráticas a la hora de analizar el comunicado de la banda terrorista y destacó que este hecho «fortalece aún más la lucha por el fin de ETA».

Zapatero enfatizó que esta idea debe saberla la izquierda   abertzale y resaltó que, a su juicio, ya «lo sabe», ya que «es   lo único que las fuerzas políticas democráticas esperan».

Con sus palabras, el líder del PSOE dio respuesta a la petición que ayer mismo le formuló la izquierda radical, que consideró que el anuncio de ETA de cesar sus «acciones armadas ofensivas» es «un paso importante» y estimó que el siguiente paso debe darlo el Ejecutivo con la legalización de las formaciones políticas proscritas. La legalización de la izquierda abertzale, según sostuvieron sus portavoces en una rueda de prensa en celebrada en Bilbao, es «uno de los mínimos democráticos» para «transitar hacia un marco de paz y soluciones democráticas».

ETA ya tiene dos negativas: a la negociación y a la legalización de su brazo político. Expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN consideran que la banda contaba con ellas cuando emitió, el pasado domingo, el comunicado en el que se limitaba a anunciar una interrupción, sin fijar la duración y el alcance, de los atentados «ofensivos».
Si se relee el texto elaborado por los pistoleros, agregaron, más que una exposición de buenas intenciones parece una  provocación, una «declaración de guerra».

«Derruir los muros»
Además, según recuerdan, concluye con una frase que la banda incluía en sus comunicados cuando Domingo Iturbe, «Txomin», era el jefe de la organización criminal: un llamamiento a que cada uno contribuya, en su ámbito y con su nivel de compromiso, para «derruir los muros».

Los expertos creen que lo que ha hecho ETA es un movimiento táctico. Mientras logra culminar su reorganización interna, intenta «cargarse de razones» para volver a cometer atentados. La estrategia no es nueva y responde al «modus operandi» de cualquier organización terrorista. Ofrezco una negociación, contestan que no, me obligan a utilizar la fuerza y, de nuevo, planteo la negociación, en este caso con un alto el fuego o tregua más definida.

El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer la posibilidad de que ETA esté tratando de «legitimar la lucha armada haciendo ofertas de diálogo para, dentro de unos meses volver diciendo: “Ves cómo no hemos conseguido nada con las ofertas”».

Se trata de una estrategia perversa en la que la banda intenta manejar los tiempos. Su objetivo a medio plazo es que los candidatos proetarras estén en las elecciones municipales y forales del año que viene.

Para eso faltan todavía algunos meses y antes tienen que celebrarse los comicios autonómicos en Cataluña, con unas perspectivas no demasiado positivas para los socialistas. España vive sumida en una profunda crisis económica, con un gran malestar en amplias capas sociales. El Ejecutivo, piensan los terroristas, necesita una baza para colocar en el haber de tan preocupante balance. Además, acaba de protagonizar una negociación indirecta con otros terroristas, los de Al Qaida para el Magreb Islámico (AQMI), que secuestraron a tres cooperantes, liberados tras el pago de un importante rescate y la excarcelación de un colaborador de la banda islamista.

Todos estos elementos son los que han llevado a la banda a «formalizar» como mano tendida lo que era un «parón técnico» (desde el pasado mes de marzo) de los atentados, obligado por la eficacia de las Fuerzas de Seguridad. No ha anunciado una tregua porque, según la doctrina interna de la banda, son «instrumentos de gran valor (...) que se agotan o recortan con su uso. Por ello, sólo se establecerán, gestionarán y mantendrán para alcanzar puntos de inflexión y saltos políticos dentro del proceso de liberación».

En un editorial a propósito del anuncio realizado el pasado domingo por la banda terrorista, el diario subraya la necesidad de abordar estas cuestiones. "ETA explota las quejas de algunos vascos.   Dos, en particular deben ser abordadas", dice el artículo.   

"Es correcto criminalizar todo terrorismo y violencia. Pero es menos útil, y en última instancia contraproducente, criminalizar la expresión de una opinión política", señala el editorial, que recuerda   que Batasuna -"la manifestación política del separatismo vasco"- fue ilegalizada en 2003.  

"Si el partido (Batasuna) y ETA se comprometen a un alto el fuego permanente (...) debería levantarse esta prohibición", sostiene el 'Financial Times'. "Prolongarla sólo sostiene el apoyo menguante de ETA", añade.   

Asimismo, el diario señala que lo "ideal" sería que la tregua se produjera dentro del marco de los 'Principios Mitchell' utilizados para llevar la paz a Irlanda del Norte.  

La otra cuestión a la que se refiere el editorial es a la política de dispersión de presos etarras por las cárceles de toda España. "Esto que se percibe como una injusticia es un filón para los recaudadores de fondos de ETA. Devolver a los prisioneros a las cárceles del País Vasco acabaría con él", asegura.  

"Es el momento adecuado para una estrategia inicial", afirma el editorial, que destaca que en el País Vasco ha disminuido el apoyo a los separatistas y el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco   (PNV) fuera expulsado del gobierno vasco en 2009. "Con un poco de habilidad, los políticos de España puede expulsar a ETA de la escena política de su país", concluye.  

En cuanto al anuncio de tregua realizado por ETA, el editorial destaca que éste fue "deliberadamente poco claro" en cuanto a su durabilidad. En este sentido, 'Financial Times' da credibilidad a las sospechas de que esta tregua carece de sinceridad, como la de 2006, y de que "ETA está simplemente dando una oportunidad para que el proceso político entre en dificultades y sus partidarios sean desacreditados (...) con el fin de que ETA pueda resurgir como el campeón   indiscutible del separatismo vasco". "Otra explicación plausible es que ETA está casi agotada", indica el editorial.  
     

En una sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo  Penal de la Audiencia, se considera probado que "Txapote" entregó  armas y documentos falsos a dos etarras a las que encargó atentar en  madrid.

Las dos etarras a los que entregó el material fueron Nerea Garro  Pérez y Ainhara Esteran Cruz, con las que García Gaztelu se encontró  en el país galo el 28 de octubre de 2000.

En este encuentro, "Txapote" entregó a estas dos etarras dos  pistolas, tres juegos de DNI y permisos de conducir falsos, además  de otros documentos también carentes de autenticidad. Las terroristas  recibieron este material tras haber recibido el encargo de elaborar en  Madrid informaciones para atentar contra jueces, militares o miembros  de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la sentencia conocida este martes, la Audiencia condena a García  Gaztelu a 2,8 años de cárcel por tenencia ilícita de armas, mientras  que se le imponen otros 2,4 años de prisión por falsificación de  documentos oficiales.


Cinco años de cárcel para Carasatorre y Lete

Los etarras Juan Ramón Carasatorre Aldaz y José Ramón Lete Alberdi, fueron condenados hoy en Francia a cinco años de cárcel por haber constituido en el aparato militar de ETA una estructura dedicada a la formación de terroristas cerca de Pau (suroeste) entre septiembre de 2000 y noviembre de 2001.

El Tribunal Correccional de París también dictaminó la expulsión definitiva de Francia al término de la pena de prisión para Carasatorre (48 años) y Lete (49 años), que cumplen otras condenas y están pendientes de ser extraditados a España.

Ninguno de los dos quiso responder a las preguntas del tribunal ni intervenir durante este juicio, el primero que se celebra en Francia contra ETA desde que la banda hiciera público el domingo que ha declarado un alto el fuego.

La condena fue inferior a los seis años que había solicitado la fiscal Fanny Bussac, que insistió en que estos dos hombres, que cuentan con un largo historial en la organización terrorista, estaban "encargados de formar a los asesinos de ETA".

"Lo primero que habría que aclarar es que la izquierda abertzale   se ha equivocado de interlocutor. No es al Gobierno, sino a ETA a quien tiene que dirigirse, ETA es su problema", ha dicho Rubalcaba en declaraciones a Telecinco. 

Asimismo, el ministro ha añadido que "si la influencia de la izquierda abertzale en ETA se mide por lo que dijo que iba a hacer la banda y lo que ha hecho, la influencia que tiene es muy poca". "Lo que la izquierda abertzale debe hacer es dejar de engañar y dejar de perder el tiempo dirigiéndose al gobierno que no va a variar un ápice la política antiterrorista" ha advertido.

Esta mañana, representantes de la izquierda abertzale han reclamado al Gobierno de Zapatero que proceda a su legalización porque "es uno de los mínimos" para que se dé "el proceso democrático", y ha afirmado que todavía el Ejecutivo "no ha movido un dedo". Asimismo, cree que la decisión de ETA supone "un primer paso importantísimo" y ha reclamado a los Gobiernos central, PP y PSOE que también los den, aunque sean "insuficientes". 

En este sentido, el ministro insistió en que el "problema" de la izquierda abertzale es ETA. "Batasuna es ilegal porque hace años los tribunales dijeron que era parte de ETA", ha apuntado el ministro que, según dijo, si la izquierda abertzale no se dirige a ETA "lo que   puede hacer es romper con ellos y así conseguirá ser legal". 

Sobre la situación actual de la banda ha corroborado que "es verdad que está muy débil", aunque matizó que "siempre hay que ser autelosos porque esa debilidad no es que no puedan hacer algo y aunque digan que llevan meses parados uno debe acordarse del pasado y mantener la guardia. Están débiles sin duda han intentado camuflarlo diciendo que llevaban meses.

En este sentido ha recordado que el anuncio de la banda habla de un cese de acciones armadas ofensivas, "pero pueden seguir abasteciéndose y manteniendo su estructura y la fuerzas y cuerpos de seguridad no van a bajar la guarida y van a seguir aplicando la Ley y   persiguiendo a la banda allí donde esté".  

"Hablar de sentarse con los terroristas es hablar de algo que no se va a producir, ETA tiene que dejar la violencia y cuando lo haga y podamos saber que es definitivo y sin riesgo de que vuelva, la democracia hará lo que tenga que hacer", ha añadido el ministro, quien una vez más a barajado la posibilidad de que la banda pudiese estar "tratando de legitimar la lucha armada haciendo ofertas de diálogo para, dentro de unos meses volver diciendo: 'ves como no   hemos conseguido nada con las ofertas'".

Así, ha zanjado que el gobierno "ya lo ha intentado tres veces y cuando ETA dice dialogar, lo que quiere es imponer. Sólo cabe que lo dejen del todo y hasta que esto no pase no hay nada que hacer". 

Preguntado acerca de la capacidad económica de la banda, el ministro aseguró que ETA intenta recaudar fondos, pero aseguró no disponer de información acerca de que los terroristas tengan mucho dinero. "No podría decir nunca que la banda está forrada, dudo que   sea así, pero es evidente que sigue manteniendo la presión sobre empresarios, pero es evidente que la gente paga menos porque está perdiendo el miedo y pido a los empresarios que no paguen, es otro frente donde tenemos que apretarles.

Rubalcaba también ha valorado la concentración hoy frente a su ministerio de decenas de guardias civiles en exigencia de mejoras laborales, una convocatoria que el ministro ha calificado como "poco numerosa". En cualquier caso ha asegurado que su Departamento "está haciendo esfuerzos por mejorar las retribuciones y la jornada de los guardias civiles".  

"Hemos hecho cambios en permisos y licencias y es verdad que hay asociaciones que quieren ir más deprisa y el Ministerio les está diciendo que se están dando pasos, pero que hay problemas de recursos y de seguridad, hay limitaciones, pero dentro de nuestro margen vamos a hacer esfuerzos", ha concluido.  

El líder del Sinn Fein, Gerry Adams, asegura que el comunicado de alto el fuego de la banda terrorista ETA es la "culminación de años de debate, discusión y formulación de estrategias" de los "activistas vascos" y fruto de un "diálogo" que ha incluido a "altos representantes" de su partido, incluido él mismo.  

En un artículo publicado por el diario británico 'The Guardian',  Adams explica que algunas de las reuniones tuvieron lugar tanto en el País Vasco como en Belfast (Irlanda del Norte) y en Ginebra. "Hacia  finales del año pasado tuvo lugar un impresionante proceso interno entre los partidos, los sindicalistas y miles de militantes políticos   vascos", señala, tras lo cual indica que en este proceso se debatía un eventual "acuerdo sobre una nueva estrategia política".  
 
El líder del Sinn Fein opina que, tras el anuncio de ETA, habrá muchos en ambos lados del conflicto que se muestren "escépticos y cautos", pero considera que "la cautela" no debería establecer condiciones previas para el diálogo y no debería "bloquear el proceso".
  
"Para que tenga éxito --continúa Adams--, un proceso creíble entre los vascos y el Estado español tiene que respetar los mandatos democráticos". En su opinión, el electorado vasco tiene el "derecho" de elegir a los partidos que quiere que le represente y esta decisión debe ser "aceptada y respetada" por el Gobierno. 


Responder a la «voluntad» de ETA


Sobre el "proceso" que ha llevado al comunicado lanzado el domingo por ETA, el político norirlandés explica que la conferencia que celebró la izquierda abertzale en febrero, que incluyó a Batasuna, acordó un "nuevo y amplio frente" en el que todos se comprometían a   utilizar "métodos exclusivamente políticos y democráticos para lograr un cambio político en una completa ausencia de violencia y sin interferencias". 
 
Para Adams, esta "estrategia" se hace patente en el comunicado del domingo, por lo que hace un llamamiento al Gobierno español a que responda "a la voluntad y el compromiso de ETA para participar en la construcción de una resolución duradera, justa y democrática de un   conflicto político que ha durado siglos".  

"El Gobierno español debe aprovechar esta oportunidad de paz y progreso. Debe pensar estratégicamente y desoír las voces que buscan la solución del conflicto en términos de victoria y derrota", señala Adams, que reconoce que habrá "peligros en el camino", aunque destaca que "las ventajas de un eventual éxito superan de lejos los peligros de un fracaso".   
 

La «hoja de ruta» que ETA se ha marcado para negociar con el Gobierno, y lograr que sus candidaturas estén en las elecciones municipales y forales del año que viene, incluye una serie de fases, la segunda de las cuales preveía la «interrupción de las actividades de la organización (ETA)».

La primera, era el acuerdo con Eusko Alkartasuna, ya logrado, cuya fin último es la «destrucción política» de Aralar y el «desgaste electoral» del PNV.

«Mínimos democráticos»
En un documento secreto de la banda, al que ha tenido acceso LA RAZÓN y parte de cuyo contenido ya fue adelantado en la edición de este periódico del pasado 5 de julio, se explica el formato que los terroristas quieren dar a la negociación que ayer propusieron al Gobierno con el fin de lograr unos «mínimos necesarios para emprender un proceso democrático».

Esta frase coincide textualmente con la que está incluida en el documento, en el que, a diferencia del comunicado, ETA detalla lo que pretende: ejercicio normalizado de la actividad política (derogación de la Ley de Partidos); paralización de la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la banda y su entramado («represión salvaje», lo llaman); y, como consecuencia de ello, pacto de que no se van a realizar detenciones. Por parte de la banda se garantizaría, el cese de los atentados e, incluso, de los ataques de terrorismo callejero (la llamada «kale borroka»).

La banda también pretende exigir la libertad inmediata de algunos presos, por, según ellos, haber cumplido la condena (derogación de la Doctrina Parot) o que estén enfermos; y que el Ejecutivo haga una declaración pública de va a respetar lo que, en su momento, puedan decidir los ciudadanos del País Vasco, incluidos los cambios que fuera preciso introducir en la Constitución, hasta llegar a la independencia.

Hasta los mensajes
Los pistoleros quieren que en la negociación que han propuesto se fije un calendario de lo que ellos llaman «proceso democrático» y que se acuerde, incluso, los mensajes que en cada momento pueda recibir la ciudadanía, tanto del Ejecutivo como de la banda.
En definitiva, que se establezcan unas bases que permitan superar lo que ellos llaman el «conflicto», tanto a nivel político como «armado».

El primer paso de la «hoja de ruta» de ETA era el acuerdo entre fuerzas independentistas, en especial con Eusko Alkartasuna, para, a corto plazo, estar presentes en las elecciones del año que viene, y, de cara al futuro, constituir el embrión de un futuro «estado vasco».

«Compañero de viaje»
Si se hace caso a lo que dice el documento, que en sus dos primeros puntos, a nivel práctico o teórico, se ha cumplido (el Gobierno ha dejado claro que no está dispuesto a negociar con ETA), Eusko Alkartasuna, «nuestro compañero de viaje», ha sido puntualmente informada por Batasuna de todo el contenido de la «hoja de ruta».

Los fines de esta alianza son, entre otros, el establecimiento de una imagen determinante del nacionalismo independentista para acabar con las ilegalizaciones. Sin embargo, el gran objetivo político es la destrucción de Aralar y el desgaste electoral del PNV.

Los nacionalistas lo tienen bastante claro y han marcado distancia con la alianza Batasuna-EA. Los de Patxi Zabaleta andan con dudas. Según expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN, resultaría «paradójico» que Aralar compareciera conjuntamente con la citada alianza para, una vez lograda la presencia institucional en ayuntamientos y diputaciones, ser literalmente «fulminada».

Inviables
El resto de los pasos de la «hoja de ruta», que son inviables si el Gobierno, como ha asegurado, no negocia con ETA, incluyen un «acuerdo político» de los partidos políticos de las tres provincias vascas y Navarra, que conduciría a otro acuerdo para las reformas estatutarias que deberían acordar los parlamentos de Vitoria y Pamplona. Finalmente, se llegaría a un «Marco democrático» en el que los cuatro territorios quedarían unidos en uno solo mediante un Estatuto Nacional de Autonomía», que conduciría a la formación de un «Estado Vasco».



LOS PUNTOS ESENCIALES

1. Alianza con eusko alkartasuna
- El primer paso era el acuerdo con Eusko Alkartasuna, ya logrado, cuyo objetivo último es la «destrucción política» de Aralar y el «desgaste electoral» del PNV.
- La alianza pretende fijar una imagen determinante del nacionalismo independentista para acabar con las ilegalizaciones.

2. No más detenciones
- El ejercicio normalizado de la actividad política (derogación de la Ley de Partidos); paralización de la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la banda y su entramado y, como consecuencia, compromiso de que no se van a realizar detenciones. 

3. Libertad para algunos presos
- ETA también exige la libertad inmediata de algunos presos por haber cumplido la condena o estar enfermos y que el Ejecutivo haga una declaración pública de que va a respetar lo que puedan decidir los ciudadanos vascos, incluidos cambios en la Constitución, hasta llegar a la independencia.

4. Acuerdo con Navarra
- El siguiente paso sería un «Acuerdo político» de los partidos de las tres provincias vascas y Navarra, que conduciría a otro acuerdo para las reformas estatutarias que deberían acordar los parlamentos de Vitoria y Pamplona.

5. La formación del «estado vasco»
- Finalmente, se llegaría a un «Marco democrático» en el que los cuatro territorios quedarían unidos en uno solo mediante un «Estatuto Nacional de Autonomía», que conduciría a la formación de un «Estado vasco».

Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, la mayor parte de estas misivas fueron depositadas en Correos de Vitoria a finales de junio, pero otras llegaron con posterioridad a industriales de Navarra. Las cantidades que ETA trata de extorsionar van desde los 90.000 a los 400.000 euros.

En una nota de los servicios de información, fechada en marzo de este año, a la que ha tenido acceso este periódico, se contemplaba la posibilidad de que ETA tratara de atacar a las empresas que no pagaban con el fin «incrementar las reservas de cara a un futuro alto el fuego». Este informe se basaba en la hipótesis de que los pistoleros anunciaran una tregua que incluyera el cese de la extorsión, lo que no ha ocurrido.

A este respecto, los expertos consultados subrayan que la banda no se ha marcado una fecha, ni siquiera a medio plazo, para dejar las armas y desaparecer. El comunicado que publicó ayer «Gara» es un movimiento táctico para tratar de llevar al Gobierno a una negociación en la que pueda tratar de colar sus listas en las elecciones municipales y forales del año que viene.

Asimismo, señalaron, tradicionalmente, los terroristas no envían cartas de chantaje del llamado «impuesto revolucionario» durante el mes de agosto, ya que sus destinatarios pueden estar de vacaciones y las misivas pueden caer en otras manos o perderse. Por ello, se está a la espera de conocer si en septiembre se produce una nueva remesa aunque no hay ningún dato que avale que los pistoleros vayan a renunciar a esta fuente de financiación.

Tal y como adelantó este periódico, durante el primer trimestre de este año ETA dio una vuelta de tuerca a las amenazas contra los empresarios  que se habían negado a pagar el «impuesto revolucionario». Llamaba a sus casas  o a sus despachos profesionales con el fin de demostrarles que podían localizarles en cualquier momento y atentar contra ellos.

Durante el alto el fuego anunciado en 2006, la banda, según los mediadores del Gobierno que negociaron la tregua, se había comprometido a cesar el chantaje económico contra los empresarios y los ataques de terrorismo callejero. Ninguna de las dos cosas se cumplieron aunque, con posterioridad, según documentos internos de ETA, lo justificó en que el Ejecutivo también había imcumplido los compromisos previos.

En este caso, no ha habido, que se sepa, conversaciones previas con los terroristas por parte del Gobierno ni de representantes políticos, por lo que la decisión de mantener la extorsión obedece a la necesidad de incrementar sus reservas económicas para cubrir los gastos de la reorganización interna que llevan a cabo.

Es lo que piensa un 77,3 por ciento de los ciudadanos, según se desprende de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, en la que, además, queda reflejada una tajante exigencia de la sociedad española: ocho de cada diez piden al Ejecutivo que no negocie con los pistoleros bajo ninguna circunstancia, porcentaje que contrasta con el escaso 7,8 que, por el contrario, no ve mal ese diálogo.

Y es que, después de otras treguas similares, nadie duda de que ETA únicamente busca propaganda, reorganizarse y, sobre todo, rearmarse después de las últimas operaciones contra sus pistoleros y principales dirigentes. Un 79,2 por ciento lo da por seguro, al igual que el hecho de que ETA volverá a asesinar pese al alto el fuego que ha anunciado. Este último punto lo secunda un 82,2 por ciento de los encuestados. El atentado de la T-4, que puso fin a la anterior tregua, está aún muy reciente para muchos.

Pero, pese a la historia y la experiencia, todavía quedan ciudadanos que ven con optimismo este nuevo comunicado de la banda terrorista. Pocos, pero los hay. Así, un 8,4 por ciento piensa que no se trata de ninguna trampa y un 7,6 por ciento duda de que ETA trate de reorganizarse y rearmarse durante este tiempo como ya hiciera antes. Un porcentaje parecido al de los que consideran que no volverán a matar a ciudadanos inocentes, un 7,1 por ciento.

Lo que sí que aprecian los españoles, casi tres de cada cuatro (72,3 por ciento), es que ETA está más débil y más acorralada que nunca, y una mayoría, el 61,7 por ciento (casi dos de cada tres), tiene muy claro que es gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la banda terrorista.  Uno de cada cuatro, por el contrario, ve insuficiente esa batalla. Pero eso sí, cuatro de cada cinco ciudadanos avisan: no hay que bajar la guardia en ningún momento. 

Final a corto o medio plazo
Por ello, y a pesar de que no vean con demasiados buenos ojos el último comunicado etarra, sí que consideran que el final de la banda llegará a corto o medio plazo. Así lo ve el 70,2 por ciento de los encuestados, frente a un 20,9 por ciento que considera que tardará algo más en llegar, pero que llegará seguro.

Y no tienen ninguna duda de que ese día llegará, pues el único comunicado o mensaje de los terroristas que aguarda la sociedad española es el de la rendición y la entrega de las armas. Para un 71,4 por ciento de los ciudadanos es lo único que quieren saber de la banda terrorista.